Defender a nuestros hijos de las corporaciones alimentarias. El Salto Diario

En el Estado español, alrededor de un 40 % de los pequeños tienen sobrepeso u obesidad, una cifra que solo supera la de Chipre. Entre ellos, un 19 % de los niños y las niñas, es decir, casi uno de cada cinco, sufre obesidad.

Esto supone un auténtico fracaso de las actuales políticas públicas que deberían tener como objetivo la protección del derecho a la salud de nuestros hijos e hijas.

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Una de las causas que están detrás de este cifras inasumibles, por todos los efectos que en la salud presente y futura de la infancia tienen, es la enorme presión del marketing alimentario dirigido expresamente a ellos, que ha conseguido generar un ambiente irrespirable del que no se puede escapar.

La población infantil son un grupo muy interesante para las empresas anunciantes, ya que estos ejercen una influencia en el 43 % de las compras familiares. La industria alimentaria despliega una presión intensa sobre la población infantil. Analizando las compras realizadas por población de 4 a 12 años encontramos que un 33 % son alimentos y bebidas.

No es de extrañar, la población infantil ve una media de 95 anuncios al cabo del día, más de 34.000 anuncios al año. En el Estado español, a lo largo de un año se crean alrededor de 5.000 campañas de distintos productos cuyo objetivo es el público infantil.

Es por esto que la propia OMS está exigiendo a los estados que tomen medidas contundentes, como la prohibición de este tipo de publicidad de alimentos insanos, que en nuestro país suponen 4 de cada 5.

La administración pública sanitaria hasta la fecha no ha hecho nada, amparándose en la existencia del PAOS, un código ético de publicidad infantil, que no diferencia entre alimentos sanos e insanos, que además es de autorregulación y voluntario, para entendernos, escrito por las propias empresas de alimentación procesada. Un código que está lleno de ambigüedades, que solamente cubre un pequeño espectro de la publicidad infantil, y que contiene numerosas y evidentes vías de escape y excepciones que puede usar la industria alimentaria. Por si no fuera suficiente, además, se incumple sistemáticamente. Los resultados muestran que el código PAOS es incumplido por el 49,3 % de los anuncios de empresas adheridas a este, existiendo además un 20,7 % de anuncios cuya evaluación presentaba dudas respecto a su cumplimiento. El porcentaje se eleva a más del 70 %. Pero aún hay más. Resulta que el porcentaje de incumplimiento fue mayor entre las empresas que sí han suscrito el Código respecto a las que no. Es decir, que parece que suscribir el Código exime de cumplirlo.

Y como colofón a este enorme engaño a la ciudadanía, la supervisión del cumplimiento del código PAOS es responsabilidad de una organización privada, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), formada por medios de comunicación, industria y sus asociaciones sectoriales. Las personas que forman parte del jurado son designadas por la Junta Directiva de Autocontrol y por el Instituto Nacional de Consumo. La Junta Directiva está presidida por Campofrío Food Group, y entre sus vocales encontramos a Danone, Coca-Cola, Gallina Blanca, Kellogg’s, Nestlé o Univeler.

Estos últimos días el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha diferentes medidas, entre ellas el etiquetado Nutri-Score con colores, justamente con el objetivo de ayudarnos a diferenciar los perfiles nutricionales de estos productos. La pregunta es obvia, ¿aquellos alimentos etiquetados en rojo como insanos, se deben seguir publicitando entre la población infantil?

Lo que sabemos hasta ahora es que la publicidad alimentaria infantil tiene un impacto directo y enorme en el consumo de los niños y niñas, y esto genera obesidad y enfermedades derivadas. Sabemos, además, que cualquier publicidad dirigida a la población infantil se trata simplemente de una manipulación, pues ellos no pueden distinguir entre la ficción y realidad, por tanto deben de ser especialmente protegidos.

También sabemos que hasta ahora la administración pública es consciente y sabedora de estos datos y los ha asumido y decidido no hacer nada para revertirlos.

Por ello desde la campaña Defiéndeme, más de 40 organizaciones sanitarias y sociales demandamos un sistema de regulación, con rango legal apropiado, que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables, con un perfil nutricional acorde con las recomendaciones de los expertos. Para seleccionar los productos saludables, cuya publicidad sería permisible, se propone aplicar el perfil nutricional de la región europea de la OMS, diseñado para este fin.

Al día de hoy, el Gobierno ha anunciado la voluntad de regular la publicidad infantil, pero de nuevo apelando a la autorregulación de las empresas y a su buena voluntad. Parece que las grandes empresas alimentarias han asumido que tiene que haber algún tipo de regulación, pero, por supuesto, no quieren que sea pública, prefieren, como hasta ahora, hacer lo que mejor les parezca e inventarse sus normas y controles.

¿Se imaginan ustedes a la industria del automóvil autorregulando sus emisiones?

Veremos si el Gobierno decide proteger la salud de millones de niñas y niños de este país, o los intereses de unas pocas multinacionales.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La insostenibilidad de tanto cerdo. Publicado por el Periódico

Es urgente acometer un proceso de reconversión integral y ambicioso del sector del porcino, que contemple medidas como la prohibición de megagranjas.

Recientemente el diario ‘The Guardian’ publicaba un artículo en que se informaba sobre el aumento de la tasa de mortalidad de las cerdas en EEUU que ha generado una alarma importante en el sector. Las causas que se apuntan son dos, las condiciones de confinamiento de los animales en los sistemas industriales de producción y por otro lado la crianza intensiva destinada a producir más lechones.

 

 

 

 

 

 

 

Todo parece indicar que en esto una vez más la industria cárnica ha ido demasiado lejos. Un sistema que ha generado un aumento exponencial de consumo de carne ‘barata’ convirtiéndose en un problema de primer orden en cuanto a la salud pública y que tiene un impacto determinante en el cambio climático.

Pero nos equivocaríamos en pesar  que todo esto es culpa de la ganadería, y que lo mejor es que desapareciera. La realidad es que hasta hace pocas décadas la producción animal no era un problema, de hecho si ahora lo es, es como consecuencia de un crecimiento desmesurado e hipertrófico de la industria y producción cárnica. Por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestro país, el problema se llama producción de cerdo, que acapara el 64% de toda la producción cárnica. La historia de este descalabro social, sanitario y ecológico comienza con los procesos de liberalización agrícola donde el entramado de grandes compañías de grano y sojeras vio la ganadería ‘industrializada’ como un mercado estupendo para volcar para sus excedentes de piensos  baratos.

Desaparición de las explotaciones familiares

Como consecuencia, en España desde los años 60 hacia acá hemos pasado de una producción de 5 millones de cerdos a más de 30 actualmente, y cuya producción está principalmente en manos de tres empresas. En el 2016, el porcentaje de exportación de carne de porcino sobre el total de la producción fue del 70%.

Frente a esta realidad, la ganadería de pequeña escala ha ido desapareciendo. Así, las explotaciones porcinas se han reducido un 13,72% entre el 2007 y el 2016, fundamentalmente las explotaciones familiares con menor capacidad. En Catalunya, la principal zona productora del estado, solo el 10% de las explotaciones tienen menos de 200 animales.

La producción ganadera en pequeña escala se basa principalmente en explotaciones familiares, y son cruciales para asegurar un sistema sostenible de producción y la creación de empleo y, por tanto, la lucha contra el despoblamiento y conservación del territorio.

Por ello es urgente acometer un proceso de reconversión integral y ambicioso del sector del porcino, que contemple medidas como la prohibición de megagranjas.

Una regulación para el fomento de un sistema de producción ganadera sostenible, que la haga compatible con los recursos naturales disponibles, tanto agrícolas, hídricos y ambientales. Para ello será imprescindible la limitación del número máximo de animales por explotación, pero también por territorio, justamente para evitar la concentración actual  que  ha generado una densidad inviable para lugares como la provincia de Huesca, donde en los últimos dos años el número de cerdos ha aumento en 1000 animales cada día, repito, cada día.

Asimismo, el fin de las subvenciones directas e indirectas a la industria cárnica y una política fiscal que incentive la producción ganadera sostenible  y grave las externalidades medioambientales de las industriales.

Ahora toca regular y poner límite a la voracidad de la industria cárnica.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Recuperar las cocinas públicas. Publicado en La Marea

Como ya ocurre en otros países como Francia “debemos poder decidir el modelo de alimentación colectiva y pública que queremos”.

Entre las familias y asociaciones de madres y padres de alumnos corre un  vendaval en favor de una transformación del actual sistema de alimentación en las escuelas. El modelo hegemónico en todo el Estado español es un modelo de alimentación colectiva privatizado, la mayor parte en manos  grandes empresas de catering, que han sido las únicas y grandes beneficiarias de este modelo, llegando a que el 78 % de los menús son realizados por estás empresas. Este ha sido un modelo impulsado por las administraciones públicas las últimas décadas que se ha evidenciado obsoleto y fracasado.

Sin embargo, en otros países, como nuestra vecina Francia, las cosas van por otro lado. Van por recuperar la importancia de la alimentación en la etapa escolar, así como el papel de lo público. Abandonando por tanto el sistema imperante de privatización de las comedores y recuperando el control y gestión de la alimentación  a través de sistemas de cocinas municipales encargadas de realizar esta tarea, como es el caso de Montpellier donde han emprendido un plan de construcción de las cocinas centrales que proporciona comidas para los comedores de 123 escuelas de la ciudad. Pasa lo mismo en Lille, Grenoble o en Nantes dónde la cocina municipal se encarga de los 14.000 menús escolares diarios. Como estas hay otras muchas más. Unas cocinas que no son meros centros de ensamblaje o destinados a calentar precocinados, como suelen ser actualmente las cocinas de muchas escuelas gestionadas por caterings, si no que las verduras, legumbres, carnes, etc., llegan crudas y allí son preparadas y cocinadas.  Este sistema de cocinas centrales, además de garantizar una alimentación saludable e igual para todos los niños y niñas, vivan en el barrio que vivan y tengan la renta que tengan, aumentan el acceso al mercado para los productores locales y regionales. Muchos agricultores y ganaderos, especialmente los más pequeños, se ven amenazados por la falta de una infraestructura de distribución de magnitud adecuada que les proporcionaría un futuro viable a sus explotaciones

En el Estado español apenas si hay experiencias, entre ellas destaca la cocina municipal de Orduña que finalmente hace un mes consiguió el permiso para poder trabajar, después de más de ocho años de trabajo y lucha por parte de las Asociaciones de productores y productoras Bedarbide y Urdunako Zaporeak, la Asociación de comerciantes ACCOR y la comunidad escolar, el servicio de dinamización agroecológica Ekoizpen y el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento, y que desde Justicia Alimentaria hemos apoyado y acompañado.

Debemos poder decidir el modelo de alimentación colectiva y pública que queremos. Necesitamos cambiar el actual modelo hegemónico de un servicio privatizado y precarizado, y recuperar el papel de lo público en la alimentación de escuelas, residencias, hospitales etc., que asegure el derecho a la alimentación sana y adecuada de todos.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La corrupción más sofisticada de los lobbies alimentarios- Publicado en Nueva Tribuna

En España no existen medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países.

 

Esta semana las Organizaciones impulsoras de la iniciativa europea #StopGlyphosate han exigido a la Comisión Europea que existan mecanismos de mayor transparencia en la información de los estudios científicos sobre la alimentación para asegurar su independencia. Su independencia está ahora en entredicho después de los numerosos casos de conflicto de intereses e injerencia de los lobbys alimentarios y consideran del todo insuficiente la propuesta que ha realizado la propia Comisión Europea.

Esto que preocupa tanto a la ciudadanía europea, parece que en el Estado español apenas tiene repercusión e interés mediático, y menos político. ¿Será porqué aquí estamos bien y contamos con una regulación eficaz? Nada más lejos de la realidad. En el Estado español, no es que haya una deficiencia en el control del conflicto de intereses, sino que lo que realmente hay es una total y absoluta barra libre.

Hace unos días leíamos en El País que Coca-Cola ha entregado ocho millones de euros a decenas de organizaciones científicas y médicas españolas entre 2010 y 2017, según los datos de la propia compañía. Las que más dinero recibieron fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición (835.000 euros), la Fundación Española Del Corazón (640.000 euros) y la Fundación Española de Nutrición (567.000 euros)”, todo muy normal.

O si les parece poco y quieren ver más casos, no tienen que ir más que a visitar el informe “Confiad en Mi” sobre el lobby alimentario de Justicia Alimentaria y descubrirán las prácticas comunes de la industria y su influencia en los estudios científicos a través de  patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones. En el Estado los casos son innumerables, pero recuerden, todo esto aquí es legal. No en vano diferentes estudios independientes y públicos a nivel internacional declaran que existe una fuerte asociación entre el tipo de financiación de artículos científicos y sus conclusiones. Hasta ocho veces más probabilidades de tener conclusiones favorables a la empresa alimentaria que los que no contaban con esa financiación.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática

En este punto, habrá quién pueda pensar que esto es un tema algo técnico, de académicos y que no afecta al día a día de los ciudadanos de a pie. Pues miren, la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, lo que tenemos no es una total inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino que a través como a través de la influencia de los diferentes grupos de presión. El Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.

Después de esto, no es difícil saber por qué en nuestro país no existe en este momento medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países. Carecemos de medidas básicas y urgentes como son los impuestos a las bebidas azucaradas (salvo en Catalunya), prohibición de la publicidad infantil de alimentos insanos, regulación de un etiquetado alimentario claro y eficaz, inclusión de la alimentación saludable en el curriculum escolar, etc.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática. Por ello es urgente el establecimiento una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, no permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.

¿O seguimos haciendo como si nada?

 

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La tasa del azúcar funciona ¿Y ahora qué? Publicado en el Periòdico de Catalunya

Un año después de la instauración del impuesto al azúcar en Catalunya, los datos de dos estudios independientes demuestran que ha funcionado y lo ha hecho mucho mejor que lo previsto

La evidencia científica es incuestionable. La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de calidad de vida en el mundo, también en el Estado español.

Para ser claros,  la alimentación nos está enfermando y no sólo eso, sino que es lo que más nos enferma y cada vez nos enferma más. Esto es así porque los últimos 20 años nuestra dieta ha cambiado. El 70% de lo que comemos son alimentos procesados. Estos ingredientes críticos viajan a través de la alimentación procesada, fundamentalmente el azúcar, la sal y la grasa.

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En el Estado español se ha incrementado muy considerablemente el consumo de dichos ingredientes, a pesar de que la inmensa mayoría de la población sabe que hay que reducirlos. Y huelga decir que la epidemia de la obesidad y la colección de enfermedades que genera este tipo de alimentación afectan mucho más a las familias con menos renta. En el Estado en gasto sanitario derivado de estas patologías llega ya al 20% de todo el sistema público de Salud.

Ante esta situación, la OMS lleva años pidiendo a los estados que introduzcan medidas efectivas, entre ellas políticas fiscales y precios para influir en el patrón de compra. Sin embargo en nuestro país, a excepción de Catalunyael Estado y resto de comunidades autónomas se niegan a poner en marcha este tipo de iniciativas, alegando los mismos argumentos generados por las propias grandes corporaciones de la alimentación y donde repiten hasta la saciedad que la buena alimentación es cuestión de hábito y decisión individual, y esto ha calado en todo nuestro imaginario colectivo.

No es extraño por tanto que  el anterior Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, echara para atrás el impuesto sobre bebidas azucaradas y acto seguido la anterior  Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en lugar de hacer caso a la OMS, se sacara de la manga  un acuerdo voluntario con las empresas para reducir cuando se pueda y, si eso, los niveles de azúcar. En resumen, falsas soluciones que ejercen de elementos de cartón piedra de un decorado a distancia parecen reales, pero cuando las miras de cerca y las tocas te das cuenta de que no son lo que parecen.

El resultado de los estudios

Sin embargo un año después de la instauración del impuesto en Catalunya, los datos de dos estudios independientes son contundentes. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como esta semana la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.

Pero los datos premilimares del estudio de este último van más allá, afirma que, “la frecuencia de consumidores habituales de refrescos azucarados ha caído un 25% en una muestra de población de varios barrios de Barcelona con rentas más bajas, en comparación con la tendencia observada en población de barrios con características similares de Madrid”. Lo cual quiere decir que además protege más a la población con más riesgo y vulnerable.

Por tanto ahora los datos están en la mesa y los partidos políticos no pueden esconderse, si realmente quieren defender la salud de sus ciudadanos deben implantar este tipo de tasas de manera urgente, y si no, que nos digan que otros intereses están defendiendo.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Cerdos para China. Publicado por Nueva Tribuna

En el Estado español estamos asistiendo estos últimos años al crecimiento de una enorme burbuja de producción porcina, que cada día no hace más que aumentar, alentada por la expansión de las exportaciones y por el apoyo directo de la administración pública. Como resultado, tenemos una industria  totalmente hipertrofiada cuyas externalidades han dejado de ser asumibles y se han convertido en una seria amenaza nuestra  salud, el medio-ambiente, la sostenibilidad de los territorios  y está transformando radicalmente  nuestro sistema agrícola convirtiéndolo en  un sistema dependiente, al estilo clásico colonial de una gran potencia, en este caso de China.

Pero vamos por partes, veamos algunos datos para darnos cuenta de la magnitud de esta burbuja, como por ejemplo que el Estado español es el tercer exportador de carne de cerdo del mundo y que además somos  el país europeo con una cabaña más grande, con 30.1 millones de cerdos según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística.

El sector porcino español en el primer semestre de 2017 obtuvo un saldo superior a los 2.000 millones de euros de facturación, un 19,7% más que en el mismo periodo del 2016. En ese mismo año 2016, el porcentaje de exportación de carne de porcino sobre el total de la producción fue del 70%. Si lo vemos en perspectiva, en la última década hemos aumentado un 200% la exportación.

Hemos asistido en los últimos años a la desaparición de miles de granjas familiares de tamaño pequeño que ofrecían una alternativa económica y de fijación de población para cientos de pueblos

Y esto es así porque la situación en los últimos años en China ha cambiado debido al enorme avance de su proceso de industrialización, que ha provocado la necesidad de mayor mano de obra en centros urbanos, así como una mayor presión sobre las materias primas y los propios acuíferos. Para hacer frente a esta necesidad, China ha iniciado desde hace algunos años un proceso de deslocalización agrícola, así como de aumento de la importación, expandiendo su huella ecológica y alimentaria fuera de sus fronteras. Y es ahí, que países como el nuestro se ofrece como proveedor cárnico, lo cual proporciona enormes beneficios a algunas industrias y mayores perjuicios a los ciudadanos que viven en el entorno rural.

Hemos asistido en los últimos años a la desaparición de miles de granjas familiares de tamaño pequeño que ofrecían una alternativa económica y de fijación de población para cientos de pueblos. Sólo entre 1999 y 2013 perdimos 128.000 granjas y su sustitución ha sido por un modelo basado en megagranjas, totalmente industrializadas, basadas en un esquema de integración vertical, donde el ganadero desaparece, y se transforma la actividad primaria en una especie de fábrica. Una industria además que para funcionar busca la concentración generando una densidad inviable para lugares como, Lleida, Huesca, Zaragoza, Murcia, Barcelona y Segovia. Solamente de éstas seis provincias sale la mitad de la producción española de porcino, la zona cero del purín.

china

Para valorar la magnitud de estos impactos vale tan sólo con fijarnos de los efectos causados por el aumento de purines, así por ejemplo en Catalunya con un cabaña de 7 millones de cerdos, 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable por contaminación por nitratos

Estas factorías generan enormes problemas medio ambientales, por eso buscan instalarse en lugares despoblados, dónde esperan encontrarse con menos resistencia vecinal, lo cual afortunadamente no está siendo  así debido a la intensa actividad de más de  20 movimientos vecinales y localidades afectadas y unas diez organizaciones estatales e internacionales, entre ellas también Justicia Alimentaria, que hace unos días celebraron en Minglanilla (Cuenca) el II Encuentro Estatal Stop Ganadería Industrial para hacer frente a esta invasión.

Para valorar la magnitud de estos impactos vale tan sólo con fijarnos de los efectos causados por el aumento de purines, así por ejemplo en Catalunya con un cabaña de 7 millones de cerdos, 142 de los 947 municipios catalanes tienen problemas de acceso al agua potable por contaminación por nitratos.

La Agència Catalana del Aigua (ACA) realizó un informe sobre los problemas que origina el exceso de nitratos de origen agrario en las masas de agua subterránea de Catalunya y llegó a la conclusión de que el 50% de estas aguas están en mal estado químico, y en el 83% de ellas con excesos de nitratos. Para situar la magnitud del problema vale la pena recalcar que en casi el 70% del territorio de Catalunya depende de las aguas subterráneas para su abastecimiento.

Pero como pasa en todas las cadenas de explotación, nuestros pueblos se han convertido en el “sur” de China, pero estas industrias para conseguir sus beneficios además han de explotar a alguien más. Así para para aumentar el crecimiento de los animales, peso y productividad, estas industrias necesitan enormes cantidades de pienso, y tanto es así que países como el nuestro dedica  el 92% de la soja importada para ello y los datos de la UE arrojan  que el 75% de todas las importaciones agroalimentarias no tienen como destino la alimentación humana sino la animal, y que de todas ellas, el 75% es soja. Este cambio de modelo se ha realizado a costa de un brutal cambio agrícola en gran parte de los países del sur, que están dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje la encontramos en América Latina. La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales.

Por tanto es evidente que necesitamos urgentemente un cambio en la política actual, que  deje de incentivar la producción de porcino, aborde su reconversión y que establezca una prohibición de instalación de megagranjas y apueste por modelos sostenibles y saludables de ganadería.

El futuro de nuestros pueblos no lo decide la industria cárnica

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

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Intervenció a la Jornada FAR FOOD LAND. Alternatives econòmiques al mercantilisme alimentari