Sin plan para el cambio climático y la agricultura. Publicado por La Marea

“Sorprende observar el poco interés que suscita en nuestro país el impacto del cambio climático en nuestra agricultura y alimentación”

La agricultura y ganadería en nuestro país en los próximos años se va a encontrar delante de enormes problemas. La competencia en los mercados internacionales crecerá. La pérdida de población en el área rural continúa y todo ello en un contexto donde el cambio climático ejercerá cada vez mayor presión. Cambios que ya sabemos que van causar a la desaparición de cultivos tradicionales como cereales, que necesitan temperaturas bajas en amplias zonas del país; mayor estrés hídrico en numerosas cuencas; mayor mortalidad en la cabaña; cambios en la floración y ciclo de cultivo que dará como resultado; bajada de productividad y rendimiento de cultivos; así como un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por fenómenos extremos y consecuentemente una más que probable caída de renta agraria y abandono de la actividad y los campos.

Pero sin esperar al futuro inmediato, al día de hoy, sabemos que la agricultura y ganadería actual, industrial y globalizada, se encuentran en una encrucijada histórica y que ha de resolverse urgentemente, porque este modelo ha dejador de servir al interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, se ha convertido en una amenaza.

Este modelo, basado en el uso de insumos derivados del combustible fósil, es uno de los que más contribuye al cambio climático, tanto por sus emisiones como por el uso químicos y pesticidas que arrasan la biodiversidad y fertilidad de los suelos. Se calcula que el 40% de las emisiones provienen del sistema alimentario actual. O si lo quieren ver más claro, por ejemplo, un sector emisor de gases como es la industria de fertilizantes nitrogenados de síntesis, teniendo en cuenta todo su ciclo y la producción total. Este sector emite más de 20 millones de toneladas de CO2 y la principal empresa, Fertiberia, 15 millones (el equivalente a las emisiones de Angola, Zambia y Namibia juntos). Un modelo incompatible con la preservación del medio ambiente, que es la agenda en la que nos jugamos el futuro inmediato. Háganse una idea, cada año 23 estadios de fútbol se llenan de purines por los 30 millones de cerdos que producimos es España

Es obvio que necesitamos acabar con esta inercia si realmente queremos luchar contra el cambio climático, y lo debemos hacer antes que el resto de países de la UE. Debemos caminar rápido hacia un sistema que produzca los alimentos sanos, de forma sostenible, y que, por tanto, se adapte a métodos de producción y prácticas de cultivo que emitan menos gases de efecto invernadero.

Pero para esta enorme transformación del agro y la alimentación, necesitamos un elemento clave, que es el desarrollo y avance a la agricultura de pequeña escala. No se puede abordar este cambio sin agricultores y agricultoras como es obvio.

Y, en realidad, los tiros no van por aquí, sino que la actual la deriva es hacia la concentración de la tierra en pocas manos, destruyendo empleos y por tanto población. El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. Pero es que en nuestro país, además, en solo diez años 6 de cada 10 agricultores activos se jubilaran y no hay relevo.

Para revertir este proceso y cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático es evidente y a nadie se le escapa, que  ya sobre la mesa debería existir una una ley que planifique y ordene esta necesaria  transición ecológica de nuestra agricultura y ganadería. Este plan para la transición agrícola debería ser valiente y empezar con medidas rápidas como el abandono de cultivos destinados a los agrocombustibles. La prohibición e incentivos para el abandono de usos de plaguicidas, como el glifosato, nicoticoides etc. Prohibición de instalación de megagranjas de animales, así como determinación de máximos de cargas ganaderas por región y por granja.

Prohibición del cultivo de transgénicos. Es decir, medidas que limiten la expansión de un modelo contrario a los objetivos de transición y otras que apunten en la dirección de desarrollo del modelo que queremos, como el aumento del cultivo de plantas forrajeras autóctonas y bajar la dependencia de soja importada, incentivación del uso de energías renovables, energía solar, etc. Control y adecuación del uso de agua y el abandono de cultivos insostenibles. Políticas públicas de incentivación de la alimentación saludable, empezando por la inversión en circuitos cortos, compra pública, en infraestructuras agrarias y ganaderas adaptadas a la producción de pequeña escala. Entre ellas, medidas de ecofiscalidad que graven las prácticas más negativas y externalidades medioambientales como los residuos de las granjas intensivas o uso de plaguicidas y las que ayuden a los modelos más sostenibles.

No me extiendo más en cuanto a medidas, pero todas ellas deben tener dos elementos comunes y transversales. Por un lado, el Estado debe garantizar recursos económicos y apoyo financiero para la transición a la agricultura ecológica y diversificación de cultivos. No podemos cargar sobre la agricultura familiar después de todo, los costes de transición, sino todo lo contrario.

Es, además, urgente el establecimiento de un plan de subvenciones y de remuneración por los servicios ‘a lo público’ generado por los modelos de producción sostenible, como la preservación el medio ambiente,  captura de carbono, gestión del territorio, o de lugares específicos como zonas secas.

Pero también hará falta un sistema de formación y apoyo a la instalación de nuevos agricultores, mejora de los sistemas de transferencia y acceso a tierras, financiación de proyectos colectivos, así como apoyo específico para la adaptación y mitigación en
algunos.

Por tanto, ya ven, la transición agrícola nos afecta a todos, pero sin agricultores y agricultoras este no será posible, y estamos en tiempo de descuento. De otra forma olvídense de tener en el futuro alimentos sanos, frescos, a precios asequibles, producidos  en entornos rurales vivos y sostenibles.

Ya vamos tarde.

Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria

Anuncios

Ese impuesto del que me habla usted. Publicado por Nueva Tribuna

Estos días que volvemos hablar del nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos, parece que otra vez se le ha olvidado incluir el impuesto sobre bebidas azucaradas. Suele pasar, miren, lo mismo ha pasado durante la tramitación del presupuesto el pasado mes de diciembre en la Comunitat Valenciana, y su razón, por lo que parece, se sustenta en las declaraciones del portavoz socialista, Manolo Mata, que ha asegurado que la aplicación de este impuesto en otros lugares no ha servido para reducir el consumo de bebidas azucaradas.

Lo mismo pasó hace un par de años, cuando el Ministro Montoro una vez que se aprobó el impuesto por la Genaralitat Catalana, abrió la agenda para hacerlo estatal. Sin embargo, al poco tiempo la guardó en un cajón y decidió por algún motivo cambiarlo por otra iniciativa presentada justo hacía un año por la entonces Ministra de Sanidad Dolors Montserrat rodeada de empresas del sector, el llamado Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020 para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos en torno a un 10%, gracias al compromiso voluntario de más de 500 empresas.

Bueno pues ya está, pensará usted, las empresas bajan el azúcar, se reduce su consumo, mejora nuestra salud y nos ahorramos un impuesto. Y podría ser, pero lo que ha pasado realmente es que los datos de dos estudios independientes son contundentes respecto a la implementación del impuesto en Catalunya. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así, tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.

También sabemos que la propia Organización Mundial de la Salud lleva años pidiendo a los gobiernos su aplicación urgente, como medida para luchar contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas. Recordemos que en España, las enfermedades relacionadas con la alimentación insana son el primer problema de salud pública, consumiendo ya el 20% de todo el gasto sanitario, unos 20.000 millones de euros.

Sin embargo todo el mundo sabe que los compromisos voluntarios son palabras que se lleva el viento, así este año comprobamos como los resultados de la evaluación de la estrategia de reducción voluntaria de las empresas aplicada en el Reino Unido fracasaba estrepitosamente y finalmente el gobierno decidió aplicar el impuesto sobre las bebidas azucaradas.

¿Y en España? ¿Ha tenido éxito el compromiso de las empresas? ¿Han reducido el porcentaje de azúcar? ¿Se ha evaluado? ¿Se va a evaluar? Pues la verdad es que  no sabemos nada. Pero todo indica que la conclusión ya la han escrito, el impuesto sobre bebidas azucaradas no funciona, y deje usted de preguntar que, por su puesto, nada de esto tiene que ver con las presiones del lobby alimentario.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Los impactos de la ganadería industrial en “Carne Cruda” radio

“En Huesca se incrementan los cerdos en mil más por día”. Hoy hemos hablado en @ sobre los impactos inasumibles en nuestra salud, medioambiente y mundo rural de la ganaderia industrial.

Abrimos en canal la industria cárnica, analizamos su impacto en el planeta y la crueldad de sus prácticas con alguien que lleva más de una década investigando granjas y mataderos, Javier Moreno, director de la ONG Igualdad Animal. Y con Javier Guzmán, director de la ONG Justicia Alimentaria y parte de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Todo esto en Consuma Crudezade Brenda Chávez.

https://www.eldiario.es/carnecruda/consuma-crudeza/industria-carnica-mata-millones-animales_6_855724425.html

Defender a nuestros hijos de las corporaciones alimentarias. El Salto Diario

En el Estado español, alrededor de un 40 % de los pequeños tienen sobrepeso u obesidad, una cifra que solo supera la de Chipre. Entre ellos, un 19 % de los niños y las niñas, es decir, casi uno de cada cinco, sufre obesidad.

Esto supone un auténtico fracaso de las actuales políticas públicas que deberían tener como objetivo la protección del derecho a la salud de nuestros hijos e hijas.

https://www.elsaltodiario.com/uploads/fotos/r1500/b20958c4/ScreenHunter_3985%20Nov.%2026%2016.01.jpg?v=63710463823

 

Una de las causas que están detrás de este cifras inasumibles, por todos los efectos que en la salud presente y futura de la infancia tienen, es la enorme presión del marketing alimentario dirigido expresamente a ellos, que ha conseguido generar un ambiente irrespirable del que no se puede escapar.

La población infantil son un grupo muy interesante para las empresas anunciantes, ya que estos ejercen una influencia en el 43 % de las compras familiares. La industria alimentaria despliega una presión intensa sobre la población infantil. Analizando las compras realizadas por población de 4 a 12 años encontramos que un 33 % son alimentos y bebidas.

No es de extrañar, la población infantil ve una media de 95 anuncios al cabo del día, más de 34.000 anuncios al año. En el Estado español, a lo largo de un año se crean alrededor de 5.000 campañas de distintos productos cuyo objetivo es el público infantil.

Es por esto que la propia OMS está exigiendo a los estados que tomen medidas contundentes, como la prohibición de este tipo de publicidad de alimentos insanos, que en nuestro país suponen 4 de cada 5.

La administración pública sanitaria hasta la fecha no ha hecho nada, amparándose en la existencia del PAOS, un código ético de publicidad infantil, que no diferencia entre alimentos sanos e insanos, que además es de autorregulación y voluntario, para entendernos, escrito por las propias empresas de alimentación procesada. Un código que está lleno de ambigüedades, que solamente cubre un pequeño espectro de la publicidad infantil, y que contiene numerosas y evidentes vías de escape y excepciones que puede usar la industria alimentaria. Por si no fuera suficiente, además, se incumple sistemáticamente. Los resultados muestran que el código PAOS es incumplido por el 49,3 % de los anuncios de empresas adheridas a este, existiendo además un 20,7 % de anuncios cuya evaluación presentaba dudas respecto a su cumplimiento. El porcentaje se eleva a más del 70 %. Pero aún hay más. Resulta que el porcentaje de incumplimiento fue mayor entre las empresas que sí han suscrito el Código respecto a las que no. Es decir, que parece que suscribir el Código exime de cumplirlo.

Y como colofón a este enorme engaño a la ciudadanía, la supervisión del cumplimiento del código PAOS es responsabilidad de una organización privada, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), formada por medios de comunicación, industria y sus asociaciones sectoriales. Las personas que forman parte del jurado son designadas por la Junta Directiva de Autocontrol y por el Instituto Nacional de Consumo. La Junta Directiva está presidida por Campofrío Food Group, y entre sus vocales encontramos a Danone, Coca-Cola, Gallina Blanca, Kellogg’s, Nestlé o Univeler.

Estos últimos días el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha diferentes medidas, entre ellas el etiquetado Nutri-Score con colores, justamente con el objetivo de ayudarnos a diferenciar los perfiles nutricionales de estos productos. La pregunta es obvia, ¿aquellos alimentos etiquetados en rojo como insanos, se deben seguir publicitando entre la población infantil?

Lo que sabemos hasta ahora es que la publicidad alimentaria infantil tiene un impacto directo y enorme en el consumo de los niños y niñas, y esto genera obesidad y enfermedades derivadas. Sabemos, además, que cualquier publicidad dirigida a la población infantil se trata simplemente de una manipulación, pues ellos no pueden distinguir entre la ficción y realidad, por tanto deben de ser especialmente protegidos.

También sabemos que hasta ahora la administración pública es consciente y sabedora de estos datos y los ha asumido y decidido no hacer nada para revertirlos.

Por ello desde la campaña Defiéndeme, más de 40 organizaciones sanitarias y sociales demandamos un sistema de regulación, con rango legal apropiado, que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables, con un perfil nutricional acorde con las recomendaciones de los expertos. Para seleccionar los productos saludables, cuya publicidad sería permisible, se propone aplicar el perfil nutricional de la región europea de la OMS, diseñado para este fin.

Al día de hoy, el Gobierno ha anunciado la voluntad de regular la publicidad infantil, pero de nuevo apelando a la autorregulación de las empresas y a su buena voluntad. Parece que las grandes empresas alimentarias han asumido que tiene que haber algún tipo de regulación, pero, por supuesto, no quieren que sea pública, prefieren, como hasta ahora, hacer lo que mejor les parezca e inventarse sus normas y controles.

¿Se imaginan ustedes a la industria del automóvil autorregulando sus emisiones?

Veremos si el Gobierno decide proteger la salud de millones de niñas y niños de este país, o los intereses de unas pocas multinacionales.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La insostenibilidad de tanto cerdo. Publicado por el Periódico

Es urgente acometer un proceso de reconversión integral y ambicioso del sector del porcino, que contemple medidas como la prohibición de megagranjas.

Recientemente el diario ‘The Guardian’ publicaba un artículo en que se informaba sobre el aumento de la tasa de mortalidad de las cerdas en EEUU que ha generado una alarma importante en el sector. Las causas que se apuntan son dos, las condiciones de confinamiento de los animales en los sistemas industriales de producción y por otro lado la crianza intensiva destinada a producir más lechones.

 

 

 

 

 

 

 

Todo parece indicar que en esto una vez más la industria cárnica ha ido demasiado lejos. Un sistema que ha generado un aumento exponencial de consumo de carne ‘barata’ convirtiéndose en un problema de primer orden en cuanto a la salud pública y que tiene un impacto determinante en el cambio climático.

Pero nos equivocaríamos en pesar  que todo esto es culpa de la ganadería, y que lo mejor es que desapareciera. La realidad es que hasta hace pocas décadas la producción animal no era un problema, de hecho si ahora lo es, es como consecuencia de un crecimiento desmesurado e hipertrófico de la industria y producción cárnica. Por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestro país, el problema se llama producción de cerdo, que acapara el 64% de toda la producción cárnica. La historia de este descalabro social, sanitario y ecológico comienza con los procesos de liberalización agrícola donde el entramado de grandes compañías de grano y sojeras vio la ganadería ‘industrializada’ como un mercado estupendo para volcar para sus excedentes de piensos  baratos.

Desaparición de las explotaciones familiares

Como consecuencia, en España desde los años 60 hacia acá hemos pasado de una producción de 5 millones de cerdos a más de 30 actualmente, y cuya producción está principalmente en manos de tres empresas. En el 2016, el porcentaje de exportación de carne de porcino sobre el total de la producción fue del 70%.

Frente a esta realidad, la ganadería de pequeña escala ha ido desapareciendo. Así, las explotaciones porcinas se han reducido un 13,72% entre el 2007 y el 2016, fundamentalmente las explotaciones familiares con menor capacidad. En Catalunya, la principal zona productora del estado, solo el 10% de las explotaciones tienen menos de 200 animales.

La producción ganadera en pequeña escala se basa principalmente en explotaciones familiares, y son cruciales para asegurar un sistema sostenible de producción y la creación de empleo y, por tanto, la lucha contra el despoblamiento y conservación del territorio.

Por ello es urgente acometer un proceso de reconversión integral y ambicioso del sector del porcino, que contemple medidas como la prohibición de megagranjas.

Una regulación para el fomento de un sistema de producción ganadera sostenible, que la haga compatible con los recursos naturales disponibles, tanto agrícolas, hídricos y ambientales. Para ello será imprescindible la limitación del número máximo de animales por explotación, pero también por territorio, justamente para evitar la concentración actual  que  ha generado una densidad inviable para lugares como la provincia de Huesca, donde en los últimos dos años el número de cerdos ha aumento en 1000 animales cada día, repito, cada día.

Asimismo, el fin de las subvenciones directas e indirectas a la industria cárnica y una política fiscal que incentive la producción ganadera sostenible  y grave las externalidades medioambientales de las industriales.

Ahora toca regular y poner límite a la voracidad de la industria cárnica.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Recuperar las cocinas públicas. Publicado en La Marea

Como ya ocurre en otros países como Francia “debemos poder decidir el modelo de alimentación colectiva y pública que queremos”.

Entre las familias y asociaciones de madres y padres de alumnos corre un  vendaval en favor de una transformación del actual sistema de alimentación en las escuelas. El modelo hegemónico en todo el Estado español es un modelo de alimentación colectiva privatizado, la mayor parte en manos  grandes empresas de catering, que han sido las únicas y grandes beneficiarias de este modelo, llegando a que el 78 % de los menús son realizados por estás empresas. Este ha sido un modelo impulsado por las administraciones públicas las últimas décadas que se ha evidenciado obsoleto y fracasado.

Sin embargo, en otros países, como nuestra vecina Francia, las cosas van por otro lado. Van por recuperar la importancia de la alimentación en la etapa escolar, así como el papel de lo público. Abandonando por tanto el sistema imperante de privatización de las comedores y recuperando el control y gestión de la alimentación  a través de sistemas de cocinas municipales encargadas de realizar esta tarea, como es el caso de Montpellier donde han emprendido un plan de construcción de las cocinas centrales que proporciona comidas para los comedores de 123 escuelas de la ciudad. Pasa lo mismo en Lille, Grenoble o en Nantes dónde la cocina municipal se encarga de los 14.000 menús escolares diarios. Como estas hay otras muchas más. Unas cocinas que no son meros centros de ensamblaje o destinados a calentar precocinados, como suelen ser actualmente las cocinas de muchas escuelas gestionadas por caterings, si no que las verduras, legumbres, carnes, etc., llegan crudas y allí son preparadas y cocinadas.  Este sistema de cocinas centrales, además de garantizar una alimentación saludable e igual para todos los niños y niñas, vivan en el barrio que vivan y tengan la renta que tengan, aumentan el acceso al mercado para los productores locales y regionales. Muchos agricultores y ganaderos, especialmente los más pequeños, se ven amenazados por la falta de una infraestructura de distribución de magnitud adecuada que les proporcionaría un futuro viable a sus explotaciones

En el Estado español apenas si hay experiencias, entre ellas destaca la cocina municipal de Orduña que finalmente hace un mes consiguió el permiso para poder trabajar, después de más de ocho años de trabajo y lucha por parte de las Asociaciones de productores y productoras Bedarbide y Urdunako Zaporeak, la Asociación de comerciantes ACCOR y la comunidad escolar, el servicio de dinamización agroecológica Ekoizpen y el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento, y que desde Justicia Alimentaria hemos apoyado y acompañado.

Debemos poder decidir el modelo de alimentación colectiva y pública que queremos. Necesitamos cambiar el actual modelo hegemónico de un servicio privatizado y precarizado, y recuperar el papel de lo público en la alimentación de escuelas, residencias, hospitales etc., que asegure el derecho a la alimentación sana y adecuada de todos.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La corrupción más sofisticada de los lobbies alimentarios- Publicado en Nueva Tribuna

En España no existen medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países.

 

Esta semana las Organizaciones impulsoras de la iniciativa europea #StopGlyphosate han exigido a la Comisión Europea que existan mecanismos de mayor transparencia en la información de los estudios científicos sobre la alimentación para asegurar su independencia. Su independencia está ahora en entredicho después de los numerosos casos de conflicto de intereses e injerencia de los lobbys alimentarios y consideran del todo insuficiente la propuesta que ha realizado la propia Comisión Europea.

Esto que preocupa tanto a la ciudadanía europea, parece que en el Estado español apenas tiene repercusión e interés mediático, y menos político. ¿Será porqué aquí estamos bien y contamos con una regulación eficaz? Nada más lejos de la realidad. En el Estado español, no es que haya una deficiencia en el control del conflicto de intereses, sino que lo que realmente hay es una total y absoluta barra libre.

Hace unos días leíamos en El País que Coca-Cola ha entregado ocho millones de euros a decenas de organizaciones científicas y médicas españolas entre 2010 y 2017, según los datos de la propia compañía. Las que más dinero recibieron fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición (835.000 euros), la Fundación Española Del Corazón (640.000 euros) y la Fundación Española de Nutrición (567.000 euros)”, todo muy normal.

O si les parece poco y quieren ver más casos, no tienen que ir más que a visitar el informe “Confiad en Mi” sobre el lobby alimentario de Justicia Alimentaria y descubrirán las prácticas comunes de la industria y su influencia en los estudios científicos a través de  patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones. En el Estado los casos son innumerables, pero recuerden, todo esto aquí es legal. No en vano diferentes estudios independientes y públicos a nivel internacional declaran que existe una fuerte asociación entre el tipo de financiación de artículos científicos y sus conclusiones. Hasta ocho veces más probabilidades de tener conclusiones favorables a la empresa alimentaria que los que no contaban con esa financiación.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática

En este punto, habrá quién pueda pensar que esto es un tema algo técnico, de académicos y que no afecta al día a día de los ciudadanos de a pie. Pues miren, la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, lo que tenemos no es una total inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino que a través como a través de la influencia de los diferentes grupos de presión. El Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.

Después de esto, no es difícil saber por qué en nuestro país no existe en este momento medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países. Carecemos de medidas básicas y urgentes como son los impuestos a las bebidas azucaradas (salvo en Catalunya), prohibición de la publicidad infantil de alimentos insanos, regulación de un etiquetado alimentario claro y eficaz, inclusión de la alimentación saludable en el curriculum escolar, etc.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática. Por ello es urgente el establecimiento una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, no permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.

¿O seguimos haciendo como si nada?

 

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria