Acuerdo UE-Mercosur: Un anacronismo climático. Publicado por Nueva Tribuna

Los poderes de la UE nos alertan del cambio climático, de la necesidad de medidas urgentes de transición energética, de restricciones en la movilidad de las ciudades, o incluso creamos ministerios y direcciones generales de transición ecológica, pero con la otra mano, impulsa acuerdos de libre comercio por todo el mundo, en este caso con Mercosur. ¿Y usted dirá, qué tiene que ver esto con el cambio climático?

Después de 38 rondas de negociaciones, en las últimas semanas se han reactivado las negociaciones entre la UE y los países del Mercosur para cerrar lo antes posible  un acuerdo de libre comercio. La UE  es la región del mundo que más defiende los tratados de libre comercio y con ello el proceso de globalización, y lo hace de una forma intensa, sobre todo después del fracaso de las negociaciones del famoso TTIP con EE.UU.

Este acuerdo con Mercosur, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica

Si no conocen este tratado, en resumen, se trata de un súper acuerdo donde la UE intercambia la entrada al mercado americano de bienes industriales, automóviles, etc… y contratos de servicios, provisión, construcción, etc.. con toda la administración pública a cambio del acceso al mercado europeo de más toneladas de carne, principalmente de vacuno, polo, azúcar y etanol. Por tanto un acuerdo dónde el sector cárnico es uno de los núcleos más importantes.

Este acuerdo con Mercosur, decía, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica. Y eso porque tenemos que recordar en los países de mercorsur, en este momento está dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido se han dedicado a pastizales.

Este acuerdo tiene fija un contingente de 78.000 toneladas de carne de vacuno, lo que supondría según un estudio realizado por COAG  (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Ahora calculen la necesidad de toneladas de pienso necesario para este aumento, y por tanto de más y más tierra para monocultivo.

Este acuerdo como es obvio, estaríamos firmando a inevitablemente la desaparición del sector de producción de vacuno a Europa y en nuestro país. Un sector dónde todavía tenemos un buen porcentaje de ganadería familiar, que  entre otras cosas, es determinante para la fijación  población en el mundo rural, y que además  existen numerosos casos de prácticas en producción extensiva o semi–extensiva, que es justamente una de las claves de lucha contra el despoblamiento y el cambio climático.

La ganadería tiene un lugar claro y demostrado en los agroecosistemas, cumple una función de simbiosis con el sistema agrario y, si se hace bien, permite cerrar y completar los circuitos energéticos y de materiales de estos sistemas, además de ser una buena fuente de alimentación sana y equilibrada.

Sabemos que necesitamos urgentemente una bajada drástica del consumo de carne, sobretodo rojas y procesadas, pero que el consumo que nos quede ha de provenir de un modelo sostenible y por tanto local, sin embargo este acuerdo va justo en sentido contrario, ataca la salud de los ciudadanos, por cuanto pone en riesgo la seguridad alimentaria, abaratará los precios de carnes rojas y procesadas lo cual hará aumentar nuestro consumo ya desaforado, acabará de vaciar nuestros pueblos y tendrá un impacto incalculable en la destrucción de bosques en Sur América. Por tanto perdemos todos, bueno todos no, disculpen, ganan las industrias del automóvil, las grandes constructoras, sociedades de capital e inversión.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

El despoblamiento rural cotiza al alza. Publicado por Ets el que Menges

¿Os habéis preguntado alguna vez si necesitamos que existan personas que se dediquen a la agricultura?

Que estos últimos años vivimos una auténtica ola de despoblamiento rural ya no lo cuestiona nadie; de hecho, en los últimos meses ha saltado a la agenda pública gracias a la reacción de los movimientos sociales en defensa de un mundo rural vivo.

El despoblamiento rural cotiza al alza

Este despoblamiento ha sido el resultado de décadas de una política agraria que ha abandonado la agricultura y ganadería de pequeña escala y que ha otorgado un inmenso poder a los grandes oligopolios, que controlan los insumos del sector agrario, energía, fertilizantes, piensos, semillas y la distribución alimentaria.

