La fragilidad del sistema alimentario global en tiempos de coronavirus. Publicado por Nueva Tribuna

Desde el inicio de esta crisis del coronavirus, uno de los temas más importante que están preocupando a la población, a parte del impacto de la propia enfermedad, es la seguridad en nuestra cadena de abastecimiento de alimentos. Poco después del estado de alarma, aparecieron las imágenes de las colas en los supermercados, desabastecimiento en los lineales, y esta angustia, como es obvio, se ha trasladado como una ola a los diferentes países amenazados por el virus.

FRESAS

Rápidamente, los gobiernos y los medios de comunicación salieron a darnos un mensaje unívoco y unísono. Las cadenas de supermercados aseguran la llegada de alimentos. Esas cadenas de distribución, importación y exportación, agroindustria, intermediarios, etc… que días antes estaban en el centro de la diana de las reivindicaciones del campo como uno de los causantes de su enorme crisis ahora aparecen como imprescindibles, y en cierto modo es así, porque no nos queda otra, es el modelo dominante.

Con este mensaje, la población parece haberse tranquilizado, y volvemos a la normalidad. Ya está, en pocas horas nos han trasladado eficazmente el mensaje que tenemos garantizado el suministro. ¿Pero esto es así? ¿No hay riesgos en la cadena alimentaria? ¿Qué ocurriría si los países empiezan a cerrar fronteras, o simplemente a almacenar producción y alimentos por miedo a la escasez?

Varios países ya han empezado a acumular reservas de alimentos y cosechas

Según información del diario Bloomberg, varios países ya han empezado a acumular reservas de alimentos y cosechas, así Kazajastán uno de los mayores productores de trigo ha prohibido su exportación, Vietman también ha suspendido temporalmente los suministros de arroz. Aún no sabemos si esta situación es solo puntual y marginal, o se convertirá en un movimiento que rompa la cadena global de comercio de alimentos, y entremos como en el 2008 en una crisis alimentaria por la súbita y dramática subida de precios de alimentos básicos, pero la propia FAO acaba de avisar que el avance del coronavirus está afectando al suministro como a la demanda de alimentos.

Tanto por el impacto de la propia enfermedad, la falta de movilidad, la limitación del transporte o la falta de acceso a crédito de los productores podría causar episodios de falta de seguridad alimentaria, sobre todo en los países más empobrecidos.

“Es bueno saber que nuestra alimentación dependerá de los inmigrantes que se quiere expulsar”

La realidad es que en el caso español y europeo tenemos una extraordinaria dependencia de los mercados exteriores y de la importación de alimentos, y no sólo eso, sino que se basa en la mano de obra inmigrante, en muchas ocasiones absolutamente precarizada y que ahora por el cierre de fronteras no puede llegar. Unos hechos que comprometen buena parte de la campaña de recolección de fruta, lo cual nos muestra que la exposición de nuestro sistema alimentario es muy alta. Casi una cuarta parte de la afiliación a la seguridad social del régimen especial agrario es de nacionalidad extranjera. En algunas zonas, como Huelva, Almería, Murcia o Albacete, ese porcentaje sube al 40% y en zonas hortofrutícolas y temporadas concretes depende hasta el 90% de temporeros y temporeras que se desplazan. Tanto así que en Alemania ya han sonado las alarmas que debido al cierre de fronteras la cosecha de fresa y espárrago ya están en peligro.

Ahora solo cabe buscar soluciones de urgencia como regularizar a los tan perseguidos inmigrantes irregulares que ya están aquí. Es bueno saber que nuestra alimentación dependerá de los inmigrantes que se quiere expulsar.

En realidad este sistema, se basa en petróleo barato, en los llamados alimentos kilométricos y para hacernos una idea la media de la distancia recorrida de un alimento antes de llegar a nuestro plato es de 5.000 km. Puede existir la tentación de asociar los alimentos kilométricos a los llamados «productos del postre colonial», es decir: café, azúcar, cacao o té, por ejemplo. En realidad esos productos son minoritarios en el ir y venir alimentario español o europeo. Si seguimos agrandando el zoom, nos encontramos con alimentos tradicionalmente locales pero que sabemos que cada vez vienen de más lejos (garbanzos, lentejas, trigo, naranjas, manzanas, uvas, melones, etc.).

En los últimos 10 años, la importación de alimentos en el Estado español ha crecido el 66%

Si nos situamos, por ejemplo, en Barcelona, a través de los kilómetros recorridos por esos 5 productos (manzanas, uvas, arroz, patatas y gambas), hemos dado casi una vuelta al mundo (39.000 km), cuando en realidad todos estos productos se podrían encontrar en un radio de menos de 100 km de la ciudad. En los últimos 10 años, la importación de alimentos en el Estado español ha crecido el 66%.

A partir de los datos que conocemos podemos calcular, a modo de ilustración, el día del año en el que dejamos de tener alimento propio y empezamos a consumir alimento importado, una suerte de día de la dependencia. Por ejemplo, trigo tenemos hasta el 1 de febrero, a partir de esa fecha, todo es importado, maíz hasta el 22 de junio, lentejas hasta el 1 de marzo, judía verde el 27 de febrero, leche hasta el 20 de agosto…y así una lista interminable… de nuestra alimentación básica que depende de la importación de terceros países.

 

Llegados a este punto, creo que necesitamos poner el debate sobre la mesa y debatir, si es verdad que esté sistema actual, globalizado, realmente es tan seguro, o hay una buena parte del mensaje que descansa en una marco ideológico neoliberal, pues sabemos que los sistemas alimentarios locales, más territorializados y basados en mercados internos y locales son más resilientes y claves para lograr la seguridad alimentaria de la población y luchar contra el cambio climático.

Estamos atados a un modelo que se caracteriza por un control de la cadena alimentaria en condiciones de oligopolio por unas cuantas empresas multinacionales de la gran distribución y la agroindustria

Ahora no contamos con un sistema basado en nuestra soberanía alimentaria, sino que estamos atados a un modelo que se caracteriza por un control de la cadena alimentaria en condiciones de oligopolio por unas cuantas empresas multinacionales de la gran distribución y la agroindustria. Un modelo que deviene frágil en crisis globales como la que vivimos, pero que además es inviable en términos de cambio climático, en términos de salud en cuanto a su implicación en el cambio de dieta y aumento de enfermedades, así como causante del proceso de vaciamiento y crisis del mundo rural.

