¿Reducimos o promocionamos el consumo de carnes rojas y procesadas? Publicado en Nueva Tribuna

La comisión europea no se atreve a parar la financiación de la promoción de consumo de carne procesada y roja, y en España nadie pone fin a las campañas que afirman que la carne de cerdo es blanca.

Ya sabemos que tenemos un problema muy importante en nuestro país y también en la UE con el alto consumo de carnes procesadas y rojas, ni más ni menos que nuestro país comemos 8 veces más carne procesada de la máxima recomendada; la población infantil, entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado y, esto da como resultado que entre el  28-38% de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares pueden atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17% de la hipertensión, el 18% de la diabetes o el 28% de los cánceres colorrectales.

Y por ello finalmente la Comisión Europea este año pasado en su nueva Estrategia Farm to Fork ha establecido por fin como objetivo llevar a cabo una transición proteínica hacia alternativas vegetales y por tanto de reducción del consumo cárnico, por su impacto en la salud y en términos de cambio climático.

Sin embargo, lo que muchos no sabrán es que la Comisión Europea tiene desde 2014 una política de promoción de productos alimentarios, que ha sido muy criticada por haber apoyado con presupuestos millonarios campañas dedicadas a la promoción del consumo de carnes rojas y procesadas, que suman 138,7 millones entre 2016 y 2019, lo que supone ni más ni menos que el 24% del desembolso total para la política de promoción de la UE. Es decir, una cosa es lo que decimos, y otra la que hacemos.

Esta política ahora está en proceso de revisión y esta semana hemos tenido un episodio más del enorme poder en la sombra de los grandes lobbies cárnicos, y si no, juzguen ustedes. En un borrador del nuevo plan de promoción que se había filtrado la semana pasada se decía que la política de promoción de la UE para los productos agrícolas sería revisada «con vistas a eliminar gradualmente la promoción de alimentos relacionados con riesgos de cáncer, como la carne roja y procesada» y sin embargo por el arte de birlibirloque, en el texto final que se ha presentado a los medios ha cambiado, parece que alguien le ha pasado el cepillo, encontramos que dice que modernización de la política de promoción de los productos agrícolas tiene que estar “en consonancia con el cambio a una dieta más vegetal, con menos carne roja y procesada y otros alimentos relacionados con los riesgos de cáncer». No se deje engañar, esto no es un cambio menor, sino que todo queda más suavizado y por supuesto nada de eliminar la promoción.

Si quieren saber de qué hablamos, sirva de ejemplo la campaña escandalosa a nuestro entender de Pork Lovers Tour, una especie de caravana, que tenía como objetivo «recorrer España con nuestro Bus desarrollando actividades para todo tipo de público como am@s de casa, niños, escuelas de hostelería, etc., con cursos de cocina, talleres informativos sobre los valores nutricionales de esta carne para fomentar el modo de vida saludable y tan presente en nuestra dieta mediterránea». Esta campaña de INTERPORC (organización Interprofesional más importante del sector cárnico) fue financiada por la Unión Europea, es decir, por nuestros bolsillos. En concreto, salieron de nuestras carteras casi 1,5 millones de euros para el autobús rosado y el resto de actividades de evangelización de la industria porcina. Leen bien, promocionando el consumo de cerdo, también en la población infantil.

INTERPORC lleva años financiada por la Unión Europea, es decir, por nuestros bolsillos. Para 2020 y parte de 2021, la Comisión Europea y desde ni más ni menos que la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación de (Chafea, por sus siglas en inglés), ha adjudicado a INTERPORC más de 9 millones de euros € para promocionar sus productos. A estos, hay que añadir, los 3,6 millones de euros que han dado a PROVACUNO (la versión bovina de INTERPORC). En total, casi 13 millones de euros de dinero público para seguir incrementando el consumo excesivo de carne, por parte de una agencia europea que tiene, entre sus objetivos, mejorar la salud de la población.

Justamente la UE y nuestro gobierno, a la vista de los datos de salud pública, debería hacer lo contrario y destinar dinero a informar y fomentar la reducción de su consumo, y a evitar por ejemplo barbaridades tan grandes como que en este momento haya organizaciones empresariales lleven a cabo campañas públicas dónde confunden a la población haciéndoles creer que la carne de cerdo es carne blanca, y todo esto a la vista del Ministro de Consumo. ¿Ya es el momento de hacer algo?

Javier Guzmán | Director de Justicia Alimentaria

En manos del lobby cárnico. Publicado por el Salto Diario

La alimentación insana y sus enfermedades asociadas representan, hoy en día, un enorme problema de salud en el Estado español. En las últimas décadas nuestro patrón alimentario se ha deteriorado, y actualmente la alimentación insana es el factor que explica buena parte de las principales enfermedades y muertes en nuestro país, como son las derivadas de las dolencias cardiovasculares, la diabetes o algunos cánceres. Así, por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos 5 a causa de la alimentación insana y por cada día perdido a causa del alcohol, perdemos 9 por alimentación insana. La magnitud de la tragedia se visualiza también en el coste monetario directo que tiene el tratamiento de las enfermedades asociadas a la alimentación insana: uno de cada cinco euros del presupuesto de sanidad en nuestro país se dedica a tratar los efectos en la salud de la alimentación insana.

Photo of sign "No Lobbyists Beyond This Point"

Bien, pues dentro de la categoría «riesgo alimentario», el más importante es el cárnico, por el exceso de consumo de carnes procesadas y rojas. En concreto, el 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes, así observamos que el 28-38% de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares pueden atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18% de la diabetes o el 28% de los cánceres colorrectales.

Los datos sobre consumo son arrolladores: se come mucha carne. En concreto, se come seis veces más carne de la necesaria, pero, además, se come diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Con respecto a la población infantil del Estado, come entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado; 3,5 veces más carne roja y entre el doble y el triple de procesada, con las consecuencias de salud que esto implica para la población infantil y adulta.

Lo curioso del tratamiento político de este riesgo sanitario, y que lo diferencia de otros como del tabaco y del alcohol, es la total ausencia de políticas públicas que afronten el problema de manera real y directa en la dirección de disminuir su consumo.

El misterio es cómo se ha logrado que hasta la fecha el exceso de consumo de carne no se haya percibido socialmente como algo que puede afectar negativamente a nuestra salud y aunque a nivel académico ya está claro que las carnes rojas y las procesadas se sitúan en el mismo nivel que productos como los refrescos.

