Archivo de la categoría: derecho a la alimentación

Los ‘paraísos’ del hambre. Publicado por Nueva Tribuna y Público

Los paraísos fiscales son parte del entramado del hambre mundial. ¿Saben por qué? Según palabras literales del informe del relator de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación sobre especulación alimentaria: “En el incremento del precio de los alimentos, que ha sumido en el hambre a más de 1000 millones de personas, juega un papel importante la entrada en el mercado de derivados financieros basados en productos alimentarios”.

Imagen: Hambrunasenelmundo

Imagen: Hambrunasenelmundo

Para que estos movimientos especulativos en alimentos tengan lugar es condición hacerlo en lugares opacos, en mercados paralelos, en el salvaje oeste. Allí donde no hay normas, no hay transparencia ni queda registro alguno de nada.Son los conocidos paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales no es únicamente el lugar dónde algunas personas esconden su fortuna al fisco, en realidad son plataformas para la especulación financiera y alimentaria, aunque es realmente difícil la cuantificación laTax Justice Network dice que en datos 2010 unos 32 billones de dólares (con 12 ceros) de los activos financieros mundiales está invertida en el agujero negro de los 80 paraísos fiscales. Los datos  son abrumadores, aproximadamente el 80% de la totalidad de la inversión financiera en el ámbito agrícola cumple características de especulación financiera y estos se realizan fundamentalmente en estos espacios.

¿Y este juego de casino cómo afecta a la alimentación? Pues al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. La misma cifra (44 millones de aumento de la pobreza) se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011.

Desde la crisis del 2008 varias organizaciones, entre ellas VSF Justicia Alimentaria Global hemos estado denunciando esta realidad y exigiendo la retirada total y absoluta de la especulación sobre un derecho humano como es el de la alimentación. Y eso es lo que  hemos exigido varias veces  al gobierno del Estado español. Reclamamos que cumpla con las obligaciones jurídicas que el Estado tiene adquiridas con respecto a este derecho humano básico y acabe de una vez la especulación financiera de la alimentación.

La Unión Europea no ha hecho apenas nada para mejorar la regulación de los mercados financieros ni para acabar con la especulación alimentaria y aunque se establezcan regulaciones y restricciones a estos movimientos especulativos en los mercados bursátiles, no tendrá apenas importancia, porque como decíamos más arriba el gran volumen de capital tiene lugar en paraísos fiscales, es decir ni siquiera hay voluntad de limitar los mercados regulados, pero aunque se hiciera no serviría de casi nada, ya que como hemos visto el juego está en otra parte. Es inmoral y criminal no eliminar los paraísos fiscales, y  quién debe empezar a hacerlo es la Unión Europea y sus estados que, a su vez, son de los más importantes propietarios o clientes de estos paraísos.

Javier Guzmán 

Director VSF Justicia Alimentaria Global

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La tentación verde. Publicado por Nueva Tribuna y Público

El aumento del consumo de alimentos ecológicos no hace nada más que aumentar, convirtiéndose ya en uno de los grandes vectores que conformarán el mercado en los próximos años. Así lo cree la empresa consultora  Research and Markets que en su estudio “Global Organic Food Market Forecast and Opportunities 2020, prevé que el mercado mundial de alimentos orgánicos crezca a una tasa compuesta anual de más del 16% hasta el 2020.

España además se ha convertido en el país con mayor superficie de la UE dedicada a la producción ecológica, con 1,6 millones de hectáreas de cultivo. El consumo nacional también ha aumentado, aunque el 75% de la producción se acaba exportando. Pero a lo que pareciera una muy buena noticia en realidad esconde importantes amenazas que es necesario analizar.

Por un lado, las estadísticas dicen que los consumidores piden cada vez más productos ecológicos. Esto es cierto, pero, ¿todos? Según el último estudio elaborado por el MAGRAMA sobre la “Evolución de la tipología y perfil sociodemográfico del consumidor de alimentos ecológicos en España”; en los últimos tres años el consumo de productos ecológicos ha aumentado, representando un 29.3% de la población española, en la que en algún momento han consumido productos ecológicos, frente al 26.1% en 2011. A pesar de este aumento el consumo de este tipo de productos no está extendido a todas las clases sociales. El perfil del consumidor de productos ecológicos se caracteriza por ser de clase media alta, con una edad media de unos 43.7 años. Según este informe, la razón principal de estos consumidores por la que consumen este tipo de productos es por salud y en segundo lugar por el sabor.