Sabemos por si fuera poco, que este modelo alimentario es además dependiente de los mercados financieneros y en los momentos de crisis, volatilidad, incertidumbre, son la gasolina con la que funcionan estos mercados para ganar dinero con la alimentación, y nos acordamos que después de la crisis especulatoria de alimentos del 2008, los países miembros del G20 y la UE no llegaron a regular ni limitar estos mercados ni las prácticas salvajes de especulación, y la situación en este momento  vuelve a ser peligrosa.

Por el momento es urgente que la Unión Europea y los estados del G20 acuerden el control, la regulación y transparencia de los mercados internacionales de alimentos y exigir a la banca que no comercialice productos basados en el precio de los alimentos para evitar los movimientos especulatorios que a buen seguro se van a dar y no acabemos inmersos además en una crisis alimentaria.

Cuando salgamos de esta crisis, van a tener que cambiar muchas cosas y una de ellas debería ser recuperar nuestra soberanía alimentaria y apostar de una vez por sistemas alimentarios locales.

Javier Guzmán

 Director de Justicia Alimentaria

La nueva revolución ‘verde’ sin agricultores. Publicado por La Marea

La actual crisis de precios, o mejor dicho, la crisis de rentabilidad que vive el campo en el Estado español, no es si no la punta del iceberg de un modelo de producción y distribución que agoniza, un modelo basado en el petróleo barato, que no puede ofrecer respuestas para una de las preguntas críticas del siglo XXI: cómo alimentar a una población creciente en el mundo con el reto del cambio climático.

Agricultura drone volando en el campo verde Foto Premium

Pero no solo eso, sino que después de décadas, finalmente las grandes potencias internacionales han dado al botón de arranque de las políticas contra el cambio climático, que afectará a todos los sectores, y como es obvio la agricultura y ganadería es uno de los obligados a emprender un proceso hacia la transición ecológica.

Esto, a priori, podría suponer una esperanza para toda la ciudadanía en general y especialmente para los agricultores, por cuanto podría conllevar el abandono del actual modelo, este mismo que los arruina. Y emprender la transición a un modelo de producción de alimentos basado en sistemas agroecológicos, diversificados y de temporada, ligados a mercados locales y por tanto menos demandantes de energías fósiles e industria petroquímica. Sin embargo, los agricultores de toda Europa lo ven como una auténtica amenaza, por cuanto se trata de incorporar nuevos costes y estándares en una situación donde las cuentas ya no salen.

Y su intuición puede no estar desencaminada porque al leer los diferentes documentos, políticas y planes queda claro que lo que se viene no es un escenario de transición ecológica de apoyo y acompañamiento a la agricultura de pequeña escala para su transición ecológica, sino, más bien, un escenario que busca la financiación de la “segunda revolución verde” o, si prefieren, convertir el cambio climático en el nuevo El Dorado para grandes corporaciones del agro y la alimentación. En realidad, no es nuevo, se trata de un proceso que lleva ya años en marcha y que trata de imponer un modelo de agricultura altamente tecnificada y capitalizada. Eso sí, esta vez se trata de una tecnología ‘verde’. En resumen, lo que se ha venido a llamar capitalismo verde. Una forma de lavado de imagen, pero que en absoluto cambia su matriz de producción.

Una vez comprobado que los costes energéticos del petróleo no son sostenibles y que no existe ninguna energía alternativa comparable en tasa de retorno, las grandes empresas han entendido que han de rebajar otro tipo de costes, y ahí aparece el capítulo de la mano de obra. Necesitan sustituir a los miles de agricultores/as por pocos asalariados y una gran inversión en tecnología, tanto a nivel de maquinaria —con el despliegue de tractores autónomos, drones, riego y fertilización inteligente, etc— como en control de datos —sobre tierras, cultivos, bioquímica, etc—, así como un modelo basado en tecnologías digitales de transacción y blockchain. Este es su objetivo.

En resumen, caminamos  de manera inexorable, si no somos capaces de revertirlo, a un modelo de agricultura altamente robotizado, digitalizado y que, a diferencia de la anterior revolución verde —la de los años 60—, en esta nueva es necesario contar con agricultores que compraran los distintos insumos desarrollados por la industria en ese momento. Lo que se busca es un campo sin gente. En realidad no estamos viviendo un proceso de “vaciamiento del mundo rural”, sino de una nueva revolución del agro, que expulsa a las explotaciones familiares.

Nos encontramos sin duda en una encrucijada decisiva e histórica, con caminos totalmente divergentes. Y es en este punto en el que los poderes públicos deberían dejar de marearnos y explicarnos realmente en qué estamos. Si estamos por un modelo de agricultura agroecológica, con campesinado y vinculada a los mercados locales o uno de extensión e impulso de una agricultura y ganadería hiperindustrializada y globalizada que hasta la fecha ha demostrado ser un fracaso de consecuencias inaceptables.

El tiempo se agota y sabemos que no podemos seguir insistiendo en subvencionar como hasta ahora los insumos de un modelo agrario agotado, como los costes de combustible, piensos, fertilizantes etc, y alargar la agonía de una agricultura de pequeña y mediana escala dependiente de los mismos. Si queremos evitar esta nueva vuelta de tuerca que amenaza el futuro de nuestra alimentación y mundo rural necesitamos reivindicar una política y una financiación que acompañe la transición ecológica de los modelos actuales intensivos e industriales de la agricultura familiar. Y que el cambio climático no sea utilizado como excusa para financiar a las grandes multinacionales.

Lo que sí que sabemos es que la última línea de defensa para asegurar un modelo de alimentación sana y sostenible es la permanencia de los agricultores/as en el campo, y viceversa. No existirán agricultores en el modelo industrial.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¿Ecología versus agricultores? Publicado por Nueva Tribuna y el Público

Esta semana primero en Berlín y después en París y grandes ciudades como Lyon o Toulouse, miles de agricultores, bloquearon las entradas con sus tractores. En el centro de sus demandas y malestar se encuentran la imposición de nuevas regulaciones de protección del medio ambiente. Medidas que generan más costes y degradación de márgenes a los ya escasos que sufre el colectivo en toda Europa, también en nuestro país. En París incluso, se quejan de la actuación  del propio movimiento ecologista y vegano.

Foto: Twitter

Esta batalla, dónde a primera vista, pareciera que los agricultores y ganaderos simplemente se están resistiendo al signo de los tiempos, reaccionando en contra de las medidas que la sociedad exige de lucha contra el cambio climático, en realidad esconde uno de los conflictos más importantes de las sociedades modernas. Se trata de decidir quién paga los costes de “la transición climática”, en definitiva, qué colectivos serán los ganadores y quienes los perdedores de este proceso que marcará un cambio radical en el sistema económico.

Esta batalla, dónde a primera vista, pareciera que los agricultores y ganaderos simplemente se están resistiendo al signo de los tiempos, reaccionando en contra de las medidas que la sociedad exige de lucha contra el cambio climático, en realidad esconde uno de los conflictos más importantes de las sociedades modernas. Se trata de decidir quién paga los costes de “la transición climática”, en definitiva, qué colectivos serán los ganadores y quienes los perdedores de este proceso que marcará un cambio radical en el sistema económico.

Necesitamos poner en la agenda políticas públicas y financiación hacia una transición alimentaria que ponga en el centro el desarrollo de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes

La alimentación y por tanto la agricultura es uno de los sectores que más impacto sufre y sufrirá por las consecuencias del cambio climático y sin embargo es uno de los más desprotegidos y dónde existe un auténtico agujero negro en cuanto a planificación y políticas públicas, no digamos en nuestro país. Cambios que ya sabemos que van causar a la desaparición de cultivos tradicionales, algunos de los que necesitan temperaturas bajas, mayor estrés hídrico en numerosas cuencas; mayor mortalidad en la cabaña; cambios en la floración y ciclo de cultivo que dará como resultado: bajada de productividad y rendimiento de cultivos, así como un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por fenómenos extremos y consecuentemente una más que probable caída de renta agraria y abandono de la actividad y los campos.

Una transición que aparece como una auténtica amenaza al modelo de agricultura de pequeña escala y familiar, justamente aquella que mantiene vivos los pueblos y que supone uno de las pocas alternativas eficientes para conservar la biodiversidad, los suelos, el control de incendios, y en definitiva, enfriar el planeta. Un sector, en profunda crisis, dónde apenas si se cubren los costes, expuestos al vaivén de los mercados internacionales por obra y gracia de los acuerdos de libre comercio, y a los que ahora les cae encima los costes asociados a una transformación de enorme magnitud ante la que no tienen ningún apoyo ni acompañamiento y que amenaza con ser la puntilla.

Sin embargo, los mismos actores que han generado la crisis climática han puesto en marcha el proceso de transformación agraria, dónde una vez más se trata de apostar por grandes empresas, que acaparen extensiones enormes de tierramuy capitalizadas que les permiten afrontar los costes de transición, altamente ligadas a la gran industria alimentaria y a los mercados globales para la exportación. Pero, para eso, necesitan acabar con la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala y sustituirla por asalariados. Los agricultores y agricultoras, dicho en otras palabras, sobran.

Por todo ello necesitamos poner en la agenda políticas públicas y financiación hacia una transición alimentaria que ponga en el centro el desarrollo de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes. Pero sobre todo que asegure una transición justa, que además ponga el modelo de producción en el centro, apostando e incentivando el desarrollo de una agricultura a pequeña escala y revitalizando el tejido poblacional en el área rural y conectarla con las necesidades de alimentación sana de las mayorías sociales y no de mercados internacionales.

Algo no se está haciendo bien, si los agricultores y agricultoras que enfrían el planeta y aseguran la alimentación sana, ven la transición ecológica como una amenaza y no como su gran oportunidad.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¡Devolvednos los mercados! Publicado por Nueva Tribuna y el Público

n nuestro país, sabemos que el 44 % de la población no dispone de la renta necesaria para acceder a una dieta saludable. Esta es una de las causas por el cual el consumo de productos procesados se ha disparado hasta un 70 % de todo lo que consumimos, y como consecuencia, que la alimentación insana se haya convertido en el mayor problema de salud pública. Llegando sus enfermedades asociadas, cardiopatías, obesidad, cáncer, diabetes, etc… a  consumir más del 20 % del prepuesto anual de sanidad. Lo cual, se traduce en que, de seguir así, este consumo hará insostenible el sistema público de salud.

¡Devolvednos los mercados!

Un sistema alimentario que además de ser el causante del aumento global de la desnutrición y obesidad está en la base del empeoramiento del cambio climático. El mismo cambio climático que a su vez aumentará la inseguridad alimentaria debido a fenómenos meteorológicos extremos, sequías y cambios en la agricultura. 

Para luchar contra la amenaza en la que se ha convertido el actual sistema alimentario desregulado y globalizado sabemos que es necesario abordarla de una manera urgente, transformando las actuales políticas agrarias y nutricionales

Es obvio y así lo constata la propia OMS, que necesitamos abordar este problema de forma urgente, pero sobre todo a través de políticas públicas que faciliten el acceso de la alimentación sana y fresca a toda la población, y con especial énfasis, la de menor renta que es la que más sufre la carga e impacto de las enfermedades.

Para luchar contra la amenaza en la que se ha convertido el actual sistema alimentario desregulado y globalizado sabemos que es necesario abordarla de una manera urgente, transformando las actuales políticas agrarias y nutricionales, desde los niveles europeos hasta los más cercanos a nosotros.

En este artículo, si me permiten, querría centrarme en esas políticas más cercanas y sobre todo en aquellos puntos críticos que pueden ser profundamente transformadoras, y uno de ellos es la necesidad de establecer políticas locales y regionales para la vinculación de los productores y productoras a pequeña escala con los mercados municipales que aseguren el acceso de alimentación fresca y saludable a las mayorías sociales. Y una de esas claves pasa por la recuperación de los “espacios públicos alimentarios”, como los mercados municipales. Recuperación sí, por qué si bien siguen siendo de titularidad municipal, no están orientados como servicio público.

De hecho, si observamos en la actualidad la gran mayoría de mercados no cuenta con políticas públicas orientadas a este objetivo, sino que podemos ver  que existen o bien aquellos que languidecen, sobre todo los llamados justamente mercados de barrio, por falta de inversión pública e imposibilidad de competir con hipermercados cercanos. O bien aquellos, que o bien gobiernos o empresas han descubierto su potencial como atractivo turístico, ubicación, y han sido objeto de grandes inversiones y reformas,  que a su vez han provocado su aumento de precios, cambio de paradistas y tipología de establecimiento, y han acabado convertidos en un engranaje más del proceso de gentrificación de alguno de los barrios de importantes ciudades.

Pero lo que es claro, es que en cualquier caso han perdido dos de sus grandes cualidades. La primera, hacer accesible a los barrios el acceso a alimentación fresca a un precio razonable. En este momento según un reciente  informe publicado por la OCU, dónde comparaba el precio de cinco frutas diferentes en 67 establecimientos de cuatro ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, daba como resultado que, el consumidor encontrará precios más caros en los mercados (un precio medio de 2,73 euros/kilo) respecto a los de supermercados (2,07 euros/kilo) e hipermercados (2,06 euros/kilo).

Casi podemos decir que ir al mercado se ha convertido en una actividad “elitista” de fin de semana que algunos llaman “merkating” para quién lo puede pagar, excluyendo a una buena parte de la población, justamente quién más necesita de espacios públicos de alimentación.

Pero además, otra de las grandes cualidades que han perdido estos mercados y tan necesarias hoy, son la vinculación a los sistemas alimentarios locales y regionales. La potenciación de estos sistemas son claves si como ya sabemos queremos luchar contra procesos tan graves como el cambio climático y el despoblamiento rural. Estos mercados habían servido y en muchos países aún lo hacen, como una oportunidad de llegar al consumidor final acortando la cadena de intermediación para la agricultura familia y de pequeña escala. Una de las pocas maneras de conseguir precios justos y remunerativos. En este momento, por ejemplo en Barcelona, dónde la gran mayoría de los alimentos provienen de Mercabarna y grandes cadenas de distribución, a través de los cuales  llegan alimentos de medio mundo, y apenas un 7 % directamente de la compra a agricultores.

Por tanto podemos decir sin equivocarnos, que el mercado, como espacio público clave en la alimentación de las ciudades, se ha convertido en una pieza más de un sistema vertical de distribución en mano de grandes empresas y cadenas globalizadas, y que no sirven a objetivos y beneficio de la población.

Por ello es urgente reclamar la soberanía sobre nuestros mercados y su puesta al servicio de estos dos grandes objetivos, hacer accesible la alimentación sana y fresca a la población, sobre todo a la de menor renta y su vinculación al territorio y agricultura local.

Con medidas urgentes como replantear la gobernanza de estos espacios, para que cumplan su obligación de interés público, planificar y ordenar las licencias y tipología de locales, priorizando la alimentación local y saludable, y no el consumo de ocio y evitando la presencia de grandes empresas. O inversión en la reforma necesaria de estos espacios y su accesibilidad y en la creación de infraestructuras logística de apoyo para agricultor de pequeña escala.

En conclusión, hacer política para recuperar nuestros mercados, y ponerlos al servicio de la ciudadanía.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Lo que nos cuesta la carne. Publicado por Nueva Tribuna y Público

En nuestro país la hipertrofia del sector cárnico industrial ha dado lugar a un consumo excesivo de carne, así en España se come seis veces más carne de la recomendación máxima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, además, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada.

sliced meats

La consecuencia de este exceso y su tendencia al alza es dramático e inasumible, desde el punto de impactos en la salud de las personas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de salud.

El 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes rojas y procesadas

La alimentación insana es el factor que más incide en nuestra salud, es lo que más nos enferma y lo que más nos mata a una distancia considerable de otros factores como el tabaquismo, alcoholismo, drogas, o enfermedades transmisibles. Bien, pues dentro de la categoría «riesgo alimentario», el más importante es el cárnico. En concreto, el 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes rojas y procesadas.

En grandes cifras, sabemos que en España habría 270.000 personas menos con dolencias cardiovasculares si el consumo de carnes procesadas fuera el recomendado, 1,8 millones de personas menos con diabetes y cada año se podrían evitar 17.500 casos de cáncer colorrectal y 8.200 defunciones de cáncer colorrectal si se comiera la cantidad máxima de carne recomendada.

Este impacto en la salud, obviamente tiene su consecuencia directa en el gasto público sanitario. En concreto, la factura del tratamiento de las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne asciende a 7.400 millones de euros, entre costos directos e indirectos. Ello supone un gasto por persona de 157 euros por año, que equivale al 13% del total del gasto sanitario público por habitante.

A estas alturas, usted ya se debe estar preguntando, ¿por qué hemos aumentado tanto el consumo de carne? La respuesta es clara, de media el 55% del coste en la UE y en nuestro país de producir 1 kg de carne está subvencionado. Por tanto, la carne podemos decir que vive en una eterna promoción.

España invierte al año en torno a 3.300 millones de euros en subvencionar los costes del porcentaje de carne que consumimos en exceso

Se trata no sólo de una transferencia increíble de ingentes cantidades de dinero de nuestros bolsillos a esta industria, en detrimento de otros sectores, cultivos más ligados a dietas saludables y sostenibles, sino, que una buena parte ellos nos está enfermando. En decir, invertimos dinero público para crearnos enfermedades. Haciendo un cálculo a la baja, la cifra estaría en torno a 3.300 millones de euros anuales que en España se invierten anualmente en subvencionar de los costes del porcentaje de carne que consumimos en exceso, fundamentalmente el coste más importante, el cereal que formar parte del pienso.

Subvenciones que se inyectan desde la PAC (Política Agraria Común) cuyo  grueso está diseñado para abaratar las materias primas que necesita la industria cárnica y empresas asociadas (fábricas de pienso, especialmente). Una PAC, que es la mayor política europea, con un presupuesto de 50.000 millones al año, de los cuales se calcula que entre el 69% y 79% se destina directa o indirectamente a la ganadería. Lo que supone entre el 18% y el 20% del presupuesto anual total de la UE.

La actual industria cárnica, en las últimas décadas se ha convertido en una grave amenaza para la población, desde el punto de vista de la salud pública y como una de las causantes más importantes de la crisis climática.

Necesitamos una política urgente de prevención y reconversión de este modelo de producción insostenible y perjudicial

Si sumamos lo que el Estado gasta en subvencionar un consumo que nos enferma, y lo que gasta en tratar esas enfermedades, el resultado son no menos de 11.000 millones de euros anuales. Es entonces obvio, que necesitamos una política urgente de prevención y reconversión de este modelo de producción insostenible y perjudicial.

Para ello no tiene sentido que al día de hoy no estén en vigor medidas urgentes destinadas a una bajada drástica del consumo, como la aprobación de una fiscalidad que grave este consumo, la eliminación de las carnes procesadas y reducción de las carnes rojas en los menús escolares, y eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no sostenible.

De otro forma seguiremos inmersos en esta carrusel macabro donde perdemos todos y sólo ganan un puñado de grandes empresas.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Acuerdo UE-Mercosur: Un anacronismo climático. Publicado por Nueva Tribuna

Los poderes de la UE nos alertan del cambio climático, de la necesidad de medidas urgentes de transición energética, de restricciones en la movilidad de las ciudades, o incluso creamos ministerios y direcciones generales de transición ecológica, pero con la otra mano, impulsa acuerdos de libre comercio por todo el mundo, en este caso con Mercosur. ¿Y usted dirá, qué tiene que ver esto con el cambio climático?

Después de 38 rondas de negociaciones, en las últimas semanas se han reactivado las negociaciones entre la UE y los países del Mercosur para cerrar lo antes posible  un acuerdo de libre comercio. La UE  es la región del mundo que más defiende los tratados de libre comercio y con ello el proceso de globalización, y lo hace de una forma intensa, sobre todo después del fracaso de las negociaciones del famoso TTIP con EE.UU.

Este acuerdo con Mercosur, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica

Si no conocen este tratado, en resumen, se trata de un súper acuerdo donde la UE intercambia la entrada al mercado americano de bienes industriales, automóviles, etc… y contratos de servicios, provisión, construcción, etc.. con toda la administración pública a cambio del acceso al mercado europeo de más toneladas de carne, principalmente de vacuno, polo, azúcar y etanol. Por tanto un acuerdo dónde el sector cárnico es uno de los núcleos más importantes.

Este acuerdo con Mercosur, decía, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica. Y eso porque tenemos que recordar en los países de mercorsur, en este momento está dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido se han dedicado a pastizales.

Este acuerdo tiene fija un contingente de 78.000 toneladas de carne de vacuno, lo que supondría según un estudio realizado por COAG  (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Ahora calculen la necesidad de toneladas de pienso necesario para este aumento, y por tanto de más y más tierra para monocultivo.

Este acuerdo como es obvio, estaríamos firmando a inevitablemente la desaparición del sector de producción de vacuno a Europa y en nuestro país. Un sector dónde todavía tenemos un buen porcentaje de ganadería familiar, que  entre otras cosas, es determinante para la fijación  población en el mundo rural, y que además  existen numerosos casos de prácticas en producción extensiva o semi–extensiva, que es justamente una de las claves de lucha contra el despoblamiento y el cambio climático.

La ganadería tiene un lugar claro y demostrado en los agroecosistemas, cumple una función de simbiosis con el sistema agrario y, si se hace bien, permite cerrar y completar los circuitos energéticos y de materiales de estos sistemas, además de ser una buena fuente de alimentación sana y equilibrada.

Sabemos que necesitamos urgentemente una bajada drástica del consumo de carne, sobretodo rojas y procesadas, pero que el consumo que nos quede ha de provenir de un modelo sostenible y por tanto local, sin embargo este acuerdo va justo en sentido contrario, ataca la salud de los ciudadanos, por cuanto pone en riesgo la seguridad alimentaria, abaratará los precios de carnes rojas y procesadas lo cual hará aumentar nuestro consumo ya desaforado, acabará de vaciar nuestros pueblos y tendrá un impacto incalculable en la destrucción de bosques en Sur América. Por tanto perdemos todos, bueno todos no, disculpen, ganan las industrias del automóvil, las grandes constructoras, sociedades de capital e inversión.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

El despoblamiento rural cotiza al alza. Publicado por Ets el que Menges

¿Os habéis preguntado alguna vez si necesitamos que existan personas que se dediquen a la agricultura?

Que estos últimos años vivimos una auténtica ola de despoblamiento rural ya no lo cuestiona nadie; de hecho, en los últimos meses ha saltado a la agenda pública gracias a la reacción de los movimientos sociales en defensa de un mundo rural vivo.

El despoblamiento rural cotiza al alza

Este despoblamiento ha sido el resultado de décadas de una política agraria que ha abandonado la agricultura y ganadería de pequeña escala y que ha otorgado un inmenso poder a los grandes oligopolios, que controlan los insumos del sector agrario, energía, fertilizantes, piensos, semillas y la distribución alimentaria.

Lo que tenemos consecuencia de ello –y no podía ser de otra manera– no es un despoblamiento rural genérico, sino una desaparición de las personas que se dedican a la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala, justamente las que han mantenido la vida en nuestros pueblos y la gestión del territorio. La última encuesta de la UE dice que entre los años 2003 y 2013 España ha perdido un 13, 4% de las explotaciones, y que la población activa en el sector primario está en el 3%, la gran parte por encima de los cincuenta años. Sin embargo, la misma encuesta también dice que la superficie dedicada a la agricultura se mantuvo casi estable durante el período 2003-2013; la disminución en el número de explotaciones implica un aumento significativo de concentración agraria: es decir, menos fincas y cada vez más grandes. Y no solo eso, sino que estas fincas y explotaciones están en un proceso en el que están pasando a ser gestionadas por sociedades mercantiles y fondos de inversión.

Sin embargo, paradójicamente, a la vez que nos dicen que el campo no tiene futuro, que no se puede vivir de él y que por eso la gente debe emigrar, vemos que la inversión en agricultura es una megatendencia a nivel mundial, con rentabilidades muy superiores a otros sectores productivos, y además con una volatilidad mucho menor y con una perspectiva al alza a medio plazo. Entre otras cosas porque cada vez hay más millones de personas que alimentar. Sin ir más lejos, las cifras estatales son apabullantes: por ejemplo, en agricultura, el valor de la producción, según datos del Ministerio de agricultura, ha crecido de 26.148 a 29.031 millones de euros en los últimos diez años; y además España se ha convertido en estos últimos años en el tercer productor mundial de cerdo y en el tercer exportador mundial.

El proceso de transformación agraria está en marcha; se trata de apostar por grandes empresas, que acaparen extensiones enormes de tierra, muy capitalizadas, altamente ligadas a la gran industria alimentaria y a los mercados globales para la exportación. Pero, para eso, necesitan acabar con la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala y sustituirla por asalariados. Los agricultores y agricultoras, dicho en otras palabras, sobran.

Estos movimientos de fondos y grandes empresas que integran toda la cadena de producción amenazan con transformar nuestro sistema agrario y acabar con la vida de nuestros pueblos; por lo que Europa pasaría de ser una agricultura basada mayoritariamente en pequeños y medianos agricultores a otra, altamente industrializada, sin ellos. Para que este proceso tenga lugar, necesitan que se vayan ya, que los más viejos les malvendan sus tierras y evitar el relevo generacional, porque es ahí dónde está el meollo del asunto, el control de la tierra y los escasos recursos hídricos.

Pero no os equivoquéis: en este modelo de agricultura extractivista, hay algunos pocos que ganan, pero en realidad va en sentido contrario hacia lo que no solo reclamamos organizaciones y movimientos sociales, sino instituciones internaciones como la FAO, que es reclamar la importancia crucial de la agricultura de pequeña escala, ligada al comercio local, como antídoto contra procesos dramáticos como la crisis climática, el despoblamiento rural, el hambre o el avance de las enfermedades ligadas al alto consumo de alimentos procesados y altamente industrializados.

No podemos hablar de un proceso de despoblamiento, sino de expulsión.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Carne de Cañón. Publicado por El Salto diario

En las últimas décadas se ha desarrollado en nuestro país una industria cárnica de enormes proporciones, gracias a que buena parte del gasto de la PAC, casi el 70 % ha ido dirigido a subvencionar directamente la producción ganadera industrial o bien el pienso que este ganado consume. Resumiendo, más de la mitad de los costes de producir carne de cerdo están subvencionados. ¿Ustedes conocen algún sector que cuente con esta ayuda? Se podría calificar de auténtico dopaje, sin el cual, está industria no sería posible.

Portada Informe Carne de cañon

Por ello nos hemos convertido en el tercer país productor y exportador de cerdos, tan solo por detrás de EEUU y China, generando enormes beneficios para unas cuantas empresas, pero a su vez creando cada vez más externalidades, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente o el territorio, que nos obligan a cuestionar y denunciar la viabilidad de este sistema de consumo y producción hipercárnico, basado en carne baratas, procesadas y rojas.

En este momento en nuestro país ya estamos muy lejos de los límites y recomendaciones saludables de consumo de carne. De hecho, comemos seis veces más carne de la recomendación máxima, y eso es mucho, pero, además, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Como resultado de esta perversa ecuación está el 28-38 % de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares, porcentaje que puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18 % de la diabetes o el 28 % de los cánceres colorrectales.

Este consumo excesivo de carne también tiene sus efectos en el gasto público sanitario en el Estado español. En concreto, el gasto público relacionado con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne asciende a 7.400 millones de euros, entre costes directos e indirectos, lo que equivale al 13 % del total del gasto sanitario público por habitante.

Los componentes de la carne y derivados cuyo consumo excesivo nos enferma son básicamente de tres tipos: grasas insalubres, sal y productos cancerígenos. Y estos tres componentes se presentan en mayor cantidad en las carnes rojas y procesadas.

Los famosos procesados suelen llevar aditivos nitrogenados, los famosos nitritos. Estos incrementan el riesgo de cáncer, y eso es lo que denunció la OMS en su famoso informe publicado en 2015 y que ha sido refutado por tierra, mar y aire por la industria cárnica. Sin embargo, la Administración ha optado por la decisión política de permitir su uso y, por tanto, nuestro consumo, argumentando que su eliminación supone un riesgo de salud pública mayor al incrementarse el riesgo de contaminación bacteriana. En realidad, estos nitritos y nitratos sirven para darle al producto un color rosado o más vivo de manera artificial, nada más.

Pero, no se vayan todavía, aún hay más, como decía el ínclito Súper Ratón. A estos componentes hay que sumar los efectos del abuso que está haciendo la ganadería industrial de antibióticos, y la cosa no es de broma. El abuso de los antibióticos tiene consecuencias nefastas para la salud humana. Se calcula que más de 3.000 personas mueren cada año en el Estado español por culpa de la resistencia a los antibióticos, más otras muchas que sufren complicaciones y reducción de su calidad de vida. La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kilogramo de carne. Eso es cuatro veces más de lo que se emplea en Alemania (que tiene el doble de vacas y los mismos cerdos) y seis veces más de lo que se usa en Francia (que tiene tres veces más vacas). Una buena parte de estos antibióticos no son utilizados de forma terapéutica para curar animales enfermos, sino a modo de profilaxis, de prevención, lo cual permite tener hacinados en una instalación a miles de animales. Sin este “chute” no sería posible este modelo basado en factorías ganaderas.

Por este motivo, desde la campaña “Carne de Cañón”, queremos hacer llegar a la población esta información y abrir el debate público sobre medidas políticas necesarias, debate que fue ocultado interesadamente en nuestro país, después que el año 2015 la OMS denunciara que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas para los seres humanos. Este informe provocó un seísmo monumental en la industria cárnica. Más allá de la nota de prensa oficial, en el resto de los mensajes contra la OMS la industria permaneció en la sombra. Quien habló por ella fueron sus infiltrados en el mundo de la salud, la carne con bata blanca. El caso es muy ilustrativo de cómo actúa la industria para maquillar la insalubridad del consumo excesivo de carne y cómo los poderes públicos se pliegan a sus intereses.

Por ello es urgente poner en la agenda social medidas para la reducción del actual consumo de carnes rojas y procesadas, como son la fiscalidad alimentaria, los famosos impuestos a las carnes procesadas, o la eliminación de las carnes procesadas y la reducción de las carnes rojas en los menús escolares, así como la aplicación del IVA 0 a productos frescos vegetales y legumbres con el objetivo de mejorar su acceso a toda la población. Además, necesitamos eliminar los elementos más críticos y peligrosos de estos productos, por ello es urgente la prohibición del uso de nitritos por parte de la industria cárnica, la prohibición del uso colectivo de antibióticos en la producción animal con finalidades profilácticas, y, por último, para que todo ello funcione, establecer de una vez una regulación estricta y transparente para los casos de conflicto de interés entre la industria alimentaria y las entidades científicas vinculadas a la salud y la nutrición. Finalmente, es necesaria la eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no sostenible y la creación de ayudas para la promoción de modelos de ganadería en extensivo y a pequeña escala, así como un plan de financiación para su transición ecológica.

El consumo de carne y la producción ganadera no debería ser una amenaza para nuestra salud y el medio ambiente, pero el actual conflicto entre los intereses entre las grandes corporaciones cárnicas y ganaderas y el derecho a la salud de la ciudadanía obligan a tomar medidas contundentes y urgentes hacia un cambio del modelo de consumo y producción.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

De chorizos y lentejas. Publicado en El Periódico

Hemos olvidado el cultivo de la legumbres y,  a la vez,  hemos subvencinado e hipertrofiado una industria cárnica que nos devora.

Estos días ha saltado a los medios la noticia de que cientos de miles de kilos de lentejas se están echando a perder en almacenes de Cuenca porque no encuentran comprador. Parece que las grandes cadenas han optado por importarlas de Canadá aunque los agricultores de Cuenca habían bajado el precio hasta el límite.

Varios granos en bolsas Foto gratis

En varios periódicos ya pueden ustedes leer que es por culpa de la gente que no compra lenteja castellana, que no somos lo suficientemente patrióticos. Y esta tragedia que parece algo lejano, solo del mundo agrario, nos afecta en realidad a todos.

Miren, hoy en día todos hemos oído hablar de que debemos aumentar nuestro consumo de legumbres y bajar el de carne, sobre todo carnes rojas y procesadas, por su impacto enorme en nuestra salud: cardiopatías, cánceres, diabetes, hipertensión son enfermedades derivadas de este consumo cárnico que se come ya el 14% del total del gasto sanitario. En nuestro país este consumo es dramático, ocho veces más que el máximo recomendado por la OMS, y ha desplazado el consumo de alimentos sanos como las legumbres, entre ellas, las lentejas, que justamente son las que están relacionadas con una disminución del riesgo de enfermedades. ¿Adivinan cuáles? Pues sí, las mismas cuya incidencia aumenta la carne. Y además generan un impacto positivo sobre el medioambiente y nuestra agricultura, pues mejoran la fertilidad de los suelos, y lo más importante: mantienen el empleo y la vida en amplias zonas de la ‘España vaciada’.

Y a pesar de que no llegamos al consumo recomendado de legumbres, en España la demanda interna es muy superior a la producción propia. Aproximadamente el 80% de las legumbres que consumimos son de importación. En cuanto a las lentejas, el 65% son importadas, fundamentalmente de Canadá.

Necesaria transición proteica

Para entender qué está pasando, hay que mirar un poco hacia atrás. Veremos que en nuestro país, entre los años 60 y la actualidad, apenas si hemos aumentado nuestra producción de legumbres. En cambio, otros países han apostado por ello; países como Canadá la han multiplicado por 10. Así, en estos momentos Canadá produce el 40% de todas las legumbres a nivel mundial debido especialmente a un programa y una política intensa de inversiones e investigación en este sector.

o por el lado contrario. Hemos olvidado y abandonado el cultivo de legumbres, y hemos apostado por invertir miles de millones de euros en la industria cárnica y el cereal para fabricar y abaratar el precio del pienso. Esto es más del 70% de todo el presupuesto de la PAC (Política agrícola común). Resumiendo, hemos subvencionado e hipertrofiado una industria cárnica que nos devora. ¿Y qué ha pasado con la de las legumbres? Pues en las últimas décadas apenas si llega al 1%.

Ya ven que el problema de nuestras lentejas, de nuestra salud, de nuestro medioambiente y mundo rural no se arregla con banderas y golpes en el pecho, sino con políticas públicas y financiación que aborden la necesaria transición proteica y ecológica de nuestra dieta y agricultura.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¿Alimentarnos sin petróleo? Publicado por la Marea

El futuro de nuestra seguridad alimentaria dependerá de la evolución de tres factores críticos, el cambio climático, la escasez de combustible fósil y el aumento de la población y su concentración en ciudades. De su relación, aceleración y de la respuesta política a los mismos, obtendremos un resultado que configurará una nueva realidad alimentaria, social y de salud pública en nuestras sociedades.

Hay algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo que todo el desarrollo de nuestro sistema alimentario globalizado e industrializado que ha crecido exponencialmente las últimas décadas se ha basado en la existencia de una fuente de energía densa y barata, como es el petróleo, lo cual permitió cambios increíbles en tiempo record de nuestras dietas, aumentando sus calorías, la presencia de carne, azúcares, grasas, etc.. Así como la posibilidad de aumentar hasta cifras absurdas la distancia en los transportes de alimentos. Así, por ejemplo, en nuestro país la media recorrida por un alimento que llega a nuestro plato es de 5000 km.