Y el truco no es otro que el enorme poder que detenta la industria cárnica, y en concreto en el Estado español. Este poder es inmenso lo que significa que los intereses que están en juego son proporcionales a su magnitud. El Estado español es el tercer país del mundo productor de porcino (solamente por detrás de China y Estados Unidos) y dentro de la Unión Europea, desde 2015 supera a Alemania. Ahora bien, existe una diferencia muy significativa entre ambos: Alemania lleva años bajando su censo, mientras que en el Estado aumenta. Alemania se está planteando medidas para paliar la situación (con impuestos cárnicos, por ejemplo), mientras que en el Estado español se favorece a la industria todo lo que se puede a través de ayudas públicas y legislación blanda.

Empiezan a surgir regulaciones sobre la presencia de alimentos procesados en las escuelas; algunos países han decretado un nuevo etiquetado nutricional más simple y eficaz que el que impuso la industria alimentaria en 2011 en la Unión Europea; los hay que han empezado a regular la publicidad de alimentos insanos dirigida a la población infantil y también, en algún caso, se están empezando a implementar políticas fiscales contra algunos de estos alimentos. Medidas de este tipo no son nuevas, empezaron a desarrollarse hace ya más de cincuenta años, cuando comenzaron a conocerse los peligros del tabaco. La sociedad puede ejercer presión para que exista un paquete coherente y eficaz de políticas públicas que protejan la salud de la población. Sin embargo, todo esto podría tener un impacto considerable en la industria, ya que bajarían sus ventas y provocaría cambios directos en su forma de hacer negocios. No hay que olvidar que el principal interés de las corporaciones privadas es incrementar sus beneficios económicos para rentabilizar la inversión de sus accionistas, ante los que tienen que responder, aumentando el volumen de ventas y maximizando sus márgenes de beneficio. Si el producto comercializado es dañino para la salud pública, el dilema es irresoluble: o mejoran los beneficios de la industria o mejora la salud pública, las dos cosas son incompatibles. Por tanto, el objetivo de la industria alimentaria es impedir o demorar la instauración de políticas de salud pública que afecten los intereses de las corporaciones privadas, promoviendo en su lugar cortinas de humo y mecanismos de autorregulación o medidas de carácter exclusivamente educativo.

En la investigación que desde JUSTICIA ALIMENTARIA hemos lanzado recientemente, se explica cómo trabaja el lobby de la industria para lograr impedir este tipo de políticas con el aval científico y el aval de las Administraciones públicas a través de sus discursos, sus propuestas y sus productos; explica cómo bloquea las propuestas que inciden en las causas reales de la alimentación insana y se sustituyen por otras propias que actúan como cortina de humo pero no son efectivas; y finalmente, el informe detalla cómo el lobby busca unir su imagen a la salud y emitir el mensaje de que es un actor que se esfuerza al máximo para conseguir una alimentación sana, y por ello busca unir su imagen a la de instituciones de salud y actos deportivos, generar acuerdos voluntarios, sumarse a campañas sin efecto real, etc. También, a través de estudios científicos financiados por la propia industria, se pone en duda la relación causa-efecto del consumo excesivo de carne y las enfermedades, concluyendo cosas como que «la carne es un alimento saludable y necesario para llevar una vida saludable». O se utiliza otra táctica como la de atacar a la ciencia independiente y ofrecer la ciencia amiga de la industria que genera dudas a la sociedad, con frases del estilo: «no hay evidencia científica entre el consumo excesivo de carne y la enfermedad». En la afirmación «la alimentación insana es un problema individual, de mala elección en la compra o en la comida», en ningún caso se señalan los aspectos socioeconómicos y estructurales que influyen en la dieta de las personas ni la falta de información objetiva a la que se enfrenta el consumidor o consumidora a la hora de comprar alimentos. Y otra idea importante que utiliza es que en ningún momento se otorga responsabilidad alguna a la publicidad o el marketing en los problemas de salud o el consumo de alimentos malsanos, sino que se culpabiliza a las familias al definirlas como «las principales responsables de la obesidad infantil».

Esa ausencia de regulación tiene diversos motivos, pero uno de ellos se encuentra, sin duda, en la falta de control y transparencia de los conflictos de intereses que la industria alimentaria tiene con actores clave tanto en la toma de decisiones política como en la generación de una narrativa y discurso social (en este segundo caso nos estamos refiriendo a instituciones y asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud, patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, investigaciones científicas sesgadas, la colocación de gente afín en puestos clave, las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones, la financiación de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, contraprestaciones económicas para recibir avales de sociedades científicas y de la salud para sus productos y un largo etcétera). La industria alimentaria ha conseguido influir y sesgar, de manera opaca y confusa, a prácticamente todos los actores clave en materia de salud alimentaria, generando una distorsión inaceptable de los discursos y normativas que están vulnerando, entre otros, los derechos básicos de las personas consumidoras recogidos en la Constitución española y desarrollados en diversas normas, entre ellas, el Real Decreto Legislativo 1/2007.

La falta de regulación eficaz de estos conflictos de intereses, es por tanto, un incumplimiento del mandato constitucional y una vulneración de aspectos trascendentales de los derechos a la salud, a una alimentación adecuada y de consumo.

Por esta razón, esta semana Justicia Alimentaria, junto con las organizaciones con  las que conformamos la Alianza por la Salud Alimentaria, (SESPAS, CEAPA, CECU, Amigos de la Tierra, y Medicus Mundi) hemos lanzado una carta dirigida al Ministerio de Sanidad y al de Consumo demandando que de una vez se regule sobre los conflictos de interés, con elementos tan básicos como  la creación de un cuerpo normativo público que permita detectar, evitar, minimizar y eliminar el impacto de los conflictos de intereses en toda organización, administración o persona física que tenga un papel significativo en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito de la regulación pública, la investigación, la formación, la divulgación o la representatividad de colectivos médicos, nutricionistas o dietéticos.

A mucha gente le parecerá increíble que algo tan de sentido común no estuviera regulado, pero en eso estamos, defendiendo lo obvio

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¿La compra on line de alimentos es sostenible? Publicado por la Marea

Una de las tendencias que ha incrementado notablemente con la cuarentena ha sido el crecimiento del comercio online. Y dentro de este, la compra de alimentos ha tenido un aumento exponencial. Muchas personas no pueden desplazarse al mercado o súper o simplemente muchas tienen miedo a poder contagiarse. La llegada de la “nueva normalidad” parece indicar que van a disminuir las visitas a restaurantes, así como a supermercados. La compra online ha llegado para quedarse y no hace sino afianzar una tendencia que ya estaba entre nosotras, no solo porque la digitalización había generado las soluciones técnicas, sino porque nuestra forma de consumir ha cambiado fruto de un proceso de mayor individualización y los modelos de tiempo de trabajo flexibles.