UN MERCADO SUCULENTO PARA LAS GRANDES MULTINACIONALES

Frente a esta realidad, grandes multinacionales ya se han lanzado a ocupar este mercado, con un fuerte apoyo desde la administración pública. Ya podemos ver cómo grandes empresas de distribución llenan sus estanterías de productos ecológicos y cómo grandes compañías  desarrollan insumos agrarios destinados fundamentalmente a lo que consideran el gran reto, producir ecológico a gran escala. De esta forma se cambiaría el tipo de producto pero no se tocaría en absoluto la actual estructura y control de la alimentación en manos de pocas multinacionales.

Es una buena noticia saber que los trabajadores de estas grandes plantaciones no son envenenados sistemáticamente por agrotóxicos y pesticidas, pero no podemos darnos por satisfechos.

Si bien es fácil caer en la tentación de comprar productos ecológicos en los grandes supermercados, al hacerlo no podemos engañarnos, debemos saber que seguimos entonces consolidando un sistema alimentario basado en alimentos kilométricos provenientes de la otra parte del mundo, que el consumo de este tipo de productos no va a cambiar los problemas de deforestación, de acaparamiento de tierras, de uso excesivo de recursos hídricos, la explotación de millones de trabajadores con salarios bajos y penosas condiciones laborales, no va a cambiar el actual modelo industrial dónde es más barato comprar comida basura preparada que alimentos frescos de calidad.

Debemos seguir luchando por la soberanía alimentaria

Se trata al fin del desarrollo de un mercado exclusivo para una élite que se lo puede pagar y la mejor excusa para no abordar los necesarios cambios en el actual modelo de alimentación globalizada. No resuelve los enormes problemas que este sistema causa a millones de personas. Es necesario desmontar la imagen benéfica de este consumismo verde y reivindicar más que nunca que este no es el modelo de alimentación que queremos. Debemos seguir pensando de una manera más sistémica y luchar por una agricultura y alimentación con campesinos y campesinas, basada en la producción local y la comercialización a través de circuitos cortos. El derecho a alimentación debe estar en el centro y el control de la alimentación debe tenerlo la ciudadanía. Debemos seguir luchando, al fin, por la soberanía alimentaria.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Matar las vacas. Publicado por Nuevatribuna.es y Público

En 1994 existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy 17.000

Los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España

La desaparición este año de la cuota lechera beneficia directamente al proceso de concentración que la industria alimentaria y ganadera está impulsando los últimos años. La desaparición de las cuotas lecheras no es un ajuste técnico de un sector en concreto, se trata en realidad de una apuesta ideológica por la desaparición de los últimos vestigios de lo que fue una regulación de mercados y que tiene impactos dramáticos más allá de los puramente sectoriales.

Estos últimos meses después de las cuotas podemos observar de una manera vertiginosa los nefastos resultados. Así vemos como la mayoría de las empresas lácteas están ofreciendo contratos a ganaderos con un precio base de 0,26-0,28 euros litro e incluso han pagado a precios de 0,22 a partir de amenazar al ganadero con dejarle de recoger y luego “hacerle el favor” de llevarle la leche. Todo esto muy lejos de los costes de producción calculados en 0,34 euros, por tanto obligándolos a trabajar a pérdidas. Además, la eliminación de las cuotas ha erosionado  aún más el poder de negociación de los productores. La ecuación a la que se enfrentan es sencilla, o venden al mínimo precio y la cantidad que les dicen, o no les recogen la leche, porque ya no tienen obligación de hacerlo.

Frente a esta situación, es escandalosa la total inacción de la administración pública, que lejos de reaccionar, tan sólo ha sido capaz de establecer un fondo limitado en el tiempo de pago directo como una manera de cuidados paliativos antes de la segura muerte de la ganadería familiar en nuestro país. El mensaje es claro, solo los más grandes y los más integrados podrán sobrevivir, el resto vayan haciendo las maletas.

DESCARADO OLIGOPOLIO

En este momento, los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España. El 60% de la leche recogida se destina a la leche líquida envasada; en este subsector, siete empresas controlan el 75%, y las tres primeras más del 40%. Del resto del mercado lácteo (del que, como se ve, apenas queda nada), el 50% lo controlan, directamente, los supermercados a través de sus “marcas blancas”. No se ve mucha atomización, más bien un descarado oligopolio.

Se trata de un planteamiento absolutamente ideológico que no tiene en cuenta ladestrucción de empleo local y pérdida de población rural. En muchas comarcas del país para los que la ganadería era el elemento básico de fijación de población y la realidad es que llueve sobre mojado, la desaparición de la ganadería familiar no deja lugar a dudas. En el estado español, en los últimos 50 años se han perdido 112 explotaciones al día, pero la intensidad de la extinción se ha incrementado últimamente y en los últimos 8 años ha ascendido a 255 pérdidas al día. En 1994, existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy, sólo quedan 17.000. Y no sólo en la fase productiva, cualquier iniciativa de pequeña escala en las fases de transformación y comercialización tiende a seguir la misma suerte. La apisonadora de los que mandan en la cadena las hace inviables.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MIRA PARA OTRO LADO

Después de este planteamiento la pregunta parece obvia ¿De verdad, no hay otra forma de organizar el sector de forma que sea más justo y equilibrado y por tanto proteja la economía local de pequeña escala? ¿De verdad la administración pública sólo puede mirar para otro lado mientras desaparecen pueblos enteros?

Pues bien, mientras en España la ganadería lechera no participa del beneficio de la venta de un litro de leche y pierde dinero, en Canadá la ganadería se queda con el 54% del precio final de venta de ese mismo litro de leche. Así en el Estado español de cada 100 euros que pagamos por la leche, según el MARM, la fase de producción se queda con un beneficio de 0 €, la distribución se queda con al menos un 60% (pudiendo llegar a ser del 90%) y el resto (10%-40%) se lo queda la industria. Las diferencias entre Canadá y el Estado español no existen por casualidad.

Entonces ¿qué es lo que están haciendo estos locos canadienses? Pues aunque nuestros gobernantes les parezca una blasfemia, en Canadá tienen una política directa de intervención en los mercados, con el objetivo de reforzar las partes más débiles de la cadena de producción y equilibrar población y territorio.

En Canadá han desarrollado un modelo de gobernanza del sector donde las ganaderías son miembros de las juntas de negociación provinciales de venta de leche y venden su leche ahí. Estas juntas son gobernadas en cada provincia por las ganaderías y tienen la autoridad legal de regular, decidir precios e inspeccionar la calidad láctea. Las ganaderías y el gobierno deciden estos elementos anualmente, estando también presentes la industria y la distribución. Están presentes sí, pero, y esto es clave, tienen voz pero no voto. Con este mecanismo las ganaderías pueden cubrir sus costes de producción y asegurarse unas condiciones justas, por tanto no necesitan subsidios para este apartado y eso favorece a la ciudadanía que, además, paga menos impuestos para ello.

Que nadie se engañe, el desmantelamiento de la regulación del sector lechero en Europa supone la punta de lanza de toda una estrategia dirigida a exterminar la agricultura y ganadería campesina y familiar para entregarle en total control de nuestra alimentación a grandes multinacionales.


Javier Guzmán Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Andoni García Arriola Miembro de la ejecutiva de COAG y de EHNE Bizkaia

Ponga un Hub en su mesa: Superando los “mercabarnas”. Publicado por La Marea

La clave de la transformación alimentaria estará en repensar el sistema de distribución y logística adaptado a un consumo local, ecológico y justo.

El actual modelo alimentario se encuentra en una encrucijada histórica. Un hecho obvio es que  el mundo es cada vez más urbano y los próximos años la tendencia continuará, y por ello es clave la relación entre el mundo urbano y los alimentos y su relación con las áreas rurales cercanas. Por otro lado  existe cada vez más un interés y demanda por consumir alimentos locales y ecológicos y el número de hectáreas dedicadas a este tipo de producción sigue en una tendencia alcista.  España es el país de la UE que más superficie dedica a la  producción ecológica con 1.610.129 hectáreas, aunque el 80% de destina a la exportación.

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Estas dos tendencias suponen la gran oportunidad de cambiar el actual  modelo agroalimentario basado en grandes cadenas de distribución, alimentos kilométricos y alimentos altamente procesados.

El gran reto consiste en cómo organizar el abastecimiento de alimentos a grandes ciudades de una manera sostenible, tanto en términos de flujos energéticos, y logísticas y que además llegue a amplias capas de la población.

