Archivo de la categoría: derecho a la alimentación

El timo de la estampita. Publicado por la Marea

“No es una broma, se trata de una estafa de una enorme magnitud consentida por la Administración pública. Una estrategia muy sofisticada orquestada por la industria alimentaria”.

El timo de la estampita

Hace unas semanas, desde Justicia Alimentaria denunciábamos una guía educativa publicada por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Un infant que creix (2015) con consejos alimentarios contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las páginas finales de la guía incluyen recomendaciones que están directamente patrocinadas por empresas alimentarias que, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, utilizan la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas. Al final, los medios lo trataron como una mera anécdota, como un error del departamento, como un simple exceso.

Pero miren, la realidad es otra. Se trata de una estrategia muy sofisticada orquestada por la industria alimentaria que ha encontrado en los “sellos o estampitas” su filón de oro.  Cada día es más obvio y notorio el conflicto entre los intereses de la industria alimentaria y nuestra salud, a tal punto que la alimentación insana se ha convertido en el mayor problema de salud pública a nivel mundial y también en el Estado español. La propia OMS reclama medidas contundentes para el control de esta industria que está detrás de este enorme desastre, medidas similares a las de en su día contra el tabaco, prohibición de la publicidad infantil, medidas fiscales, etiquetados claros, etc… Y frente a esta ofensiva, la industria protege sus intereses creando una enorme cortina de humo a través de la utilización de una gran parte de las sociedades científicas o pseudocientíficas, porque para ellos es vital obtener el aval científico y el aval de las administraciones públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus productos.

Y aquí nos vamos a encontrar  en nuestro país los casos recientes en la prensa como estudios promocionando el consumo de carne por parte de sociedades médicas que contradicen las recomendaciones de la OMS, o las “estampitas” de sociedades de medicina pediátrica avalando galletas y productos para población infantil híperazucarados. Pero además, necesitan bloquear las propuestas que inciden en las causas reales de la mala alimentación y sustituirlas por otras propias que actúan como pantalla de protección. Acuérdense si no de cómo el Gobierno echó para atrás el impuesto sobre bebidas azucaradas debido a la presión del lobby alimentario, y cómo lo ha sustituido con la propuesta del Ministerio de Sanidad de un acuerdo voluntario con las empresas para reducir cuando se pueda y, si eso, los niveles de azúcar. En resumen, falsas soluciones que ejercen de elementos de cartón piedra de un decorado a distancia parecen reales, pero cuando las miras de cerca y las tocas te das cuenta de que no son lo que parecen.

Y, por último, necesitan unir su imagen a la salud, emitir el mensaje de que son un actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una alimentación sana y de que, en definitiva, forman parte activa de la lucha contra la mala alimentación.  Ahí podemos observar infinitos actos deportivos financiados por la industria, congresos, publicaciones… Uno de ellos, de los más metafóricos, es la maratón contra la diabetes de Madrid, donde uno de los patrocinadores era Coca Cola, todo muy normal.

Pero no es una broma, se trata de una estafa de una enorme magnitud consentida por la Administración pública. La mejor manera de  reconocer a nivel de consumidor este timo de la estampita es cuando veamos que un producto alimenticio tiene en su frontal el logotipo de una de estas organizaciones médicas o científicas. Pues el truco es el siguiente, usted, al ver el sello entenderá que ese producto lleva su aval científico y que, por tanto, a nivel nutricional está recomendado por ellas. Lo mismo si en un anuncio de televisión aparece su logotipo junto al de unos cereales para el desayuno.

¿Quién nos protege entonces a los ciudadanos? ¿Qué debe hacer el Gobierno? Pues lo que exige el sentido común, una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública. Por último, elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.

Pero la verdad es que uno pierde la esperanza, al comprobar, por ejemplo, cómo la Campaña Plan HAVISA de promoción de hábitos saludables de la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Consumo), se realiza en convenio con la Fundación Alimentum. ¿Que quién es la Fundación Alimentum? Pues pasen y vean, una organización donde su presidente es Javier Robles González, a su vez presidente de honor de Danone, S.A; como vicepresidente, Sergio Elizalde Monroset, que es director general de Hero Sur Europa; y como vicepresidente tesorero, Jérôme du Chaffaut, director general de Unilever España, S.A.

Como decía aquel famoso entrenador, no hace falta decir nada más.


Javier Guzmán director de Justicia Alimentaria.

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La Administración como valla publicitaria. Publicado por Nueva Tribuna

Las empresas alimentarias utilizan, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas.