Este comercio online, además, ha tenido una irrupción muy positiva para muchos pequeños agricultores y ganaderos que han visto como de la noche a la mañana sus canales de comercialización tradicional quedaban barrados. Mercados municipales, cooperativas de consumo, mercados ambulantes, restaurantes u hoteles encontraron en el e-commerce no solo un salvavidas sino además una buena forma de llegar a los consumidores.

Algunas personas ya lo están señalando como una nueva manera de circuito corto, por cuanto elimina a intermediarios, y por tanto una importante oportunidad para el avance de los sistemas alimentarios locales. No obstante, surge la cuestión de si el aumento de escala de la utilización de la herramienta de compra online es sostenible desde el punto de vista climático y si puede convertirse en una herramienta de transformación del sistema alimentario.

No nos engañemos, aumenta el número de desplazamientos y por tanto de emisiones, y es necesario analizar este tipo de herramienta y adaptarla a nuestras necesidades de lucha contra el cambio climático y no caer en la contradicción de querer consumir un producto ecológico, proveniente de un productor local, pero que genere una huella climática inasumible.

Cuando hablamos de comercio online, lo primero que tenemos que saber es que no se trata de un todo homogéneo, sino que existen diferente modelos. Encontramos grandes compañías logísticas que se dedican a la distribución de todo tipo de productos, pero también encontramos a los supermercados, grandes, medianos, pequeños, restaurantes, empresas de catering e incluso pequeños productores y grupos de consumidores.

Lo importante a la hora de valorar su viabilidad es diferenciar sus objetivos y principios por los que se rigen. Así, para las grandes cadenas y supermercados, el objetivo primordial es la rapidez y no tanto la búsqueda de la eficiencia. Esto significa conseguir el menor número de movimientos por mercancía y aprovechar al máximo la capacidad. Se trata de dar satisfacción al consumidor lo antes posible casi a golpe de click y para ellos es imprescindible el aumento de movimientos.

Esta tipología es especialmente negativa en términos de cambio climático, pues implica un mayor número de desplazamientos, pero además se basa en un modelo altamente competitivo y centralizado donde dominará la empresa que tenga mayor capacidad de llevar mayor número de productos diversos con mayor rapidez. Los productores y consumidores pierden así el poder y control.

Para hacernos una idea, Amazon emitió 44.4 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono el año pasado, lo que equivale, prácticamente, a las emisiones de gases de efecto invernadero de Suiza o Dinamarca. Es decir, largas distancias, pocos viajes y mucho alimento transportado en cada uno de ellos genera mucho menos impacto que poca distancia, muchos recorridos y poco alimento por trayecto. Por poner un ejemplo: un camión de 16 toneladas genera el doble de emisiones que uno de 40 (por kg de alimento).

La ecuación es clara, a más kilómetros, más emisiones, y a menor tiempo, más emisiones y menos operadores. Por tanto, si queremos que existan circuitos cortos online y que sean climáticamente sostenibles, su diferenciación estribará en su huella ecológica, por lo que habrá que buscar la eficiencia. Es decir, ser más lento para aprovechar los transportes. Para ello, necesitamos un consumidor más consciente y que valore la responsabilidad de su compra.

Además, otro elemento clave a tener en cuenta en este tipo de comercio y su viabilidad son los residuos generados –que, en este momento, ya son dramáticos–. En Estados Unidos, por ejemplo, casi un tercio de los residuos provienen ya del envasado de las ventas online. Un nuevo estudio, elaborado por científicos de la Universidad de Manchester, estima que los envases de la comida para llevar alcanzan los 2025 millones de recipientes cada año solo en la Unión Europea. Una cifra que ha aumentado considerablemente en la última década y que lo seguirá haciendo en los próximos años.

La inmensa mayoría, además, no son reciclables. Los datos del estudio muestran que si se consiguiera reciclar solamente la mitad de todos estos residuos provenientes de la comida para llevar, se ahorraría la emisión de un equivalente a más de 61.700 toneladas de dióxido de carbono. Una contaminación atmosférica similar a la generada anualmente por más de 55.000 automóviles. Esto quiere decir de nuevo, que una apuesta social de comercio online, debe incluir este aspecto en sus objetivos y definición, la reducción de uso de envasados, plásticos y demás.

Está claro que hemos iniciado este camino del comercio de alimentación y que ha llegado para quedarse. También que puede convertirse en una buena herramienta que empuje el actual proceso de transformación alimentaria hacia uno más sostenible, social y justo. Pero para ello es necesario contar con el territorio e implicar a la agricultura y ganadería local, de pequeña escala y ecológica, además de generar sistemas logísticos de bajo impacto. Sin olvidarse de dirigir esos productos a las poblaciones de barrios con menos renta y menor acceso a la alimentación sana y fresca. Más aún con el previsible aumento de precios que viviremos con la crisis económica.

Para todo esto es imprescindible contar con una política y apoyo público que colabore al desarrollo de estos proyectos. Es interesante, en ese sentido, la iniciativa de la ciudad de Medellin, llamada Compra local, una plataforma que permite a los productores de los Mercados Campesinos realizar sus ventas de manera digital a través de una página que recibió 12.000 visitas en su primer día. En tres días se vendieron 8,2 toneladas de alimentos de productores campesinos, lo que representa un ingreso de más de 16 millones de pesos –unos 4.000 dólares– para las diez familias que entregaron su producción con apoyo en logística y transporte de las autoridades locales.

No podemos dejar la compra online en manos de las grandes corporaciones, sino que debemos utilizar esta herramienta para transformar nuestro sistema alimentario hacia uno que ponga el derecho a la alimentación y la lucha contra el cambio climático en el centro.

Javier Guzmán es el director de Justicia Alimentaria

La fragilidad del sistema alimentario global en tiempos de coronavirus. Publicado por Nueva Tribuna

Desde el inicio de esta crisis del coronavirus, uno de los temas más importante que están preocupando a la población, a parte del impacto de la propia enfermedad, es la seguridad en nuestra cadena de abastecimiento de alimentos. Poco después del estado de alarma, aparecieron las imágenes de las colas en los supermercados, desabastecimiento en los lineales, y esta angustia, como es obvio, se ha trasladado como una ola a los diferentes países amenazados por el virus.

