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Intervenció a la Jornada FAR FOOD LAND. Alternatives econòmiques al mercantilisme alimentari

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Los efectos de la ganadería industrial y las alternativas en los países del Sur. Publicado en el informe: Comer bien para vivir mejor

Los últimos cincuenta años nos hemos acostumbrado a oír nombrar la famosa revolución verde que no es sino el proceso industrializador basado en el control corporativo de los recursos. Ésta mal nombrada revolución nos ha dejado unos efectos dramáticos, tanto desde el punto de vista del derecho a la alimentación, como la destrucción de la biodiversidad, y está comprometiendo la viabilidad de las comunidades campesinas en todo el mundo. Sin embargo, poco se ha hablado de la revolución ganadera. Una revolución silenciosa generada por políticas neoliberales y desregulatorias donde el control corporativo se ha incrementado como nunca antes y sus efectos perniciosos son evidentes. Estos efectos, si bien podemos decir que atañen a todos los países, en los países del sur son todavía mucho más dramáticos.

Impactos sobre la salud

Uno de los más importantes tiene que ver con la salud. Como efecto directo de esta revolución tenemos el aumento dramático en las últimas décadas del consumo de carne a nivel mundial y la tendencia en el futuro sigue al alza. Se estima que crecerá un 76 por ciento en 2050. Hablamos de carne proveniente del modelo industrial, carne barata y de baja calidad que ya representa el 80 por ciento del consumo mundial de los últimos años, dándose una alteración de las dietas a nivel global y, sobre todo, un aumento del consumo de productos cárnicos procesados. Si bien sabemos que la alimentación insana según datos de la OMS, es el primer problema de salud pública a nivel mundial, derivado sobretodo del exceso de consumo de alimentación procesada, con altos niveles de azúcar, grasas y sal, éste ataca sobre todo a la población más pobre. Así lo reflejan los datos del informe realizado por el Instituto de Desarrollo de Ultramar a principios de este año, que mostró que más de un tercio de los adultos del mundo tienen sobrepeso y que casi dos tercios de las personas con sobrepeso en el mundo se encuentran en países de bajos y medianos ingresos. El número de personas obesas o con sobrepeso en los países empobrecidos aumentó de 250 millones a casi mil millones en menos de tres décadas, y estas tasas de crecimiento están aumentando de forma más rápida que en los países ricos. Así, nos encontramos datos como que, en Colombia, el 41% de la población tiene sobrepeso; en Namibia, el 21% de las mujeres tienen sobrepeso; en Zimbabwe más del 23%. En términos económicos esto significa que los costes de la desnutrición y las carencias de micronutrientes representan entre el 2% y el 3% del PIB mundial, lo que equivale a entre 1,4 y 2,1 mil millones de dólares por año. Todo esto sin contar con el impacto que sobre la salud tiene el uso masivo de antibióticos por parte de la industria. Se calcula que en el año 2030 su uso se habrá incrementado en un 67%, lo que representa una “amenaza para la salud pública”, según afirma un estudio recientemente publicado en el Proceedings of the National Academy of Scientists (PNAS) de Estados Unidos, además de las 25.000 muertes que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades calcula que originará la resistencia a los antibióticos.

Impactos ecológicos

Otro de los impactos más importantes que tiene la ganadería ya sabemos es sobre el medio ambiente. La expansión del consumo de carne y ganadería industrial es el responsable directo de más del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además, debido a su dependencia de cultivos destinados al pienso animal como la soja transgénica, genera una enorme presión sobre la frontera agrícola y recursos hídricos. Pero para que esta revolución de la que hablábamos haya podido tener lugar, antes ha necesitado ejecutar todo un cambio radical en la producción agrícola, sobre todo en los países del sur. Esto es fácil de entender, en cuanto observamos que la clave de bóveda se encuentra en la dependencia absoluta de este sistema en los piensos concretados a base de maíz, soja, y otros cereales. Fundamentalmente en su necesidad de consumo de grandes cantidades de proteína para aumentar el crecimiento de los animales, peso y productividad. Según la FAO, entre el 20 y 30% del forraje de los animales a nivel global se basa en concentrados. Pero si por ejemplo nos fijamos en el Estado español, podemos comprobar cómo el 92% de la soja importada se dedica a los piensos industriales. Los datos de la UE nos dicen que el 75% de todas las importaciones agroalimentarias no tienen como destino la alimentación humana sino la animal, y que de todas ellas, el 75% es soja. Este cambio de modelo se ha realizado a costa de un brutal cambio agrícola en gran parte de los países del sur, que están dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje presionados por las propias políticas agrarias de Europa y EEUU con el afán de conseguir grandes volúmenes de producto a menor precio, así países como Paraguay sólo dedican el 4% de sus tierras a la producción para alimentación interna. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje la encontramos en América Latina. La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales.