La semana pasada denunciamos la guía educativa publicada por  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Un infant que creix (2015) con consejos alimentarios contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las páginas finales de la guía incluyen recomendaciones que están directamente patrocinadas por empresas alimentarias que, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, utilizan la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas.

Esta denuncia finalmente ha saltado a los medios de comunicación, por lo flagrante y escandalosa de la misma, pero lo más importante, es que se trata de la punta del iceberg de una enorme estrategia orquestada por la gran industria alimentaria, que tiene como objetivo determinar los alimentos que consumimos, aunque contravengan los patrones y recomendaciones de salud. Su estrategia predominante es presentarse ante la sociedad como un actor más, inocuo, pero que finalmente influyen y cuando no directamente están formulando las propias política públicas alimentarias.

Es aquí, cuando observamos el caso español, que encontramos un enorme agujero negro de falta de regulación del denominado conflicto de intereses. Este aparece cuando este tipo de corporaciones y organizaciones asociadas promueven a través de información falsa y presión a organismos públicos para que estos favorezcan sus intereses empresariales y de rentabilidad. Podemos determinar que hay tres tipos de conflicto empresarial, por un lado las empresas intentan distorsionar o suprimir la evidencia científica que pone en cuestión sus propios productos, realizando investigaciones propias sesgadas, esconder su patrocinio de una investigación, sembrar dudas, atacar a investigadores independientes, cuestionar a la propia administración, etc..

Otro tipo tiene que ver con la participación directa en el proceso de toma de decisión de los reguladores públicos para defender sus intereses, y lo hacen a través de acuerdos con algunas asociaciones de profesionales, fundaciones creadas para este propósito, reuniones no transparentes con la administración, conseguir información privilegiada, poner a gente afín en puestos relevantes.

En tercer lugar cuando intentan crearnos un marco narrativo y de pensamiento que les favorezca, a través de campañas confusas, jornadas, patrocinados académicos, inventarse procesos de participación ciudadana para crear las condiciones para influir, impedir la difusión de investigaciones independientes que le contravengan.

Pues bien, sabemos que estás prácticas en nuestro país son moneda de cambio usual, y si no visiten ustedes en informe Confiad en mí, donde podrán ver prácticas con nombres y apellidos. Más allá del morbo que suscita esta cuestión, necesitamos tomárnoslo en serio y exigir una regulación urgente cuando la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan hoy el primer problema de salud del Estado español. La media de consumo de azúcar en el Estado español se sitúa en torno a los 112 gramos/día y encabeza la lista europea de países con mayor obesidad infantil.

¿Qué necesitamos entonces?, pues una regulación a fondo, que al menos contenga:

  • Exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas.
  • Establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia.
  • No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados, en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.
  • Elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, organizaciones mundiales de salud, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.
Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria

¿Quién protege a nuestros hijos de la alimentación insana? Publicado por Bioeco

Cuando hablamos de los niños y niñas todos entendemos y sabemos que tienen capacidades cognitivas distintas y que por ello además cuentan con marcos regulatorios propios de especial protección que además se recoge en la propia Convención de los Derechos del Niño de la ONU. Estos derechos son independientes de la familia, y el Estado tiene la obligación de protegerlos.

Pues bien estos consensos sociales y jurídicos desparecen automáticamente cuando hablamos del derecho  de los niños y niñas a una alimentación saludable.

Las cifras de obesidad infantil en el Estado español son exorbitantes, siendo ya uno de los peores países de Europa en tasa de sobrepeso y obesidad infantil, afectando ya  al 45% de los niños y niñas. Sabemos además  que este aumento de obesidad está directamente relacionado con el aumento de consumos de alimentos procesados con alto porcentaje de azúcar, grasas y sal, especialmente los destinados a la población infantil. En España ya el 70% de lo que consumimos es alimentación procesada, y cuando hablamos de niños aún es superior.

La administración pública y las grandes empresas nos repiten hasta la saciedad, que la responsabilidad de la obesidad infantil es exclusiva de los padres, que no educan a los niños, que no los alimentan bien, que no hacemos lo que debemos.

Se trata de una gran mentira, los niños no eligen como alimentarse, además no tienen capacidad ni elementos para tomar una decisión informada sobre las consecuencias de elegir un alimento u otro. Resulta evidente que cuando existe un peligro para la salud de la población infantil, el Estado ha de actuar para protegerlos, pero sin embargo el vacío indecente lo encontramos cuando hablamos de los riesgos de salud y enfermedades  asociadas a la alimentación. En este caso, el deber del Estado español desaparece, se esfuma ante nuestros ojos.

Así observamos como nuestros hijos e hijas viven permanentemente rodeados de un ambiente obesogénico en crecimiento, determinado por la enorme presión de la publicidad de alimentación insana que tiene como target principal la población infantil. El mayor estudio realizado en España sobre la publicidad televisiva de alimentos dirigidos a los niños, realizado por la Escuela Nacional de Salud Pública, ha concluido que la mayoría de los productos que se anuncian como saludables en realidad tienen altos contenidos en azúcar, grasas u otros ingredientes que los hacen malos para la salud. El estudio además constata que los menores reciben 7.500 impactos al año de mensajes que les dicen que coman un producto que no es saludable. Pero seguimos por si quedan dudas,  la  Gaceta Sanitaria publicó recientemente un estudio que muestra cómo los productos de alimentación menos saludables son los que más se dirigen a la población infantil. El 82% de los anuncios de alimentación procesada destinados a niños y niñas publicitan productos con un contenido elevado de sal, grasas o azúcares refinados, frente al 33% de la publicidad dirigida a la población adulta.

Las preguntas entonces son obvias ¿Por qué en el Estado español no se prohíbe la publicidad de alimentación insana dirigida a la población infantil? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la creciente epidemia de obesidad infantil? ¿Por qué a nadie le preocupa que el Estado incumpla permanentemente su deber de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos del niño? ¿Por qué las grandes empresas de alimentación tienen derecho a promocionar sus productos procesados en el libre mercado aunque esto vulnere los derechos de los niños?

Necesitamos urgentemente una movilización de la sociedad civil que obligue al Gobierno a aplicar y garantizar los derechos de la Convención de los derechos del niño y prohíba de una vez por todas, la publicidad de alimentos insanos dirigidos a nuestros hijos e hijas.

Autor: Javier Guzmán, Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Comparecencia en el Congreso de los Diputados. Campaña #DameVeneno

Comparecencia del día 18 de Octubre en la Comisión de Sanidad y Servicios sociales del Congreso de los Diputados para reclamar un cambio en las actuales políticas alimentarias.

 

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Los ‘paraísos’ del hambre. Publicado por Nueva Tribuna y Público

Los paraísos fiscales son parte del entramado del hambre mundial. ¿Saben por qué? Según palabras literales del informe del relator de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación sobre especulación alimentaria: “En el incremento del precio de los alimentos, que ha sumido en el hambre a más de 1000 millones de personas, juega un papel importante la entrada en el mercado de derivados financieros basados en productos alimentarios”.

Imagen: Hambrunasenelmundo

Imagen: Hambrunasenelmundo

Para que estos movimientos especulativos en alimentos tengan lugar es condición hacerlo en lugares opacos, en mercados paralelos, en el salvaje oeste. Allí donde no hay normas, no hay transparencia ni queda registro alguno de nada.Son los conocidos paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales no es únicamente el lugar dónde algunas personas esconden su fortuna al fisco, en realidad son plataformas para la especulación financiera y alimentaria, aunque es realmente difícil la cuantificación laTax Justice Network dice que en datos 2010 unos 32 billones de dólares (con 12 ceros) de los activos financieros mundiales está invertida en el agujero negro de los 80 paraísos fiscales. Los datos  son abrumadores, aproximadamente el 80% de la totalidad de la inversión financiera en el ámbito agrícola cumple características de especulación financiera y estos se realizan fundamentalmente en estos espacios.

¿Y este juego de casino cómo afecta a la alimentación? Pues al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. La misma cifra (44 millones de aumento de la pobreza) se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011.

Desde la crisis del 2008 varias organizaciones, entre ellas VSF Justicia Alimentaria Global hemos estado denunciando esta realidad y exigiendo la retirada total y absoluta de la especulación sobre un derecho humano como es el de la alimentación. Y eso es lo que  hemos exigido varias veces  al gobierno del Estado español. Reclamamos que cumpla con las obligaciones jurídicas que el Estado tiene adquiridas con respecto a este derecho humano básico y acabe de una vez la especulación financiera de la alimentación.

La Unión Europea no ha hecho apenas nada para mejorar la regulación de los mercados financieros ni para acabar con la especulación alimentaria y aunque se establezcan regulaciones y restricciones a estos movimientos especulativos en los mercados bursátiles, no tendrá apenas importancia, porque como decíamos más arriba el gran volumen de capital tiene lugar en paraísos fiscales, es decir ni siquiera hay voluntad de limitar los mercados regulados, pero aunque se hiciera no serviría de casi nada, ya que como hemos visto el juego está en otra parte. Es inmoral y criminal no eliminar los paraísos fiscales, y  quién debe empezar a hacerlo es la Unión Europea y sus estados que, a su vez, son de los más importantes propietarios o clientes de estos paraísos.

Javier Guzmán 

Director VSF Justicia Alimentaria Global

La tentación verde. Publicado por Nueva Tribuna y Público

El aumento del consumo de alimentos ecológicos no hace nada más que aumentar, convirtiéndose ya en uno de los grandes vectores que conformarán el mercado en los próximos años. Así lo cree la empresa consultora  Research and Markets que en su estudio “Global Organic Food Market Forecast and Opportunities 2020, prevé que el mercado mundial de alimentos orgánicos crezca a una tasa compuesta anual de más del 16% hasta el 2020.

España además se ha convertido en el país con mayor superficie de la UE dedicada a la producción ecológica, con 1,6 millones de hectáreas de cultivo. El consumo nacional también ha aumentado, aunque el 75% de la producción se acaba exportando. Pero a lo que pareciera una muy buena noticia en realidad esconde importantes amenazas que es necesario analizar.

Por un lado, las estadísticas dicen que los consumidores piden cada vez más productos ecológicos. Esto es cierto, pero, ¿todos? Según el último estudio elaborado por el MAGRAMA sobre la “Evolución de la tipología y perfil sociodemográfico del consumidor de alimentos ecológicos en España”; en los últimos tres años el consumo de productos ecológicos ha aumentado, representando un 29.3% de la población española, en la que en algún momento han consumido productos ecológicos, frente al 26.1% en 2011. A pesar de este aumento el consumo de este tipo de productos no está extendido a todas las clases sociales. El perfil del consumidor de productos ecológicos se caracteriza por ser de clase media alta, con una edad media de unos 43.7 años. Según este informe, la razón principal de estos consumidores por la que consumen este tipo de productos es por salud y en segundo lugar por el sabor.

UN MERCADO SUCULENTO PARA LAS GRANDES MULTINACIONALES

Frente a esta realidad, grandes multinacionales ya se han lanzado a ocupar este mercado, con un fuerte apoyo desde la administración pública. Ya podemos ver cómo grandes empresas de distribución llenan sus estanterías de productos ecológicos y cómo grandes compañías  desarrollan insumos agrarios destinados fundamentalmente a lo que consideran el gran reto, producir ecológico a gran escala. De esta forma se cambiaría el tipo de producto pero no se tocaría en absoluto la actual estructura y control de la alimentación en manos de pocas multinacionales.

Es una buena noticia saber que los trabajadores de estas grandes plantaciones no son envenenados sistemáticamente por agrotóxicos y pesticidas, pero no podemos darnos por satisfechos.

Si bien es fácil caer en la tentación de comprar productos ecológicos en los grandes supermercados, al hacerlo no podemos engañarnos, debemos saber que seguimos entonces consolidando un sistema alimentario basado en alimentos kilométricos provenientes de la otra parte del mundo, que el consumo de este tipo de productos no va a cambiar los problemas de deforestación, de acaparamiento de tierras, de uso excesivo de recursos hídricos, la explotación de millones de trabajadores con salarios bajos y penosas condiciones laborales, no va a cambiar el actual modelo industrial dónde es más barato comprar comida basura preparada que alimentos frescos de calidad.

Debemos seguir luchando por la soberanía alimentaria

Se trata al fin del desarrollo de un mercado exclusivo para una élite que se lo puede pagar y la mejor excusa para no abordar los necesarios cambios en el actual modelo de alimentación globalizada. No resuelve los enormes problemas que este sistema causa a millones de personas. Es necesario desmontar la imagen benéfica de este consumismo verde y reivindicar más que nunca que este no es el modelo de alimentación que queremos. Debemos seguir pensando de una manera más sistémica y luchar por una agricultura y alimentación con campesinos y campesinas, basada en la producción local y la comercialización a través de circuitos cortos. El derecho a alimentación debe estar en el centro y el control de la alimentación debe tenerlo la ciudadanía. Debemos seguir luchando, al fin, por la soberanía alimentaria.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Matar las vacas. Publicado por Nuevatribuna.es y Público

En 1994 existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy 17.000

Los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España

La desaparición este año de la cuota lechera beneficia directamente al proceso de concentración que la industria alimentaria y ganadera está impulsando los últimos años. La desaparición de las cuotas lecheras no es un ajuste técnico de un sector en concreto, se trata en realidad de una apuesta ideológica por la desaparición de los últimos vestigios de lo que fue una regulación de mercados y que tiene impactos dramáticos más allá de los puramente sectoriales.

Estos últimos meses después de las cuotas podemos observar de una manera vertiginosa los nefastos resultados. Así vemos como la mayoría de las empresas lácteas están ofreciendo contratos a ganaderos con un precio base de 0,26-0,28 euros litro e incluso han pagado a precios de 0,22 a partir de amenazar al ganadero con dejarle de recoger y luego “hacerle el favor” de llevarle la leche. Todo esto muy lejos de los costes de producción calculados en 0,34 euros, por tanto obligándolos a trabajar a pérdidas. Además, la eliminación de las cuotas ha erosionado  aún más el poder de negociación de los productores. La ecuación a la que se enfrentan es sencilla, o venden al mínimo precio y la cantidad que les dicen, o no les recogen la leche, porque ya no tienen obligación de hacerlo.

Frente a esta situación, es escandalosa la total inacción de la administración pública, que lejos de reaccionar, tan sólo ha sido capaz de establecer un fondo limitado en el tiempo de pago directo como una manera de cuidados paliativos antes de la segura muerte de la ganadería familiar en nuestro país. El mensaje es claro, solo los más grandes y los más integrados podrán sobrevivir, el resto vayan haciendo las maletas.

DESCARADO OLIGOPOLIO

En este momento, los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España. El 60% de la leche recogida se destina a la leche líquida envasada; en este subsector, siete empresas controlan el 75%, y las tres primeras más del 40%. Del resto del mercado lácteo (del que, como se ve, apenas queda nada), el 50% lo controlan, directamente, los supermercados a través de sus “marcas blancas”. No se ve mucha atomización, más bien un descarado oligopolio.

Se trata de un planteamiento absolutamente ideológico que no tiene en cuenta ladestrucción de empleo local y pérdida de población rural. En muchas comarcas del país para los que la ganadería era el elemento básico de fijación de población y la realidad es que llueve sobre mojado, la desaparición de la ganadería familiar no deja lugar a dudas. En el estado español, en los últimos 50 años se han perdido 112 explotaciones al día, pero la intensidad de la extinción se ha incrementado últimamente y en los últimos 8 años ha ascendido a 255 pérdidas al día. En 1994, existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy, sólo quedan 17.000. Y no sólo en la fase productiva, cualquier iniciativa de pequeña escala en las fases de transformación y comercialización tiende a seguir la misma suerte. La apisonadora de los que mandan en la cadena las hace inviables.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MIRA PARA OTRO LADO

Después de este planteamiento la pregunta parece obvia ¿De verdad, no hay otra forma de organizar el sector de forma que sea más justo y equilibrado y por tanto proteja la economía local de pequeña escala? ¿De verdad la administración pública sólo puede mirar para otro lado mientras desaparecen pueblos enteros?

Pues bien, mientras en España la ganadería lechera no participa del beneficio de la venta de un litro de leche y pierde dinero, en Canadá la ganadería se queda con el 54% del precio final de venta de ese mismo litro de leche. Así en el Estado español de cada 100 euros que pagamos por la leche, según el MARM, la fase de producción se queda con un beneficio de 0 €, la distribución se queda con al menos un 60% (pudiendo llegar a ser del 90%) y el resto (10%-40%) se lo queda la industria. Las diferencias entre Canadá y el Estado español no existen por casualidad.

Entonces ¿qué es lo que están haciendo estos locos canadienses? Pues aunque nuestros gobernantes les parezca una blasfemia, en Canadá tienen una política directa de intervención en los mercados, con el objetivo de reforzar las partes más débiles de la cadena de producción y equilibrar población y territorio.

En Canadá han desarrollado un modelo de gobernanza del sector donde las ganaderías son miembros de las juntas de negociación provinciales de venta de leche y venden su leche ahí. Estas juntas son gobernadas en cada provincia por las ganaderías y tienen la autoridad legal de regular, decidir precios e inspeccionar la calidad láctea. Las ganaderías y el gobierno deciden estos elementos anualmente, estando también presentes la industria y la distribución. Están presentes sí, pero, y esto es clave, tienen voz pero no voto. Con este mecanismo las ganaderías pueden cubrir sus costes de producción y asegurarse unas condiciones justas, por tanto no necesitan subsidios para este apartado y eso favorece a la ciudadanía que, además, paga menos impuestos para ello.

Que nadie se engañe, el desmantelamiento de la regulación del sector lechero en Europa supone la punta de lanza de toda una estrategia dirigida a exterminar la agricultura y ganadería campesina y familiar para entregarle en total control de nuestra alimentación a grandes multinacionales.


Javier Guzmán Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Andoni García Arriola Miembro de la ejecutiva de COAG y de EHNE Bizkaia