FRESAS

Rápidamente, los gobiernos y los medios de comunicación salieron a darnos un mensaje unívoco y unísono. Las cadenas de supermercados aseguran la llegada de alimentos. Esas cadenas de distribución, importación y exportación, agroindustria, intermediarios, etc… que días antes estaban en el centro de la diana de las reivindicaciones del campo como uno de los causantes de su enorme crisis ahora aparecen como imprescindibles, y en cierto modo es así, porque no nos queda otra, es el modelo dominante.

Con este mensaje, la población parece haberse tranquilizado, y volvemos a la normalidad. Ya está, en pocas horas nos han trasladado eficazmente el mensaje que tenemos garantizado el suministro. ¿Pero esto es así? ¿No hay riesgos en la cadena alimentaria? ¿Qué ocurriría si los países empiezan a cerrar fronteras, o simplemente a almacenar producción y alimentos por miedo a la escasez?

Varios países ya han empezado a acumular reservas de alimentos y cosechas

Según información del diario Bloomberg, varios países ya han empezado a acumular reservas de alimentos y cosechas, así Kazajastán uno de los mayores productores de trigo ha prohibido su exportación, Vietman también ha suspendido temporalmente los suministros de arroz. Aún no sabemos si esta situación es solo puntual y marginal, o se convertirá en un movimiento que rompa la cadena global de comercio de alimentos, y entremos como en el 2008 en una crisis alimentaria por la súbita y dramática subida de precios de alimentos básicos, pero la propia FAO acaba de avisar que el avance del coronavirus está afectando al suministro como a la demanda de alimentos.

Tanto por el impacto de la propia enfermedad, la falta de movilidad, la limitación del transporte o la falta de acceso a crédito de los productores podría causar episodios de falta de seguridad alimentaria, sobre todo en los países más empobrecidos.

“Es bueno saber que nuestra alimentación dependerá de los inmigrantes que se quiere expulsar”

La realidad es que en el caso español y europeo tenemos una extraordinaria dependencia de los mercados exteriores y de la importación de alimentos, y no sólo eso, sino que se basa en la mano de obra inmigrante, en muchas ocasiones absolutamente precarizada y que ahora por el cierre de fronteras no puede llegar. Unos hechos que comprometen buena parte de la campaña de recolección de fruta, lo cual nos muestra que la exposición de nuestro sistema alimentario es muy alta. Casi una cuarta parte de la afiliación a la seguridad social del régimen especial agrario es de nacionalidad extranjera. En algunas zonas, como Huelva, Almería, Murcia o Albacete, ese porcentaje sube al 40% y en zonas hortofrutícolas y temporadas concretes depende hasta el 90% de temporeros y temporeras que se desplazan. Tanto así que en Alemania ya han sonado las alarmas que debido al cierre de fronteras la cosecha de fresa y espárrago ya están en peligro.

Ahora solo cabe buscar soluciones de urgencia como regularizar a los tan perseguidos inmigrantes irregulares que ya están aquí. Es bueno saber que nuestra alimentación dependerá de los inmigrantes que se quiere expulsar.

En realidad este sistema, se basa en petróleo barato, en los llamados alimentos kilométricos y para hacernos una idea la media de la distancia recorrida de un alimento antes de llegar a nuestro plato es de 5.000 km. Puede existir la tentación de asociar los alimentos kilométricos a los llamados «productos del postre colonial», es decir: café, azúcar, cacao o té, por ejemplo. En realidad esos productos son minoritarios en el ir y venir alimentario español o europeo. Si seguimos agrandando el zoom, nos encontramos con alimentos tradicionalmente locales pero que sabemos que cada vez vienen de más lejos (garbanzos, lentejas, trigo, naranjas, manzanas, uvas, melones, etc.).

En los últimos 10 años, la importación de alimentos en el Estado español ha crecido el 66%

Si nos situamos, por ejemplo, en Barcelona, a través de los kilómetros recorridos por esos 5 productos (manzanas, uvas, arroz, patatas y gambas), hemos dado casi una vuelta al mundo (39.000 km), cuando en realidad todos estos productos se podrían encontrar en un radio de menos de 100 km de la ciudad. En los últimos 10 años, la importación de alimentos en el Estado español ha crecido el 66%.

A partir de los datos que conocemos podemos calcular, a modo de ilustración, el día del año en el que dejamos de tener alimento propio y empezamos a consumir alimento importado, una suerte de día de la dependencia. Por ejemplo, trigo tenemos hasta el 1 de febrero, a partir de esa fecha, todo es importado, maíz hasta el 22 de junio, lentejas hasta el 1 de marzo, judía verde el 27 de febrero, leche hasta el 20 de agosto…y así una lista interminable… de nuestra alimentación básica que depende de la importación de terceros países.

 

Llegados a este punto, creo que necesitamos poner el debate sobre la mesa y debatir, si es verdad que esté sistema actual, globalizado, realmente es tan seguro, o hay una buena parte del mensaje que descansa en una marco ideológico neoliberal, pues sabemos que los sistemas alimentarios locales, más territorializados y basados en mercados internos y locales son más resilientes y claves para lograr la seguridad alimentaria de la población y luchar contra el cambio climático.

Estamos atados a un modelo que se caracteriza por un control de la cadena alimentaria en condiciones de oligopolio por unas cuantas empresas multinacionales de la gran distribución y la agroindustria

Ahora no contamos con un sistema basado en nuestra soberanía alimentaria, sino que estamos atados a un modelo que se caracteriza por un control de la cadena alimentaria en condiciones de oligopolio por unas cuantas empresas multinacionales de la gran distribución y la agroindustria. Un modelo que deviene frágil en crisis globales como la que vivimos, pero que además es inviable en términos de cambio climático, en términos de salud en cuanto a su implicación en el cambio de dieta y aumento de enfermedades, así como causante del proceso de vaciamiento y crisis del mundo rural.

Sabemos por si fuera poco, que este modelo alimentario es además dependiente de los mercados financieneros y en los momentos de crisis, volatilidad, incertidumbre, son la gasolina con la que funcionan estos mercados para ganar dinero con la alimentación, y nos acordamos que después de la crisis especulatoria de alimentos del 2008, los países miembros del G20 y la UE no llegaron a regular ni limitar estos mercados ni las prácticas salvajes de especulación, y la situación en este momento  vuelve a ser peligrosa.

Por el momento es urgente que la Unión Europea y los estados del G20 acuerden el control, la regulación y transparencia de los mercados internacionales de alimentos y exigir a la banca que no comercialice productos basados en el precio de los alimentos para evitar los movimientos especulatorios que a buen seguro se van a dar y no acabemos inmersos además en una crisis alimentaria.

Cuando salgamos de esta crisis, van a tener que cambiar muchas cosas y una de ellas debería ser recuperar nuestra soberanía alimentaria y apostar de una vez por sistemas alimentarios locales.

Javier Guzmán

 Director de Justicia Alimentaria

La nueva revolución ‘verde’ sin agricultores. Publicado por La Marea

La actual crisis de precios, o mejor dicho, la crisis de rentabilidad que vive el campo en el Estado español, no es si no la punta del iceberg de un modelo de producción y distribución que agoniza, un modelo basado en el petróleo barato, que no puede ofrecer respuestas para una de las preguntas críticas del siglo XXI: cómo alimentar a una población creciente en el mundo con el reto del cambio climático.

Agricultura drone volando en el campo verde Foto Premium

Pero no solo eso, sino que después de décadas, finalmente las grandes potencias internacionales han dado al botón de arranque de las políticas contra el cambio climático, que afectará a todos los sectores, y como es obvio la agricultura y ganadería es uno de los obligados a emprender un proceso hacia la transición ecológica.

Esto, a priori, podría suponer una esperanza para toda la ciudadanía en general y especialmente para los agricultores, por cuanto podría conllevar el abandono del actual modelo, este mismo que los arruina. Y emprender la transición a un modelo de producción de alimentos basado en sistemas agroecológicos, diversificados y de temporada, ligados a mercados locales y por tanto menos demandantes de energías fósiles e industria petroquímica. Sin embargo, los agricultores de toda Europa lo ven como una auténtica amenaza, por cuanto se trata de incorporar nuevos costes y estándares en una situación donde las cuentas ya no salen.

Y su intuición puede no estar desencaminada porque al leer los diferentes documentos, políticas y planes queda claro que lo que se viene no es un escenario de transición ecológica de apoyo y acompañamiento a la agricultura de pequeña escala para su transición ecológica, sino, más bien, un escenario que busca la financiación de la “segunda revolución verde” o, si prefieren, convertir el cambio climático en el nuevo El Dorado para grandes corporaciones del agro y la alimentación. En realidad, no es nuevo, se trata de un proceso que lleva ya años en marcha y que trata de imponer un modelo de agricultura altamente tecnificada y capitalizada. Eso sí, esta vez se trata de una tecnología ‘verde’. En resumen, lo que se ha venido a llamar capitalismo verde. Una forma de lavado de imagen, pero que en absoluto cambia su matriz de producción.

Una vez comprobado que los costes energéticos del petróleo no son sostenibles y que no existe ninguna energía alternativa comparable en tasa de retorno, las grandes empresas han entendido que han de rebajar otro tipo de costes, y ahí aparece el capítulo de la mano de obra. Necesitan sustituir a los miles de agricultores/as por pocos asalariados y una gran inversión en tecnología, tanto a nivel de maquinaria —con el despliegue de tractores autónomos, drones, riego y fertilización inteligente, etc— como en control de datos —sobre tierras, cultivos, bioquímica, etc—, así como un modelo basado en tecnologías digitales de transacción y blockchain. Este es su objetivo.

En resumen, caminamos  de manera inexorable, si no somos capaces de revertirlo, a un modelo de agricultura altamente robotizado, digitalizado y que, a diferencia de la anterior revolución verde —la de los años 60—, en esta nueva es necesario contar con agricultores que compraran los distintos insumos desarrollados por la industria en ese momento. Lo que se busca es un campo sin gente. En realidad no estamos viviendo un proceso de “vaciamiento del mundo rural”, sino de una nueva revolución del agro, que expulsa a las explotaciones familiares.

Nos encontramos sin duda en una encrucijada decisiva e histórica, con caminos totalmente divergentes. Y es en este punto en el que los poderes públicos deberían dejar de marearnos y explicarnos realmente en qué estamos. Si estamos por un modelo de agricultura agroecológica, con campesinado y vinculada a los mercados locales o uno de extensión e impulso de una agricultura y ganadería hiperindustrializada y globalizada que hasta la fecha ha demostrado ser un fracaso de consecuencias inaceptables.

El tiempo se agota y sabemos que no podemos seguir insistiendo en subvencionar como hasta ahora los insumos de un modelo agrario agotado, como los costes de combustible, piensos, fertilizantes etc, y alargar la agonía de una agricultura de pequeña y mediana escala dependiente de los mismos. Si queremos evitar esta nueva vuelta de tuerca que amenaza el futuro de nuestra alimentación y mundo rural necesitamos reivindicar una política y una financiación que acompañe la transición ecológica de los modelos actuales intensivos e industriales de la agricultura familiar. Y que el cambio climático no sea utilizado como excusa para financiar a las grandes multinacionales.

Lo que sí que sabemos es que la última línea de defensa para asegurar un modelo de alimentación sana y sostenible es la permanencia de los agricultores/as en el campo, y viceversa. No existirán agricultores en el modelo industrial.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¿Ecología versus agricultores? Publicado por Nueva Tribuna y el Público

Esta semana primero en Berlín y después en París y grandes ciudades como Lyon o Toulouse, miles de agricultores, bloquearon las entradas con sus tractores. En el centro de sus demandas y malestar se encuentran la imposición de nuevas regulaciones de protección del medio ambiente. Medidas que generan más costes y degradación de márgenes a los ya escasos que sufre el colectivo en toda Europa, también en nuestro país. En París incluso, se quejan de la actuación  del propio movimiento ecologista y vegano.

Foto: Twitter

Esta batalla, dónde a primera vista, pareciera que los agricultores y ganaderos simplemente se están resistiendo al signo de los tiempos, reaccionando en contra de las medidas que la sociedad exige de lucha contra el cambio climático, en realidad esconde uno de los conflictos más importantes de las sociedades modernas. Se trata de decidir quién paga los costes de “la transición climática”, en definitiva, qué colectivos serán los ganadores y quienes los perdedores de este proceso que marcará un cambio radical en el sistema económico.

Esta batalla, dónde a primera vista, pareciera que los agricultores y ganaderos simplemente se están resistiendo al signo de los tiempos, reaccionando en contra de las medidas que la sociedad exige de lucha contra el cambio climático, en realidad esconde uno de los conflictos más importantes de las sociedades modernas. Se trata de decidir quién paga los costes de “la transición climática”, en definitiva, qué colectivos serán los ganadores y quienes los perdedores de este proceso que marcará un cambio radical en el sistema económico.

Necesitamos poner en la agenda políticas públicas y financiación hacia una transición alimentaria que ponga en el centro el desarrollo de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes

La alimentación y por tanto la agricultura es uno de los sectores que más impacto sufre y sufrirá por las consecuencias del cambio climático y sin embargo es uno de los más desprotegidos y dónde existe un auténtico agujero negro en cuanto a planificación y políticas públicas, no digamos en nuestro país. Cambios que ya sabemos que van causar a la desaparición de cultivos tradicionales, algunos de los que necesitan temperaturas bajas, mayor estrés hídrico en numerosas cuencas; mayor mortalidad en la cabaña; cambios en la floración y ciclo de cultivo que dará como resultado: bajada de productividad y rendimiento de cultivos, así como un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por fenómenos extremos y consecuentemente una más que probable caída de renta agraria y abandono de la actividad y los campos.

Una transición que aparece como una auténtica amenaza al modelo de agricultura de pequeña escala y familiar, justamente aquella que mantiene vivos los pueblos y que supone uno de las pocas alternativas eficientes para conservar la biodiversidad, los suelos, el control de incendios, y en definitiva, enfriar el planeta. Un sector, en profunda crisis, dónde apenas si se cubren los costes, expuestos al vaivén de los mercados internacionales por obra y gracia de los acuerdos de libre comercio, y a los que ahora les cae encima los costes asociados a una transformación de enorme magnitud ante la que no tienen ningún apoyo ni acompañamiento y que amenaza con ser la puntilla.

Sin embargo, los mismos actores que han generado la crisis climática han puesto en marcha el proceso de transformación agraria, dónde una vez más se trata de apostar por grandes empresas, que acaparen extensiones enormes de tierramuy capitalizadas que les permiten afrontar los costes de transición, altamente ligadas a la gran industria alimentaria y a los mercados globales para la exportación. Pero, para eso, necesitan acabar con la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala y sustituirla por asalariados. Los agricultores y agricultoras, dicho en otras palabras, sobran.

Por todo ello necesitamos poner en la agenda políticas públicas y financiación hacia una transición alimentaria que ponga en el centro el desarrollo de modelos menos intensos en el uso de recursos, más eficientes y más resilentes. Pero sobre todo que asegure una transición justa, que además ponga el modelo de producción en el centro, apostando e incentivando el desarrollo de una agricultura a pequeña escala y revitalizando el tejido poblacional en el área rural y conectarla con las necesidades de alimentación sana de las mayorías sociales y no de mercados internacionales.

Algo no se está haciendo bien, si los agricultores y agricultoras que enfrían el planeta y aseguran la alimentación sana, ven la transición ecológica como una amenaza y no como su gran oportunidad.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

¡Devolvednos los mercados! Publicado por Nueva Tribuna y el Público

n nuestro país, sabemos que el 44 % de la población no dispone de la renta necesaria para acceder a una dieta saludable. Esta es una de las causas por el cual el consumo de productos procesados se ha disparado hasta un 70 % de todo lo que consumimos, y como consecuencia, que la alimentación insana se haya convertido en el mayor problema de salud pública. Llegando sus enfermedades asociadas, cardiopatías, obesidad, cáncer, diabetes, etc… a  consumir más del 20 % del prepuesto anual de sanidad. Lo cual, se traduce en que, de seguir así, este consumo hará insostenible el sistema público de salud.

¡Devolvednos los mercados!

Un sistema alimentario que además de ser el causante del aumento global de la desnutrición y obesidad está en la base del empeoramiento del cambio climático. El mismo cambio climático que a su vez aumentará la inseguridad alimentaria debido a fenómenos meteorológicos extremos, sequías y cambios en la agricultura. 

Para luchar contra la amenaza en la que se ha convertido el actual sistema alimentario desregulado y globalizado sabemos que es necesario abordarla de una manera urgente, transformando las actuales políticas agrarias y nutricionales

Es obvio y así lo constata la propia OMS, que necesitamos abordar este problema de forma urgente, pero sobre todo a través de políticas públicas que faciliten el acceso de la alimentación sana y fresca a toda la población, y con especial énfasis, la de menor renta que es la que más sufre la carga e impacto de las enfermedades.

Para luchar contra la amenaza en la que se ha convertido el actual sistema alimentario desregulado y globalizado sabemos que es necesario abordarla de una manera urgente, transformando las actuales políticas agrarias y nutricionales, desde los niveles europeos hasta los más cercanos a nosotros.

En este artículo, si me permiten, querría centrarme en esas políticas más cercanas y sobre todo en aquellos puntos críticos que pueden ser profundamente transformadoras, y uno de ellos es la necesidad de establecer políticas locales y regionales para la vinculación de los productores y productoras a pequeña escala con los mercados municipales que aseguren el acceso de alimentación fresca y saludable a las mayorías sociales. Y una de esas claves pasa por la recuperación de los “espacios públicos alimentarios”, como los mercados municipales. Recuperación sí, por qué si bien siguen siendo de titularidad municipal, no están orientados como servicio público.

De hecho, si observamos en la actualidad la gran mayoría de mercados no cuenta con políticas públicas orientadas a este objetivo, sino que podemos ver  que existen o bien aquellos que languidecen, sobre todo los llamados justamente mercados de barrio, por falta de inversión pública e imposibilidad de competir con hipermercados cercanos. O bien aquellos, que o bien gobiernos o empresas han descubierto su potencial como atractivo turístico, ubicación, y han sido objeto de grandes inversiones y reformas,  que a su vez han provocado su aumento de precios, cambio de paradistas y tipología de establecimiento, y han acabado convertidos en un engranaje más del proceso de gentrificación de alguno de los barrios de importantes ciudades.

Pero lo que es claro, es que en cualquier caso han perdido dos de sus grandes cualidades. La primera, hacer accesible a los barrios el acceso a alimentación fresca a un precio razonable. En este momento según un reciente  informe publicado por la OCU, dónde comparaba el precio de cinco frutas diferentes en 67 establecimientos de cuatro ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, daba como resultado que, el consumidor encontrará precios más caros en los mercados (un precio medio de 2,73 euros/kilo) respecto a los de supermercados (2,07 euros/kilo) e hipermercados (2,06 euros/kilo).

Casi podemos decir que ir al mercado se ha convertido en una actividad “elitista” de fin de semana que algunos llaman “merkating” para quién lo puede pagar, excluyendo a una buena parte de la población, justamente quién más necesita de espacios públicos de alimentación.

