“Los mercados se mueren”: ¿por qué Justicia Alimentaria ha invadido las principales ciudades de España con esta frase?

18 de abril de 2024 18:47h 

Publicado originalmente en Diario.es

El 16 de abril las calles principales de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zaragoza amanecieron con marquesinas llenas de naranjas, peras y limones podridos. Forma parte de la nueva campaña de Justicia Alimentaria, que insta a la transformación de los mercados municipales para garantizar el acceso a una alimentación saludable, local y con un precio justo. El mensaje central es inequívoco: reclama tu mercado antes de que tu mercado se muera.

Detrás de esta acción puntual para captar la atención y despertar el pensamiento crítico hay un estudio pormenorizado de la red mercados en el Estado español y las políticas públicas. Solo hace falta repasar los datos del número de mercados y número de paradistas de hace 15 años y compararlo con los actuales. Para darse cuenta del problema Si fueran una especie animal hablaríamos de que están en fase de pre-extinción. En muchos casos, estamos asistiendo a un expolio porqué se ha pasado de una gestión pública a otra público-privada, creando entidades mixtas que responden a otros intereses a los puramente públicos. Expolio también porque el interior de muchas de estas infraestructuras de titularidad pública se ha llenado de supermercados que, obviamente, tienen unos intereses que no siempre son compatibles con la de un servicio público alimentario. Y expolio porque en otros casos son monumentos turísticos o templos gourmet. 

Entonces, ¿dónde queda la función original por la que estas infraestructuras nacieron? ¿La misma por la que, aún hoy en día, son de titularidad pública?

Seguramente, la campaña ha molestado a algunos sectores y partidos políticos porque señala lo que no se quiere ver, y menos, debatir. Que los mercados municipales son una infraestructura pública y que tiene, por ley, una función pública alimentaria: el proporcionar a la ciudadanía un espacio de compra alimentaria justa, verde, local, agroecológica y, muy importante, asequible. 

La campaña invita a abrir el debate sobre el futuro de los sistemas públicos de distribución alimentaria. Si queremos unos sistemas alimentarios locales, si nos creemos que el sistema actual debe corregir muchos de los impactos ambientales, climáticos, sociales y de salud que están generando, si impulsamos políticas que apuestan por la alimentación saludable y de proximidad, debemos recordar igualmente que estos alimentos no se teletransportan, que viajan a través de una red de infraestructuras alimentarias. Y que son tan importantes como las políticas. Lo que realmente molesta, seguramente, es reivindicar la alimentación como un derecho, no como un privilegio. En definitiva, reivindicar que necesitamos que lo público intervenga, también, en las infrasestructuras alimentarias. 

¿Se imaginan un sistema de salud pública sin centros de atención primaria o sin hospitales? ¿Se imaginan un sistema de educación pública sin escuelas o institutos? 

Que los mercados municipales están en crisis y, literalmente, su mueren no es una cosa que hayamos descubierto nosotros después de años y años de estudio. Es un hecho conocido, reconocido y publicado en multitud de informes, declaraciones, campañas o eventos de las propias administraciones públicas. En lo que diferimos, seguramente, es en la solución. Nos negamos a aceptar que ante la agonía de los mercados públicos, la solución sea el abandono y cierre, la entrega del recinto a un supermercado, o la espectacularización de los mismos transformando una infraestructura pública que debería ser un elemento central de la compra alimentaria asequible en monumentos turísticos, espacios gourmet o locales para eventos. Esto es, en algo parecido a museos de cera sin oficio ni beneficio. 

Uno llega a la conclusión de que lo que está molestando no es la fruta pocha, lo que realmente molesta es abrir el debate, de manera directa y honesta, de lo que está pasando con los mercados municipales, porque hacerlo, levantar la sábana de colores que se había puesto encima de ellos, significa cuestionar el modelo actual y abrirlo a un cambio significativo. 

Los mercados municipales deben reconectarse a los sistemas alimentarios locales. Debemos transformar la red de mercados municipales en un lugar central de las políticas que garanticen el acceso a una alimentación saludable, ecológica, y a precios asequibles.

Hay que recuperar el control público de los mercados municipales para restituir su función original de ofrecer alimentos saludables, asequibles y de proximidad a la población.

Hay que convertir los mercados municipales en centros de dinamización alimentaria de los barrios, incorporando elementos como cocinas comunitarias, obradores cooperativos, espacios de formación y educación alimentaria.

Hay que integrarlos en estrategias de alimentación pública: Integrar los nuevos mercados municipales en estrategias de alimentación pública que los vinculen con redes de compra de centros educativos, sociosanitarios o comedores sociales, promoviendo el acceso a una alimentación saludable para toda la población.

Los mercados municipales son de la gente y para la gente. Son lugares para poder realizar la compra de alimentos de manera habitual sabiendo que ahí dentro vas a encontrar alimentos con una serie de atributos sociales, de salud, ambientales y climáticos, que los vas a poder comprar porque tienen unos precios asequibles. Y todo ello porque son públicos y porque las administraciones locales tienen la responsabilidad de ofrecerlo. 

No es un favor que nos hacen, es su deber porque es nuestro derecho. 

*Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

La sonrisa del pesticida o el fin del sueño de la transición alimentaria europea

Publicado originalmente en El Salto diario, el 11 de marzo de 2024

Ahora que se desvanece el humo de las barricadas en las carreteras cortadas por las tractoradas, podemos empezar a vislumbrar la cosecha de las reivindicaciones del sector primario y el resultado no puede ser más desolador. Unas cuantas promesas, unos cuantos millones, pero sobre todo la incómoda sensación de haber logrado descarrilar el tren del Pacto Verde europeo. Un pacto, ambicioso y necesario, aprobado en 2019 con el objetivo de descarbonizar la economía europea, y por supuesto, también su agricultura.

Cuando se mira para atrás por el retrovisor, uno se da cuenta que todo el embrollo ha seguido un guion establecido. El Pacto Verde había alcanzado velocidad de crucero y, en el preciso momento que empezaron a visualizarse medidas concretas, los sectores afectados saltaron como un resorte. Primero fueron las corporaciones energéticas, que en una labor de lobby sin precedentes lograron que la Unión Europea (UE) reconociera el gas natural y la energía nuclear como energías necesarias para la transición energética. Y no pasó nada. ¿Se acuerdan?

Luego, tocó el turno de la industria del automóvil, sobre todo la alemana, que también logró ampliar el límite de uso de motores de combustión más allá del año 2035, que era la fecha fijada. Y en el tercer acto de una obra macabra, apareció el sector agroindustrial y químico. El año pasado la UE había dado pasos agigantados hacia un nuevo modelo de agricultura con un descenso muy importante de uso de pesticidas y fertilizantes, apostando por una reforma de la PAC que por primera vez impulsaba cambios significativos con una lógica nueva y más ecológica.

El agronegocio compró una enorme papelera e indicó a la administración europea donde tenía que guardar el Pacto Verde

Y de igual manera, cuando se pusieron sobre la mesa los instrumentos, objetivos y reglamentos, se activó el brazo ejecutor del movimiento de reacción. Estaba claro que toda esta desaceleración no podía ni debía suceder, y más teniendo en cuenta que en mayo de 2024 habría elecciones en la UE. Los pronósticos de los expertos en política internacional dan por descontado que habrá un aumento del voto conservador y de la extrema derecha. Por lo tanto, se requería descarrilar el tren del Pacto Verde o, al menos, ponerlo en pausa y ya luego, con las elecciones, un nuevo parlamento y un nuevo ejecutivo más decantado a la derecha, solucionar el desaguisado. Dicho de otra forma más llana: el agronegocio compró una enorme papelera e indicó a la administración europea donde tenía que guardar el Pacto Verde.

Pero la operación, esta vez, tenía su miga: contraponer la necesidad de parar las medidas de transición ecológica inmersos en el año más caluroso de la historia. Ni más ni menos. Y con los efectos del cambio climático evidentes y asomando en cada esquina. Es posible que la ciudadanía europea no entendiera que, con la emergencia climática quemándonos el cogote y con la contaminación sin precedentes de los ecosistemas, la idea de mandar los proyectos verdes a esparragar no sería bien acogida. Hacía falta actuar con tiento, sigilo e inteligencia.

Para ello, la primera estrategia fue hacer creer a la opinión pública que no se podría garantizar la alimentación en Europa sin el uso de estos químicos, y para ello encargaron un informe a la Comisión Europea que lo ratificara, que los científicos con potestad dijeran que la agricultura sin pesticidas era una quimera. Esto es: sin agrotóxicos nos moriríamos de hambre. Pero el tiro salió por la culata y, lamentablemente para ellos, no fue así, sino más bien lo contrario. El informe explicitaba no solamente que era viable y deseable la reducción, sino que añadía que “cualquier fracaso a la hora de cumplir con el objetivo de reducción de pesticidas tendrá efectos a largo plazo potencialmente irreversibles en la seguridad alimentaria en el futuro”.

En diciembre, el lobby presionó hasta la saciedad y consiguió dos victorias tácticas

Después de esta derrota, se pasó a nivel máximo de alerta. Había que hacer lo necesario para acabar con el Pacto Verde, más viendo que en la agenda de la última Cumbre del clima en noviembre del año pasado, la necesidad de la descarbonización de la agricultura fue tema central. En diciembre, el lobby presionó hasta la saciedad y consiguió dos victorias tácticas. La primera fue la enésima renovación del uso del glifosato, a pesar de que no hay un solo informe científico que diga que esta substancia no es altamente tóxica, y después que la OMS reiterara que es cancerígeno. La segunda fue cargarse el nuevo reglamento de uso de pesticidas, que incluía una interesante y necesaria reducción. Aquel día retumbaron las paredes del Parlamento, y no en sentido metafórico, por los aplausos entusiastas de la derecha y por los gritos de júbilo del agronegocio.

No obstante, estos fueron movimientos tácticos. Necesitaban la victoria total y arrasar con el pacto. Y para eso no quedaba otra que tirar del freno de emergencia. Ese freno de mano de la agroindustria consiste, como en tantas otras veces, en movilizar a las grandes patronales agrarias. Primero en Holanda, luego en Alemania, Francia y luego en España… el objetivo era claro, exterminar el Pacto Verde. Pero esto no se podía verbalizar ni hacer público. Había que mezclar la píldora con un poco de azúcar, por lo cual aparecieron nuevas reivindicaciones. Algunas con base, justas e históricas, como las de la agricultura familiar y de sindicatos agrarios, como la injusticia en la cadena alimentaria, los precios, la competencia desleal, o como el desastre que ha supuesto los acuerdos de libre comercio como causa fundamental de la desaparición de la agricultura de pequeña y mediana escala.

El 6 de febrero, el mismo día que se iniciaban las movilizaciones agrarias en buena parte del Estado español, Úrsula Von der Leyen declaraba el Pacto Verde tocado y hundido

El resultado de esta maniobra fue espectacularmente exitoso. El 6 de febrero, el mismo día que se iniciaban las movilizaciones agrarias en buena parte del Estado español, Úrsula Von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, declaraba el Pacto Verde tocado y hundido, enterrado y finiquitado para siempre. Ello ha supuesto cerrar definitivamente el proyecto de “De la Granja a la Mesa”, la gran estrategia europea que tenía como objetivo hacer más sanos y sostenibles los sistemas alimentarios europeos. Para rematar al moribundo, la Comisión Europea renunció también a la Ley del Sistema Alimentario Sostenible, una macro normativa que buscaba integrar la sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con los alimentos. y que incluía elementos de alto interés general como mejorar el acceso a una información clara y veraz para las personas consumidoras, cambiar el etiquetado nutricional, regular la publicidad, atajar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados o adecuar el consumo de carne a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, entre otras muchas cosas. Kaput también con esto.

Como todo buen pastel, también este tiene una guinda. La UE acaba de firmar dos nuevos acuerdos de libre comercio, uno con Chile (pescado, frutos secos, uvas) y otro con Kenya (flores y frutas). Hace pocos meses, lo hizo con Nueva Zelanda (fruta y pescado), y seguirá ahora ya sin freno.

Y algunos todavía piensan que los agricultores, y las personas consumidoras, hemos ganado esta batalla.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

El colapso de la agricultura europea empieza en Francia

Publicado originalmente en el Salto Diario 31/01/2024

El actual modelo se ha de acabar, necesitamos una verdadera transición ecológica del sistema alimentario, sacarlo de una vez de la dinámica del libre mercado global.

Empezamos a sufrir las consecuencias directas de las movilizaciones de los agricultores franceses, que tienen bloqueadas las carreteras más importantes del país. No es una acción reivindicativa aislada, ya que hace días que la movilización agraria del país vecino está volcando el contenido de camiones provenientes de España sin que ningún medio de comunicación haya puesto mucho interés para llegar al fondo de la cuestión, y eso que la movilización es masiva, como antes ya sucedió en Alemania y Holanda.

No sólo nos ha de llamar la atención lo impactante de las imágenes, ya que los problemas que de la agricultura y ganadería francesa son los mismos que afectan a nuestro país y al resto de Europa. Pero antes de analizar la actual crisis, una aclaración: cuando hablamos de agricultores/as, no se trata de un colectivo homogéneo, los hay pequeños dónde es más importante su trabajo que el capital, y grandes empresarios de la agroindustria. Y es que no es igual un agricultor ecológico de verduras y frutas que vende en el mercado local, que las macrogranjas de cerdo y megainvernaderos del sur de España.

La protesta, la colère, pone de manifiesto algo que ya es sabido pero que ahora asistimos a su explosión en tiempo real, que no es sino el fracaso del actual modelo neoliberal globalizado de la alimentación

La protesta, la colère, pone de manifiesto algo que ya es sabido pero que ahora asistimos a su explosión en tiempo real, que no es sino el fracaso del actual modelo neoliberal globalizado de la alimentación. Es obvio que esta crisis no es de ahora y que lleva décadas de manera silenciosa llevándose por delante el modelo de la agricultura familiar, un modelo atrapado por la falta de renta, de relevo generacional, de aumento de poder por parte de la cadena alimentaria y grandes supermercados y distribuidoras compitiendo en el mundo global. Si ahora explota de manera tan virulenta, en esta época del tardocapitalismo, es porque han aparecido nuevos factores que también amenazan a las grandes empresas agrarias y propietarios. No en vano, quiénes impulsan estas protestas son las patronales agrarias más importantes de Francia.

Este modelo les ha favorecido durante años y sus tentáculos se impulsaron en Europa por los partidos de gobierno durante décadas. Son los mismos que decidieron que la alimentación estuviera dentro de los acuerdos de libre comercio y la expansión de los mismos, y la Política Agraria Común se alineó justamente para favorecer la agroindustria exportadora, acabando con los pocos instrumentos regulatorios que quedaban. Además, una política que ha demostrado ser profundamente injusta en el reparto de sus ayudas, en la que el 20% más pudiente acapara el 80% de las ayudas, y que erosionó el modelo tradicional europeo hasta fulminarlo porque no era “competitivo”.

El problema es la solución, y la que plantea la patronal agraria es seguir en la dinámica de mercado puro y duro. No en vano el lema más repetido y principal reivindicación sigue siendo “queremos competir con las mimas armas”. Pero la cosa tiene enjundia, porque ha llegado el momento de decidir. Una decisión que se ha ido aplazando durante años impulsando a que el modelo agroalimentario corriera con los ojos cerrados hacia delante con la esperanza de que algo cambiara como por arte de magia. El problema es que no corríamos huyendo de nada, sino que lo hacíamos hacia el precipicio. Y ahora el precipicio está aquí, a unos pocos centímetros de nuestros pies.

Ya no hay parches posibles para salvar al actual modelo. La ilusión ha terminado, bienvenidos al desierto de lo real

Se acabó la energía barata. Se acabó el agua. Se acabó hacer ver que el patrón climático no ha cambiado. Se acabó el uso indiscriminado de pesticidas. Se acabaron los fertilizantes sintéticos. Se esfumó la fertilidad natural de los suelos. Se acabó hacer ver que las granjas intensivas no contaminan. Se acabó la época donde la economía pasaba por encima de los grandes conflictos entre bloques. Bienvenidos a la enfermedad asociada a la alimentación procesada y a los trastornos alimentarios que asolan a la población. Ya no hay parches posibles para salvar al actual modelo. La ilusión ha terminado, bienvenidos al desierto de lo real.

¿Y ahora qué? Pues ahora vemos los estertores del modelo y, como acostumbra a pasar, son espasmos violentos. Las patronales agrarias más importantes, situadas frente al abismo, se dan media vuelta y piden algo así como “dejadnos contaminar”, “dejadnos seguir usando el agua que no hay”, “dadnos la energía barata que no existe” o “dejadnos exportar lo que ya no se puede”. Y, la verdad, es una reacción que se entiende perfectamente. El actual modelos les ha llevado hasta ahí. Les hemos obligado a ir hasta ahí.

La contrarreforma agraria se entiende, pero no se puede compartir. Los tímidos avances en materia ambiental o climática a nivel europeo han sido duramente contestados por una gran parte de las organizaciones agrarias europeas. Normal. La patronal, que ve como le llega el agua al cuello -agua que ya tiene ahogados a miles de agricultores familiares de pequeña escala- y pone como objetivo derribar las barreras que necesita para mejorar su competitividad, siguiendo el actual paradigma que nos ha llevado hasta aquí. La misma patronal que ha decidido que la culpa no es de los tratados de libre comercio y desregulación, sino de las normativas medio ambientales y contra el cambio climático. En el mismo momento que la UE está negociando nuevos tratados de libre comercio con los países de Mercosur.

Normativas que en realidad llegan tarde, y que han sido pocas. No tenemos más que ver como a final de año se prorrogó el uso de pesticidas tóxicos como el glifosato o como no salió adelante la normativa para la reducción de pesticidas.

Nos preguntábamos, ¿y ahora qué? Si la descarbonización es obligada. Si queremos proteger el futuro de nuestros hijos. Si la agricultura de Europa no puede ir contra la vida, ¿ahora qué? Pues es el momento de la agricultura familiar y local. Un modelo que es indispensable para los europeos para asegurar nuestra alimentación, salud y medioambiente en este nuevo contexto.

Necesitamos repensar la alimentación y realizar un giro de 180º. La protesta y revolución será necesaria, pero hacia el lado contrario

El actual modelo se ha de acabar, necesitamos una verdadera transición ecológica del sistema alimentario, sacarlo de una vez de la dinámica del libre mercado global abandonando este modelo agoexportador basado en el consumo de agua, los hidrocarburos y la explotación de trabadores migrantes.

Se trata de poner la soberanía alimentaria en el centro de la política agraria, nuestra salud y medio ambiente. Necesitamos políticas de transición que aborden de una vez por todas la reconversión de este sistema. No podemos abandonar a los agricultores/as a su suerte. Necesitamos repensar la alimentación y realizar un giro de 180º. La protesta y revolución será necesaria, pero hacia el lado contrario.

Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria

El Gobierno debe prohibir las autocertificaciones alimentarias de las empresas

Originalmente publicado en Nueva Tribuna 23/01/2024

Desde hace ya un tiempo, diferentes organizaciones estamos denunciando las sofisticadas e infames prácticas de la industria alimentaria que utilizan sellos, autocertificaciones, alegaciones de salud, medioambientales, y sociales en sus estrategias de comunicación.

Esta semana pasada por fin hemos tenido una buena noticia, ya que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva directiva que tiene como objetivo erradicar, las ya mencionadas prácticas de greenwashing o ecoblanqueamiento o blanqueo ecológico.

Una noticia que en el tema alimentario tiene una especial relevancia, tanto en lo que refiere a las alegaciones como en el uso de los famosos “sellos”, que ha sido la punta de lanza de la industria alimentaria.

Los productos de esta industria en numerosas ocasiones se han convertido en una grave amenaza desde el punto de vista de la salud pública, por el aumento de consumo de alimentos ultraprocesados y también desde el punto de vista climático y el de respeto a los derechos laborales cuando no directamente derechos humanos. Además, en este momento, las personas consumidoras cada vez tenemos más conciencia y nos importa saber que hay detrás de aquello que estamos comiendo. Estudios recientes indican que el 56% de las personas buscan información de los productos de alimentación por internet y en redes sociales, al 51% le influye mucho la transparencia en el etiquetado y el 80% compra en función de otros valores más allá de la calidad o el precio. Y, para solucionar este dilema, ¿las empresas han decidido cambiar sus prácticas y adecuarlas a estas nuevas demandas sociales? Más bien, no. Lo que se ha hecho ha sido emprender una estrategia o baile de disfraces, dónde todo es verde y sostenible.

Los sellos corporativos han sido diseñados y controlados por la propia industria y hasta ahora en nuestro país han tenido barra libre. De tal manera que somos testigos de cómo empresas del sector cárnico han creado su propio sello de bienestar animal, o empresas que utilizan uno de los cientos de sellos climáticos que existen.

Esto es lo que la directiva propone prohibir, tanto las alegaciones no debidamente demostradas, como la de exhibir etiquetas de sostenibilidad que no estén basadas en un sistema de certificación o que no hayan sido establecida por las autoridades públicas.

El Estado español cuenta con dos años para trasponer esta directiva europea, pero lo que pedimos al Ministerio de Consumo es que no espere hasta el final, sino que ya, de manera urgente, prohíba todas las etiquetas, sellos y certificaciones que no cuenten con el aval de una autoridad pública. No hay más excusas, este engaño debe parar ya.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

COP28: un poco más de humo

Publicado originalmente en Nueva Tribuna y el Público

Después de esta última Cumbre del clima en Dubai, parece que ya nadie cree que podamos alcanzar los objetivos marcados en los Acuerdos de París en el año 2015, y mucho menos los objetivos de descarbonización.

Se reconoce el diagnóstico y se posponen sine dine las decisiones. También en la agricultura y alimentación, todo y que por primera vez en esta cumbre los Estados han estado obligados de hablar del elefante en el salón, que no es otro que el actual sistema alimentario como uno de las grandes causantes de la crisis climática. Más del 30% de todas las emisiones corresponde al sistema alimentario, pero, además, se trata del sistema básico de nuestra supervivencia, el más expuesto al cambio climático es nuestra alimentación y esto está el peligro.

Y no sólo eso, sino que ha propuesto la reducción de un 25% de las emisiones de metano provenientes de la ganadería industrial, y unos días antes 134 países habían lanzado la Declaración de Agricultura Sostenible, Sistema de Alimentación Resiliente y Acción Climática.

Y si nos quedamos con esto, parece que la agricultura y alimentación están en el centro por fin de las políticas climáticas, y que vamos por abordar uno de los grandes debates del siglo, que no es otro que decidir si continuamos en el actual modelo alimentario globalizado, intensivo en fertilizantes e hipercárnico o descarbonizamos nuestra alimentación y eso supone reducir la distancia que recorren nuestros alimentos y apostar por sistemas alimentarios locales y descentralizados que giren en torno al acceso a alimentación por parte de toda la población.  

Y hasta aquí el dicho, ahora vamos con los hechos.

Y estos hechos son que nunca ha habido más distancia entre el relato y la realidad, y ya siento ser aguafiestas, pero más allá de las declaraciones, principios e intenciones no hay una sola política, ni objetivos acordados en esta cumbre que nos hable de elementos clave como la reducción de la producción y consumo de carne, de pesticidas, de fertilizantes nitrogenados, de apoyo a la agricultura familiar, de acceso a los alimentos por parte de la población más vulnerable. Vean, la agricultura de pequeña escala solo recibe a nivel mundial el 0,3% de la financiación pública para el cambio climático, produciendo al menos un tercio de todos los alimentos del planeta.

La agricultura de pequeña escala solo recibe a nivel mundial el 0,3% de la financiación pública para el cambio climático

Y de esto se han encargado la enorme representación de las grandes empresas cárnicas y agroalimentarias. De hecho, la industria cárnica y láctea han batido récords con la asistencia de tres veces más delegados que en la última COP.

Y aunque la UE aparece como la gran valedora a la hora de exigir más acuerdos vinculantes en la cumbre, la realidad es que tan solo hace un par de semanas decidió seguir adelante con el actual sistema alimentario y prorrogó el uso del Glifosato, se votó en contra de los objetivos de reducción de uso de pesticidas en el nuevo reglamento, lo cual supone de facto la muerte del Pacto Verde Europeo.

Y España, ¿hará algo ya que es uno de los  firmantes de esta declaración, y el tercer país en la producción y exportación de cerdo en el mundo? ¿Alguien espera un  acuerdo para la reducción de la cabaña porcina en nuestro país y fin de las macrogranjas para el año 2035?

Si realmente nuestro gobierno está comprometido con la lucha contra el cambio climático, ha de abordar ya la reducción en nuestro país del uso de fertilizantes químicos y pesticidas, ya que además somos líderes de Europa en su uso, y establecer un plan para la reducción del 50% de nuestra cabaña porcina industrial.

Si no se aborda nuestro sistema alimentario, la política climática será humo, un poco más de humo.

Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

El cuento de la inflación alimentaria, paremos esta obscenidad.

Publicado originalmente en Nueva Tribuna y Público

Llevamos dos años con una inflación terrible en el precio de los alimentos, los datos son dramáticos y cuando parece que la inflación está en plena bajada, los precios de los alimentos se resisten. Incluso, vemos como en realidad el precio en origen de alimentos frescos como verduras, carnes y frutas están bajando, así como los insumos para el cultivo, fertilizantes, semillas, etc…  Cerramos el mes de octubre en un aumento del 10 %, y recuerden que, para la gran mayoría de las familias, la alimentación es la parte mayor de nuestro gasto mensual, por tanto, no es igual subir el precio y margen de los relojes que el del arroz y el aceite.

Parece que nadie sabe qué hacer cuando de la alimentación se trata, o bueno igual si lo saben, pero no lo quieren hacer. Cada vez parece más claro después de dos años de excusas: primero fue la subida de los combustibles, luego la guerra de Ucrania, y finalmente lo que queda es lo que el propio Banco Central Europeo ha reconocido que no es otro, que la razón que explica la inflación son los exorbitantes beneficios y margen de las grandes empresas alimentarias y de distribución. 

La razón que explica la inflación son los exorbitantes beneficios y margen de las grandes empresas alimentarias y de distribución

Algunos datos, miren, los márgenes de las distribuidoras aumentaron de forma continuada. Según el estudio Distribución Alimentaria-Mercado Ibérico publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, las ventas del sector se elevarán este año hasta los 133.150 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3 % en comparación con los 124.000 millones que ingresaron en 2022. Este aumento de la facturación es una consecuencia directa de la subida de los precios aplicada para afrontar el ascenso de los costes, tal y como apunta el estudio.

Y si hablamos de la industria alimentaria, pues ahí tienen los datos, la gran mayoría de grandes fabricantes aumentaron sus ingresos y beneficios durante el 2022 y lo que llevamos del 2023.

¿Y esta transferencia o sangría de rentas de las familias al bolsillo de los accionistas de estas grandes empresas parará el 2024?

Pues si nadie hace nada, todo indica que los precios altos continuarán atendiendo a las propias declaraciones del sector. 

Necesitamos ya una intervención en los precios y márgenes de los alimentos básicos, necesitamos parar esta absoluta obscenidad

De hecho, la propia consultora S&P reconoce que, si bien otros sectores no incrementarán márgenes debido a la situación económica, subida de tipos de interés etc.., el sector alimentario si lo hará, “la mayoría intentará trasladar la mayor parte de los costes de sus productos a los clientes sin que afecte significativamente a sus ingresos en 2024 y 2025” todo esto a pesar de su evidente agotamiento.

¿Saben por qué lo pueden hacer? Porque tenemos que comer, no nos queda otra y ellos lo saben.

Frente a este ataque del oligopolio alimentario contra nuestro derecho a alimentación seguimos esperando la intervención del gobierno. Alguna cosa distinta a lo declarado por el Ministro de Agricultura Luis Planas en el mes de junio, cuando en una jornada delante del sector alimentario empresarial afirmó que los márgenes de los distribuidores “no son abusivos ni llovidos del cielo”

Necesitamos ya una intervención en los precios y márgenes de los alimentos básicos, necesitamos parar esta absoluta obscenidad.

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Javier Guzmán | Director de Justicia Alimentaria

¿Tenemos derecho a consumir o no aceite de oliva?

Publicado originalmente en La Marea

«Ahora es la sequía. Antes fue la guerra de Ucrania, y antes… lo que fuera por no explicar la realidad, que es un sector del aceite agroexportador, destinado a mercados internacionales, basado en sustituir el olivar tradicional por el intensivo de regadío», escribe el director de Justicia Alimentaria.

Carta abierta al Ministro de Agricultura y Alimentación:

Ya ven, no era verdad aquello que nos contaba usted, señor ministro, cuando nos respondía el pasado abril a la demanda de diferentes organizaciones sociales para poner en marcha medidas urgentes que atajen la subida del precio de los alimentos. Usted respondía aquello de que estaba “absolutamente convencido» de que los precios de los alimentos bajarían, aunque pedía «paciencia”. Pues bien, estamos en septiembre y los precios no bajan y todo indica que no lo van hacer, y vemos cómo alimentos básicos, como el aceite de oliva, desaparecen de nuestra dieta. Y esto conlleva que cada día miles de familias empeoren su dieta y, con ello, su salud.

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Y es en este punto donde quiero preguntarle si tenemos o no derecho a consumir nuestro aceite de oliva. Porque, si la respuesta es que no, que eso depende de los mercados como nos dicen los axiomas del capitalismo alimentario, entonces su gestión de no intervención ha sido acertada. Simplemente tenemos que buscar otro producto sustitutivo, que siempre será de peor calidad, menor precio y listo.

Y ya vemos cómo en los telediarios nos indican cómo normalizar esta pérdida de nuestra dieta tradicional y local. Ya saben, aprenda a cocinar con mantequilla, con aceite de lo que sea, o con lo que nos pongan en el súper más barato. Porque, aunque siendo uno de los países cuna de la producción y consumo de aceite de oliva, ya no nos lo podemos permitir. Bueno, excepto las personas que tienen un buen nivel de renta. 

Y no sólo los medios nos dicen con qué debemos sustituirlo, sino que además la explicación de esta subida es ahora la sequía. Antes fue la guerra de Ucrania, y antes… lo que fuera por no explicar la realidad, que no es otra que hemos desarrollado un sector del aceite agroexportador, destinado a mercados internacionales, basado en sustituir el olivar tradicional por el intensivo de regadío, el uso ingente de fertilizantes y petróleo baratos. Y justamente el elevado precio de estos últimos no es coyuntural, sino estructural, como además pasa en otros alimentos básicos de nuestra dieta, por eso no baja el precio de los alimentos, y menos si no está destinado a nosotros, sino a quien se lo pueda pagar. 

Y si no, miren los datos, este último año hemos exportado más del 90% de toda la producción, que obviamente cubriría de sobra la demanda interna; y no es de extrañar que empresas exportadoras de las más importantes del mundo como Sovena España y Sovena Oilseeds hayan facturado por un valor de 870 millones de euros, un 35% más que en 2021.

En resumen, aceite hay.

Sin embargo, si decidimos no hacerle caso a usted, y sí a la carta de Naciones Unidas, y nos creemos que sí tenemos derecho a la alimentación, que sí tenemos derecho, además, a que sea sana, fresca y adaptada a nuestra dieta, no se entiende nada. ¿Por qué tenemos que renunciar nosotros en favor de consumidores con más renta de media en Europa y USA que no consumía aceite de oliva y ahora lo está haciendo?  En cambio, nosotros, las clases trabajadoras y populares de este país no podemos tener acceso. Y si tenemos derecho y no queremos renunciar al mismo, usted con esta inacción se está equivocando estrepitosamente, pues hace meses que tenía que haber emprendido una batalla de medidas contundentes de regulación del mercado de alimentos básicos para asegurar justo esto, nuestro derecho, medidas de desincentivación de la exportación, apoyo al olivar tradicional, regulación de precios, medidas, al fin, para asegurar nuestra buena alimentación.

Pero señor ministro, si lo que ocurre es que no se sienten capaces por la presión del lobby industrial de arbitrar ninguna de ellas, deberían devolvernos el 15% o el porcentaje que sea que hayan subido de media los alimentos básicos a las familias de este país para que podamos alimentarnos sin enfermar y detraerlo de las cuentas de resultados de empresas exportadoras e intermediarias.

Porque, aunque le parezca extravagante, tenemos derecho a consumir aceite de oliva.

Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria. 

Muchos pesticidas y pocos controles

Publico originalmente en Nueva Tribuna y Público

Estos últimos días hemos visto en los medios de comunicación como han saltado dos alarmas sanitarias por sandías importadas de Marruecos con presencia de un pesticida prohibido en Europa, concretamente el metanilo. Y ya hay quién se apresura en las redes en afirmar que esto demuestra que los controles funcionan y qué con la producción española estamos a salvo.

Bueno, pues vamos por partes. Primero hay que tener en cuenta lo que hemos denunciado en el informe de la campaña Buena Suerte, y es el llamado efecto bumerán. Esto es: substancias que tienen prohibido su uso en la UE, dada su alta toxicidad, pero que se permite que se fabriquen y exporten a terceros países, en este caso, Marruecos. Tóxicos que vuelven a nuestras mesas vía importación. Eso es exactamente lo que ha pasado, aparte de obviamente poner en peligro la salud de los habitantes de los países que reciben el químico que aquí no queremos. Sólo esto ya es un crimen.

¿Cómo es posible que una substancia que es tan tóxica que tiene prohibido su uso dentro de las fronteras, se permita su fabricación y exportación a otros países que la van a usar para vendernos esos alimentos rociados con esa substancia?

En 2021, China, EE UU, Francia, Alemania, India y España fueron los mayores exportadores de pesticidas del mundo

Pues como seguro que han adivinado, se trata de un negocio descomunal. El uso de pesticidas no hace sino aumentar año a año. Así, el uso total de pesticidas había aumentado en más del 50% en 2010 en comparación con 1990, y las cantidades totales comercializadas se triplicaron entre ambas décadas. El comercio mundial de pesticidas ha seguido la misma lógica, alcanzando más de 6 millones de toneladas en 2019 con un valor de exportaciones de 39.000 millones de euros. Pero además de incrementarse el uso de pesticidas, se está incrementando su intensidad. Si observamos por países, vemos que en el año 2021 son China, EE UU, Francia, Alemania, India y España los mayores exportadores de pesticidas del mundo y que, por regiones económicas, la UE sigue liderando.

Exportar tóxicos a otros países para que se utilicen masivamente en alimentos que vamos a importar en grandes cantidades no parece un modelo ejemplar de protección de la salud de la población española. Pero, ¿los alimentos importados de países a los que vendemos pesticidas prohibidos en territorio español tienen residuos de los mismos? Hay indicios que apuntan hacia una misma dirección que sirve para denunciar que una gran parte de las frutas y verduras que consumimos tienen residuos de pesticidas no autorizados. La UE tiene la denominada Red de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y Piensos (RASFF), que intenta detectar los riesgos para la población europea de los alimentos que entran en la UE. Si miramos cuántas alertas se han generado por presencia ilegal de residuos de pesticidas en alimentos importados veremos que son más de 3000 en 2 años y medio. Es decir, 3,5 alertas cada día. En el caso del Estado español, durante este mismo período se han detectado 90 casos. Uno cada semana y de estos, la mitad es por causas de “grave riesgo”.

¿Se debería prohibir está práctica? Claro, y países como Francia ya lo han hecho ¿Qué pasa con la producción española? Pues miren, somos el rey absoluto en el uso de pesticidas en Europa. Nuestros suelos agrarios reciben, anualmente, más de 76.000 toneladas de pesticidas, y somos los que menos controlamos, tal cual.

El Estado español es el país de la UE que menos muestras de alimentos analiza per cápita, seguido de Polonia

Para controlar los pesticidas existentes, los países de la UE están obligados a publicar anualmente el número de muestras de alimentos y qué pesticidas y en qué cantidad se han encontrado. Los últimos datos disponibles para el Estado español hacen referencia a los resultados del programa de vigilancia y control de residuos de pesticidas en alimentos del año 2020. Durante el mismo, se tomaron 1.543 muestras. Para hacernos una idea de si eso es mucho o poco, en 2014 se tomaron prácticamente el doble. En términos de muestras per cápita supone seis muestras por cada 100.000 habitantes. En Alemania se toman 23 por cada 100 000 habitantes, en Francia 12, en Italia 18, en Países Bajos 19, en Dinamarca 35 y en Rumania 30, por poner diversos ejemplos. Siendo más claros: el Estado español es el país de la UE que menos muestras analiza per cápita, seguido de Polonia.

Otro tema preocupante para el Estado español, además de las poquísimas muestras que se toman, es qué tipo de pesticidas se analizan en las muestras. Los criterios de selección de qué se debe analizar no están claros, ya que no se evalúan todas las sustancias utilizadas en la práctica agrícola en el país. De hecho, de los 50 pesticidas más utilizados, según datos del Ministerio de Agricultura, no se evaluaron algunos de los productos de mayor consumo. La no selección de estos compuestos para su evaluación supone que más del 62 % de los pesticidas disponibles no han sido supervisados por el programa de control de estos residuos en los alimentos.

Si han llegado hasta aquí se preguntarán, ¿cómo salimos de este callejón sin salida? Pues miren, haciendo caso al propio Parlamento Europeo y en aplicación del principio de precaución, el Estado español debe ser un territorio libre de pesticidas sintéticos para el año 2035, además de decretar ya la prohibición de la fabricación y exportación de los pesticidas prohibidos a terceros países.

Nos va la vida en ello.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Tenemos que hablar de la fresa: no sólo falta agua, también derechos laborales

Publicado de manera original en Nuevatribuna.es

Parece que estos días hemos descubierto que tenemos un problema en el modelo de producción y agroexportación de la fresa. Lo hemos descubierto por una campaña de una ONG alemana, que pone en valor el poder y responsabilidad de las personas consumidoras. Unas consumidoras que queremos saber qué hay detrás de nuestros alimentos, qué impacto tiene no sólo en nuestra salud, sino el medio ambiente, en el cambio climático, y claro también en los derechos humanos y laborales.

Y es en este punto, dónde el modelo actual dominante de agroexportación de la fresa supone un agujero negro, tal y como explicamos desde Justicia Alimentaria hace unos meses en la campaña Exporta, Explota, Me expló. Una campaña dónde denunciamos las prácticas de explotación laboral extendidas en este sector, así como la utilización de mano de obra inmigrante.

Pues bien, ¿cuál fue la respuesta de la Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía? Pues ni más ni menos pedir que se retirara nuestra campaña e informe, lo mismo, qué curioso, que la patronal de la agroexportación de la fresa, e incluso el propio Ministro de Agricultura dijo que suponíamos un ataque reputacional al sector, coincidiendo con lo que manifestó la patronal, eso sí, de los derechos laborales no dijo nada, absolutamente nada.

Es decir, en lugar de afrontar esta realidad, y adecuarla a la exigencia de los ciudadanos, pensaron que sería mejor atacar a las ONGs, sindicatos, y cualquiera que pusiese algo de luz. Todo muy democrático, ya ven. Pero claro, esto les vale para el contexto español y para evitar que salga en los medios de comunicación, pero en Europa afortunadamente no les vale, no sirve.

La realidad que tenemos es esta, si quieres competir en los mercados alimentarios globales tienes que contar no sólo con agua sin fin, sino además has de ajustar constantemente los costes para mantener la cuota de mercado internacional. ¿Y cómo se pueden abaratar los costes? La energía ha experimentado una fuerte subida. Apenas se puede actuar sobre el coste de las semillas o de los pesticidas y fertilizantes sintéticos, y tampoco hay mucho que hacer con el coste de un invernadero o del plástico. Si hay que reducir costes solamente hay un factor sobre el que se puede realmente actuar: la mano de obra, que además tiene una importancia abrumadora.

En sectores como la fruta de Huelva las mujeres suponen el 80% de la plantilla y son devueltas después a su país de origen. Unas 14.000 vienen de Marruecos

Para ello se necesita la contratación de mano de obra vulnerable y migrante. La mano de obra autóctona no acepta estas condiciones de trabajo, y es por eso que sectores como la fruta en Huelva, con sus prácticamente 7.000 hectáreas de cultivo, dónde se cultiva el 95% de la fresa que se produce en el Estado, estima que se necesitan unos 100.000 puestos de trabajo cada campaña. Las mujeres suponen el 80% de la plantilla de enero a junio, y son devueltas después a su país de origen. Unas 14.000 vienen de Marruecos.

En varias ocasiones se ha denunciado que muchas de estas mujeres provienen de entornos empobrecidos. Se contrata básicamente a mujeres menores de 40 años, con hijos o hijas menores de 14 años a su cargo. Esto asegura que aguanten más vulneraciones de derechos y que regresen a sus países cuando finalice el período de explotación. Las trabajadoras vienen con contratos de tres, seis o nueve meses y son alojadas en las casas que los empresarios han construido en las propias fincas. Están aisladas de los pueblos, de manera que los mecanismos de control sobre el trabajo se prolongan al ámbito privado. Cada año, si revisan en la prensa, aparecen como parte del paisaje denuncias de acoso sexual, explotación, incendios en los asentamientos, etc.. Diversas misiones internacionales y de asociaciones en defensa de los derechos humanos han realizado numerosas visitas a las explotaciones hortofrutícolas y a los lugares donde habitan las personas temporeras. Una de ellas fue la del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, a Huelva, quien declaró que las condiciones de vida que vio allí “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

Es resumen, hemos permitido que exista a través del entramado legal, un mercado laboral diferenciado, con menos derechos que el resto de la población como base de una industria que no es viable tal y como está planteada.

El principal caladero empresarial para obtener la mano de obra vulnerable necesaria se encuentra entre los inmigrantes

Otra de las formas de contar con este ejército de mano de obra dispuesta para la fruta es la contratación de mano de obra extranjera que ya está en el país. Se calcula que el número de inmigrantes que residían de manera irregular en el Estado español en el año 2020 era de entre 390.000 y 470.000 personas. Las mujeres son mayoritarias. El principal caladero empresarial para obtener la mano de obra vulnerable necesaria se encuentra entre este grupo de población y entre la población extranjera con permiso de residencia legal. De los contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras, el 32% corresponden al sector agrario. En Huelva representa el 89% de los contratos a personas extranjeras. Como ya hemos visto, las ETT son un actor clave para entender la contratación agroexportadora de mano de obra vulnerable. En Murcia, el 80% de los contratos en el campo se realizan ya a través de ETT. Un fenómeno parecido ocurre en el mar de plástico almeriense o en la zona de Lleida.

En ambos casos, el actor clave para que esta depreciación del coste laboral y condiciones laborales es el mismo, las ETT.  La dilución de responsabilidades y la extrema complejización de contratos y formas de relación laboral abren las puertas a una vulneración cada vez mayor de derechos laborales.

Necesitamos hablar de la reconversión del modelo de agroexportación de la fresa y de otros cultivos. Para comenzar necesitamos urgentemente prohibir su actuación en este tipo de sectores con una mayoría de población inmigrante y vulnerable. Se hace necesario recuperar la exclusividad de la función pública como agencia de colocación y de gestión de los puestos de trabajo temporales. Así como aumentar la capacidad de actuación de la Inspección de Trabajo durante las campañas de recolección agrícola, y mejorar de los mecanismos de denuncia de los abusos de derechos a través de la creación de un dispositivo independiente de atención y asesoramiento para las personas trabajadoras.

Si no se revisa a fondo este sistema de producción, comer fresa no merece la pena.

Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria

*Foto: Diario Público

Los Doñanas

Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria

Publicado de manera original en La Marea

¿No les parece raro que el desierto de Europa se haya convertido en su despensa de frutas y verduras de regadío?

Ya conocen la increíble posición del Gobierno de Andalucía en el caso de Doñana, que en resumen es la defensa acérrima de los invernaderos y las empresas agroexportadoras. Lo de Doñana, por tanto, es un desastre, pero lo peor es que Doñana no es solo Doñana, sino la expresión o, si quieren, la punta del iceberg de un modelo agrario que se ha desarrollado las dos últimas décadas y que se ha convertido en una amenaza. Hablamos de los megainvernaderos para exportación.

Se trata de una nueva cultura del agua que se ha desarrollado durante las últimas décadas; los regadíos agrícolas industriales son una fuente de graves problemas ambientales y territoriales que, además, genera también problemas a nivel climático.

España es el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa, y no es de extrañar. La financiación pública de apoyo al sector empresarial ha permitido pasar desde el millón de hectáreas tradicionales de regadío hasta los 3,7 millones de hectáreas actuales. En el Estado español, hablar del uso del agua es hablar de agricultura en regadío. Esta consume alrededor del 80% del agua de nuestras cuencas y, según los datos oficiales, su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En las zonas donde no existe el agua disponible en los ríos y en los embalses, el uso de agua subterránea ha aumentado de forma espectacular: un 33% entre 2005 y 2015, hipotecando las reservas de agua del futuro y su papel estratégico en situaciones de sequía.

Un crecimiento de regadíos y uso de aguas que sigue creciendo, que se sigue apoyando desde los poderes públicos, y que nos empuja de manera inexotrable al abismo. No hay agua para tanta fresa destinada a Alemania. Simplemente no disponemos de esa agua.

Les decía que tenemos muchas Doñanas repartidas por el territorio. Aquí van algunos ejemplos para hacerse una idea de la magnitud.

Los invernaderos de la zona de Almería son los mayores responsables del mayúsculo déficit hídrico de la zona. Ya en 1995 la Confederación Hidrográfica del Sur declaró el acuífero de la zona como sobreexplotado. Después de 26 años, la problemática no ha hecho sino empeorar. El mar de plástico succiona sin parar agua subterránea muy por encima del máximo ecológico; el resultado es su desaparición lenta pero imparable y la entrada de agua salada. En todos los acuíferos conectados al mar hay un equilibrio entre el agua dulce y la salada, que se infiltra y queda por debajo, al ser más densa.

Si nos vamos un poco al norte, siguiendo la línea de costa, el acuífero de Campo de Cartagena (Región de Murcia) ha llevado al Mar Menor al borde del colapso en uno de los mayores desastres ecológicos de la era reciente. También podemos citar el caso de uno de los principales acuíferos almerienses, el del río Aguas. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza de Bonn dictó una sentencia contra la sobreexplotación y el expolio de tierras y recursos hídricos en el río Aguas. Tuvo en consideración las múltiples evidencias de violaciones cometidas contra los Derechos de la Naturaleza. El Tribunal consideró que de persistir la extracción de aguas subterráneas más rápido de lo que puede reponerse y privar a las comunidades autóctonas del recurso de agua que las nutren, viola los derechos de los sistemas ecológicos de Almería y viola los Derechos Humanos de los habitantes locales, incluidos los derechos de las generaciones futuras.

Es urgente cambiar el actual paradigma de regadío, simplemente porque es imposible. El actual modelo agroexportador se basa en la explotación de un recurso escaso como es el agua y del que tendremos menos. Necesitamos apostar por una transición alimentaria y agrícola que pasa por invertir en un modelo de agricultura adaptada al territorio y sus recursos, y para ello es necesario una implicación de las administraciones que apuesten por una gestión responsable del agua. No podemos permitirnos más Doñanas.