En la actualidad la alimentación de las ciudades depende de manera mayoritaria de las grandes cadenas de distribución, en España más del 70% (MAGRAMA), provocando una rápida desaparición de miles de tiendas de barrio. Este tipo de consumo ha ido transformando las ciudades desconectando la alimentación de los propios barrios y llevándonos inexorablemente  hacia una forma de consumo que es insostenible tanto para los agricultores  en términos económicos, como para los consumidores en términos de salud.  Vemos como en España, por ejemplo, el 60% del beneficio del precio final del producto se queda en la gran distribución, en cambio la renta agraria media se encuentra por debajo de la de 1990. Del lado de los consumidores vemos cómo el precio de alimentos como las frutas y las verduras ha aumentado un 300% durante los últimos años en la mayor parte del mundo. En cambio, el precio de los alimentos calóricos que favorecen el sobrepeso y la obesidad se ha reducido a la mitad en el mismo período. Lo que ha provocado una crisis de obesidad y de enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

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Los últimos años hemos visto como a pesar de este poder hegemónico de la distribución la tendencia por el consumo ecológico y local se ha abierto paso a través de diferentes alternativas, cooperativas de consumo, compra pública de alimentos, etc..,  pero todas ellas se encuentran con  el limitante de la propia  capacidad de expansión de su experiencia y por tanto de multiplicación.  Nos encontramos en estos modelos alternativos algunas paradojas difíciles de resolver. Por un lado la fragmentación de las experiencias que dificulta la coordinación, la “deseconomías” debidas a la pequeña escala que en ocasiones encarece el producto, la necesidad de tiempo y voluntarismo que nos siempre es posible para los productores  y consumidores y por último las carencias a nivel logístico provocan un mayor impacto en costes.

Por tanto ha llegado la hora que las ciudades se tomen en serio la alimentación de sus ciudadanos y  es urgente que  inicien procesos a través de políticas públicas e inversión hacia una transición a un sistema alimentario principalmente de base local sostenible y accesible.

La  clave de este proceso  estará en repensar el sistema de distribución y logístico, y crear uno propio adaptado a este modelo de producción y consumo.

En VSF Justicia Alimentaria Global llevamos años estudiando  propuestas realizadas en otros países y vemos como una de las  más viables e innovadoras son la creación de Centros regionales  de distribución alimentaria o HUB alimentarios apoyados por las administraciones públicas, que por otro lado llevan años funcionando en ciudades de Estados Unidos y de Europa como es el caso de la ciudad de Turín con su Food Hub TO Connect (FHTC)  que es un proyecto de innovación social, ganador de la convocatoria Smart Cities and Communities and Social Innovation del 2013 gestionado por el MIUR (Ministerio de Educación e Investigación italiano)

Se trata de superar los límites del sistema de alimentos local con el fin de garantizar una mayor sostenibilidad y favorecer una creciente localización de la producción y del consumo de alimentos. Este tipo de proyectos puede realizar diferentes servicios que ayuden a   racionalizar el proceso logístico de los productos locales con cadena de distribución corta, a través de la capacidad de agregar  oferta y demanda, poner en contacto a todos los actores del sistema para generar una sistema distribución que llegue a  puntos de venta clave  como son los mercados locales, tiendas de barrio y compra pública de alimentos.

De esta manera los centros regionales de distribución alimentaria aumentan el acceso al mercado para los productores locales y regionales, muchos agricultores y ganaderos, especialmente los más pequeños, se ven amenazados por la falta de una infraestructura de distribución y procesamiento de magnitud adecuada que les brindaría mayor acceso a los mercados minoristas, administraciones públicas. Haciendo posible  que los consumidores puedan tener acceso adecuado y fácil a alimentos locales y de calidad y por  otro los productores obtienen un sistema de puntos  de venta   coherentes con la propia filosofía de producción y un pacto de distribución de márgenes y renta equilibrado.

Por último las ciudades obtienen un impulso al tejido económico de barrio, reconexión de espacios de la ciudad, y una vida diurna y propia en las calles. Aquí cabe recordar  uno de los mayores estudios comparativos que existen y que  realizó la New Economics Foundation (NEF)en Inglaterra. El estudio concluyó que un sistema basado en mercados municipales y circuitos alimentarios cortos genera el doble de puestos de trabajo que otro basado en supermercados.

En Estados Unidos esta experiencia lleva años abriéndose paso y desarrollándose, y en este momento cuentan con 168 centros regionales.

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En nuestro país, aún ninguna administración pública ha dado el paso .Las experiencias y el conocimiento están ahí, los productores y consumidores preparados, sólo queda que exista voluntad política  y apostar de verdad por la transformación del  sistema alimentario.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Los pobres comen basura. Los ricos sano y verde. Publicado por La Marea

Necesitamos políticas impositivas que mejoren el acceso a una buena alimentación y eviten que el coste social recaiga sobre los consumidores más pobres


El precio de alimentos como las frutas y las verduras ha aumentado un 300% durante los últimos años en la mayor parte del mundo. En cambio, el precio de los alimentos calóricos que favorecen el sobrepeso y la obesidad se ha reducido a la mitad en el mismo periodo.

Si comparamos la evolución de precios de algunas frutas, hortalizas o tubérculos, con uno de los componentes usuales en la comida basura como es el azúcar, vemos cómo todos los alimentos básicos son más caros que los azucarados.

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Los datos demuestran que, en las últimas décadas desde 1983), el precio de la fruta fresca y verdura se ha incrementado tres veces más que el azúcar y derivados, y seis veces más que los refrescos, por poner dos ejemplos de comidas y bebidas insanas.

Pero el cambio en la estructura de precios provocada por la industria y la falta de políticas activas tiene un coste oculto, un coste externalizado en forma de pérdida de salud para las poblaciones más pobres. Para ponerle alguna cifra, según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y el Ministerio de Sanidad, la obesidad supone el 8% del gasto sanitario anual en España, es decir más de 2.500 millones de euros; y la diabetes tiene un coste directo anual de 5.809 millones de euros, lo que representa también el 8,2 por ciento del gasto sanitario total.

En España por ejemplo, la tasa de obesidad está disparada y en una tendencia al alza que no ha sido revertida en ningún momento, así el sobrepeso afecta al 55% de la población, la obesidad al 17% -según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, y todavía peor es la cifra alarmante que aparece cuando se echa un vistazo a la obesidad y sobrepeso infantil, porqué ahí España ocupa el primer puesto en la UE y el segundo en el mundo, justo por detrás de los Estados Unidos, pero situado muy cerca. Pero como decíamos, no es un tema que afecte igual a toda la población, sino que en las clases sociales con menos renta la obesidad aumenta en más de un 30%.

La mala alimentación no es en absoluto un tema frívolo o de conducta individual, sino que tiene causas estructurales y efectos dramáticos en las vidas y derechos de millones de personas. Así, la OMS señaló en su último informe a la obesidad como la crisis de salud más importante a nivel mundial a la que nos enfrentamos y como la principal causa mundial de las discapacidades. En el caso de España, el informe indica que el principal factor de riesgo que está reduciendo la salud de la población es el alimentario. Por encima del tabaco, el alcohol, las drogas, etc..

La expansión de las políticas neoliberales a nivel global han provocado una expansión global del problema de la mala alimentación, del que la obesidad y el sobrepeso son la cara más visible. Sin embargo, ante este enorme problema comprobamos año tras año la ineficacia de la respuesta desde las administraciones públicas, que en España se empeñan en seguir la estrategia y argumentario de las grandes corporaciones. Este no es otro que repetir hasta la saciedad que no es un problema social, sino un problema de hábitos individuales de vida, pasando por tanto la carga del problema al individuo aislado.

Por el contrario, es evidente que necesitamos urgentemente políticas públicas que puedan corregir los efectos externos negativos derivados del consumo de estos productos, y una de las medidas más efectivas y claves para ello es establecer una política de impuestos que mejore el acceso a una buena alimentación, que restrinja el consumo de mala dieta y que por tanto que evite que el coste social recaiga sobre una parte de los consumidores, los más pobres.

En la Unión Europea de hecho, ya se está utilizando un gravamen distinto en función de distintos alimentos, pero obviamente no está siendo utilizada con el objetivo de mejorar la dieta y actuar sobre los alimentos que, consumidos en exceso, están generando los problemas de salud asociados a la mala alimentación.

En España, la aplicación de los tipos de IVA reducidos y súper reducidos en los alimentos se basa fundamentalmente en las definiciones que el Código Alimentario hace de los grupos de alimentos considerados cómo básicos. No parece que se consideren otros factores como hábitos de compra, el impacto sobre la salud o la asequibilidad de ciertos alimentos para determinados grupos de población. En otros países la cosa es distinta. Por ejemplo, Irlanda contempla 89 subgrupos dentro de la categoría general de alimentos básicos, a los que aplica un IVA del 0%. En Reino Unido, los alimentos básicos también están gravados un 0%, incluyendo una gran variedad de grupos: carnes, pescados, cereales, frutas y hortalizas, entre otros, así como alimentos con contenido bajo en calorías o especiales para diabéticos o alérgicos.

Pero no sólo eso, el Consejo de la Unión Europea, en sus recomendaciones a España de junio de 2013, sugiere explorar la posibilidad de limitar la aplicación del tipo reducido de IVA. También la Agencia Salud Pública Catalunya ha propuesto lo mismo. Vemos cómo hay prácticamente consenso en que sería útil reducir los impuestos a los alimentos saludables para estimular su consumo. Si ello es así para los productos sanos, ¿por qué no utilizar las mismas razones y argumentos para los insanos?

Podríamos preguntarnos, ¿quién pierde por el hecho de que la fruta fresca tenga un IVA del 0%? ¿Parecería que todo el mundo gana, no? Des de los productores hasta el consumo. La explicación está en los intereses del lobby de la industria alimentaria.

Como consecuencia, por el momento las clases populares siguen colaborando a los beneficios de estás grandes empresas a costa de su salud, mientras las clases adineradas pueden seguir disfrutando del derecho a la alimentación, sana y adecuada.

*Javier Guzmán es Director de VSF Justicia Alimentaria Global

El hambre que engorda o el cambio de paradigma. Publicado por el País.

Nadie pone en duda que los últimos 20 años hemos sufrido un dramático cambio en nuestro sistema alimentario generado por la aplicación de políticas neoliberales, las famosas revoluciones verdes, que han puesto nuestra alimentación en manos de multinacionales. Según las declaraciones realizadas en el marco de la II Conferencia Internacional de Nutrición organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma a finales de 2014, ellas son la principal causa de generación de pobreza, hambre, enfermedad, desigualdad y cambio climático.

Los efectos de este cambio en el sistema alimentario global son evidentes Por un lado tenemos la cifra imposible de más de 800 millones de personas que padecen hambre y, por otro lado, unos 1.400 millones de personas padecen obesidad o sobrepeso en el mundo, según la OMS. No hace falta decir que estas malas dietas se relacionan con problemas cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y algunos cánceres.

Nadie pone en duda que los últimos 20 años hemos sufrido un dramático cambio en nuestro sistema alimentario generado por la aplicación de políticas neoliberales, las famosas revoluciones verdes, que han puesto nuestra alimentación en manos de multinacionales. Según las declaraciones realizadas en el marco de la II Conferencia Internacional de Nutrición organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma a finales de 2014, ellas son la principal causa de generación de pobreza, hambre, enfermedad, desigualdad y cambio climático.

El 65% de la población mundial vive ya en países donde hay más muertos por comer de más que por comer de menos

Sin embargo, las cifras hablan: el 65% de la población mundial vive ya en países donde hay más muertos por comer de más que por comer de menos. Un claro informe por el Instituto de Desarrollo de Ultramar a principios de este año mostró que más de un tercio de los adultos del mundo tienen sobrepeso y que casi dos tercios de las personas con sobrepeso en el mundo se encuentran en países de bajos y medianos ingresos. El número de personas obesas o con sobrepeso en los países empobrecidos aumentó de 250 millones a casi mil millones en menos de tres décadas, y estas tasas están aumentando mucho más rápido que en los países ricos.

Así, nos encontramos datos como que, en Colombia, el 41% de la población tiene sobrepeso; en Namibia, el 21% de las mujeres tienen sobrepeso; en Zimbabwe más del 23%.

En términos económicos se traduce en que los costes de la desnutrición y las carencias de micronutrientes representan entre el 2% y el 3% del PIB mundial, lo que equivale a entre 1,4 y 2,1 mil millones de dólares por año. Aunque no se dispone de estimaciones globales de los costes económicos del sobrepeso y la obesidad, se calcula que el coste acumulativo de todas las enfermedades no transmisibles —en relación con las cuales el sobrepeso y la obesidad están entre los principales factores de riesgo— ascendió a alrededor de 1,4 mil millones de dólares en 2010.

El número de personas obesas en los países empobrecidos aumentó de 250 millones a casi mil millones en menos de tres décadas

Hasta la fecha, la mayor parte de las estrategias puestas en marcha para luchar contra la vulneración del derecho a la alimentación se dedicaron al aumento de la producción, sobre todo de granos básicos a bajo coste y globalización del mercado de alimentos. Ahora sabemos que, además de los nefastos efectos en la agricultura,  estas políticas han provocado el aumento de la desnutrición proteico-energética y la desnutrición asociada. Además, no han tenido en cuenta los cambios sociales y económicos de las últimas décadas como, por ejemplo que la población es cada vez más urbana (en los años 80 era el 26% y actualmente es del 51%).

La división entre las dos poblaciones (rural y urbana) es cada vez más difusa, y cada vez hay menos población agrícola (en los ochenta, la población que producía alimentos era del 69% y actualmente es de menos de un 45%). Cabe destacar que el sistema de distribución y comercio de los alimentos también ha sufrido cambios trascendentales, entre los que destaca la reducción del consumo basado en productos que provienen de mercados locales,extendiéndose de manera creciente los sistemas de distribución de larga distancia

Se trata, por tanto, de un cambio tan transcendental que amerita el replanteamiento por parte de organizaciones internacionales y gobiernos sobre las políticas y estrategias sobre el derecho a la alimentación. El hambre y la mala alimentación tienen la misma causa y es el fracaso absoluto de las políticas actuales neoliberales y urge trabajar e invertir en un modelo basado en el fomento de la agricultura familiar campesina y los mercados alimentarios locales como pieza clave para asegurar el Derecho Humano a la alimentación.

Javier Guzmán es director de VSF Justicia Alimentaria Globa

El lobby de la mala alimentación española. Publicado por la Marea

Los datos sobre mala alimentación y obesidad son cada vez más dramáticos. Actualmente 1.400 millones de personas en el mundo padecen obesidad o sobrepeso y este trastorno alimenticio se cobra la vida de 3,4 millones de personas por año. Pareciera que es el sino de los tiempos, pero nada más lejos de la realidad, se trata de los efectos de un enorme negocio en manos de multinacionales.
<em>El lobby de la  mala alimentación española</em>
Juguetes de una cadena de comida rápida. CAROL ESTHER

En Europa la cifra se eleva al 58%, es decir, una de cada dos. Si nos fijamos en las previsiones futuras, la cosa no hace sino empeorar. Las estimaciones de sobrepeso en diferentes países indican que la pandemia sigue creciendo.

Pero esa cifra, aun siendo alarmante, no es la que más nos debiera preocupar. Lo más preocupante aparece cuando se echa un vistazo a las cifras de obesidad y sobrepeso infantil, porque ahí España ocupa el primer puesto en la Unión Europea y el segundo en el mundo, justo detrás de Estados Unidos, aunque muy cerca.

Actualmente existe suficiente conocimiento, científicamente contrastado, de que, en los países industrializa­dos como el nuestro, determinados nutrientes se consumen en exceso y este desequilibrio alimentario está asociado a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión arterial, caries dental, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer). Los nu­trientes que consumidos por encima de las recomendaciones nutricionales establecidas se asocian al aumento del riesgo de padecer las citadas enfermedades crónicas son principalmente los ácidos grasos saturados y trans, los azúcares y la sal. De ellos el que, de momento, más se ha escabullido a los sistemas de control es el azúcar y sobretodo en nuestro país, dónde no se ha tomado ninguna medida de control y regulatoria como sí han hecho países europeos de nuestro entorno.

La respuesta a la existencia de este enorme agujero negro hay que buscarla en la sofisticada creación durante los últimos 30 años de un potente lobby que ha logrado crear una arquitectura científica y puertas giratorias que hasta la fecha ha funcionado a la perfección.

El cimiento de este edificio del lobby es crear una narrativa, un argumentario para repetirlo una y otra vez y aleccionar a la administración pública y consumidores, aunque lo que se diga esté negando sin complejos las tesis y recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud).Los mensajes utilizados son que No hay alimentos buenos ni malos, todo depende la dieta en su conjunto,y además el problema de la obesidad es un problema de malos hábitos, sedentarismo y la falta de ejercicio.

Si ese es el cimiento, podemos decir que los pilares del edificio son, en primer lugar obtener como sea y al precio que sea el aval científico y el aval de las administraciones públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus productos. En segundo lugar, bloquear las propuestas que inciden en las causas reales de la mala alimentación y sustituirlas por otras propias que actúan como pantalla de protección. En tercer lugar unir su imagen a la salud, emitir el mensaje de que son un actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una alimentación sana, que, en definitiva, forman parte activa de la lucha contra la mala alimentación. Pero para que todo este engranaje funcione, necesitan la colaboración necesaria de las administraciones públicas y las organizaciones médicas y de salud.

Una vez conocidos los planos y materiales. ¿Quieren ustedes conocer a algunos de sus arquitectos y aparejadores? En primer lugar nos encontramos con uno de los más importantes actores del entramado azucarero, El Instituto de Estudios del Azúcar y la Remolacha (IEDAR), que es el brazo académico de la industria productora de azúcar. Su objetivo principal no es otro que el de promover y difundir las investigaciones científicas que obtengan unos resultados acordes con los intereses de la industria.

La trayectoria de sus miembros aporta información relevante. Así entre varios encontramos que el comité científico de IDEAR es dirigido por la doctora Carmen Gómez Candela, especialista en endocrinología y nutrición y jefa de sección de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de la Paz desde el año 1993. También coordina el grupo de investigación en nutrición y alimentos del Instituto de Investigación Sanitaria La Paz (IdiPAZ), y presidió la Federación Española de Sociedades de Nutrición Alimentación y Dietética (FESNAD) desde su fundación en 2002 hasta 2005.
¿Ven ustedes algo raro? ¿No? Sigamos entonces. Ahora les presentamos a ANFABRA (Asociación de Bebidas Refrescantes) que tiene a los dos principales fabricantes de azúcar españoles, AB Azucarera y Acor, como entidades colaboradoras y, sorprendentemente es dirigida desde septiembre de 2012 por Josep Puxeu Rocamora. Josep Puxeu ha sido Secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Ministerio de Medio Ambiente (2008-2001); Secretario General de Agricultura y Alimentación (2005-2008) y Director General de Política Alimentaria (1993-1996).

Ahora tenemos el gusto de presentarles a la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) .La Federación está integrada por un amplio número de sociedades científicas de ámbito estatal. Simplemente con echar un vistazo en su web podemos comprobar ,que participa sin problemas en actividades conjuntas con empresas como Danone, Nestlé, Coca-Cola Company o Puleva. Pero si miramos quien es su presidente, nos encontramos que es Jordi Salas Salvadó, Catedrático de Nutrición y Bromatología, Departamento de Bioquímica y Biotecnología, Universitat Rovira i Virgili, también es miembro del Comité Científico de la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Comsumo del Ministerio de Sanidad). También es el Jefe Clínico de Nutrición del Servicio de Medicina Interna, del Hospital Universitario Sant Joan de Déu. Pero lo que más nos interesa aquí es que es presidente de la FESNAD es vocal del Instituto Danone (curiosamente, existe también una Cátedra Danone en este hospital). Una de las más recientes publicaciones de la FESNAD, del que Jordi Salas Salvadó es coautor, es el Documento de Consenso “Evidencia científica sobre el papel del yogur y otras leches fermentadas en la alimentación saludable de la población española”. El documento ha estado financiado por Danone.

Para despedirnos les presentamos por último a la Fundación Alimentum representa la cúspide de la pirámide de los artefactos que ha creado la industria alimentaria para incidir, de la mano de la administración y ciertas sociedades de dietistas y nutricionistas, sobre la población e incrustar su discurso.

La Fundación ha sido creada por la industria alimentaria y actualmente tiene la siguiente composición: Presidencia de PepsiCo, Vicepresidencia de Danone, S.A, tesorería de Grupo Leche Pascual y vocalías de Bimbo Iberia, Grupo Calvo, Campofrío Food Group, Coca-Cola Iberia, Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (CAPSA), Deoleo, S.A, ElPozo , Ferrero Ibérica S.A., Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Gallina Blanca Star, Grefusa, Lactalis Iberia, S.A., Hero España, S.A., Kellogg España, S.L., Mondelez España, Nestlé España, S.A., Nutrexpa, Orangina Schweppes Iberia, Panrico, S.A.U., Pescanova, Unilever España, S.A., Wrigley España.

Ellos lanzaron el 2013 junto con la AECOSAN(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) el llamado Plan HAVISA (Hábitos de Vida Saludables). Se trata de una campaña que se basó fundamentalmente en mensajes de conocidos deportistas, de manera que se asociaba la imagen de la marca de la industria alimentaria a este deportista, rubricado con el logotipo del Ministerio de salud.

Y por curiosidad ¿quieren saber quién era hasta el viernes pasado la directora de la AECOSAN? Pues Ángela López de Sá, quién ha colaborado en la elaboración de la normativa española en asuntos alimentarios y en la postura española ante la normativa comunitaria y antes de incorporarse trabajaba como directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia.

Desde luego solo son casualidades, que nadie piense mal.

Javier Guzmán

Director de VSF  Justicia Alimentaria Global