Lo que tenemos consecuencia de ello –y no podía ser de otra manera– no es un despoblamiento rural genérico, sino una desaparición de las personas que se dedican a la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala, justamente las que han mantenido la vida en nuestros pueblos y la gestión del territorio. La última encuesta de la UE dice que entre los años 2003 y 2013 España ha perdido un 13, 4% de las explotaciones, y que la población activa en el sector primario está en el 3%, la gran parte por encima de los cincuenta años. Sin embargo, la misma encuesta también dice que la superficie dedicada a la agricultura se mantuvo casi estable durante el período 2003-2013; la disminución en el número de explotaciones implica un aumento significativo de concentración agraria: es decir, menos fincas y cada vez más grandes. Y no solo eso, sino que estas fincas y explotaciones están en un proceso en el que están pasando a ser gestionadas por sociedades mercantiles y fondos de inversión.

Sin embargo, paradójicamente, a la vez que nos dicen que el campo no tiene futuro, que no se puede vivir de él y que por eso la gente debe emigrar, vemos que la inversión en agricultura es una megatendencia a nivel mundial, con rentabilidades muy superiores a otros sectores productivos, y además con una volatilidad mucho menor y con una perspectiva al alza a medio plazo. Entre otras cosas porque cada vez hay más millones de personas que alimentar. Sin ir más lejos, las cifras estatales son apabullantes: por ejemplo, en agricultura, el valor de la producción, según datos del Ministerio de agricultura, ha crecido de 26.148 a 29.031 millones de euros en los últimos diez años; y además España se ha convertido en estos últimos años en el tercer productor mundial de cerdo y en el tercer exportador mundial.

El proceso de transformación agraria está en marcha; se trata de apostar por grandes empresas, que acaparen extensiones enormes de tierra, muy capitalizadas, altamente ligadas a la gran industria alimentaria y a los mercados globales para la exportación. Pero, para eso, necesitan acabar con la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala y sustituirla por asalariados. Los agricultores y agricultoras, dicho en otras palabras, sobran.

Estos movimientos de fondos y grandes empresas que integran toda la cadena de producción amenazan con transformar nuestro sistema agrario y acabar con la vida de nuestros pueblos; por lo que Europa pasaría de ser una agricultura basada mayoritariamente en pequeños y medianos agricultores a otra, altamente industrializada, sin ellos. Para que este proceso tenga lugar, necesitan que se vayan ya, que los más viejos les malvendan sus tierras y evitar el relevo generacional, porque es ahí dónde está el meollo del asunto, el control de la tierra y los escasos recursos hídricos.

Pero no os equivoquéis: en este modelo de agricultura extractivista, hay algunos pocos que ganan, pero en realidad va en sentido contrario hacia lo que no solo reclamamos organizaciones y movimientos sociales, sino instituciones internaciones como la FAO, que es reclamar la importancia crucial de la agricultura de pequeña escala, ligada al comercio local, como antídoto contra procesos dramáticos como la crisis climática, el despoblamiento rural, el hambre o el avance de las enfermedades ligadas al alto consumo de alimentos procesados y altamente industrializados.

No podemos hablar de un proceso de despoblamiento, sino de expulsión.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Carne de Cañón. Publicado por El Salto diario

En las últimas décadas se ha desarrollado en nuestro país una industria cárnica de enormes proporciones, gracias a que buena parte del gasto de la PAC, casi el 70 % ha ido dirigido a subvencionar directamente la producción ganadera industrial o bien el pienso que este ganado consume. Resumiendo, más de la mitad de los costes de producir carne de cerdo están subvencionados. ¿Ustedes conocen algún sector que cuente con esta ayuda? Se podría calificar de auténtico dopaje, sin el cual, está industria no sería posible.