Impactos sobre el campesinado

Y como consecuencia de este cambio en el uso de la tierra, tenemos el tercero de los efectos que más impactan en los países del sur: la expulsión de campesinos de sus tierras para plantar monocultivos de cereales u oleaginosas destinadas a la alimentación animal, la desaparición de la ganadería campesina y modos de vida asociados. Este es el fenómeno del “acaparamiento de tierras”. Según la FAO, el 80% de las tierras agrícolas disponibles se encuentran en América del Sur y África, y para el año 2030, harán falta 130 millones de hectáreas nuevas para poder producir los alimentos necesarios. Además el cambio de uso de la tierra por parte de la ganadería industrial y los cultivos asociados han generado una crisis añadida en África, sobre los propios pastoralistas. Sabemos que el 40 por ciento de la superficie terrestre del mundo no tiene condiciones suficientes para desarrollar cultivos agrícolas, y estas tierras son aprovechadas por ganaderos ambulantes para alimentar sus animales. La mitad de la África subsahariana está compuesta por tierras áridas donde millones de personas viven del pastoreo, que están perdiendo el acceso al territorio y pastos debido a la expansión de las actividades de los terratenientes y ganaderos. Según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con la eliminación de los pastizales eliminamos una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio -los pastizales pueden secuestrar hasta el 9,8% de las emisiones de carbono-, y liberar “un potencial de generación de ingresos capaz de sacar a millones de personas de la pobreza”.

Alternativa: la agricultura campesina

Quizá este último impacto, la desaparición de la agricultura y ganadería campesina sea uno de los más preocupantes, pues es en ellas y no en las soluciones tecnológicas dónde podremos encontrar la salida a la encrucijada en la que nos encontramos. El alimento está ya en el centro de esta crisis climática y alimentaria. Somos conscientes que la población seguirá aumentando los próximos años, y con ello la demanda de alimentos, pero también sabemos que existe un importante consenso en los estudios de proyección sobre el calentamiento mundial que hablan de la reducción del potencial de producción de la agricultura mundial por efecto del cambio climático, fundamentalmente los países del sur. Por tanto, nunca antes en la historia habíamos tenido la necesidad urgente de cambiar el sistema alimentario global para responder a las actuales crisis y genere la viabilidad de sistemas que pongan en el centro la reproducción de la vida y no la maximización de beneficios de un puñado de empresas. Lejos de esto, caminamos en la dirección contraria hacia el colapso de los sistemas alimentarios, donde los gobiernos siguen proponiendo la agricultura y ganadería industrial y sus cadenas globalizadas de comercialización como la solución al problema. Sin embargo, frente a esta inercia cortoplacista se abre camino en las sociedades la necesidad de un cambio radical que apueste, por el lado del consumo, por un cambio de dieta, reduciendo drásticamente el consumo de carnes rojas y procesadas, sustituyéndolas por proteínas de origen vegetal, y por otro lado un cambio en los sistemas de producción de menor cantidad y de mejor calidad, basados en una ganadería y agricultura campesina que contribuya directamente a enfriar la tierra utilizando prácticas agrícolas que reduzcan las 33/76 emisiones de CO2 ,y el uso de energía por los campesinos y que sea capaz de proporcionar alimentos saludables y frescos a la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Los peores efectos del desastre alimentario y climático lo están padeciendo los países del sur, pero paradójicamente son en sus agriculturas y ganaderías donde reside la esperanza para todos.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Alternativas alimentarias para las mayorías. Publicado por la Revista Pueblos

Las políticas alimentarias y agrícolas de las últimas décadas, tanto globales como estatales, han provocado una crisis dramática en el ámbito de lo alimentario. Esta situación se convertirá definitivamente en un callejón sin salida si logra triunfar la actual oleada de tratados internacionales de libre comercio.

Las políticas agrícolas y alimentarias a las que hemos hecho referencia se basan en tres pilares: acaparamiento de los recursos de producción y sistemas de distribución por parte de grandes empresas, desregulación de los mercados alimentarios y trasferencia de la gobernanza alimentaria al sector privado globalizado. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la salud y la alimentación suponen ya los dos campos de batalla más importantes entre el capital y los derechos de las mayorías.