Pero además, otra de las grandes cualidades que han perdido estos mercados y tan necesarias hoy, son la vinculación a los sistemas alimentarios locales y regionales. La potenciación de estos sistemas son claves si como ya sabemos queremos luchar contra procesos tan graves como el cambio climático y el despoblamiento rural. Estos mercados habían servido y en muchos países aún lo hacen, como una oportunidad de llegar al consumidor final acortando la cadena de intermediación para la agricultura familia y de pequeña escala. Una de las pocas maneras de conseguir precios justos y remunerativos. En este momento, por ejemplo en Barcelona, dónde la gran mayoría de los alimentos provienen de Mercabarna y grandes cadenas de distribución, a través de los cuales  llegan alimentos de medio mundo, y apenas un 7 % directamente de la compra a agricultores.

Por tanto podemos decir sin equivocarnos, que el mercado, como espacio público clave en la alimentación de las ciudades, se ha convertido en una pieza más de un sistema vertical de distribución en mano de grandes empresas y cadenas globalizadas, y que no sirven a objetivos y beneficio de la población.

Por ello es urgente reclamar la soberanía sobre nuestros mercados y su puesta al servicio de estos dos grandes objetivos, hacer accesible la alimentación sana y fresca a la población, sobre todo a la de menor renta y su vinculación al territorio y agricultura local.

Con medidas urgentes como replantear la gobernanza de estos espacios, para que cumplan su obligación de interés público, planificar y ordenar las licencias y tipología de locales, priorizando la alimentación local y saludable, y no el consumo de ocio y evitando la presencia de grandes empresas. O inversión en la reforma necesaria de estos espacios y su accesibilidad y en la creación de infraestructuras logística de apoyo para agricultor de pequeña escala.

En conclusión, hacer política para recuperar nuestros mercados, y ponerlos al servicio de la ciudadanía.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Lo que nos cuesta la carne. Publicado por Nueva Tribuna y Público

En nuestro país la hipertrofia del sector cárnico industrial ha dado lugar a un consumo excesivo de carne, así en España se come seis veces más carne de la recomendación máxima de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero, además, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada.

sliced meats

La consecuencia de este exceso y su tendencia al alza es dramático e inasumible, desde el punto de impactos en la salud de las personas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de salud.

El 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes rojas y procesadas

La alimentación insana es el factor que más incide en nuestra salud, es lo que más nos enferma y lo que más nos mata a una distancia considerable de otros factores como el tabaquismo, alcoholismo, drogas, o enfermedades transmisibles. Bien, pues dentro de la categoría «riesgo alimentario», el más importante es el cárnico. En concreto, el 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes rojas y procesadas.

En grandes cifras, sabemos que en España habría 270.000 personas menos con dolencias cardiovasculares si el consumo de carnes procesadas fuera el recomendado, 1,8 millones de personas menos con diabetes y cada año se podrían evitar 17.500 casos de cáncer colorrectal y 8.200 defunciones de cáncer colorrectal si se comiera la cantidad máxima de carne recomendada.

Este impacto en la salud, obviamente tiene su consecuencia directa en el gasto público sanitario. En concreto, la factura del tratamiento de las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne asciende a 7.400 millones de euros, entre costos directos e indirectos. Ello supone un gasto por persona de 157 euros por año, que equivale al 13% del total del gasto sanitario público por habitante.

A estas alturas, usted ya se debe estar preguntando, ¿por qué hemos aumentado tanto el consumo de carne? La respuesta es clara, de media el 55% del coste en la UE y en nuestro país de producir 1 kg de carne está subvencionado. Por tanto, la carne podemos decir que vive en una eterna promoción.

España invierte al año en torno a 3.300 millones de euros en subvencionar los costes del porcentaje de carne que consumimos en exceso

Se trata no sólo de una transferencia increíble de ingentes cantidades de dinero de nuestros bolsillos a esta industria, en detrimento de otros sectores, cultivos más ligados a dietas saludables y sostenibles, sino, que una buena parte ellos nos está enfermando. En decir, invertimos dinero público para crearnos enfermedades. Haciendo un cálculo a la baja, la cifra estaría en torno a 3.300 millones de euros anuales que en España se invierten anualmente en subvencionar de los costes del porcentaje de carne que consumimos en exceso, fundamentalmente el coste más importante, el cereal que formar parte del pienso.

Subvenciones que se inyectan desde la PAC (Política Agraria Común) cuyo  grueso está diseñado para abaratar las materias primas que necesita la industria cárnica y empresas asociadas (fábricas de pienso, especialmente). Una PAC, que es la mayor política europea, con un presupuesto de 50.000 millones al año, de los cuales se calcula que entre el 69% y 79% se destina directa o indirectamente a la ganadería. Lo que supone entre el 18% y el 20% del presupuesto anual total de la UE.

La actual industria cárnica, en las últimas décadas se ha convertido en una grave amenaza para la población, desde el punto de vista de la salud pública y como una de las causantes más importantes de la crisis climática.

Necesitamos una política urgente de prevención y reconversión de este modelo de producción insostenible y perjudicial

Si sumamos lo que el Estado gasta en subvencionar un consumo que nos enferma, y lo que gasta en tratar esas enfermedades, el resultado son no menos de 11.000 millones de euros anuales. Es entonces obvio, que necesitamos una política urgente de prevención y reconversión de este modelo de producción insostenible y perjudicial.

Para ello no tiene sentido que al día de hoy no estén en vigor medidas urgentes destinadas a una bajada drástica del consumo, como la aprobación de una fiscalidad que grave este consumo, la eliminación de las carnes procesadas y reducción de las carnes rojas en los menús escolares, y eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no sostenible.

De otro forma seguiremos inmersos en esta carrusel macabro donde perdemos todos y sólo ganan un puñado de grandes empresas.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Acuerdo UE-Mercosur: Un anacronismo climático. Publicado por Nueva Tribuna

Los poderes de la UE nos alertan del cambio climático, de la necesidad de medidas urgentes de transición energética, de restricciones en la movilidad de las ciudades, o incluso creamos ministerios y direcciones generales de transición ecológica, pero con la otra mano, impulsa acuerdos de libre comercio por todo el mundo, en este caso con Mercosur. ¿Y usted dirá, qué tiene que ver esto con el cambio climático?

Después de 38 rondas de negociaciones, en las últimas semanas se han reactivado las negociaciones entre la UE y los países del Mercosur para cerrar lo antes posible  un acuerdo de libre comercio. La UE  es la región del mundo que más defiende los tratados de libre comercio y con ello el proceso de globalización, y lo hace de una forma intensa, sobre todo después del fracaso de las negociaciones del famoso TTIP con EE.UU.