Portada Informe Carne de cañon

Por ello nos hemos convertido en el tercer país productor y exportador de cerdos, tan solo por detrás de EEUU y China, generando enormes beneficios para unas cuantas empresas, pero a su vez creando cada vez más externalidades, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente o el territorio, que nos obligan a cuestionar y denunciar la viabilidad de este sistema de consumo y producción hipercárnico, basado en carne baratas, procesadas y rojas.

En este momento en nuestro país ya estamos muy lejos de los límites y recomendaciones saludables de consumo de carne. De hecho, comemos seis veces más carne de la recomendación máxima, y eso es mucho, pero, además, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Como resultado de esta perversa ecuación está el 28-38 % de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares, porcentaje que puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18 % de la diabetes o el 28 % de los cánceres colorrectales.

Este consumo excesivo de carne también tiene sus efectos en el gasto público sanitario en el Estado español. En concreto, el gasto público relacionado con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne asciende a 7.400 millones de euros, entre costes directos e indirectos, lo que equivale al 13 % del total del gasto sanitario público por habitante.

Los componentes de la carne y derivados cuyo consumo excesivo nos enferma son básicamente de tres tipos: grasas insalubres, sal y productos cancerígenos. Y estos tres componentes se presentan en mayor cantidad en las carnes rojas y procesadas.

Los famosos procesados suelen llevar aditivos nitrogenados, los famosos nitritos. Estos incrementan el riesgo de cáncer, y eso es lo que denunció la OMS en su famoso informe publicado en 2015 y que ha sido refutado por tierra, mar y aire por la industria cárnica. Sin embargo, la Administración ha optado por la decisión política de permitir su uso y, por tanto, nuestro consumo, argumentando que su eliminación supone un riesgo de salud pública mayor al incrementarse el riesgo de contaminación bacteriana. En realidad, estos nitritos y nitratos sirven para darle al producto un color rosado o más vivo de manera artificial, nada más.

Pero, no se vayan todavía, aún hay más, como decía el ínclito Súper Ratón. A estos componentes hay que sumar los efectos del abuso que está haciendo la ganadería industrial de antibióticos, y la cosa no es de broma. El abuso de los antibióticos tiene consecuencias nefastas para la salud humana. Se calcula que más de 3.000 personas mueren cada año en el Estado español por culpa de la resistencia a los antibióticos, más otras muchas que sufren complicaciones y reducción de su calidad de vida. La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kilogramo de carne. Eso es cuatro veces más de lo que se emplea en Alemania (que tiene el doble de vacas y los mismos cerdos) y seis veces más de lo que se usa en Francia (que tiene tres veces más vacas). Una buena parte de estos antibióticos no son utilizados de forma terapéutica para curar animales enfermos, sino a modo de profilaxis, de prevención, lo cual permite tener hacinados en una instalación a miles de animales. Sin este “chute” no sería posible este modelo basado en factorías ganaderas.

Por este motivo, desde la campaña “Carne de Cañón”, queremos hacer llegar a la población esta información y abrir el debate público sobre medidas políticas necesarias, debate que fue ocultado interesadamente en nuestro país, después que el año 2015 la OMS denunciara que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas para los seres humanos. Este informe provocó un seísmo monumental en la industria cárnica. Más allá de la nota de prensa oficial, en el resto de los mensajes contra la OMS la industria permaneció en la sombra. Quien habló por ella fueron sus infiltrados en el mundo de la salud, la carne con bata blanca. El caso es muy ilustrativo de cómo actúa la industria para maquillar la insalubridad del consumo excesivo de carne y cómo los poderes públicos se pliegan a sus intereses.