Los efectos de estas políticas ya los conocemos. Se estima que 815 millones de personas sufren hoy hambre, lo que corresponde a un aumento de 38 millones con respecto al año anterior. Por otro lado, las cifras indican que en el mundo hay ya 124 millones de niños y jóvenes (entre cinco y diecinueve años) que sufren obesidad, diez veces más que lo que se registraba hace cuatro décadas. Si estas tendencias continúan en los próximos años, en 2022 habrá en el mundo más niños y jóvenes obesos que desnutridos. Solo estas cifras son suficientes para evidenciar que las actuales políticas han supuesto un absoluto fracaso en cuanto al cumplimiento del derecho a alimentación.

Ya sabemos, por las propias declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la alimentación insana basada en productos procesados es el mayor problema de salud pública a nivel mundial, y el causante del 21 por ciento de las muertes por enfermedad evitables. En el Estado español también: su impacto ya provoca más de 90.000 muertes y consume más del 20 por ciento del total del gasto sanitario. Nos encontramos en una situación de emergencia social.

¿Comemos lo que queremos?

Es obvio que el conglomerado alimentario industrial ha creado y desarrollado un sistema dual de alimentación en el que unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hace cada vez peor, pagando con su salud. Una estrategia, la suya, que se vehicula a través de dos ejes claros.

En primer lugar nos encontramos con lo “narrativo”: nos han hecho creer a todos y todas que el discurso neoliberal sobre la alimentación es cierto, donde pareciera que comer cada día fuera una elección libre, un tema individual, de gusto, de decisión propia, como quien compra un reloj o un teléfono, comparándolo con cualquier mercancía. La salud y la alimentación aparecen como una mera opción de vida, un estilo. Enfrente se encuentra “la práctica real”, que incide en el acceso de la mayor parte de la población a una alimentación insana e industrial, por motivos de renta o físicos.

En cuanto a la renta, los estudios que disponemos hablan de que en el Estado español el 45 por ciento de la población no posee lo necesario para acceder a una dieta saludable. A esto hay que sumarle que los alimentos ecológicos son de media entre un 30 y 35 por ciento más caros que los convencionales. En cuanto al acceso físico, podemos comprobar cómo numerosos barrios populares se han convertido en perfectos desiertos alimentarios, donde la densidad y cercanía de puntos de venta de alimentación industrial e insana es hegemónica y cada vez mayor, mientras se pierde la red de distribución de alimentos frescos en mercados locales, tiendas de barrio, etc.

Esta dinámica actual, que a buen seguro será incrementada exponencialmente por los tratados de libre comercio, supone una amenaza insostenible para las generaciones futuras y hace necesario reivindicar y poner sobre la agenda de debate público la creación y desarrollo de alternativas que desde el punto de vista de la producción, distribución y consumo permitan una vida vivible.

Este artículo incide específicamente en todo lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación sana, que se ha convertido en el actual cuello de botella para extender un modelo de alimentación basado en la soberanía alimentaria. Aunque hable de la necesidad de alternativas, no quiero decir en absoluto que estas no existan, ya que disponemos de una red importante de alternativas económicas y sociales trabajando desde lo real, muchas de ellas desde hace años, y que no han esperado a que existieran políticas ni presupuestos.

Lo público en la alimentación

La primera reivindicación, por tanto, y aunque parezca una perogrullada, es la existencia de políticas alimentarias que potencien estas nuevas realidades y maneras de producir y alimentar, que aseguren el control de la alimentación por parte de la ciudadanía a través de la creación de espacios de participación política y gobernanza de los actores involucrados en la alimentación, campesinado, consumidores, padres y madres de alumnos, ONG, organizaciones sanitarias, medioambientales, etc. Es decir, reivindicar el papel de lo público en nuestra alimentación. En este punto toma especial trascendencia la ciudad y su rol en la cadena agroalimentaria, y por tanto el poder municipal como punta de lanza para la transformación, en algo que podríamos denominar como municipalización o remunicipalización de lo alimentario.

Para transformar el actual sistema alimentario hemos ido respondiendo a las preguntas ¿qué producimos?, ¿dónde producimos? y ¿quién produce? Ahora debemos dar respuesta a la última de ellas: ¿para quién producimos?

El gran reto es cómo organizar el abastecimiento de alimentos para amplias capas de la población de las grandes ciudades de una manera sostenible, tanto en términos de flujos energéticos como logísticos especializados. La alimentación de las ciudades depende en la actualidad de manera mayoritaria de las grandes cadenas de distribución. En el Estado, más del 70 por ciento, provocando una rápida desaparición de miles de tiendas de barrio. Este tipo de consumo ha ido transformando las ciudades, desconectando la alimentación de los propios barrios y llevándonos inexorablemente hacia una forma de consumo que es insostenible tanto para las y los agricultores, en términos económicos, como para las personas consumidoras, en términos de salud.

En el Estado español, por ejemplo, el 60 por ciento del beneficio del precio final del producto se queda en la gran distribución, mientras la renta agraria media se encuentra por debajo de la de 1990. Del lado de las y los consumidores, vemos cómo el precio de alimentos como las frutas y las verduras ha aumentado un 300 por cien durante los últimos años en la mayor parte del mundo. En cambio, el precio de los alimentos calóricos, que favorecen el sobrepeso y la obesidad, se ha reducido a la mitad en el mismo período, lo que ha provocado una crisis de obesidad y de enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

Los retos de las alternativas en marcha

A pesar de este poder hegemónico de la distribución, los últimos años hemos visto cómo la tendencia por el consumo ecológico y local se ha abierto paso a través de diferentes alternativas, como cooperativas de consumo y compra pública de alimentos. No obstante, todas ellas se encuentran con el limitante de la propia capacidad de expansión de su experiencia y, por tanto, de su multiplicación.

Nos encontramos así en estos modelos alternativos algunas paradojas difíciles de resolver. Por un lado, la fragmentación de las experiencias, que dificulta la coordinación; las “deseconomías”, debidas a la pequeña escala, que en ocasiones encarecen el producto; la necesidad de tiempo y voluntarismo, que no siempre es posible para las personas productoras y consumidoras, y, por último, las carencias a nivel logístico, que provocan un mayor impacto en costes.

No obstante, a nivel internacional merece la pena pararse y ver qué iniciativas están llevándose a cabo en otros países, para observar cómo una de las más viables e innovadoras es la creación de centros regionales de distribución alimentaria o HUB alimentarios, apoyados por las administraciones públicas. Llevan años funcionando en ciudades de Estados Unidos y de Europa, como es el caso de la ciudad de Turín, con su Food Hub To Connect (FHTC). Se trata de un proyecto de innovación social, ganador de la convocatoria Smart Cities and Communities and Social Innovation de 2013, gestionado por el MIUR (Ministerio de Educación e Investigación italiano). Otro ejemplo de iniciativa innovadora ha sido la creación en Vancouver de una red de almacenes logísticos alimentarios por barrios en manos campesinas.

El objetivo de estas iniciativas es el de superar los límites del sistema de alimentos local, con el fin de garantizar una mayor sostenibilidad y favorecer una creciente localización de la producción y del consumo. Este tipo de proyectos puede realizar diferentes servicios que ayuden a racionalizar el proceso logístico de los productos locales con cadena de distribución corta. Lo hace a través de una doble vía: agregar oferta y demanda, por un lado, y por el otro poner en contacto a todos los actores para generar una sistema distribución que llegue a puntos de venta clave como los mercados locales, tiendas de barrio y compra pública de alimentos. Además, este modo de hacer podría resolver el limitante del acceso por causa del precio, ya que ha demostrado su eficacia para abaratar costes.

Junto a estas medidas, hay otras que deben acompañar una verdadera política pública de alimentación saludable, que deshaga el actual marco normativo, agresivo, y que cambie la actual narrativa de elección libre de productos a un enfoque basado en derechos.

Estas medidas son de dos tipos: unas, limitadoras, como eliminar todos los máquinas de vending de los centros públicos, hospitales, escuelas; otras, más complejas, que tienen que ver con la necesidad de compensar la distribución de puntos de venta de alimentación saludable en barrios populares. Si a todo el mundo nos parece obvio que por cada mil habitantes exista un centro de salud, algo similar debería ocurrir con la alimentación.

La administración pública (en especial los ayuntamientos) debería realizar un diagnóstico de su territorio y establecer medidas de acción concretas que aseguren un número suficiente de puntos de venta de alimentación cercana y fresca a un precio adecuado. En países como Francia, por ejemplo, existen numerosas iniciativas desde la economía social y solidaria que conectan esta necesidad con la vinculación de producción local a través de circuitos cortos. Puntos de venta que, además, se convierten en focos de irradiación de educación y conocimiento alimentario, así como de reconexión con el entorno rural. Se trata de entender que establecer proyectos como la creación de redes de mercados campesinos, mercados municipales o tiendas de barrio es en realidad un servicio básico para la población. Los ayuntamientos tienen competencia sobre ello.

Necesitamos, por tanto, una amplia y diversa red de abastecimiento de alimentación dirigida a las mayorías sociales, que se articule desde la economía social y solidaria y que sea apoyada por políticas públicas que vuelvan a incluir el derecho a la alimentación como una obligación.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

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Menja’t el món – Para el carro! – Entrevista a Javier Guzmán de Justicia alimentària TV2

Existeixen associacions que ja estan treballant per incidir en les polítiques públiques per posar fre a la agroindústria i recuperar la nostra sobirania alhora de menjar. Segons Javier Guzmán de Justicia Alimentària, el canvi no només ha de venir de les noves decicions de compra dels consumidors sino que a nivell polític fa falta fer

www.rtve.es/drmn/embed/video/4560658

El timo de la estampita. Publicado por la Marea

“No es una broma, se trata de una estafa de una enorme magnitud consentida por la Administración pública. Una estrategia muy sofisticada orquestada por la industria alimentaria”.

El timo de la estampita

Hace unas semanas, desde Justicia Alimentaria denunciábamos una guía educativa publicada por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Un infant que creix (2015) con consejos alimentarios contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las páginas finales de la guía incluyen recomendaciones que están directamente patrocinadas por empresas alimentarias que, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, utilizan la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas. Al final, los medios lo trataron como una mera anécdota, como un error del departamento, como un simple exceso.

Pero miren, la realidad es otra. Se trata de una estrategia muy sofisticada orquestada por la industria alimentaria que ha encontrado en los “sellos o estampitas” su filón de oro.  Cada día es más obvio y notorio el conflicto entre los intereses de la industria alimentaria y nuestra salud, a tal punto que la alimentación insana se ha convertido en el mayor problema de salud pública a nivel mundial y también en el Estado español. La propia OMS reclama medidas contundentes para el control de esta industria que está detrás de este enorme desastre, medidas similares a las de en su día contra el tabaco, prohibición de la publicidad infantil, medidas fiscales, etiquetados claros, etc… Y frente a esta ofensiva, la industria protege sus intereses creando una enorme cortina de humo a través de la utilización de una gran parte de las sociedades científicas o pseudocientíficas, porque para ellos es vital obtener el aval científico y el aval de las administraciones públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus productos.

Y aquí nos vamos a encontrar  en nuestro país los casos recientes en la prensa como estudios promocionando el consumo de carne por parte de sociedades médicas que contradicen las recomendaciones de la OMS, o las “estampitas” de sociedades de medicina pediátrica avalando galletas y productos para población infantil híperazucarados. Pero además, necesitan bloquear las propuestas que inciden en las causas reales de la mala alimentación y sustituirlas por otras propias que actúan como pantalla de protección. Acuérdense si no de cómo el Gobierno echó para atrás el impuesto sobre bebidas azucaradas debido a la presión del lobby alimentario, y cómo lo ha sustituido con la propuesta del Ministerio de Sanidad de un acuerdo voluntario con las empresas para reducir cuando se pueda y, si eso, los niveles de azúcar. En resumen, falsas soluciones que ejercen de elementos de cartón piedra de un decorado a distancia parecen reales, pero cuando las miras de cerca y las tocas te das cuenta de que no son lo que parecen.

Y, por último, necesitan unir su imagen a la salud, emitir el mensaje de que son un actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una alimentación sana y de que, en definitiva, forman parte activa de la lucha contra la mala alimentación.  Ahí podemos observar infinitos actos deportivos financiados por la industria, congresos, publicaciones… Uno de ellos, de los más metafóricos, es la maratón contra la diabetes de Madrid, donde uno de los patrocinadores era Coca Cola, todo muy normal.

Pero no es una broma, se trata de una estafa de una enorme magnitud consentida por la Administración pública. La mejor manera de  reconocer a nivel de consumidor este timo de la estampita es cuando veamos que un producto alimenticio tiene en su frontal el logotipo de una de estas organizaciones médicas o científicas. Pues el truco es el siguiente, usted, al ver el sello entenderá que ese producto lleva su aval científico y que, por tanto, a nivel nutricional está recomendado por ellas. Lo mismo si en un anuncio de televisión aparece su logotipo junto al de unos cereales para el desayuno.

¿Quién nos protege entonces a los ciudadanos? ¿Qué debe hacer el Gobierno? Pues lo que exige el sentido común, una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública. Por último, elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.

Pero la verdad es que uno pierde la esperanza, al comprobar, por ejemplo, cómo la Campaña Plan HAVISA de promoción de hábitos saludables de la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Consumo), se realiza en convenio con la Fundación Alimentum. ¿Que quién es la Fundación Alimentum? Pues pasen y vean, una organización donde su presidente es Javier Robles González, a su vez presidente de honor de Danone, S.A; como vicepresidente, Sergio Elizalde Monroset, que es director general de Hero Sur Europa; y como vicepresidente tesorero, Jérôme du Chaffaut, director general de Unilever España, S.A.

Como decía aquel famoso entrenador, no hace falta decir nada más.


Javier Guzmán director de Justicia Alimentaria.

La Administración como valla publicitaria. Publicado por Nueva Tribuna

Las empresas alimentarias utilizan, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas.

La semana pasada denunciamos la guía educativa publicada por  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Un infant que creix (2015) con consejos alimentarios contrarios a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las páginas finales de la guía incluyen recomendaciones que están directamente patrocinadas por empresas alimentarias que, de manera implícita en algunos casos y explícita en otros, utilizan la publicidad subliminal para promover iniciativas claramente insanas.

Esta denuncia finalmente ha saltado a los medios de comunicación, por lo flagrante y escandalosa de la misma, pero lo más importante, es que se trata de la punta del iceberg de una enorme estrategia orquestada por la gran industria alimentaria, que tiene como objetivo determinar los alimentos que consumimos, aunque contravengan los patrones y recomendaciones de salud. Su estrategia predominante es presentarse ante la sociedad como un actor más, inocuo, pero que finalmente influyen y cuando no directamente están formulando las propias política públicas alimentarias.

Es aquí, cuando observamos el caso español, que encontramos un enorme agujero negro de falta de regulación del denominado conflicto de intereses. Este aparece cuando este tipo de corporaciones y organizaciones asociadas promueven a través de información falsa y presión a organismos públicos para que estos favorezcan sus intereses empresariales y de rentabilidad. Podemos determinar que hay tres tipos de conflicto empresarial, por un lado las empresas intentan distorsionar o suprimir la evidencia científica que pone en cuestión sus propios productos, realizando investigaciones propias sesgadas, esconder su patrocinio de una investigación, sembrar dudas, atacar a investigadores independientes, cuestionar a la propia administración, etc..

Otro tipo tiene que ver con la participación directa en el proceso de toma de decisión de los reguladores públicos para defender sus intereses, y lo hacen a través de acuerdos con algunas asociaciones de profesionales, fundaciones creadas para este propósito, reuniones no transparentes con la administración, conseguir información privilegiada, poner a gente afín en puestos relevantes.

En tercer lugar cuando intentan crearnos un marco narrativo y de pensamiento que les favorezca, a través de campañas confusas, jornadas, patrocinados académicos, inventarse procesos de participación ciudadana para crear las condiciones para influir, impedir la difusión de investigaciones independientes que le contravengan.

Pues bien, sabemos que estás prácticas en nuestro país son moneda de cambio usual, y si no visiten ustedes en informe Confiad en mí, donde podrán ver prácticas con nombres y apellidos. Más allá del morbo que suscita esta cuestión, necesitamos tomárnoslo en serio y exigir una regulación urgente cuando la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan hoy el primer problema de salud del Estado español. La media de consumo de azúcar en el Estado español se sitúa en torno a los 112 gramos/día y encabeza la lista europea de países con mayor obesidad infantil.

¿Qué necesitamos entonces?, pues una regulación a fondo, que al menos contenga:

  • Exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas.
  • Establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia.
  • No permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados, en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.
  • Elaborar, promover y hacer cumplir directrices sobre el conflicto de interés para las asociaciones de profesionales, filantrópicas, organizaciones mundiales de salud, universidades, instituciones médicas y publicaciones científicas.
Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria

Entrevista en Cadena Dial . Campaña Dame Veneno

 

 

http://www.cadenadial.com/2017/90-000-espanoles-mueren-al-ano-a-causa-de-la-mala-alimentacion-javier-guzman-116598.html