Este acuerdo con Mercosur, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica

Si no conocen este tratado, en resumen, se trata de un súper acuerdo donde la UE intercambia la entrada al mercado americano de bienes industriales, automóviles, etc… y contratos de servicios, provisión, construcción, etc.. con toda la administración pública a cambio del acceso al mercado europeo de más toneladas de carne, principalmente de vacuno, polo, azúcar y etanol. Por tanto un acuerdo dónde el sector cárnico es uno de los núcleos más importantes.

Este acuerdo con Mercosur, decía, aparte de enormes efectos negativos en cuento a riesgo en nuestra salud, fundamentalmente por el de uso de productos fitosanitarios, hormonas y antibióticos que en la UE están prohibidos, tiene un impacto inmenso en términos de aumento de huella ecológica. Y eso porque tenemos que recordar en los países de mercorsur, en este momento está dedicando sus mejores tierras al cultivo de forraje. Una de las zonas más castigadas por el fenómeno de la expansión de monocultivos destinados al forraje La FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70 por ciento de los bosques que han desaparecido se han dedicado a pastizales.

Este acuerdo tiene fija un contingente de 78.000 toneladas de carne de vacuno, lo que supondría según un estudio realizado por COAG  (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Ahora calculen la necesidad de toneladas de pienso necesario para este aumento, y por tanto de más y más tierra para monocultivo.

Este acuerdo como es obvio, estaríamos firmando a inevitablemente la desaparición del sector de producción de vacuno a Europa y en nuestro país. Un sector dónde todavía tenemos un buen porcentaje de ganadería familiar, que  entre otras cosas, es determinante para la fijación  población en el mundo rural, y que además  existen numerosos casos de prácticas en producción extensiva o semi–extensiva, que es justamente una de las claves de lucha contra el despoblamiento y el cambio climático.

La ganadería tiene un lugar claro y demostrado en los agroecosistemas, cumple una función de simbiosis con el sistema agrario y, si se hace bien, permite cerrar y completar los circuitos energéticos y de materiales de estos sistemas, además de ser una buena fuente de alimentación sana y equilibrada.

Sabemos que necesitamos urgentemente una bajada drástica del consumo de carne, sobretodo rojas y procesadas, pero que el consumo que nos quede ha de provenir de un modelo sostenible y por tanto local, sin embargo este acuerdo va justo en sentido contrario, ataca la salud de los ciudadanos, por cuanto pone en riesgo la seguridad alimentaria, abaratará los precios de carnes rojas y procesadas lo cual hará aumentar nuestro consumo ya desaforado, acabará de vaciar nuestros pueblos y tendrá un impacto incalculable en la destrucción de bosques en Sur América. Por tanto perdemos todos, bueno todos no, disculpen, ganan las industrias del automóvil, las grandes constructoras, sociedades de capital e inversión.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

El despoblamiento rural cotiza al alza. Publicado por Ets el que Menges

¿Os habéis preguntado alguna vez si necesitamos que existan personas que se dediquen a la agricultura?

Que estos últimos años vivimos una auténtica ola de despoblamiento rural ya no lo cuestiona nadie; de hecho, en los últimos meses ha saltado a la agenda pública gracias a la reacción de los movimientos sociales en defensa de un mundo rural vivo.

El despoblamiento rural cotiza al alza

Este despoblamiento ha sido el resultado de décadas de una política agraria que ha abandonado la agricultura y ganadería de pequeña escala y que ha otorgado un inmenso poder a los grandes oligopolios, que controlan los insumos del sector agrario, energía, fertilizantes, piensos, semillas y la distribución alimentaria.

Lo que tenemos consecuencia de ello –y no podía ser de otra manera– no es un despoblamiento rural genérico, sino una desaparición de las personas que se dedican a la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala, justamente las que han mantenido la vida en nuestros pueblos y la gestión del territorio. La última encuesta de la UE dice que entre los años 2003 y 2013 España ha perdido un 13, 4% de las explotaciones, y que la población activa en el sector primario está en el 3%, la gran parte por encima de los cincuenta años. Sin embargo, la misma encuesta también dice que la superficie dedicada a la agricultura se mantuvo casi estable durante el período 2003-2013; la disminución en el número de explotaciones implica un aumento significativo de concentración agraria: es decir, menos fincas y cada vez más grandes. Y no solo eso, sino que estas fincas y explotaciones están en un proceso en el que están pasando a ser gestionadas por sociedades mercantiles y fondos de inversión.

Sin embargo, paradójicamente, a la vez que nos dicen que el campo no tiene futuro, que no se puede vivir de él y que por eso la gente debe emigrar, vemos que la inversión en agricultura es una megatendencia a nivel mundial, con rentabilidades muy superiores a otros sectores productivos, y además con una volatilidad mucho menor y con una perspectiva al alza a medio plazo. Entre otras cosas porque cada vez hay más millones de personas que alimentar. Sin ir más lejos, las cifras estatales son apabullantes: por ejemplo, en agricultura, el valor de la producción, según datos del Ministerio de agricultura, ha crecido de 26.148 a 29.031 millones de euros en los últimos diez años; y además España se ha convertido en estos últimos años en el tercer productor mundial de cerdo y en el tercer exportador mundial.

El proceso de transformación agraria está en marcha; se trata de apostar por grandes empresas, que acaparen extensiones enormes de tierra, muy capitalizadas, altamente ligadas a la gran industria alimentaria y a los mercados globales para la exportación. Pero, para eso, necesitan acabar con la agricultura y ganadería familiar y de pequeña escala y sustituirla por asalariados. Los agricultores y agricultoras, dicho en otras palabras, sobran.

Estos movimientos de fondos y grandes empresas que integran toda la cadena de producción amenazan con transformar nuestro sistema agrario y acabar con la vida de nuestros pueblos; por lo que Europa pasaría de ser una agricultura basada mayoritariamente en pequeños y medianos agricultores a otra, altamente industrializada, sin ellos. Para que este proceso tenga lugar, necesitan que se vayan ya, que los más viejos les malvendan sus tierras y evitar el relevo generacional, porque es ahí dónde está el meollo del asunto, el control de la tierra y los escasos recursos hídricos.

Pero no os equivoquéis: en este modelo de agricultura extractivista, hay algunos pocos que ganan, pero en realidad va en sentido contrario hacia lo que no solo reclamamos organizaciones y movimientos sociales, sino instituciones internaciones como la FAO, que es reclamar la importancia crucial de la agricultura de pequeña escala, ligada al comercio local, como antídoto contra procesos dramáticos como la crisis climática, el despoblamiento rural, el hambre o el avance de las enfermedades ligadas al alto consumo de alimentos procesados y altamente industrializados.

No podemos hablar de un proceso de despoblamiento, sino de expulsión.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria