La corrupción más sofisticada de los lobbies alimentarios- Publicado en Nueva Tribuna

En España no existen medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países.

 

Esta semana las Organizaciones impulsoras de la iniciativa europea #StopGlyphosate han exigido a la Comisión Europea que existan mecanismos de mayor transparencia en la información de los estudios científicos sobre la alimentación para asegurar su independencia. Su independencia está ahora en entredicho después de los numerosos casos de conflicto de intereses e injerencia de los lobbys alimentarios y consideran del todo insuficiente la propuesta que ha realizado la propia Comisión Europea.

Esto que preocupa tanto a la ciudadanía europea, parece que en el Estado español apenas tiene repercusión e interés mediático, y menos político. ¿Será porqué aquí estamos bien y contamos con una regulación eficaz? Nada más lejos de la realidad. En el Estado español, no es que haya una deficiencia en el control del conflicto de intereses, sino que lo que realmente hay es una total y absoluta barra libre.

Hace unos días leíamos en El País que Coca-Cola ha entregado ocho millones de euros a decenas de organizaciones científicas y médicas españolas entre 2010 y 2017, según los datos de la propia compañía. Las que más dinero recibieron fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición (835.000 euros), la Fundación Española Del Corazón (640.000 euros) y la Fundación Española de Nutrición (567.000 euros)”, todo muy normal.

O si les parece poco y quieren ver más casos, no tienen que ir más que a visitar el informe “Confiad en Mi” sobre el lobby alimentario de Justicia Alimentaria y descubrirán las prácticas comunes de la industria y su influencia en los estudios científicos a través de  patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones. En el Estado los casos son innumerables, pero recuerden, todo esto aquí es legal. No en vano diferentes estudios independientes y públicos a nivel internacional declaran que existe una fuerte asociación entre el tipo de financiación de artículos científicos y sus conclusiones. Hasta ocho veces más probabilidades de tener conclusiones favorables a la empresa alimentaria que los que no contaban con esa financiación.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática

En este punto, habrá quién pueda pensar que esto es un tema algo técnico, de académicos y que no afecta al día a día de los ciudadanos de a pie. Pues miren, la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, lo que tenemos no es una total inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino que a través como a través de la influencia de los diferentes grupos de presión. El Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.

Después de esto, no es difícil saber por qué en nuestro país no existe en este momento medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países. Carecemos de medidas básicas y urgentes como son los impuestos a las bebidas azucaradas (salvo en Catalunya), prohibición de la publicidad infantil de alimentos insanos, regulación de un etiquetado alimentario claro y eficaz, inclusión de la alimentación saludable en el curriculum escolar, etc.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática. Por ello es urgente el establecimiento una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, no permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.

¿O seguimos haciendo como si nada?

 

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

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La tasa del azúcar funciona ¿Y ahora qué? Publicado en el Periòdico de Catalunya

Un año después de la instauración del impuesto al azúcar en Catalunya, los datos de dos estudios independientes demuestran que ha funcionado y lo ha hecho mucho mejor que lo previsto

La evidencia científica es incuestionable. La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de calidad de vida en el mundo, también en el Estado español.

Para ser claros,  la alimentación nos está enfermando y no sólo eso, sino que es lo que más nos enferma y cada vez nos enferma más. Esto es así porque los últimos 20 años nuestra dieta ha cambiado. El 70% de lo que comemos son alimentos procesados. Estos ingredientes críticos viajan a través de la alimentación procesada, fundamentalmente el azúcar, la sal y la grasa.

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En el Estado español se ha incrementado muy considerablemente el consumo de dichos ingredientes, a pesar de que la inmensa mayoría de la población sabe que hay que reducirlos. Y huelga decir que la epidemia de la obesidad y la colección de enfermedades que genera este tipo de alimentación afectan mucho más a las familias con menos renta. En el Estado en gasto sanitario derivado de estas patologías llega ya al 20% de todo el sistema público de Salud.

Ante esta situación, la OMS lleva años pidiendo a los estados que introduzcan medidas efectivas, entre ellas políticas fiscales y precios para influir en el patrón de compra. Sin embargo en nuestro país, a excepción de Catalunyael Estado y resto de comunidades autónomas se niegan a poner en marcha este tipo de iniciativas, alegando los mismos argumentos generados por las propias grandes corporaciones de la alimentación y donde repiten hasta la saciedad que la buena alimentación es cuestión de hábito y decisión individual, y esto ha calado en todo nuestro imaginario colectivo.

No es extraño por tanto que  el anterior Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, echara para atrás el impuesto sobre bebidas azucaradas y acto seguido la anterior  Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en lugar de hacer caso a la OMS, se sacara de la manga  un acuerdo voluntario con las empresas para reducir cuando se pueda y, si eso, los niveles de azúcar. En resumen, falsas soluciones que ejercen de elementos de cartón piedra de un decorado a distancia parecen reales, pero cuando las miras de cerca y las tocas te das cuenta de que no son lo que parecen.

El resultado de los estudios

Sin embargo un año después de la instauración del impuesto en Catalunya, los datos de dos estudios independientes son contundentes. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como esta semana la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.

Pero los datos premilimares del estudio de este último van más allá, afirma que, “la frecuencia de consumidores habituales de refrescos azucarados ha caído un 25% en una muestra de población de varios barrios de Barcelona con rentas más bajas, en comparación con la tendencia observada en población de barrios con características similares de Madrid”. Lo cual quiere decir que además protege más a la población con más riesgo y vulnerable.

Por tanto ahora los datos están en la mesa y los partidos políticos no pueden esconderse, si realmente quieren defender la salud de sus ciudadanos deben implantar este tipo de tasas de manera urgente, y si no, que nos digan que otros intereses están defendiendo.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Cerdos para China. Publicado por Nueva Tribuna

En el Estado español estamos asistiendo estos últimos años al crecimiento de una enorme burbuja de producción porcina, que cada día no hace más que aumentar, alentada por la expansión de las exportaciones y por el apoyo directo de la administración pública. Como resultado, tenemos una industria  totalmente hipertrofiada cuyas externalidades han dejado de ser asumibles y se han convertido en una seria amenaza nuestra  salud, el medio-ambiente, la sostenibilidad de los territorios  y está transformando radicalmente  nuestro sistema agrícola convirtiéndolo en  un sistema dependiente, al estilo clásico colonial de una gran potencia, en este caso de China.

Pero vamos por partes, veamos algunos datos para darnos cuenta de la magnitud de esta burbuja, como por ejemplo que el Estado español es el tercer exportador de carne de cerdo del mundo y que además somos  el país europeo con una cabaña más grande, con 30.1 millones de cerdos según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística.

El sector porcino español en el primer semestre de 2017 obtuvo un saldo superior a los 2.000 millones de euros de facturación, un 19,7% más que en el mismo periodo del 2016. En ese mismo año 2016, el porcentaje de exportación de carne de porcino sobre el total de la producción fue del 70%. Si lo vemos en perspectiva, en la última década hemos aumentado un 200% la exportación.

Hemos asistido en los últimos años a la desaparición de miles de granjas familiares de tamaño pequeño que ofrecían una alternativa económica y de fijación de población para cientos de pueblos

Y esto es así porque la situación en los últimos años en China ha cambiado debido al enorme avance de su proceso de industrialización, que ha provocado la necesidad de mayor mano de obra en centros urbanos, así como una mayor presión sobre las materias primas y los propios acuíferos. Para hacer frente a esta necesidad, China ha iniciado desde hace algunos años un proceso de deslocalización agrícola, así como de aumento de la importación, expandiendo su huella ecológica y alimentaria fuera de sus fronteras. Y es ahí, que países como el nuestro se ofrece como proveedor cárnico, lo cual proporciona enormes beneficios a algunas industrias y mayores perjuicios a los ciudadanos que viven en el entorno rural.

Hemos asistido en los últimos años a la desaparición de miles de granjas familiares de tamaño pequeño que ofrecían una alternativa económica y de fijación de población para cientos de pueblos. Sólo entre 1999 y 2013 perdimos 128.000 granjas y su sustitución ha sido por un modelo basado en megagranjas, totalmente industrializadas, basadas en un esquema de integración vertical, donde el ganadero desaparece, y se transforma la actividad primaria en una especie de fábrica. Una industria además que para funcionar busca la concentración generando una densidad inviable para lugares como, Lleida, Huesca, Zaragoza, Murcia, Barcelona y Segovia. Solamente de éstas seis provincias sale la mitad de la producción española de porcino, la zona cero del purín.

china

Para valorar la magnitud de estos impactos vale tan sólo con fijarnos de los efectos causados por el aumento de purines, así por ejemplo en Catalunya con un cabaña de 7 millones de cerdos, 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable por contaminación por nitratos

Estas factorías generan enormes problemas medio ambientales, por eso buscan instalarse en lugares despoblados, dónde esperan encontrarse con menos resistencia vecinal, lo cual afortunadamente no está siendo  así debido a la intensa actividad de más de  20 movimientos vecinales y localidades afectadas y unas diez organizaciones estatales e internacionales, entre ellas también Justicia Alimentaria, que hace unos días celebraron en Minglanilla (Cuenca) el II Encuentro Estatal Stop Ganadería Industrial para hacer frente a esta invasión.

Para valorar la magnitud de estos impactos vale tan sólo con fijarnos de los efectos causados por el aumento de purines, así por ejemplo en Catalunya con un cabaña de 7 millones de cerdos, 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable por contaminación por nitratos.

La Agència Catalana del Aigua (ACA) realizó un informe sobre los problemas que origina el exceso de nitratos de origen agrario en las masas de agua subterránea de Catalunya y llegó a la conclusión de que el 50% de estas aguas están en mal estado químico, y en el 83% de ellas con excesos de nitratos. Para situar la magnitud del problema vale la pena recalcar que en casi el 70% del territorio de Catalunya depende de las aguas subterráneas para su abastecimiento.

Pero como pasa en todas las cadenas de explotación, nuestros pueblos se han convertido en el “sur” de China, pero estas industrias para conseguir sus beneficios además han de explotar a alguien más. Así para para aumentar el crecimiento de los animales, peso y productividad, estas industrias necesitan enormes cantidades de pienso, y tanto es así que países como el nuestro dedica  el 92% de la soja importada para ello y los datos de la UE arrojan  que el 75% de todas las importaciones agroalimentarias no tienen como destino la alimentación humana sino la animal, y que de todas ellas, el 75% es soja. Este cambio de modelo se ha realizado a costa de un brutal cambio agrícola en gran parte de los países del sur, que están dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje la encontramos en América Latina. La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales.

Por tanto es evidente que necesitamos urgentemente un cambio en la política actual, que  deje de incentivar la producción de porcino, aborde su reconversión y que establezca una prohibición de instalación de megagranjas y apueste por modelos sostenibles y saludables de ganadería.

El futuro de nuestros pueblos no lo decide la industria cárnica

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

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Intervenció a la Jornada FAR FOOD LAND. Alternatives econòmiques al mercantilisme alimentari

Los efectos de la ganadería industrial y las alternativas en los países del Sur. Publicado en el informe: Comer bien para vivir mejor

Los últimos cincuenta años nos hemos acostumbrado a oír nombrar la famosa revolución verde que no es sino el proceso industrializador basado en el control corporativo de los recursos. Ésta mal nombrada revolución nos ha dejado unos efectos dramáticos, tanto desde el punto de vista del derecho a la alimentación, como la destrucción de la biodiversidad, y está comprometiendo la viabilidad de las comunidades campesinas en todo el mundo. Sin embargo, poco se ha hablado de la revolución ganadera. Una revolución silenciosa generada por políticas neoliberales y desregulatorias donde el control corporativo se ha incrementado como nunca antes y sus efectos perniciosos son evidentes. Estos efectos, si bien podemos decir que atañen a todos los países, en los países del sur son todavía mucho más dramáticos.

Impactos sobre la salud

Uno de los más importantes tiene que ver con la salud. Como efecto directo de esta revolución tenemos el aumento dramático en las últimas décadas del consumo de carne a nivel mundial y la tendencia en el futuro sigue al alza. Se estima que crecerá un 76 por ciento en 2050. Hablamos de carne proveniente del modelo industrial, carne barata y de baja calidad que ya representa el 80 por ciento del consumo mundial de los últimos años, dándose una alteración de las dietas a nivel global y, sobre todo, un aumento del consumo de productos cárnicos procesados. Si bien sabemos que la alimentación insana según datos de la OMS, es el primer problema de salud pública a nivel mundial, derivado sobretodo del exceso de consumo de alimentación procesada, con altos niveles de azúcar, grasas y sal, éste ataca sobre todo a la población más pobre. Así lo reflejan los datos del informe realizado por el Instituto de Desarrollo de Ultramar a principios de este año, que mostró que más de un tercio de los adultos del mundo tienen sobrepeso y que casi dos tercios de las personas con sobrepeso en el mundo se encuentran en países de bajos y medianos ingresos. El número de personas obesas o con sobrepeso en los países empobrecidos aumentó de 250 millones a casi mil millones en menos de tres décadas, y estas tasas de crecimiento están aumentando de forma más rápida que en los países ricos. Así, nos encontramos datos como que, en Colombia, el 41% de la población tiene sobrepeso; en Namibia, el 21% de las mujeres tienen sobrepeso; en Zimbabwe más del 23%. En términos económicos esto significa que los costes de la desnutrición y las carencias de micronutrientes representan entre el 2% y el 3% del PIB mundial, lo que equivale a entre 1,4 y 2,1 mil millones de dólares por año. Todo esto sin contar con el impacto que sobre la salud tiene el uso masivo de antibióticos por parte de la industria. Se calcula que en el año 2030 su uso se habrá incrementado en un 67%, lo que representa una “amenaza para la salud pública”, según afirma un estudio recientemente publicado en el Proceedings of the National Academy of Scientists (PNAS) de Estados Unidos, además de las 25.000 muertes que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades calcula que originará la resistencia a los antibióticos.

Impactos ecológicos

Otro de los impactos más importantes que tiene la ganadería ya sabemos es sobre el medio ambiente. La expansión del consumo de carne y ganadería industrial es el responsable directo de más del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además, debido a su dependencia de cultivos destinados al pienso animal como la soja transgénica, genera una enorme presión sobre la frontera agrícola y recursos hídricos. Pero para que esta revolución de la que hablábamos haya podido tener lugar, antes ha necesitado ejecutar todo un cambio radical en la producción agrícola, sobre todo en los países del sur. Esto es fácil de entender, en cuanto observamos que la clave de bóveda se encuentra en la dependencia absoluta de este sistema en los piensos concretados a base de maíz, soja, y otros cereales. Fundamentalmente en su necesidad de consumo de grandes cantidades de proteína para aumentar el crecimiento de los animales, peso y productividad. Según la FAO, entre el 20 y 30% del forraje de los animales a nivel global se basa en concentrados. Pero si por ejemplo nos fijamos en el Estado español, podemos comprobar cómo el 92% de la soja importada se dedica a los piensos industriales. Los datos de la UE nos dicen que el 75% de todas las importaciones agroalimentarias no tienen como destino la alimentación humana sino la animal, y que de todas ellas, el 75% es soja. Este cambio de modelo se ha realizado a costa de un brutal cambio agrícola en gran parte de los países del sur, que están dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje presionados por las propias políticas agrarias de Europa y EEUU con el afán de conseguir grandes volúmenes de producto a menor precio, así países como Paraguay sólo dedican el 4% de sus tierras a la producción para alimentación interna. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje la encontramos en América Latina. La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales.

Impactos sobre el campesinado

Y como consecuencia de este cambio en el uso de la tierra, tenemos el tercero de los efectos que más impactan en los países del sur: la expulsión de campesinos de sus tierras para plantar monocultivos de cereales u oleaginosas destinadas a la alimentación animal, la desaparición de la ganadería campesina y modos de vida asociados. Este es el fenómeno del “acaparamiento de tierras”. Según la FAO, el 80% de las tierras agrícolas disponibles se encuentran en América del Sur y África, y para el año 2030, harán falta 130 millones de hectáreas nuevas para poder producir los alimentos necesarios. Además el cambio de uso de la tierra por parte de la ganadería industrial y los cultivos asociados han generado una crisis añadida en África, sobre los propios pastoralistas. Sabemos que el 40 por ciento de la superficie terrestre del mundo no tiene condiciones suficientes para desarrollar cultivos agrícolas, y estas tierras son aprovechadas por ganaderos ambulantes para alimentar sus animales. La mitad de la África subsahariana está compuesta por tierras áridas donde millones de personas viven del pastoreo, que están perdiendo el acceso al territorio y pastos debido a la expansión de las actividades de los terratenientes y ganaderos. Según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con la eliminación de los pastizales eliminamos una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio -los pastizales pueden secuestrar hasta el 9,8% de las emisiones de carbono-, y liberar “un potencial de generación de ingresos capaz de sacar a millones de personas de la pobreza”.

Alternativa: la agricultura campesina

Quizá este último impacto, la desaparición de la agricultura y ganadería campesina sea uno de los más preocupantes, pues es en ellas y no en las soluciones tecnológicas dónde podremos encontrar la salida a la encrucijada en la que nos encontramos. El alimento está ya en el centro de esta crisis climática y alimentaria. Somos conscientes que la población seguirá aumentando los próximos años, y con ello la demanda de alimentos, pero también sabemos que existe un importante consenso en los estudios de proyección sobre el calentamiento mundial que hablan de la reducción del potencial de producción de la agricultura mundial por efecto del cambio climático, fundamentalmente los países del sur. Por tanto, nunca antes en la historia habíamos tenido la necesidad urgente de cambiar el sistema alimentario global para responder a las actuales crisis y genere la viabilidad de sistemas que pongan en el centro la reproducción de la vida y no la maximización de beneficios de un puñado de empresas. Lejos de esto, caminamos en la dirección contraria hacia el colapso de los sistemas alimentarios, donde los gobiernos siguen proponiendo la agricultura y ganadería industrial y sus cadenas globalizadas de comercialización como la solución al problema. Sin embargo, frente a esta inercia cortoplacista se abre camino en las sociedades la necesidad de un cambio radical que apueste, por el lado del consumo, por un cambio de dieta, reduciendo drásticamente el consumo de carnes rojas y procesadas, sustituyéndolas por proteínas de origen vegetal, y por otro lado un cambio en los sistemas de producción de menor cantidad y de mejor calidad, basados en una ganadería y agricultura campesina que contribuya directamente a enfriar la tierra utilizando prácticas agrícolas que reduzcan las 33/76 emisiones de CO2 ,y el uso de energía por los campesinos y que sea capaz de proporcionar alimentos saludables y frescos a la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Los peores efectos del desastre alimentario y climático lo están padeciendo los países del sur, pero paradójicamente son en sus agriculturas y ganaderías donde reside la esperanza para todos.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Alternativas alimentarias para las mayorías. Publicado por la Revista Pueblos

Las políticas alimentarias y agrícolas de las últimas décadas, tanto globales como estatales, han provocado una crisis dramática en el ámbito de lo alimentario. Esta situación se convertirá definitivamente en un callejón sin salida si logra triunfar la actual oleada de tratados internacionales de libre comercio.

Las políticas agrícolas y alimentarias a las que hemos hecho referencia se basan en tres pilares: acaparamiento de los recursos de producción y sistemas de distribución por parte de grandes empresas, desregulación de los mercados alimentarios y trasferencia de la gobernanza alimentaria al sector privado globalizado. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la salud y la alimentación suponen ya los dos campos de batalla más importantes entre el capital y los derechos de las mayorías.

Los efectos de estas políticas ya los conocemos. Se estima que 815 millones de personas sufren hoy hambre, lo que corresponde a un aumento de 38 millones con respecto al año anterior. Por otro lado, las cifras indican que en el mundo hay ya 124 millones de niños y jóvenes (entre cinco y diecinueve años) que sufren obesidad, diez veces más que lo que se registraba hace cuatro décadas. Si estas tendencias continúan en los próximos años, en 2022 habrá en el mundo más niños y jóvenes obesos que desnutridos. Solo estas cifras son suficientes para evidenciar que las actuales políticas han supuesto un absoluto fracaso en cuanto al cumplimiento del derecho a alimentación.

Ya sabemos, por las propias declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la alimentación insana basada en productos procesados es el mayor problema de salud pública a nivel mundial, y el causante del 21 por ciento de las muertes por enfermedad evitables. En el Estado español también: su impacto ya provoca más de 90.000 muertes y consume más del 20 por ciento del total del gasto sanitario. Nos encontramos en una situación de emergencia social.

¿Comemos lo que queremos?

Es obvio que el conglomerado alimentario industrial ha creado y desarrollado un sistema dual de alimentación en el que unas élites se alimentan cada vez mejor y una inmensa mayoría lo hace cada vez peor, pagando con su salud. Una estrategia, la suya, que se vehicula a través de dos ejes claros.

En primer lugar nos encontramos con lo “narrativo”: nos han hecho creer a todos y todas que el discurso neoliberal sobre la alimentación es cierto, donde pareciera que comer cada día fuera una elección libre, un tema individual, de gusto, de decisión propia, como quien compra un reloj o un teléfono, comparándolo con cualquier mercancía. La salud y la alimentación aparecen como una mera opción de vida, un estilo. Enfrente se encuentra “la práctica real”, que incide en el acceso de la mayor parte de la población a una alimentación insana e industrial, por motivos de renta o físicos.

En cuanto a la renta, los estudios que disponemos hablan de que en el Estado español el 45 por ciento de la población no posee lo necesario para acceder a una dieta saludable. A esto hay que sumarle que los alimentos ecológicos son de media entre un 30 y 35 por ciento más caros que los convencionales. En cuanto al acceso físico, podemos comprobar cómo numerosos barrios populares se han convertido en perfectos desiertos alimentarios, donde la densidad y cercanía de puntos de venta de alimentación industrial e insana es hegemónica y cada vez mayor, mientras se pierde la red de distribución de alimentos frescos en mercados locales, tiendas de barrio, etc.

Esta dinámica actual, que a buen seguro será incrementada exponencialmente por los tratados de libre comercio, supone una amenaza insostenible para las generaciones futuras y hace necesario reivindicar y poner sobre la agenda de debate público la creación y desarrollo de alternativas que desde el punto de vista de la producción, distribución y consumo permitan una vida vivible.

Este artículo incide específicamente en todo lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación sana, que se ha convertido en el actual cuello de botella para extender un modelo de alimentación basado en la soberanía alimentaria. Aunque hable de la necesidad de alternativas, no quiero decir en absoluto que estas no existan, ya que disponemos de una red importante de alternativas económicas y sociales trabajando desde lo real, muchas de ellas desde hace años, y que no han esperado a que existieran políticas ni presupuestos.

Lo público en la alimentación

La primera reivindicación, por tanto, y aunque parezca una perogrullada, es la existencia de políticas alimentarias que potencien estas nuevas realidades y maneras de producir y alimentar, que aseguren el control de la alimentación por parte de la ciudadanía a través de la creación de espacios de participación política y gobernanza de los actores involucrados en la alimentación, campesinado, consumidores, padres y madres de alumnos, ONG, organizaciones sanitarias, medioambientales, etc. Es decir, reivindicar el papel de lo público en nuestra alimentación. En este punto toma especial trascendencia la ciudad y su rol en la cadena agroalimentaria, y por tanto el poder municipal como punta de lanza para la transformación, en algo que podríamos denominar como municipalización o remunicipalización de lo alimentario.

Para transformar el actual sistema alimentario hemos ido respondiendo a las preguntas ¿qué producimos?, ¿dónde producimos? y ¿quién produce? Ahora debemos dar respuesta a la última de ellas: ¿para quién producimos?

El gran reto es cómo organizar el abastecimiento de alimentos para amplias capas de la población de las grandes ciudades de una manera sostenible, tanto en términos de flujos energéticos como logísticos especializados. La alimentación de las ciudades depende en la actualidad de manera mayoritaria de las grandes cadenas de distribución. En el Estado, más del 70 por ciento, provocando una rápida desaparición de miles de tiendas de barrio. Este tipo de consumo ha ido transformando las ciudades, desconectando la alimentación de los propios barrios y llevándonos inexorablemente hacia una forma de consumo que es insostenible tanto para las y los agricultores, en términos económicos, como para las personas consumidoras, en términos de salud.

En el Estado español, por ejemplo, el 60 por ciento del beneficio del precio final del producto se queda en la gran distribución, mientras la renta agraria media se encuentra por debajo de la de 1990. Del lado de las y los consumidores, vemos cómo el precio de alimentos como las frutas y las verduras ha aumentado un 300 por cien durante los últimos años en la mayor parte del mundo. En cambio, el precio de los alimentos calóricos, que favorecen el sobrepeso y la obesidad, se ha reducido a la mitad en el mismo período, lo que ha provocado una crisis de obesidad y de enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

Los retos de las alternativas en marcha

A pesar de este poder hegemónico de la distribución, los últimos años hemos visto cómo la tendencia por el consumo ecológico y local se ha abierto paso a través de diferentes alternativas, como cooperativas de consumo y compra pública de alimentos. No obstante, todas ellas se encuentran con el limitante de la propia capacidad de expansión de su experiencia y, por tanto, de su multiplicación.

Nos encontramos así en estos modelos alternativos algunas paradojas difíciles de resolver. Por un lado, la fragmentación de las experiencias, que dificulta la coordinación; las “deseconomías”, debidas a la pequeña escala, que en ocasiones encarecen el producto; la necesidad de tiempo y voluntarismo, que no siempre es posible para las personas productoras y consumidoras, y, por último, las carencias a nivel logístico, que provocan un mayor impacto en costes.

No obstante, a nivel internacional merece la pena pararse y ver qué iniciativas están llevándose a cabo en otros países, para observar cómo una de las más viables e innovadoras es la creación de centros regionales de distribución alimentaria o HUB alimentarios, apoyados por las administraciones públicas. Llevan años funcionando en ciudades de Estados Unidos y de Europa, como es el caso de la ciudad de Turín, con su Food Hub To Connect (FHTC). Se trata de un proyecto de innovación social, ganador de la convocatoria Smart Cities and Communities and Social Innovation de 2013, gestionado por el MIUR (Ministerio de Educación e Investigación italiano). Otro ejemplo de iniciativa innovadora ha sido la creación en Vancouver de una red de almacenes logísticos alimentarios por barrios en manos campesinas.

El objetivo de estas iniciativas es el de superar los límites del sistema de alimentos local, con el fin de garantizar una mayor sostenibilidad y favorecer una creciente localización de la producción y del consumo. Este tipo de proyectos puede realizar diferentes servicios que ayuden a racionalizar el proceso logístico de los productos locales con cadena de distribución corta. Lo hace a través de una doble vía: agregar oferta y demanda, por un lado, y por el otro poner en contacto a todos los actores para generar una sistema distribución que llegue a puntos de venta clave como los mercados locales, tiendas de barrio y compra pública de alimentos. Además, este modo de hacer podría resolver el limitante del acceso por causa del precio, ya que ha demostrado su eficacia para abaratar costes.

Junto a estas medidas, hay otras que deben acompañar una verdadera política pública de alimentación saludable, que deshaga el actual marco normativo, agresivo, y que cambie la actual narrativa de elección libre de productos a un enfoque basado en derechos.

Estas medidas son de dos tipos: unas, limitadoras, como eliminar todos los máquinas de vending de los centros públicos, hospitales, escuelas; otras, más complejas, que tienen que ver con la necesidad de compensar la distribución de puntos de venta de alimentación saludable en barrios populares. Si a todo el mundo nos parece obvio que por cada mil habitantes exista un centro de salud, algo similar debería ocurrir con la alimentación.

La administración pública (en especial los ayuntamientos) debería realizar un diagnóstico de su territorio y establecer medidas de acción concretas que aseguren un número suficiente de puntos de venta de alimentación cercana y fresca a un precio adecuado. En países como Francia, por ejemplo, existen numerosas iniciativas desde la economía social y solidaria que conectan esta necesidad con la vinculación de producción local a través de circuitos cortos. Puntos de venta que, además, se convierten en focos de irradiación de educación y conocimiento alimentario, así como de reconexión con el entorno rural. Se trata de entender que establecer proyectos como la creación de redes de mercados campesinos, mercados municipales o tiendas de barrio es en realidad un servicio básico para la población. Los ayuntamientos tienen competencia sobre ello.

Necesitamos, por tanto, una amplia y diversa red de abastecimiento de alimentación dirigida a las mayorías sociales, que se articule desde la economía social y solidaria y que sea apoyada por políticas públicas que vuelvan a incluir el derecho a la alimentación como una obligación.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

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Menja’t el món – Para el carro! – Entrevista a Javier Guzmán de Justicia alimentària TV2

Existeixen associacions que ja estan treballant per incidir en les polítiques públiques per posar fre a la agroindústria i recuperar la nostra sobirania alhora de menjar. Segons Javier Guzmán de Justicia Alimentària, el canvi no només ha de venir de les noves decicions de compra dels consumidors sino que a nivell polític fa falta fer

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