Como ya ocurre en otros países como Francia “debemos poder decidir el modelo de alimentación colectiva y pública que queremos”.
Entre las familias y asociaciones de madres y padres de alumnos corre un vendaval en favor de una transformación del actual sistema de alimentación en las escuelas. El modelo hegemónico en todo el Estado español es un modelo de alimentación colectiva privatizado, la mayor parte en manos grandes empresas de catering, que han sido las únicas y grandes beneficiarias de este modelo, llegando a que el 78 % de los menús son realizados por estás empresas. Este ha sido un modelo impulsado por las administraciones públicas las últimas décadas que se ha evidenciado obsoleto y fracasado.
Sin embargo, en otros países, como nuestra vecina Francia, las cosas van por otro lado. Van por recuperar la importancia de la alimentación en la etapa escolar, así como el papel de lo público. Abandonando por tanto el sistema imperante de privatización de las comedores y recuperando el control y gestión de la alimentación a través de sistemas de cocinas municipales encargadas de realizar esta tarea, como es el caso de Montpellier donde han emprendido un plan de construcción de las cocinas centrales que proporciona comidas para los comedores de 123 escuelas de la ciudad. Pasa lo mismo en Lille, Grenoble o en Nantes dónde la cocina municipal se encarga de los 14.000 menús escolares diarios. Como estas hay otras muchas más. Unas cocinas que no son meros centros de ensamblaje o destinados a calentar precocinados, como suelen ser actualmente las cocinas de muchas escuelas gestionadas por caterings, si no que las verduras, legumbres, carnes, etc., llegan crudas y allí son preparadas y cocinadas. Este sistema de cocinas centrales, además de garantizar una alimentación saludable e igual para todos los niños y niñas, vivan en el barrio que vivan y tengan la renta que tengan, aumentan el acceso al mercado para los productores locales y regionales. Muchos agricultores y ganaderos, especialmente los más pequeños, se ven amenazados por la falta de una infraestructura de distribución de magnitud adecuada que les proporcionaría un futuro viable a sus explotaciones
En el Estado español apenas si hay experiencias, entre ellas destaca la cocina municipal de Orduña que finalmente hace un mes consiguió el permiso para poder trabajar, después de más de ocho años de trabajo y lucha por parte de las Asociaciones de productores y productoras Bedarbide y Urdunako Zaporeak, la Asociación de comerciantes ACCOR y la comunidad escolar, el servicio de dinamización agroecológica Ekoizpen y el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento, y que desde Justicia Alimentaria hemos apoyado y acompañado.
Debemos poder decidir el modelo de alimentación colectiva y pública que queremos. Necesitamos cambiar el actual modelo hegemónico de un servicio privatizado y precarizado, y recuperar el papel de lo público en la alimentación de escuelas, residencias, hospitales etc., que asegure el derecho a la alimentación sana y adecuada de todos.
Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria
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