Pero también sabemos que esa fuente de energía comienza a agotarse. Es el famoso Peak Oil y de hecho a día de hoy su extracción es cada vez es más difícil, cara e insostenible desde el punto de vista de impacto en el cambio climático.

Delante de esta realidad, pueden pasar varias cosas dependiendo si el descenso de las reservas de petróleo es lenta, lo cual permitiría implementarse medidas de adaptación de los sistemas alimentarios a la nueva realidad de escasez de estos combustibles, pero si fuera muy rápido y abrupto nos llevaría directamente a un escenario de aumento de precios de los alimentos, falta de disponibilidad y accesibilidad por buena parte de la población, aumentando la inseguridad alimentaria mundial. Es posible que en los países más ricos se pudiera ir absorbiendo el impacto del aumento del precio de la canasta de alimentos, desplazando otros costes, aunque muchos expertos indican que esto tampoco se puede dar por sentado, ya que la crisis de aumento de precios de combustible afectaría a todos los sectores productivos. Pero lo que está claro es que en los países y clases sociales más empobrecidas el impacto podría ser dramático. Sabemos, según los informes del Banco Mundial, que un aumento del 35 % en el precio de los alimentos genera 80 millones de nuevos hambrientos, como ya vimos en las crisis alimentarias generadas por la especulación financiera de 2008 y 2011.

Todo parece indicar que nos podríamos mover en un escenario intermedio, de descenso menos lento del que desearíamos, y con momento de crisis abruptas, lo cual provocaría graves crisis del sistema alimentario. En realidad no hablamos de un futuro lejano, para la mayoría de expertos el momento Peak Oil tendrá lugar en 2030, o antes, por lo cual no se engañen, ya estamos entrando en un escenario de escasez y necesariamente deberemos abrir un proceso de transición hacia otras fuentes de energía. El problema es que para abordar la transición energética se necesita de una inversión colosal de capital para sustituir la anterior matriz y para hacer esta transformación de nuestro sistema alimentario necesitamos un cambio total y radical en las políticas agrícolas actuales. Fundamentalmente, en la PAC europea, dotada actualmente de más de 50.000 millones de euros anuales y lo que supone aproximadamente el 40% de todo el presupuesto de la Unión Europea. Una PAC que las últimas décadas ha estado volcada en la promoción de una agricultura y alimentación industrial, kilométrica, intensiva, dedicada al engorde de la industria cárnica a través del abaratamiento subvencionado del coste del pienso, basada en el uso de fertilizantes químicos derivados del petróleo, centrada en el control de la distribución por grandes empresas y volcada al mercado global y de transporte marítimo de grandes distancias. Es decir, un sistema obsoleto en términos energéticos y negativo si hablamos de efectos climáticos.

Este sistema, además, ha tenido como consecuencia el brutal cambio de patrones de dietas tradicionales que han pasado en pocas décadas de una dietas tradicionales y locales a otras basadas en productos procesados, por tanto una dieta alta en azúcar grasas y sal que ha provocado un impacto insostenible en nuestros sistemas públicos de salud por el aumento de la carga de enfermedad asociada como cardiopatías, diabetes, cánceres, obesidad , etc.. Además, ha provocado una crisis como nunca en la historia de despoblamiento rural. ¿Les suena aquello de la España vaciada, donde tenemos una población menguante y envejecida? Y ya por último: este sistema es el causante del 40% de emisiones de CO2.

Es obvio después de tener estos datos, no se puede poner en duda que necesitamos un cambio titánico y radical de nuestro sistema alimentario, que aparte de reducir su huella ecológica y adaptarse a un futuro sin petróleo, ha de afrontar el aumento de población mundial. La FAO cifra que el año 2050 llegaremos a los 9.000 millones de personas y necesitaríamos aumentar la producción de alimentos en un 70%.

Este enorme cambio ineludible, habrá tener en el centro el acceso de alimentos sanos a toda la población a través de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes. Y no sólo porque será muy caro mantener el actual, sino porque es necesario atender y adaptarnos a la realidad de los efectos que ya sufrimos del cambio climático: escasez de agua, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad. Nuestro país es uno de los más afectados en cuando a su producción agrícola por el cambio climático, con dependencia de petróleo externo y con una agricultura y ganadería basada en la exportación.

En resumen, si necesitamos aumentar la eficiencia de su uso energético, reducir transporte y uso de químicos, esto quiere decir adoptar modelos de producción agroecológicos, y el aumento del uso de energías renovables. Necesitamos cambios en nuestras dietas, haciéndolas más sanas, menos basadas en productos procesados, menos cárnico dependientes y más regionalizadas, reduciendo kilómetros y aumentando la temporalidad de alimentos y la posibilidad de acceso por precio.

Para todo esto es necesario un gran acuerdo orientado a planificar y promocionar este ajuste. Un ajuste que ha de poner en el centro el derecho a la alimentación, y por tanto la equidad en cuanto al acceso a los alimentos por parte de la población. Una transición justa, que además ponga el modelo de producción en el centro, apostando e incentivado el desarrollo de una agricultura campesina de pequeña escala y revitalizando el tejido poblacional en el área rural.

Los políticos han de ser capaces de dirigir ese cambio anteponiendo el modelo de sociedad que queremos, aquel que asegure y democratice la alimentación. Porqué sino, serán las grandes empresas e intereses económicos quienes aborden este proceso, como de hecho ya están haciendo, porque obviamente no es casual que al día de hoy quienes están adaptando sus dietas a perfiles más saludables, ecológicos y locales, son las clases de mejores rentas de los países occidentales. Quienes se están adaptando y realizando inversiones en nuevas fuetes de energías limpias y renovables, son empresas del agrobusiness que se pueden permitir la inversión y si la tendencia continúa, a corto plazo nos encontraremos que los pequeños agricultores/as y ganaderos/as para poder resistir y pervivir dependerán de los combustibles fósiles, cada vez más caros y de insumos químicos. Apunten este dato, el número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. En España la caída es del 13, 4%, y recuerden que la protesta de los chalecos amarillos, prendió por el impacto que tuvo la subida del diésel en la Francia rural. Se trata de alimentación y cambio climático, pero principalmente, de justicia.

Javier Guzmán es director de Justicia Alimentaria