Por ello es urgente poner en la agenda social medidas para la reducción del actual consumo de carnes rojas y procesadas, como son la fiscalidad alimentaria, los famosos impuestos a las carnes procesadas, o la eliminación de las carnes procesadas y la reducción de las carnes rojas en los menús escolares, así como la aplicación del IVA 0 a productos frescos vegetales y legumbres con el objetivo de mejorar su acceso a toda la población. Además, necesitamos eliminar los elementos más críticos y peligrosos de estos productos, por ello es urgente la prohibición del uso de nitritos por parte de la industria cárnica, la prohibición del uso colectivo de antibióticos en la producción animal con finalidades profilácticas, y, por último, para que todo ello funcione, establecer de una vez una regulación estricta y transparente para los casos de conflicto de interés entre la industria alimentaria y las entidades científicas vinculadas a la salud y la nutrición. Finalmente, es necesaria la eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no sostenible y la creación de ayudas para la promoción de modelos de ganadería en extensivo y a pequeña escala, así como un plan de financiación para su transición ecológica.

El consumo de carne y la producción ganadera no debería ser una amenaza para nuestra salud y el medio ambiente, pero el actual conflicto entre los intereses entre las grandes corporaciones cárnicas y ganaderas y el derecho a la salud de la ciudadanía obligan a tomar medidas contundentes y urgentes hacia un cambio del modelo de consumo y producción.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

De chorizos y lentejas. Publicado en El Periódico

Hemos olvidado el cultivo de la legumbres y,  a la vez,  hemos subvencinado e hipertrofiado una industria cárnica que nos devora.

Estos días ha saltado a los medios la noticia de que cientos de miles de kilos de lentejas se están echando a perder en almacenes de Cuenca porque no encuentran comprador. Parece que las grandes cadenas han optado por importarlas de Canadá aunque los agricultores de Cuenca habían bajado el precio hasta el límite.

Varios granos en bolsas Foto gratis

En varios periódicos ya pueden ustedes leer que es por culpa de la gente que no compra lenteja castellana, que no somos lo suficientemente patrióticos. Y esta tragedia que parece algo lejano, solo del mundo agrario, nos afecta en realidad a todos.

Miren, hoy en día todos hemos oído hablar de que debemos aumentar nuestro consumo de legumbres y bajar el de carne, sobre todo carnes rojas y procesadas, por su impacto enorme en nuestra salud: cardiopatías, cánceres, diabetes, hipertensión son enfermedades derivadas de este consumo cárnico que se come ya el 14% del total del gasto sanitario. En nuestro país este consumo es dramático, ocho veces más que el máximo recomendado por la OMS, y ha desplazado el consumo de alimentos sanos como las legumbres, entre ellas, las lentejas, que justamente son las que están relacionadas con una disminución del riesgo de enfermedades. ¿Adivinan cuáles? Pues sí, las mismas cuya incidencia aumenta la carne. Y además generan un impacto positivo sobre el medioambiente y nuestra agricultura, pues mejoran la fertilidad de los suelos, y lo más importante: mantienen el empleo y la vida en amplias zonas de la ‘España vaciada’.

Y a pesar de que no llegamos al consumo recomendado de legumbres, en España la demanda interna es muy superior a la producción propia. Aproximadamente el 80% de las legumbres que consumimos son de importación. En cuanto a las lentejas, el 65% son importadas, fundamentalmente de Canadá.

Necesaria transición proteica

Para entender qué está pasando, hay que mirar un poco hacia atrás. Veremos que en nuestro país, entre los años 60 y la actualidad, apenas si hemos aumentado nuestra producción de legumbres. En cambio, otros países han apostado por ello; países como Canadá la han multiplicado por 10. Así, en estos momentos Canadá produce el 40% de todas las legumbres a nivel mundial debido especialmente a un programa y una política intensa de inversiones e investigación en este sector.

o por el lado contrario. Hemos olvidado y abandonado el cultivo de legumbres, y hemos apostado por invertir miles de millones de euros en la industria cárnica y el cereal para fabricar y abaratar el precio del pienso. Esto es más del 70% de todo el presupuesto de la PAC (Política agrícola común). Resumiendo, hemos subvencionado e hipertrofiado una industria cárnica que nos devora. ¿Y qué ha pasado con la de las legumbres? Pues en las últimas décadas apenas si llega al 1%.

Ya ven que el problema de nuestras lentejas, de nuestra salud, de nuestro medioambiente y mundo rural no se arregla con banderas y golpes en el pecho, sino con políticas públicas y financiación que aborden la necesaria transición proteica y ecológica de nuestra dieta y agricultura.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¿Alimentarnos sin petróleo? Publicado por la Marea

El futuro de nuestra seguridad alimentaria dependerá de la evolución de tres factores críticos, el cambio climático, la escasez de combustible fósil y el aumento de la población y su concentración en ciudades. De su relación, aceleración y de la respuesta política a los mismos, obtendremos un resultado que configurará una nueva realidad alimentaria, social y de salud pública en nuestras sociedades.

Hay algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo que todo el desarrollo de nuestro sistema alimentario globalizado e industrializado que ha crecido exponencialmente las últimas décadas se ha basado en la existencia de una fuente de energía densa y barata, como es el petróleo, lo cual permitió cambios increíbles en tiempo record de nuestras dietas, aumentando sus calorías, la presencia de carne, azúcares, grasas, etc.. Así como la posibilidad de aumentar hasta cifras absurdas la distancia en los transportes de alimentos. Así, por ejemplo, en nuestro país la media recorrida por un alimento que llega a nuestro plato es de 5000 km.

Pero también sabemos que esa fuente de energía comienza a agotarse. Es el famoso Peak Oil y de hecho a día de hoy su extracción es cada vez es más difícil, cara e insostenible desde el punto de vista de impacto en el cambio climático.

Delante de esta realidad, pueden pasar varias cosas dependiendo si el descenso de las reservas de petróleo es lenta, lo cual permitiría implementarse medidas de adaptación de los sistemas alimentarios a la nueva realidad de escasez de estos combustibles, pero si fuera muy rápido y abrupto nos llevaría directamente a un escenario de aumento de precios de los alimentos, falta de disponibilidad y accesibilidad por buena parte de la población, aumentando la inseguridad alimentaria mundial. Es posible que en los países más ricos se pudiera ir absorbiendo el impacto del aumento del precio de la canasta de alimentos, desplazando otros costes, aunque muchos expertos indican que esto tampoco se puede dar por sentado, ya que la crisis de aumento de precios de combustible afectaría a todos los sectores productivos. Pero lo que está claro es que en los países y clases sociales más empobrecidas el impacto podría ser dramático. Sabemos, según los informes del Banco Mundial, que un aumento del 35 % en el precio de los alimentos genera 80 millones de nuevos hambrientos, como ya vimos en las crisis alimentarias generadas por la especulación financiera de 2008 y 2011.

Todo parece indicar que nos podríamos mover en un escenario intermedio, de descenso menos lento del que desearíamos, y con momento de crisis abruptas, lo cual provocaría graves crisis del sistema alimentario. En realidad no hablamos de un futuro lejano, para la mayoría de expertos el momento Peak Oil tendrá lugar en 2030, o antes, por lo cual no se engañen, ya estamos entrando en un escenario de escasez y necesariamente deberemos abrir un proceso de transición hacia otras fuentes de energía. El problema es que para abordar la transición energética se necesita de una inversión colosal de capital para sustituir la anterior matriz y para hacer esta transformación de nuestro sistema alimentario necesitamos un cambio total y radical en las políticas agrícolas actuales. Fundamentalmente, en la PAC europea, dotada actualmente de más de 50.000 millones de euros anuales y lo que supone aproximadamente el 40% de todo el presupuesto de la Unión Europea. Una PAC que las últimas décadas ha estado volcada en la promoción de una agricultura y alimentación industrial, kilométrica, intensiva, dedicada al engorde de la industria cárnica a través del abaratamiento subvencionado del coste del pienso, basada en el uso de fertilizantes químicos derivados del petróleo, centrada en el control de la distribución por grandes empresas y volcada al mercado global y de transporte marítimo de grandes distancias. Es decir, un sistema obsoleto en términos energéticos y negativo si hablamos de efectos climáticos.

Este sistema, además, ha tenido como consecuencia el brutal cambio de patrones de dietas tradicionales que han pasado en pocas décadas de una dietas tradicionales y locales a otras basadas en productos procesados, por tanto una dieta alta en azúcar grasas y sal que ha provocado un impacto insostenible en nuestros sistemas públicos de salud por el aumento de la carga de enfermedad asociada como cardiopatías, diabetes, cánceres, obesidad , etc.. Además, ha provocado una crisis como nunca en la historia de despoblamiento rural. ¿Les suena aquello de la España vaciada, donde tenemos una población menguante y envejecida? Y ya por último: este sistema es el causante del 40% de emisiones de CO2.

Es obvio después de tener estos datos, no se puede poner en duda que necesitamos un cambio titánico y radical de nuestro sistema alimentario, que aparte de reducir su huella ecológica y adaptarse a un futuro sin petróleo, ha de afrontar el aumento de población mundial. La FAO cifra que el año 2050 llegaremos a los 9.000 millones de personas y necesitaríamos aumentar la producción de alimentos en un 70%.

Este enorme cambio ineludible, habrá tener en el centro el acceso de alimentos sanos a toda la población a través de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes. Y no sólo porque será muy caro mantener el actual, sino porque es necesario atender y adaptarnos a la realidad de los efectos que ya sufrimos del cambio climático: escasez de agua, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad. Nuestro país es uno de los más afectados en cuando a su producción agrícola por el cambio climático, con dependencia de petróleo externo y con una agricultura y ganadería basada en la exportación.

En resumen, si necesitamos aumentar la eficiencia de su uso energético, reducir transporte y uso de químicos, esto quiere decir adoptar modelos de producción agroecológicos, y el aumento del uso de energías renovables. Necesitamos cambios en nuestras dietas, haciéndolas más sanas, menos basadas en productos procesados, menos cárnico dependientes y más regionalizadas, reduciendo kilómetros y aumentando la temporalidad de alimentos y la posibilidad de acceso por precio.

Para todo esto es necesario un gran acuerdo orientado a planificar y promocionar este ajuste. Un ajuste que ha de poner en el centro el derecho a la alimentación, y por tanto la equidad en cuanto al acceso a los alimentos por parte de la población. Una transición justa, que además ponga el modelo de producción en el centro, apostando e incentivado el desarrollo de una agricultura campesina de pequeña escala y revitalizando el tejido poblacional en el área rural.

Los políticos han de ser capaces de dirigir ese cambio anteponiendo el modelo de sociedad que queremos, aquel que asegure y democratice la alimentación. Porqué sino, serán las grandes empresas e intereses económicos quienes aborden este proceso, como de hecho ya están haciendo, porque obviamente no es casual que al día de hoy quienes están adaptando sus dietas a perfiles más saludables, ecológicos y locales, son las clases de mejores rentas de los países occidentales. Quienes se están adaptando y realizando inversiones en nuevas fuetes de energías limpias y renovables, son empresas del agrobusiness que se pueden permitir la inversión y si la tendencia continúa, a corto plazo nos encontraremos que los pequeños agricultores/as y ganaderos/as para poder resistir y pervivir dependerán de los combustibles fósiles, cada vez más caros y de insumos químicos. Apunten este dato, el número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. En España la caída es del 13, 4%, y recuerden que la protesta de los chalecos amarillos, prendió por el impacto que tuvo la subida del diésel en la Francia rural. Se trata de alimentación y cambio climático, pero principalmente, de justicia.

Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria

Gordo, políticamente hablando. Publicado en Nueva Tribuna

A las personas que tienen más riesgo de obesidad el estado les trata con una dejadez política criminal

 

Está claro, si usted  estar gordo o gorda, es un problema para usted y para nuestro sistema sanitario. Vaya, en dos palabras, esos kilos de más, nos complica la vida, y el mensaje que lanzan gobiernos y medios de comunicación es claro, sea usted responsable, y adelgace en beneficio de todos.  Algo muy parecido a los mensajes y campañas destinadas a dejar el tabaco, el alcohol, a no correr en la carretera, es decir todas apelan a su conducta individual, casi podríamos decir que conducir con un móvil en la mano es inmoral, como estar gordo.

Así que cuando vemos un anuncio de algún producto adelgazante, o alguno de los miles de artículos en la prensa de cómo cuidarse, como comer, etc. cada uno de nosotros nos miramos a nosotros mismos, y nos preguntamos si estamos en el grupo de los “normales” o nos estaremos deslizando al de los “gordos”, porque si es así, si fuera así, un sudor frío recorrería nuestra espalda, el mismo que se siente al asomarse a un abismo.

Y en cierto modo así es, se trata de un abismo social, de uno de los nuevos círculos del infierno, un lugar dónde si entra, ya sabe, abandone toda esperanza y sólo se encontrará diferentes grados de estigmatización y de exclusión social. Tener obesidad  es un problema enorme para las personas que lo sufren, porque probablemente seremos discriminados, socialmente, laboralmente, afectivamente, y sanitariamente, casi nada. No en vano la  OCDE dice en sus informes que las personas obesas son menos productivas, cogen  más bajas médicas,  cobran menos que sus compañeros, tienen más paro, y una vez fuera expulsado del mercado laboral les cuesta mucho más volver, de hecho es una de las formas “duras” de exclusión y más invisible.

¿Y de verdad todo esto, por sólo tener unos kilos de más, por no cumplir con el patrón normativo y deseado de un físico, por tener problemas añadidos de salud…? Si además sabemos que con el paso de los años, todos acabaremos fallando de una manera u otra al sistema, siendo menos productivos y  más caros.

Pues no se explica bien, la verdad, a no ser que tengamos en cuenta, que no sólo la grasa se pega a nuestros cuerpos cuando engordamos, sino una especie de cartel luminoso enorme que dice “ Soy gordo y por tanto pobre”.

Ahora sí que reconocemos la causa verdadera de la discriminación. El problema no son sólo los problemas de salud asociados a la obesidad, si no la clase social a la que usted pertenezca, vaya una vieja conocida.

De esto no hay dudas, en las últimas décadas se ha constatado la evidencia de la existencia de una  vinculación directa entre la tasa de obesidad y la renta o clase social. En el Estado español, hasta el 22,37% de las personas de rentas bajas tiene obesidad, y en cambio la cifra baja al 9,29% en personas de rentas medias altas.

Una relación que tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos frescos y saludables, y la inundación en nuestra dieta de productos procesados igual de insanos y baratos que rápidos de preparar.

Si no me cree, de usted una vuelta, y podrá comprobar como en los barrios del centro y los barrios bien de cualquier ciudad verá usted decenas de tiendas de comida saludable, eco, bio, restaurantes slow, y gente con su índice de masa corporal recomendado. Y después, cuando poco a poco vaya usted alejándose, se dará cuenta que se está adentrando en la periferia, porque esas tiendas verdes tan bien decoradas se irán desvaneciendo, una especie de “aparheid alimentario”.

Llegados a este punto, quiero explicar que no trato de hacer ninguna apología de la obesidad, pues se trata de un grave problema de salud, pero me pregunto si no tiene nada que ver el estado y las políticas públicas en todo esto, y si usted se pregunta cómo y qué está haciendo para protegernos.

La respuesta es, fundamentalmente, nada, de hecho a las personas que tienen más riesgo de obesidad el estado les trata con una dejadez política criminal. Pero no únicamente las deja desprotegidas, sino que ha además la administración sanitaria en numerosas ocasiones sirve de altavoz a las grandes corporaciones de la alimentación, un altavoz por dónde sólo se oye de forma repetitiva y machacona  unos cuantos versículos de la biblia capitalista, ya sabe, el de que si usted está gordo la culpa es “suya”, solamente suya, porque la culpa siempre es  propia, individual e intransferible. Es usted en definitiva culpable, y por supuesto, sus pecados tendrán su penitencia, discriminación, exclusión, convirtiendo un problema social y de salud pública en una cuestión moral.

Pero no sólo eso, además ya que estamos, el sistema se aprovechará de su circunstancia, y sin saberlo se habrá convertido en un gran negocio para todo un sector que lo va a asediar con dietas imposibles, medicamentos de todo tipo, infusiones, operaciones de reducción de estómago, libros, superalimentos milagrosos etc.

Olvidando el estado que las personas con obesidad  tienen los mismos derechos que cualquier otra, entre ellos, a no ser discriminados.

Olvidando que a las clases populares no se nos está facilitado el acceso a comida sana a un precio asequible, que no se está protegiendo a nuestros niños y niñas de la comida basura, de su publicidad, de su omnipresencia en los centros escolares, hospitales, etc… que ni siquiera los ha etiquetado claramente, que no nos permite tener horarios laborales que nos deje tiempo de cocinar y alimentarnos, etc..

Por tanto nuestro cuerpo, ese tan imperfecto y esos kilos de más se han convertido en un campo de batalla político.

Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria

Comer sin explotar. Publicado en Soy como como

Hoy leía en el periódico que, como cada año, en Huelva se ofrecen 23.000 puestos de temporeros para la recogida de la fresa, y que solo se habían presentado 970 personas en la tercera provincia con más paro de España. Esto supone cerca del 23%, por lo que la noticia contaba que las empresas de la fresa de producción intensiva tendrían que recurrir a la mano de obra inmigrante. Si los de aquí no quieren trabajar, ya saben, no se va a quedar la fresa en el campo. Pensaba entonces si esa falta de interés en realidad no tendría que ver con salarios bajos, con jornadas extenuantes, con condiciones de vida pésimas y además, si eres mujer, con el riesgo a sufrir agresiones sexuales, tal y como denunciaba el año pasado una investigación periodística de la revista alemana Correctiv y BuzzFeed News.

Me acordé de que, no hace mucho, pude leer en otro periódico que un trabajador de un invernadero de Níjar, Mohammed El Bouhaled, de 27 años, falleció después de pasar todo el día sulfatando.

Fue un accidente, dirán, pero lo que no lo es son las condiciones de vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en los invernaderos del sur de España –muchos de ellos sin papeles, explotados, viviendo en chabolas, sin luz, ni agua– que denuncia el documental de la cadena pública de televisión alemana Das Erste con el título La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras.

Casi al mismo tiempo, aparecía en las noticias que, en Binéfar, se va a instalar el mayor matadero de Europa, y que dará trabajo a 1.600 trabajadores. Al leerlo me venía la duda a la cabeza: ¿Pasará como con los temporeros de la fresa de Huelva? ¿Será que los salarios, contratos y condiciones laborales serán dignos y no de absoluta precariedad laboral como llevan años denunciando el colectivo Càrnies en Lluita en Catalunya? ¿Tiene esto algo que ver con las protestas de las conserveras este verano en Galicia para lograr mejorar sus condiciones de trabajo y acabar con eso que llaman “modalidades de subcontratación fraudulenta”? ¿Y si hubiera un hilo invisible que los conecta con la explotación que sufren cientos de jóvenes repartidores de estas empresas tan tecnológicas que te traen una pizza a casa en bici a golpe de clic? Todas esas vidas parecen la misma.

Este hilo invisible que une a los pobres que trabajan en condiciones insoportables y a los otros pobres que compran comida procesada de baja calidad, la que nos enferma por un módico precio, se llama “beneficio empresarial de las grandes corporaciones alimentarias”. ¿Será que estos emporios podrían vivir sin explotar? Me parece que no.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria