De chorizos y lentejas. Publicado en El Periódico

Hemos olvidado el cultivo de la legumbres y,  a la vez,  hemos subvencinado e hipertrofiado una industria cárnica que nos devora.

Estos días ha saltado a los medios la noticia de que cientos de miles de kilos de lentejas se están echando a perder en almacenes de Cuenca porque no encuentran comprador. Parece que las grandes cadenas han optado por importarlas de Canadá aunque los agricultores de Cuenca habían bajado el precio hasta el límite.

Varios granos en bolsas Foto gratis

En varios periódicos ya pueden ustedes leer que es por culpa de la gente que no compra lenteja castellana, que no somos lo suficientemente patrióticos. Y esta tragedia que parece algo lejano, solo del mundo agrario, nos afecta en realidad a todos.

Miren, hoy en día todos hemos oído hablar de que debemos aumentar nuestro consumo de legumbres y bajar el de carne, sobre todo carnes rojas y procesadas, por su impacto enorme en nuestra salud: cardiopatías, cánceres, diabetes, hipertensión son enfermedades derivadas de este consumo cárnico que se come ya el 14% del total del gasto sanitario. En nuestro país este consumo es dramático, ocho veces más que el máximo recomendado por la OMS, y ha desplazado el consumo de alimentos sanos como las legumbres, entre ellas, las lentejas, que justamente son las que están relacionadas con una disminución del riesgo de enfermedades. ¿Adivinan cuáles? Pues sí, las mismas cuya incidencia aumenta la carne. Y además generan un impacto positivo sobre el medioambiente y nuestra agricultura, pues mejoran la fertilidad de los suelos, y lo más importante: mantienen el empleo y la vida en amplias zonas de la ‘España vaciada’.

Y a pesar de que no llegamos al consumo recomendado de legumbres, en España la demanda interna es muy superior a la producción propia. Aproximadamente el 80% de las legumbres que consumimos son de importación. En cuanto a las lentejas, el 65% son importadas, fundamentalmente de Canadá.

Necesaria transición proteica

Para entender qué está pasando, hay que mirar un poco hacia atrás. Veremos que en nuestro país, entre los años 60 y la actualidad, apenas si hemos aumentado nuestra producción de legumbres. En cambio, otros países han apostado por ello; países como Canadá la han multiplicado por 10. Así, en estos momentos Canadá produce el 40% de todas las legumbres a nivel mundial debido especialmente a un programa y una política intensa de inversiones e investigación en este sector.

o por el lado contrario. Hemos olvidado y abandonado el cultivo de legumbres, y hemos apostado por invertir miles de millones de euros en la industria cárnica y el cereal para fabricar y abaratar el precio del pienso. Esto es más del 70% de todo el presupuesto de la PAC (Política agrícola común). Resumiendo, hemos subvencionado e hipertrofiado una industria cárnica que nos devora. ¿Y qué ha pasado con la de las legumbres? Pues en las últimas décadas apenas si llega al 1%.

Ya ven que el problema de nuestras lentejas, de nuestra salud, de nuestro medioambiente y mundo rural no se arregla con banderas y golpes en el pecho, sino con políticas públicas y financiación que aborden la necesaria transición proteica y ecológica de nuestra dieta y agricultura.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¿Alimentarnos sin petróleo? Publicado por la Marea

El futuro de nuestra seguridad alimentaria dependerá de la evolución de tres factores críticos, el cambio climático, la escasez de combustible fósil y el aumento de la población y su concentración en ciudades. De su relación, aceleración y de la respuesta política a los mismos, obtendremos un resultado que configurará una nueva realidad alimentaria, social y de salud pública en nuestras sociedades.

Hay algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo que todo el desarrollo de nuestro sistema alimentario globalizado e industrializado que ha crecido exponencialmente las últimas décadas se ha basado en la existencia de una fuente de energía densa y barata, como es el petróleo, lo cual permitió cambios increíbles en tiempo record de nuestras dietas, aumentando sus calorías, la presencia de carne, azúcares, grasas, etc.. Así como la posibilidad de aumentar hasta cifras absurdas la distancia en los transportes de alimentos. Así, por ejemplo, en nuestro país la media recorrida por un alimento que llega a nuestro plato es de 5000 km.

Pero también sabemos que esa fuente de energía comienza a agotarse. Es el famoso Peak Oil y de hecho a día de hoy su extracción es cada vez es más difícil, cara e insostenible desde el punto de vista de impacto en el cambio climático.

Delante de esta realidad, pueden pasar varias cosas dependiendo si el descenso de las reservas de petróleo es lenta, lo cual permitiría implementarse medidas de adaptación de los sistemas alimentarios a la nueva realidad de escasez de estos combustibles, pero si fuera muy rápido y abrupto nos llevaría directamente a un escenario de aumento de precios de los alimentos, falta de disponibilidad y accesibilidad por buena parte de la población, aumentando la inseguridad alimentaria mundial. Es posible que en los países más ricos se pudiera ir absorbiendo el impacto del aumento del precio de la canasta de alimentos, desplazando otros costes, aunque muchos expertos indican que esto tampoco se puede dar por sentado, ya que la crisis de aumento de precios de combustible afectaría a todos los sectores productivos. Pero lo que está claro es que en los países y clases sociales más empobrecidas el impacto podría ser dramático. Sabemos, según los informes del Banco Mundial, que un aumento del 35 % en el precio de los alimentos genera 80 millones de nuevos hambrientos, como ya vimos en las crisis alimentarias generadas por la especulación financiera de 2008 y 2011.

Todo parece indicar que nos podríamos mover en un escenario intermedio, de descenso menos lento del que desearíamos, y con momento de crisis abruptas, lo cual provocaría graves crisis del sistema alimentario. En realidad no hablamos de un futuro lejano, para la mayoría de expertos el momento Peak Oil tendrá lugar en 2030, o antes, por lo cual no se engañen, ya estamos entrando en un escenario de escasez y necesariamente deberemos abrir un proceso de transición hacia otras fuentes de energía. El problema es que para abordar la transición energética se necesita de una inversión colosal de capital para sustituir la anterior matriz y para hacer esta transformación de nuestro sistema alimentario necesitamos un cambio total y radical en las políticas agrícolas actuales. Fundamentalmente, en la PAC europea, dotada actualmente de más de 50.000 millones de euros anuales y lo que supone aproximadamente el 40% de todo el presupuesto de la Unión Europea. Una PAC que las últimas décadas ha estado volcada en la promoción de una agricultura y alimentación industrial, kilométrica, intensiva, dedicada al engorde de la industria cárnica a través del abaratamiento subvencionado del coste del pienso, basada en el uso de fertilizantes químicos derivados del petróleo, centrada en el control de la distribución por grandes empresas y volcada al mercado global y de transporte marítimo de grandes distancias. Es decir, un sistema obsoleto en términos energéticos y negativo si hablamos de efectos climáticos.

Este sistema, además, ha tenido como consecuencia el brutal cambio de patrones de dietas tradicionales que han pasado en pocas décadas de una dietas tradicionales y locales a otras basadas en productos procesados, por tanto una dieta alta en azúcar grasas y sal que ha provocado un impacto insostenible en nuestros sistemas públicos de salud por el aumento de la carga de enfermedad asociada como cardiopatías, diabetes, cánceres, obesidad , etc.. Además, ha provocado una crisis como nunca en la historia de despoblamiento rural. ¿Les suena aquello de la España vaciada, donde tenemos una población menguante y envejecida? Y ya por último: este sistema es el causante del 40% de emisiones de CO2.

Es obvio después de tener estos datos, no se puede poner en duda que necesitamos un cambio titánico y radical de nuestro sistema alimentario, que aparte de reducir su huella ecológica y adaptarse a un futuro sin petróleo, ha de afrontar el aumento de población mundial. La FAO cifra que el año 2050 llegaremos a los 9.000 millones de personas y necesitaríamos aumentar la producción de alimentos en un 70%.

Este enorme cambio ineludible, habrá tener en el centro el acceso de alimentos sanos a toda la población a través de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes. Y no sólo porque será muy caro mantener el actual, sino porque es necesario atender y adaptarnos a la realidad de los efectos que ya sufrimos del cambio climático: escasez de agua, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad. Nuestro país es uno de los más afectados en cuando a su producción agrícola por el cambio climático, con dependencia de petróleo externo y con una agricultura y ganadería basada en la exportación.

En resumen, si necesitamos aumentar la eficiencia de su uso energético, reducir transporte y uso de químicos, esto quiere decir adoptar modelos de producción agroecológicos, y el aumento del uso de energías renovables. Necesitamos cambios en nuestras dietas, haciéndolas más sanas, menos basadas en productos procesados, menos cárnico dependientes y más regionalizadas, reduciendo kilómetros y aumentando la temporalidad de alimentos y la posibilidad de acceso por precio.

Para todo esto es necesario un gran acuerdo orientado a planificar y promocionar este ajuste. Un ajuste que ha de poner en el centro el derecho a la alimentación, y por tanto la equidad en cuanto al acceso a los alimentos por parte de la población. Una transición justa, que además ponga el modelo de producción en el centro, apostando e incentivado el desarrollo de una agricultura campesina de pequeña escala y revitalizando el tejido poblacional en el área rural.

Los políticos han de ser capaces de dirigir ese cambio anteponiendo el modelo de sociedad que queremos, aquel que asegure y democratice la alimentación. Porqué sino, serán las grandes empresas e intereses económicos quienes aborden este proceso, como de hecho ya están haciendo, porque obviamente no es casual que al día de hoy quienes están adaptando sus dietas a perfiles más saludables, ecológicos y locales, son las clases de mejores rentas de los países occidentales. Quienes se están adaptando y realizando inversiones en nuevas fuetes de energías limpias y renovables, son empresas del agrobusiness que se pueden permitir la inversión y si la tendencia continúa, a corto plazo nos encontraremos que los pequeños agricultores/as y ganaderos/as para poder resistir y pervivir dependerán de los combustibles fósiles, cada vez más caros y de insumos químicos. Apunten este dato, el número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. En España la caída es del 13, 4%, y recuerden que la protesta de los chalecos amarillos, prendió por el impacto que tuvo la subida del diésel en la Francia rural. Se trata de alimentación y cambio climático, pero principalmente, de justicia.

Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria

Gordo, políticamente hablando. Publicado en Nueva Tribuna

A las personas que tienen más riesgo de obesidad el estado les trata con una dejadez política criminal

 

Está claro, si usted  estar gordo o gorda, es un problema para usted y para nuestro sistema sanitario. Vaya, en dos palabras, esos kilos de más, nos complica la vida, y el mensaje que lanzan gobiernos y medios de comunicación es claro, sea usted responsable, y adelgace en beneficio de todos.  Algo muy parecido a los mensajes y campañas destinadas a dejar el tabaco, el alcohol, a no correr en la carretera, es decir todas apelan a su conducta individual, casi podríamos decir que conducir con un móvil en la mano es inmoral, como estar gordo.

Así que cuando vemos un anuncio de algún producto adelgazante, o alguno de los miles de artículos en la prensa de cómo cuidarse, como comer, etc. cada uno de nosotros nos miramos a nosotros mismos, y nos preguntamos si estamos en el grupo de los “normales” o nos estaremos deslizando al de los “gordos”, porque si es así, si fuera así, un sudor frío recorrería nuestra espalda, el mismo que se siente al asomarse a un abismo.

Y en cierto modo así es, se trata de un abismo social, de uno de los nuevos círculos del infierno, un lugar dónde si entra, ya sabe, abandone toda esperanza y sólo se encontrará diferentes grados de estigmatización y de exclusión social. Tener obesidad  es un problema enorme para las personas que lo sufren, porque probablemente seremos discriminados, socialmente, laboralmente, afectivamente, y sanitariamente, casi nada. No en vano la  OCDE dice en sus informes que las personas obesas son menos productivas, cogen  más bajas médicas,  cobran menos que sus compañeros, tienen más paro, y una vez fuera expulsado del mercado laboral les cuesta mucho más volver, de hecho es una de las formas “duras” de exclusión y más invisible.

¿Y de verdad todo esto, por sólo tener unos kilos de más, por no cumplir con el patrón normativo y deseado de un físico, por tener problemas añadidos de salud…? Si además sabemos que con el paso de los años, todos acabaremos fallando de una manera u otra al sistema, siendo menos productivos y  más caros.

Pues no se explica bien, la verdad, a no ser que tengamos en cuenta, que no sólo la grasa se pega a nuestros cuerpos cuando engordamos, sino una especie de cartel luminoso enorme que dice “ Soy gordo y por tanto pobre”.

Ahora sí que reconocemos la causa verdadera de la discriminación. El problema no son sólo los problemas de salud asociados a la obesidad, si no la clase social a la que usted pertenezca, vaya una vieja conocida.

De esto no hay dudas, en las últimas décadas se ha constatado la evidencia de la existencia de una  vinculación directa entre la tasa de obesidad y la renta o clase social. En el Estado español, hasta el 22,37% de las personas de rentas bajas tiene obesidad, y en cambio la cifra baja al 9,29% en personas de rentas medias altas.

Una relación que tiene que ver con el aumento del precio de los alimentos frescos y saludables, y la inundación en nuestra dieta de productos procesados igual de insanos y baratos que rápidos de preparar.

Si no me cree, de usted una vuelta, y podrá comprobar como en los barrios del centro y los barrios bien de cualquier ciudad verá usted decenas de tiendas de comida saludable, eco, bio, restaurantes slow, y gente con su índice de masa corporal recomendado. Y después, cuando poco a poco vaya usted alejándose, se dará cuenta que se está adentrando en la periferia, porque esas tiendas verdes tan bien decoradas se irán desvaneciendo, una especie de “aparheid alimentario”.

Llegados a este punto, quiero explicar que no trato de hacer ninguna apología de la obesidad, pues se trata de un grave problema de salud, pero me pregunto si no tiene nada que ver el estado y las políticas públicas en todo esto, y si usted se pregunta cómo y qué está haciendo para protegernos.

La respuesta es, fundamentalmente, nada, de hecho a las personas que tienen más riesgo de obesidad el estado les trata con una dejadez política criminal. Pero no únicamente las deja desprotegidas, sino que ha además la administración sanitaria en numerosas ocasiones sirve de altavoz a las grandes corporaciones de la alimentación, un altavoz por dónde sólo se oye de forma repetitiva y machacona  unos cuantos versículos de la biblia capitalista, ya sabe, el de que si usted está gordo la culpa es “suya”, solamente suya, porque la culpa siempre es  propia, individual e intransferible. Es usted en definitiva culpable, y por supuesto, sus pecados tendrán su penitencia, discriminación, exclusión, convirtiendo un problema social y de salud pública en una cuestión moral.

Pero no sólo eso, además ya que estamos, el sistema se aprovechará de su circunstancia, y sin saberlo se habrá convertido en un gran negocio para todo un sector que lo va a asediar con dietas imposibles, medicamentos de todo tipo, infusiones, operaciones de reducción de estómago, libros, superalimentos milagrosos etc.

Olvidando el estado que las personas con obesidad  tienen los mismos derechos que cualquier otra, entre ellos, a no ser discriminados.

Olvidando que a las clases populares no se nos está facilitado el acceso a comida sana a un precio asequible, que no se está protegiendo a nuestros niños y niñas de la comida basura, de su publicidad, de su omnipresencia en los centros escolares, hospitales, etc… que ni siquiera los ha etiquetado claramente, que no nos permite tener horarios laborales que nos deje tiempo de cocinar y alimentarnos, etc..

Por tanto nuestro cuerpo, ese tan imperfecto y esos kilos de más se han convertido en un campo de batalla político.

Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria

Comer sin explotar. Publicado en Soy como como

Hoy leía en el periódico que, como cada año, en Huelva se ofrecen 23.000 puestos de temporeros para la recogida de la fresa, y que solo se habían presentado 970 personas en la tercera provincia con más paro de España. Esto supone cerca del 23%, por lo que la noticia contaba que las empresas de la fresa de producción intensiva tendrían que recurrir a la mano de obra inmigrante. Si los de aquí no quieren trabajar, ya saben, no se va a quedar la fresa en el campo. Pensaba entonces si esa falta de interés en realidad no tendría que ver con salarios bajos, con jornadas extenuantes, con condiciones de vida pésimas y además, si eres mujer, con el riesgo a sufrir agresiones sexuales, tal y como denunciaba el año pasado una investigación periodística de la revista alemana Correctiv y BuzzFeed News.

Me acordé de que, no hace mucho, pude leer en otro periódico que un trabajador de un invernadero de Níjar, Mohammed El Bouhaled, de 27 años, falleció después de pasar todo el día sulfatando.

Fue un accidente, dirán, pero lo que no lo es son las condiciones de vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en los invernaderos del sur de España –muchos de ellos sin papeles, explotados, viviendo en chabolas, sin luz, ni agua– que denuncia el documental de la cadena pública de televisión alemana Das Erste con el título La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras.

Casi al mismo tiempo, aparecía en las noticias que, en Binéfar, se va a instalar el mayor matadero de Europa, y que dará trabajo a 1.600 trabajadores. Al leerlo me venía la duda a la cabeza: ¿Pasará como con los temporeros de la fresa de Huelva? ¿Será que los salarios, contratos y condiciones laborales serán dignos y no de absoluta precariedad laboral como llevan años denunciando el colectivo Càrnies en Lluita en Catalunya? ¿Tiene esto algo que ver con las protestas de las conserveras este verano en Galicia para lograr mejorar sus condiciones de trabajo y acabar con eso que llaman “modalidades de subcontratación fraudulenta”? ¿Y si hubiera un hilo invisible que los conecta con la explotación que sufren cientos de jóvenes repartidores de estas empresas tan tecnológicas que te traen una pizza a casa en bici a golpe de clic? Todas esas vidas parecen la misma.

Este hilo invisible que une a los pobres que trabajan en condiciones insoportables y a los otros pobres que compran comida procesada de baja calidad, la que nos enferma por un módico precio, se llama “beneficio empresarial de las grandes corporaciones alimentarias”. ¿Será que estos emporios podrían vivir sin explotar? Me parece que no.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Sin plan para el cambio climático y la agricultura. Publicado por La Marea

“Sorprende observar el poco interés que suscita en nuestro país el impacto del cambio climático en nuestra agricultura y alimentación”

La agricultura y ganadería en nuestro país en los próximos años se va a encontrar delante de enormes problemas. La competencia en los mercados internacionales crecerá. La pérdida de población en el área rural continúa y todo ello en un contexto donde el cambio climático ejercerá cada vez mayor presión. Cambios que ya sabemos que van causar a la desaparición de cultivos tradicionales como cereales, que necesitan temperaturas bajas en amplias zonas del país; mayor estrés hídrico en numerosas cuencas; mayor mortalidad en la cabaña; cambios en la floración y ciclo de cultivo que dará como resultado; bajada de productividad y rendimiento de cultivos; así como un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por fenómenos extremos y consecuentemente una más que probable caída de renta agraria y abandono de la actividad y los campos.

Pero sin esperar al futuro inmediato, al día de hoy, sabemos que la agricultura y ganadería actual, industrial y globalizada, se encuentran en una encrucijada histórica y que ha de resolverse urgentemente, porque este modelo ha dejador de servir al interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, se ha convertido en una amenaza.

Este modelo, basado en el uso de insumos derivados del combustible fósil, es uno de los que más contribuye al cambio climático, tanto por sus emisiones como por el uso químicos y pesticidas que arrasan la biodiversidad y fertilidad de los suelos. Se calcula que el 40% de las emisiones provienen del sistema alimentario actual. O si lo quieren ver más claro, por ejemplo, un sector emisor de gases como es la industria de fertilizantes nitrogenados de síntesis, teniendo en cuenta todo su ciclo y la producción total. Este sector emite más de 20 millones de toneladas de CO2 y la principal empresa, Fertiberia, 15 millones (el equivalente a las emisiones de Angola, Zambia y Namibia juntos). Un modelo incompatible con la preservación del medio ambiente, que es la agenda en la que nos jugamos el futuro inmediato. Háganse una idea, cada año 23 estadios de fútbol se llenan de purines por los 30 millones de cerdos que producimos es España

Es obvio que necesitamos acabar con esta inercia si realmente queremos luchar contra el cambio climático, y lo debemos hacer antes que el resto de países de la UE. Debemos caminar rápido hacia un sistema que produzca los alimentos sanos, de forma sostenible, y que, por tanto, se adapte a métodos de producción y prácticas de cultivo que emitan menos gases de efecto invernadero.

Pero para esta enorme transformación del agro y la alimentación, necesitamos un elemento clave, que es el desarrollo y avance a la agricultura de pequeña escala. No se puede abordar este cambio sin agricultores y agricultoras como es obvio.

Y, en realidad, los tiros no van por aquí, sino que la actual la deriva es hacia la concentración de la tierra en pocas manos, destruyendo empleos y por tanto población. El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. Pero es que en nuestro país, además, en solo diez años 6 de cada 10 agricultores activos se jubilaran y no hay relevo.

Para revertir este proceso y cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático es evidente y a nadie se le escapa, que  ya sobre la mesa debería existir una una ley que planifique y ordene esta necesaria  transición ecológica de nuestra agricultura y ganadería. Este plan para la transición agrícola debería ser valiente y empezar con medidas rápidas como el abandono de cultivos destinados a los agrocombustibles. La prohibición e incentivos para el abandono de usos de plaguicidas, como el glifosato, nicoticoides etc. Prohibición de instalación de megagranjas de animales, así como determinación de máximos de cargas ganaderas por región y por granja.

Prohibición del cultivo de transgénicos. Es decir, medidas que limiten la expansión de un modelo contrario a los objetivos de transición y otras que apunten en la dirección de desarrollo del modelo que queremos, como el aumento del cultivo de plantas forrajeras autóctonas y bajar la dependencia de soja importada, incentivación del uso de energías renovables, energía solar, etc. Control y adecuación del uso de agua y el abandono de cultivos insostenibles. Políticas públicas de incentivación de la alimentación saludable, empezando por la inversión en circuitos cortos, compra pública, en infraestructuras agrarias y ganaderas adaptadas a la producción de pequeña escala. Entre ellas, medidas de ecofiscalidad que graven las prácticas más negativas y externalidades medioambientales como los residuos de las granjas intensivas o uso de plaguicidas y las que ayuden a los modelos más sostenibles.

No me extiendo más en cuanto a medidas, pero todas ellas deben tener dos elementos comunes y transversales. Por un lado, el Estado debe garantizar recursos económicos y apoyo financiero para la transición a la agricultura ecológica y diversificación de cultivos. No podemos cargar sobre la agricultura familiar después de todo, los costes de transición, sino todo lo contrario.

Es, además, urgente el establecimiento de un plan de subvenciones y de remuneración por los servicios ‘a lo público’ generado por los modelos de producción sostenible, como la preservación el medio ambiente,  captura de carbono, gestión del territorio, o de lugares específicos como zonas secas.

Pero también hará falta un sistema de formación y apoyo a la instalación de nuevos agricultores, mejora de los sistemas de transferencia y acceso a tierras, financiación de proyectos colectivos, así como apoyo específico para la adaptación y mitigación en
algunos.

Por tanto, ya ven, la transición agrícola nos afecta a todos, pero sin agricultores y agricultoras este no será posible, y estamos en tiempo de descuento. De otra forma olvídense de tener en el futuro alimentos sanos, frescos, a precios asequibles, producidos  en entornos rurales vivos y sostenibles.

Ya vamos tarde.

Javier Guzmán
Director de Justicia Alimentaria

Ese impuesto del que me habla usted. Publicado por Nueva Tribuna

Estos días que volvemos hablar del nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos, parece que otra vez se le ha olvidado incluir el impuesto sobre bebidas azucaradas. Suele pasar, miren, lo mismo ha pasado durante la tramitación del presupuesto el pasado mes de diciembre en la Comunitat Valenciana, y su razón, por lo que parece, se sustenta en las declaraciones del portavoz socialista, Manolo Mata, que ha asegurado que la aplicación de este impuesto en otros lugares no ha servido para reducir el consumo de bebidas azucaradas.

Lo mismo pasó hace un par de años, cuando el Ministro Montoro una vez que se aprobó el impuesto por la Genaralitat Catalana, abrió la agenda para hacerlo estatal. Sin embargo, al poco tiempo la guardó en un cajón y decidió por algún motivo cambiarlo por otra iniciativa presentada justo hacía un año por la entonces Ministra de Sanidad Dolors Montserrat rodeada de empresas del sector, el llamado Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020 para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos en torno a un 10%, gracias al compromiso voluntario de más de 500 empresas.

Bueno pues ya está, pensará usted, las empresas bajan el azúcar, se reduce su consumo, mejora nuestra salud y nos ahorramos un impuesto. Y podría ser, pero lo que ha pasado realmente es que los datos de dos estudios independientes son contundentes respecto a la implementación del impuesto en Catalunya. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así, tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.

También sabemos que la propia Organización Mundial de la Salud lleva años pidiendo a los gobiernos su aplicación urgente, como medida para luchar contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas. Recordemos que en España, las enfermedades relacionadas con la alimentación insana son el primer problema de salud pública, consumiendo ya el 20% de todo el gasto sanitario, unos 20.000 millones de euros.

Sin embargo todo el mundo sabe que los compromisos voluntarios son palabras que se lleva el viento, así este año comprobamos como los resultados de la evaluación de la estrategia de reducción voluntaria de las empresas aplicada en el Reino Unido fracasaba estrepitosamente y finalmente el gobierno decidió aplicar el impuesto sobre las bebidas azucaradas.

¿Y en España? ¿Ha tenido éxito el compromiso de las empresas? ¿Han reducido el porcentaje de azúcar? ¿Se ha evaluado? ¿Se va a evaluar? Pues la verdad es que  no sabemos nada. Pero todo indica que la conclusión ya la han escrito, el impuesto sobre bebidas azucaradas no funciona, y deje usted de preguntar que, por su puesto, nada de esto tiene que ver con las presiones del lobby alimentario.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Los impactos de la ganadería industrial en “Carne Cruda” radio

“En Huesca se incrementan los cerdos en mil más por día”. Hoy hemos hablado en @ sobre los impactos inasumibles en nuestra salud, medioambiente y mundo rural de la ganaderia industrial.

Abrimos en canal la industria cárnica, analizamos su impacto en el planeta y la crueldad de sus prácticas con alguien que lleva más de una década investigando granjas y mataderos, Javier Moreno, director de la ONG Igualdad Animal. Y con Javier Guzmán, director de la ONG Justicia Alimentaria y parte de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Todo esto en Consuma Crudezade Brenda Chávez.

https://www.eldiario.es/carnecruda/consuma-crudeza/industria-carnica-mata-millones-animales_6_855724425.html