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¿Qué tiene que ver el Brent con el precio del pan? Publicado por Nueva Tribuna y Público

Durante los últimos cuatro años, el precio internacional de los cereales está de  bajada, volviendo a ser noticia  estos días  otra importante caída  en la cotización de los mismos.

Los cereales, tenemos que recordar, siguen siendo con gran diferencia la fuente de alimentos más importante del mundo, tanto para el consumo humano directo como, de una manera indirecta, para la utilización de piensos para animales. Por tanto, todo lo que sucede en este sector de los cereales es crítico para el suministro de alimentos en todo el mundo.

precio-pan

La primera pregunta que deberíamos hacernos es por qué está bajando el precio. ¿Hay menos demanda?, ¿consumimos menos cereales?, ¿ha habido una subida de la productividad, de la superficie cultivada?, ¿es bueno que baje el precio de los cereales?, ¿para quién puede ser bueno?.

Pues bien,  parece que uno de los factores  que está dirigiendo fundamentalmente esta bajada de precios es la caída global del precio del petróleo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Pues en un sistema alimentario racional y eficiente, en principio muy poco, pero en nuestro sistema globalizado y mercantilizado de la alimentación podemos observar  que uno de los principales consumidores de cereal son nuestros coches, en forma de biodiesel, por tanto si hay una reducción en la demanda global de petróleo automáticamente baja el precio del cereal. Esto es así  porque se calcula que para que estos combustibles sean rentables es necesario un precio del barril de petróleo de entre 60 y 90 euros y actualmente estamos alrededor de los 40.

Vemos entonces claramente la distorsión que este negocio de las petroleras  tiene en el precio de los alimentos básicos. Una distorsión que se genera porque este nuevo consumo compite directamente con la alimentación  y ha sido uno las causantes los últimos años junto con la especulación alimentaria de la banca de dramáticas subidas de precio de los alimentos. Esas subidas del precio del grano básico que en el año 2008 y 2011 durante las dos últimas crisis alimentarias se saldó con millones de personas que pasaron a formar parte de las estadísticas del hambre.

Pero no nos podemos engañar, la bajada de precios del grano que, en principio es buena para millones de personas en el mundo, puesto que condiciona el poder acceder a la alimentación es coyuntural, y durará lo que dure la actual crisis de precios del petróleo.  La realidad  es que la demanda de biodiesel se prevé que siga en aumento. La previsión de la FAO es que el biodiesel crezca un 54% hasta 2023 y alcance los 40.000 millones de litros frente a los ya  28.000 millones del 2014. En este punto cabe recordar que Europa es el mayor consumidor de este tipo de combustible, por tanto uno de los mayores responsables y además ha estado incentivando la producción de este producto hasta acumular el 28,9% de toda la producción mundial.

En los  momentos alcistas de precios ganan las grandes multinacionales del cereal. Un mercado que el  del cereal que es uno de los oligopolios de mayor concentración que existe, controlado por sólo cuatro empresas, Archer Daniels Midland (ADM – Estados Unidos) Bunge (Argentina) Cargill (Estados Unidos) Louis Dreyfus (Francia), pero actualmente en el momento de  bajada,  nadie puede dudar que siguen teniendo enormes beneficios. Quienes ahora pierden en esta película son otros,  en concreto  los pequeños  productores de cereal que les venden a estas multinacionales, puesto que el coste  de los insumos y cultivo empieza a no ser cubierto por el precio obtenido. Los agricultores no están solo mirando al cielo  y esperando que llueva, sino mirando a los paneles de cotización del precio del Brent.

Es necesario y urgente La Unión Europea reflexione y asuma que su estrategia de biodiesel ha fracaso estrepitosamente, pues no ha logrado parar  la emisión de gases de efecto invernadero y, sin embargo, lo que ha provocado es un aumento de  uso de suelo dedicado al monocultivo, utilización masiva de recursos hídricos, deforestación, expulsión de familias campesinas y una distorsión nefasta en la conformación y estabilización  del precio de los alimentos.

Si bien el año pasado el Parlamento Europeo rebajo las expectativas de crecimiento de biodiesel, el máximo permitido es de un 7% de todo el combustible utilizado lo cual es  tan solo 1.6 punto menos que el anterior límite, y que a todas es  insuficiente. Es necesario acabar urgentemente  con esta locura que el precio del alimento esencial para la gran mayoría de la población mundial sea fijado por las petroleras y la banca.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

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Europa acaba con sus agricultores. Publicado en Periódico Diagonal

Sabemos que los grandes desafíos a los que se enfrentan la Unión Europea y sus países miembros tienen que ver con la sostenibilidad, la salud y la equidad, y sabemos también que todos ellos están íntimamente relacionados con nuestro sistema alimentario. Cada vez hay más consenso no solo en movimientos sociales, sino en las propias instituciones internacionales como la FAO, que necesitamos transformar el actual modelo industrial y kilométrico a uno basado en sistemas alimentarios locales y que apuesten por una agricultura ecológica y de pequeña escala.

Manifestación de tractores en Bruselas. / Greensefa

Pero para que estos sistemas tengan lugar, es necesario la existencia de un actor básico e ineludible, aunque la industria y multinacionales lo nieguen. Necesitamos del campesinado y, si esto no es posible, tampoco será posible una alternativa a este modelo actual que es la causa de enormes problemas en cuanto a la salud alimentaria, cambio climático, derecho a la alimentación , etc.

Lamentablemente una cosa son los discursos institucionales y de nuestros políticos, y otra cosa bien distinta es la realidad. Una realidad que arroja datos dramáticos y que se pueden comprobar en la última encuesta sobre la estructura agrícola de la UE a finales de año. Esta encuesta certifica que entre 2003 y 2013, más de una cuarta parte de todas las explotaciones de la UE desapareció mientras que la superficie media por explotación agrícola aumentó en un 38%. En 2013, había 10,8 millones de explotaciones agrícolas de la UE, que trabajan 174,6 millones de hectáreas de tierra (la superficie agrícola utilizada). Dado que la superficie dedicada a la agricultura se mantuvo casi estable durante el período 2003-2013, la disminución en el número de explotaciones significa un aumento significativo de concentración agraria. El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. El número de explotaciones disminuyó en todos los Estados miembros de la UE, con excepción de Irlanda (+ 2,9%). En España la caída es del 13, 4%. Aquí hay que recordar que el porcentaje de población activa dedicada al sector primario en España es tan solo del 3%.

El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década

El último ejemplo lo tenemos en la situación creada en el sector lechero tras la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) que ha determinado el desmantelamiento del instrumento de cuotas de producción llevando a los pequeños ganaderos y ganaderas a una situación imposible. En este momento según el informe realizado por COAG sobre la situación del sector lechero, en España se pierde cada mes 65 explotaciones de ganadería láctea. La caída de un 20% del precio de la leche obliga a echar el cierre a 1.544 productores en los últimos dos años y reduce la cifra total a 16.490.

Dramáticos son también los datos concernientes a relevo generacional, donde vemos que en 2013, casi uno de cada tres productores de la UE tenían una edad superior a 65 años. En España el dato también es de tres.

Esta progresiva y dramática eliminación del campesinado de nuestros países ha sido el triste resultado de décadas de Política Agraria Comunitaria, que consume cada año el 40% del presupuesto de la Unión Europea y que obviamente ha tenido otros objetivos muy distintos de la defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.

Con estos datos ya hace tiempo que deberían haber sonado todas las alarmas. ¿Quién va alimentarnos? ¿Quién va a mantener el empleo en nuestras comarcas? ¿Quién va a mantener el medio ambiente y el territorio? ¿Quién va a mantener nuestros pueblos y su cultura?

Sin embargo nada de esto ha pasado, las grandes multinacionales siguen empujando por una agricultura en pocas manos, en sus manos, dicho de otra forma. Una agricultura sin agricultores, si acaso algunos pocos asalariados. Una agricultura que maximice su beneficio y externalice sus costes sociales, sanitarios y medioambientales.

Es urgente reflexionar y llevar al debate público el rol del campesinado y abordar consecuentemente un cambio radical de las actuales políticas en las que las grandes corporaciones no estén en el centro del interés, sino por el contrario, en la defensa y aumento del campesinado en Europa.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Matar las vacas. Publicado por Nuevatribuna.es y Público

En 1994 existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy 17.000

Los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España

La desaparición este año de la cuota lechera beneficia directamente al proceso de concentración que la industria alimentaria y ganadera está impulsando los últimos años. La desaparición de las cuotas lecheras no es un ajuste técnico de un sector en concreto, se trata en realidad de una apuesta ideológica por la desaparición de los últimos vestigios de lo que fue una regulación de mercados y que tiene impactos dramáticos más allá de los puramente sectoriales.

Estos últimos meses después de las cuotas podemos observar de una manera vertiginosa los nefastos resultados. Así vemos como la mayoría de las empresas lácteas están ofreciendo contratos a ganaderos con un precio base de 0,26-0,28 euros litro e incluso han pagado a precios de 0,22 a partir de amenazar al ganadero con dejarle de recoger y luego “hacerle el favor” de llevarle la leche. Todo esto muy lejos de los costes de producción calculados en 0,34 euros, por tanto obligándolos a trabajar a pérdidas. Además, la eliminación de las cuotas ha erosionado  aún más el poder de negociación de los productores. La ecuación a la que se enfrentan es sencilla, o venden al mínimo precio y la cantidad que les dicen, o no les recogen la leche, porque ya no tienen obligación de hacerlo.

Frente a esta situación, es escandalosa la total inacción de la administración pública, que lejos de reaccionar, tan sólo ha sido capaz de establecer un fondo limitado en el tiempo de pago directo como una manera de cuidados paliativos antes de la segura muerte de la ganadería familiar en nuestro país. El mensaje es claro, solo los más grandes y los más integrados podrán sobrevivir, el resto vayan haciendo las maletas.

DESCARADO OLIGOPOLIO

En este momento, los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España. El 60% de la leche recogida se destina a la leche líquida envasada; en este subsector, siete empresas controlan el 75%, y las tres primeras más del 40%. Del resto del mercado lácteo (del que, como se ve, apenas queda nada), el 50% lo controlan, directamente, los supermercados a través de sus “marcas blancas”. No se ve mucha atomización, más bien un descarado oligopolio.

Se trata de un planteamiento absolutamente ideológico que no tiene en cuenta ladestrucción de empleo local y pérdida de población rural. En muchas comarcas del país para los que la ganadería era el elemento básico de fijación de población y la realidad es que llueve sobre mojado, la desaparición de la ganadería familiar no deja lugar a dudas. En el estado español, en los últimos 50 años se han perdido 112 explotaciones al día, pero la intensidad de la extinción se ha incrementado últimamente y en los últimos 8 años ha ascendido a 255 pérdidas al día. En 1994, existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy, sólo quedan 17.000. Y no sólo en la fase productiva, cualquier iniciativa de pequeña escala en las fases de transformación y comercialización tiende a seguir la misma suerte. La apisonadora de los que mandan en la cadena las hace inviables.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MIRA PARA OTRO LADO

Después de este planteamiento la pregunta parece obvia ¿De verdad, no hay otra forma de organizar el sector de forma que sea más justo y equilibrado y por tanto proteja la economía local de pequeña escala? ¿De verdad la administración pública sólo puede mirar para otro lado mientras desaparecen pueblos enteros?

Pues bien, mientras en España la ganadería lechera no participa del beneficio de la venta de un litro de leche y pierde dinero, en Canadá la ganadería se queda con el 54% del precio final de venta de ese mismo litro de leche. Así en el Estado español de cada 100 euros que pagamos por la leche, según el MARM, la fase de producción se queda con un beneficio de 0 €, la distribución se queda con al menos un 60% (pudiendo llegar a ser del 90%) y el resto (10%-40%) se lo queda la industria. Las diferencias entre Canadá y el Estado español no existen por casualidad.

Entonces ¿qué es lo que están haciendo estos locos canadienses? Pues aunque nuestros gobernantes les parezca una blasfemia, en Canadá tienen una política directa de intervención en los mercados, con el objetivo de reforzar las partes más débiles de la cadena de producción y equilibrar población y territorio.

En Canadá han desarrollado un modelo de gobernanza del sector donde las ganaderías son miembros de las juntas de negociación provinciales de venta de leche y venden su leche ahí. Estas juntas son gobernadas en cada provincia por las ganaderías y tienen la autoridad legal de regular, decidir precios e inspeccionar la calidad láctea. Las ganaderías y el gobierno deciden estos elementos anualmente, estando también presentes la industria y la distribución. Están presentes sí, pero, y esto es clave, tienen voz pero no voto. Con este mecanismo las ganaderías pueden cubrir sus costes de producción y asegurarse unas condiciones justas, por tanto no necesitan subsidios para este apartado y eso favorece a la ciudadanía que, además, paga menos impuestos para ello.

Que nadie se engañe, el desmantelamiento de la regulación del sector lechero en Europa supone la punta de lanza de toda una estrategia dirigida a exterminar la agricultura y ganadería campesina y familiar para entregarle en total control de nuestra alimentación a grandes multinacionales.


Javier Guzmán Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Andoni García Arriola Miembro de la ejecutiva de COAG y de EHNE Bizkaia

TTIP: La Carne que nos matará. Publicado en Nuevatribuna.es

Las grandes empresas cárnicas estadounidenses necesitan urgentemente derribar las restricciones al uso de antibióticos en Europa y así poder comercializar y producir a mayor escala.

Un 35% de la cosecha de grano del mundo (760 millones de toneladas) es utilizada con fines de producción animal

Las últimas décadas el consumo de carne a nivel mundial no ha parado de crecer, desde 44 millones de toneladas en 1950 a 284 millones de toneladas en 2009 y todo indica que así será los próximos años. Este aumento de consumo de carne lleva obviamente aparejada un aumento de la producción animal, lo cual genera enormes problemas de sostenibilidad, consumo de agua y de competencia directa del derecho a la alimentación de millones de personas, así se estima que un 35% de la cosecha de grano del mundo (760 millones de toneladas) es utilizada con fines de producción animal.

El sector cárnico, en las últimas décadas y de forma paralela, ha sufrido una enorme transformación marcada por una mayor industrialización y verticalización del sistema de producción. Así vemos cómo en pocos años este proceso ha hecho desparecer silenciosamente miles de granjas familiares y la aparición en su lugar de Factorías o fábricas de producción animal, cada vez más grandes y por eso es cada vez es más frecuente encontrarse en la prensa el fenómeno de las mega granjas, con cientos y miles de animales. En este momento solo las cuatro primeras empresas cárnicas controlan el 85% del mercado mundial.

EL USO DE ANTIBIÓTICOS

Pero para que este despropósito de factorías de miles animales hacinados haya sido posible es imprescindible contar con la inestimable ayuda de los antibióticos, el consumo del cual no ha hecho nada más que crecer. Las sustancias antimicrobianas se emplean en veterinaria con fines terapéuticos y profilácticos para tratar infecciones. Pero los antibióticos también pueden ser empleados en producción animal por otras dos razones, además de la curativa. Las dos razones son la preventiva y como promotores de crecimiento. Las condiciones de la ganadería industrial ha provocado un grado variable, pero existente, de inmunosupresión en los animales haciéndolos más propensos a enfermar.

Tal es su importancia que el aumento masivo y global de la producción de carne en factorías se prevé que en el año 2030 su uso se habrá incrementando en un 67 por ciento, lo que representa una “amenaza para la salud pública”, según afirma un estudio recientemente publicado en el Proceedings of the National Academy of Scientists (PNAS) de Estados Unidos.

El uso de antibióticos se duplicará en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) debido a la transformación de su sector hacia sistemas .El estudio además afirma que el uso de antibióticos ya está dando lugar a una crisis de resistencia a los antibióticos en los EE.UU y en la Unión Europea.

Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (año 2012), la resistencia de la bacteria Salmonella spp. aislada de los casos que han afectado a humanos, se sitúa cerca del 50% para los antibióticos más utilizados. Es decir, que la mitad de la veces que alguien enferma de Salmonella y es tratado con antibióticos, estos no funcionan. La media europea se sitúa entre un 25 y un 30% en función del antibiótico. En el caso de Campylobacter, las cepas aisladas en los casos que han afectado a humanos, vemos que más del 80% de las cepas aisladas que afectaban a humanos en España eran resistentes a los seis antibióticos más usados. Y finalmente, analizando las cepas de Escherichia coli aislada en los casos de contaminación de alimentos vemos que para la carne de pollo la resistencia rondaba el 30% y para la carne de cerdo el 25%. No solamente la EFSA confirma esta situación, así según datos del atlas mundial de la OMS, en España la tasa deEscherichia coli (responsable, por ejemplo, del 80% de infecciones urinarias) es resistente al 34,5%.

En la Unión Europea la Directiva 1831/2003 prohibió los llamados Antibióticos Promotores del crecimiento en Europa a partir del 2006. Es decir, no se pueden administrar estas substancias (normalmente a través del agua de bebida, pienso o a través implantes subcutáneos en los animales) en la producción animal europea. Aún así según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades calcula que la resistencia a los antibióticos provoca cada año25.000 muertes

Aunque, como vemos, la situación europea dista de ser ideal, sí es cierto que se han dado pasos importantes en el control del excesivo uso de antibióticos para ganadería. Lo que nos encontramos en EE.UU respecto de los antibióticos promotores del crecimiento, por el contrario, ha sido, y es, muy diferente. Los antibióticos son usados de forma rutinaria en la producción animal estadounidense, como lo habían estado en la UE antes de 2006. De acuerdo con la FDA, aproximadamente el 80% de todos los antibióticos usados en los Estados Unidos se destinan a ganadería y solamente el 20% a la salud humana.

De estos datos se podría desprender que estamos frente a los efectos colaterales de un proceso de evolución normal del sector, pero nada más lejos de la realidad, son en verdad el resultado directo de la aplicación de políticas públicas con el objetivo de favorecer los intereses de grandes corporaciones cárnicas. Así en Estados Unidos el número de factorías de vacuno lechero se han doblado (incremento del 93%) en la última década y actualmente agrupan a más de 5 millones de vacas, una media de 650 vacas, cada día, han pasado a ser criadas en este tipo de explotaciones ganaderas.

El número de animales destinado a vacuno de carne en granjas factoría (los famosos feedlots) agrupan a más de 14 millones de animales, añadiendo 1.100 animales cada día en la última década a estos sistemas de producción. La media de una granja de feedlot en EEUU es de 3.800 animales.

Por lo que respecta a la producción de carne de cerdo, en una década se han incrementado un 36% el número de granjas factoría y actualmente más de 65 millones de cerdos se producen en este tipo de granjas. 4.600 animales, cada día, han pasado a engrosas las filas de este tipo de producción. El tamaño medio de las granjas se ha incrementado un 42% y actualmente es de 5.200 animales.

EL TTIP, UNA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA

Estas grandes empresas necesitan ahora una vuelta de tuerca más, se trata del ensanchamiento del mercado, y a esto a lo que responde el TTIP, que tiene como uno de sus ejes fundamentales  no tanto el “abrir” fronteras a los alimentos estadounidenses sino “abrir” los órganos reguladores agroalimentarios europeos. Se trata por tanto de eliminar las barreras reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico.

Para mantener sus enormes beneficios necesitan urgentemente derribar las restricciones al uso de antibióticos en Europa y así poder comercializar y producir a mayor escala, eso sí, externalizando el coste de los perjuicios causados en la salud de la población. Y es ni más ni menos que asuntos como este lo que se está ahora mismo negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es imprescindible y urgente por tanto que los ciudadanos sepamos lo que nos estamos jugando en este acuerdo y reaccionemos. Si no somos capaces de hacer descarrilar este tratado en los próximos meses sufriremos consecuencias que ni siquiera podemos llegar a imaginar.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Los pobres comen basura. Los ricos sano y verde. Publicado por La Marea

Necesitamos políticas impositivas que mejoren el acceso a una buena alimentación y eviten que el coste social recaiga sobre los consumidores más pobres


El precio de alimentos como las frutas y las verduras ha aumentado un 300% durante los últimos años en la mayor parte del mundo. En cambio, el precio de los alimentos calóricos que favorecen el sobrepeso y la obesidad se ha reducido a la mitad en el mismo periodo.

Si comparamos la evolución de precios de algunas frutas, hortalizas o tubérculos, con uno de los componentes usuales en la comida basura como es el azúcar, vemos cómo todos los alimentos básicos son más caros que los azucarados.

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Los datos demuestran que, en las últimas décadas desde 1983), el precio de la fruta fresca y verdura se ha incrementado tres veces más que el azúcar y derivados, y seis veces más que los refrescos, por poner dos ejemplos de comidas y bebidas insanas.

Pero el cambio en la estructura de precios provocada por la industria y la falta de políticas activas tiene un coste oculto, un coste externalizado en forma de pérdida de salud para las poblaciones más pobres. Para ponerle alguna cifra, según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y el Ministerio de Sanidad, la obesidad supone el 8% del gasto sanitario anual en España, es decir más de 2.500 millones de euros; y la diabetes tiene un coste directo anual de 5.809 millones de euros, lo que representa también el 8,2 por ciento del gasto sanitario total.

En España por ejemplo, la tasa de obesidad está disparada y en una tendencia al alza que no ha sido revertida en ningún momento, así el sobrepeso afecta al 55% de la población, la obesidad al 17% -según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, y todavía peor es la cifra alarmante que aparece cuando se echa un vistazo a la obesidad y sobrepeso infantil, porqué ahí España ocupa el primer puesto en la UE y el segundo en el mundo, justo por detrás de los Estados Unidos, pero situado muy cerca. Pero como decíamos, no es un tema que afecte igual a toda la población, sino que en las clases sociales con menos renta la obesidad aumenta en más de un 30%.

La mala alimentación no es en absoluto un tema frívolo o de conducta individual, sino que tiene causas estructurales y efectos dramáticos en las vidas y derechos de millones de personas. Así, la OMS señaló en su último informe a la obesidad como la crisis de salud más importante a nivel mundial a la que nos enfrentamos y como la principal causa mundial de las discapacidades. En el caso de España, el informe indica que el principal factor de riesgo que está reduciendo la salud de la población es el alimentario. Por encima del tabaco, el alcohol, las drogas, etc..

La expansión de las políticas neoliberales a nivel global han provocado una expansión global del problema de la mala alimentación, del que la obesidad y el sobrepeso son la cara más visible. Sin embargo, ante este enorme problema comprobamos año tras año la ineficacia de la respuesta desde las administraciones públicas, que en España se empeñan en seguir la estrategia y argumentario de las grandes corporaciones. Este no es otro que repetir hasta la saciedad que no es un problema social, sino un problema de hábitos individuales de vida, pasando por tanto la carga del problema al individuo aislado.

Por el contrario, es evidente que necesitamos urgentemente políticas públicas que puedan corregir los efectos externos negativos derivados del consumo de estos productos, y una de las medidas más efectivas y claves para ello es establecer una política de impuestos que mejore el acceso a una buena alimentación, que restrinja el consumo de mala dieta y que por tanto que evite que el coste social recaiga sobre una parte de los consumidores, los más pobres.

En la Unión Europea de hecho, ya se está utilizando un gravamen distinto en función de distintos alimentos, pero obviamente no está siendo utilizada con el objetivo de mejorar la dieta y actuar sobre los alimentos que, consumidos en exceso, están generando los problemas de salud asociados a la mala alimentación.

En España, la aplicación de los tipos de IVA reducidos y súper reducidos en los alimentos se basa fundamentalmente en las definiciones que el Código Alimentario hace de los grupos de alimentos considerados cómo básicos. No parece que se consideren otros factores como hábitos de compra, el impacto sobre la salud o la asequibilidad de ciertos alimentos para determinados grupos de población. En otros países la cosa es distinta. Por ejemplo, Irlanda contempla 89 subgrupos dentro de la categoría general de alimentos básicos, a los que aplica un IVA del 0%. En Reino Unido, los alimentos básicos también están gravados un 0%, incluyendo una gran variedad de grupos: carnes, pescados, cereales, frutas y hortalizas, entre otros, así como alimentos con contenido bajo en calorías o especiales para diabéticos o alérgicos.

Pero no sólo eso, el Consejo de la Unión Europea, en sus recomendaciones a España de junio de 2013, sugiere explorar la posibilidad de limitar la aplicación del tipo reducido de IVA. También la Agencia Salud Pública Catalunya ha propuesto lo mismo. Vemos cómo hay prácticamente consenso en que sería útil reducir los impuestos a los alimentos saludables para estimular su consumo. Si ello es así para los productos sanos, ¿por qué no utilizar las mismas razones y argumentos para los insanos?

Podríamos preguntarnos, ¿quién pierde por el hecho de que la fruta fresca tenga un IVA del 0%? ¿Parecería que todo el mundo gana, no? Des de los productores hasta el consumo. La explicación está en los intereses del lobby de la industria alimentaria.

Como consecuencia, por el momento las clases populares siguen colaborando a los beneficios de estás grandes empresas a costa de su salud, mientras las clases adineradas pueden seguir disfrutando del derecho a la alimentación, sana y adecuada.

*Javier Guzmán es Director de VSF Justicia Alimentaria Global

El lobby de la mala alimentación española. Publicado por la Marea

Los datos sobre mala alimentación y obesidad son cada vez más dramáticos. Actualmente 1.400 millones de personas en el mundo padecen obesidad o sobrepeso y este trastorno alimenticio se cobra la vida de 3,4 millones de personas por año. Pareciera que es el sino de los tiempos, pero nada más lejos de la realidad, se trata de los efectos de un enorme negocio en manos de multinacionales.
<em>El lobby de la  mala alimentación española</em>
Juguetes de una cadena de comida rápida. CAROL ESTHER

En Europa la cifra se eleva al 58%, es decir, una de cada dos. Si nos fijamos en las previsiones futuras, la cosa no hace sino empeorar. Las estimaciones de sobrepeso en diferentes países indican que la pandemia sigue creciendo.

Pero esa cifra, aun siendo alarmante, no es la que más nos debiera preocupar. Lo más preocupante aparece cuando se echa un vistazo a las cifras de obesidad y sobrepeso infantil, porque ahí España ocupa el primer puesto en la Unión Europea y el segundo en el mundo, justo detrás de Estados Unidos, aunque muy cerca.

Actualmente existe suficiente conocimiento, científicamente contrastado, de que, en los países industrializa­dos como el nuestro, determinados nutrientes se consumen en exceso y este desequilibrio alimentario está asociado a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión arterial, caries dental, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer). Los nu­trientes que consumidos por encima de las recomendaciones nutricionales establecidas se asocian al aumento del riesgo de padecer las citadas enfermedades crónicas son principalmente los ácidos grasos saturados y trans, los azúcares y la sal. De ellos el que, de momento, más se ha escabullido a los sistemas de control es el azúcar y sobretodo en nuestro país, dónde no se ha tomado ninguna medida de control y regulatoria como sí han hecho países europeos de nuestro entorno.

La respuesta a la existencia de este enorme agujero negro hay que buscarla en la sofisticada creación durante los últimos 30 años de un potente lobby que ha logrado crear una arquitectura científica y puertas giratorias que hasta la fecha ha funcionado a la perfección.

El cimiento de este edificio del lobby es crear una narrativa, un argumentario para repetirlo una y otra vez y aleccionar a la administración pública y consumidores, aunque lo que se diga esté negando sin complejos las tesis y recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud).Los mensajes utilizados son que No hay alimentos buenos ni malos, todo depende la dieta en su conjunto,y además el problema de la obesidad es un problema de malos hábitos, sedentarismo y la falta de ejercicio.

Si ese es el cimiento, podemos decir que los pilares del edificio son, en primer lugar obtener como sea y al precio que sea el aval científico y el aval de las administraciones públicas, a sus discursos, sus propuestas y sus productos. En segundo lugar, bloquear las propuestas que inciden en las causas reales de la mala alimentación y sustituirlas por otras propias que actúan como pantalla de protección. En tercer lugar unir su imagen a la salud, emitir el mensaje de que son un actor que hace muchos esfuerzos para conseguir una alimentación sana, que, en definitiva, forman parte activa de la lucha contra la mala alimentación. Pero para que todo este engranaje funcione, necesitan la colaboración necesaria de las administraciones públicas y las organizaciones médicas y de salud.

Una vez conocidos los planos y materiales. ¿Quieren ustedes conocer a algunos de sus arquitectos y aparejadores? En primer lugar nos encontramos con uno de los más importantes actores del entramado azucarero, El Instituto de Estudios del Azúcar y la Remolacha (IEDAR), que es el brazo académico de la industria productora de azúcar. Su objetivo principal no es otro que el de promover y difundir las investigaciones científicas que obtengan unos resultados acordes con los intereses de la industria.

La trayectoria de sus miembros aporta información relevante. Así entre varios encontramos que el comité científico de IDEAR es dirigido por la doctora Carmen Gómez Candela, especialista en endocrinología y nutrición y jefa de sección de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de la Paz desde el año 1993. También coordina el grupo de investigación en nutrición y alimentos del Instituto de Investigación Sanitaria La Paz (IdiPAZ), y presidió la Federación Española de Sociedades de Nutrición Alimentación y Dietética (FESNAD) desde su fundación en 2002 hasta 2005.
¿Ven ustedes algo raro? ¿No? Sigamos entonces. Ahora les presentamos a ANFABRA (Asociación de Bebidas Refrescantes) que tiene a los dos principales fabricantes de azúcar españoles, AB Azucarera y Acor, como entidades colaboradoras y, sorprendentemente es dirigida desde septiembre de 2012 por Josep Puxeu Rocamora. Josep Puxeu ha sido Secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Ministerio de Medio Ambiente (2008-2001); Secretario General de Agricultura y Alimentación (2005-2008) y Director General de Política Alimentaria (1993-1996).

Ahora tenemos el gusto de presentarles a la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) .La Federación está integrada por un amplio número de sociedades científicas de ámbito estatal. Simplemente con echar un vistazo en su web podemos comprobar ,que participa sin problemas en actividades conjuntas con empresas como Danone, Nestlé, Coca-Cola Company o Puleva. Pero si miramos quien es su presidente, nos encontramos que es Jordi Salas Salvadó, Catedrático de Nutrición y Bromatología, Departamento de Bioquímica y Biotecnología, Universitat Rovira i Virgili, también es miembro del Comité Científico de la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Comsumo del Ministerio de Sanidad). También es el Jefe Clínico de Nutrición del Servicio de Medicina Interna, del Hospital Universitario Sant Joan de Déu. Pero lo que más nos interesa aquí es que es presidente de la FESNAD es vocal del Instituto Danone (curiosamente, existe también una Cátedra Danone en este hospital). Una de las más recientes publicaciones de la FESNAD, del que Jordi Salas Salvadó es coautor, es el Documento de Consenso “Evidencia científica sobre el papel del yogur y otras leches fermentadas en la alimentación saludable de la población española”. El documento ha estado financiado por Danone.

Para despedirnos les presentamos por último a la Fundación Alimentum representa la cúspide de la pirámide de los artefactos que ha creado la industria alimentaria para incidir, de la mano de la administración y ciertas sociedades de dietistas y nutricionistas, sobre la población e incrustar su discurso.

La Fundación ha sido creada por la industria alimentaria y actualmente tiene la siguiente composición: Presidencia de PepsiCo, Vicepresidencia de Danone, S.A, tesorería de Grupo Leche Pascual y vocalías de Bimbo Iberia, Grupo Calvo, Campofrío Food Group, Coca-Cola Iberia, Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. (CAPSA), Deoleo, S.A, ElPozo , Ferrero Ibérica S.A., Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Gallina Blanca Star, Grefusa, Lactalis Iberia, S.A., Hero España, S.A., Kellogg España, S.L., Mondelez España, Nestlé España, S.A., Nutrexpa, Orangina Schweppes Iberia, Panrico, S.A.U., Pescanova, Unilever España, S.A., Wrigley España.

Ellos lanzaron el 2013 junto con la AECOSAN(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) el llamado Plan HAVISA (Hábitos de Vida Saludables). Se trata de una campaña que se basó fundamentalmente en mensajes de conocidos deportistas, de manera que se asociaba la imagen de la marca de la industria alimentaria a este deportista, rubricado con el logotipo del Ministerio de salud.

Y por curiosidad ¿quieren saber quién era hasta el viernes pasado la directora de la AECOSAN? Pues Ángela López de Sá, quién ha colaborado en la elaboración de la normativa española en asuntos alimentarios y en la postura española ante la normativa comunitaria y antes de incorporarse trabajaba como directora de Asuntos Científicos y Normativos de Coca-Cola Iberia.

Desde luego solo son casualidades, que nadie piense mal.

Javier Guzmán

Director de VSF  Justicia Alimentaria Global

La insoportable molestia de nuestra salud . Publicado por El País

Repasamos las implicaciones del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EE UU en nuestra seguridad alimentaria

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), es un sueño hecho realidad. El sueño de las grandes corporaciones agroalimentarias. Para el resto de la sociedad es una pesadilla. Será necesario despertarse y que nuestra pesadilla y su sueño sean solamente eso, una mala noche.

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Las corporaciones agroalimentarias llevan años pleiteando en la Organización Mundial de Comercio contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria. Parece que, por fin, ha llegado la hora de solucionar sus problemas y para ello han puesto a trabajar a sus negociadores en forma de representantes gubernamentales entre Estados Unidos y la Unión Europea. El objetivo es conseguir un Acuerdo comercial entre las dos regiones que, a diferencia del resto de este tipo de tratados ya firmados en todo el mundo, no pretende “abrir” fronteras a los alimentos estadounidenses sino “abrir” los órganos reguladores agroalimentarios europeos.

Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE UU, (en este momento los aranceles son tan bajos que apenas pueden reducirse ya), su principal finalidad es eliminar las barreras reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. El problema es que estas barreras son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, por sus siglas en inglés), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en Internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, el TTIP es una especie de tratado ómnibus en el que viajan algunas de las normativas que más protegen a la ciudadanía y al medio ambiente. En lo que se refiere al ámbito agroalimentario, las normativas que se están negociando determinan cómo se producen los alimentos, cómo se etiquetan, cómo se comercializan, cómo se evalúa su seguridad o como se inspeccionan. No podría haber más en juego.

Las barreras no son los aranceles

Si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EE UU y la UE, vemos que promediaron vemos que, de hecho, estos aranceles no han hecho otra cosa que reducirse en las últimas décadas sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. Así los EE UU han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%, y en la UE se ha pasado de un 19,1% al 12,8%. Para poder entender la magnitud de ese dato, digamos que el arancel agrícola promedio en el mundo es del 60%.

Si lo que desean las grandes corporaciones agroalimentarias, a través del TTIP, es que un producto agroalimentario producido, elaborado y comercializado en EE UU pueda ser, inmediata y automáticamente, vendido en la UE y a la inversa, el problema no son esos aranceles. ¿Dónde está entonces? En las llamadas “Medidas no arancelarias”, o NTM según la jerga de la OMC. Es decir, las leyes, regulaciones o políticas de un país que afectan a ese producto agroalimentario y que son distintas de las de otro país.

Y aquí viene la madre del cordero, porque en realidad los marcos regulatorios que afectan a elementos clave de la producción, comercialización, etiquetado o inspección alimentarios, son radicalmente distintos entre EE UU y la UE. Entonces ¿Cómo van los negociadores comerciales para el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea a resolver estas diferencias entre los dos sistemas de regulación?

No se preocupen, ya lo tienen claro. Para ello, dentro de las negociaciones del TTIP, existen dos elementos claves. Uno se refiere a una herramienta y otro a una estructura. La herramienta es la coherencia o armonización regulatoria. Es decir, de las dos normas, escoger la menos exigente para las corporaciones (que es, al mismo tiempo, la menos protectora para la ciudadanía). La estructura es el Consejo de Cooperación Regulatoria (RCC), y todo parece indicar que es el centro mismo de la estrategia TTIP.

Las diferencias

Existe una extensa lista de diferencias entre las normas que afectan a la salud y seguridad alimentaria entre la UE y EE UU, y aunque un artículo no dé para más, podemos destacar alguna de las más importantes.

La irradiación alimentaria es una de ellas. La irradiación es un tratamiento basado en la aplicación de radiaciones ionizantes, generalmente electrones de alta energía u ondas electromagnéticas (rayos gamma o X). No es un “simple proceso de conservación de alimentos”, como siempre se le denomina por parte de la industria alimentaria. Para hacernos una idea rápida, la dosis promedio de irradiación de alimentos (allá donde está permitida) es de 10 KGy (10.000 Grays). Para entender esta cifra podemos compararla con una radiografía (1 miliGray), una tomografía (0,01/0,03 Grays), o que basta con exponer la piel a una irradiación de 10 Grays para perder permanentemente el pelo. O que hacer que lleguen 8 Grays a los ovarios de una mujer para provocarle infertilidad. En radioterapia, la dosis máxima que se utiliza es de 80 Grays. Este tratamiento está permitido en EE UU para casi todos los alimentos. La UE solamente lo autoriza para las hierbas aromáticas secas, especias y condimentos vegetales (si bien es cierto que deja libertad a cada estado miembro para incorporar nuevos alimentos a la lista).

Hay que recordar que este punto es especialmente preocupante de cara a los consumidores pues la irradiación puede formar sustancias tóxicas y cancerígenas. La irradiación produce radicales libres y demás subproductos. Muy pocos de estos productos químicos han sido adecuadamente estudiados sobre su toxicidad en la salud. Además, los alimentos irradiados no están adecuadamente etiquetados y el derecho del consumidor a elegir, con suficiente información, no está suficientemente asegurado. Por último, es conocido que la irradiación reduce el valor nutritivo de los alimentos. Por ejemplo, reduce el contenido en vitaminas del alimento, así, la vitamina E puede reducirse en un 25% después de la irradiación y la vitamina C entre un 5 y un 10%.

Otro punto diferenciador entre las dos normativas que sirve para ilustrar de qué estamos hablando es la lista de plaguicidas autorizados en los dos lados del Atlántico. Aquí se refleja perfectamente que el TTIP es un convenio de modificación normativa. De entre las numerosas diferencias existentes en la legislación sobre pesticidas, las dos más importantes se refieren a la gran cantidad de pesticidas peligrosos permitidos para su uso por EE UU pero que están prohibidos en la UE, además de los distintos niveles de residuos de estas substancias que se permiten en los alimentos que se venden a los consumidores en los Estados Unidos en relación con la UE. Los llamados Límites Máximos de Residuos, mucho más protectores en la UE que EE UU.

El tema no es menor ya que estos productos, por definición, tienen una alta actividad biocida y pueden causar efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente. A ello se debe unir que, en muchas ocasiones, presentan una alta persistencia en el ambiente con lo que sus efectos se prolongan a largo plazo. Que son sustancias de alto riesgo lo saben perfectamente los consumidores, como demuestran los datos del último Eurobarómetro que preguntó por la cuestión y que indican que el 66% de los españoles está bastante o muy preocupado por la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos. En un estudio realizado Instituto de Comercialización de Alimentos detectó que el 72% de los encuestados los consideraban una amenaza muy importante para la salud.

De los dos sistemas regulatorios sobre pesticidas, el que mejor protege a la ciudadanía es sin duda el europeo, que lejos de ser ideal, es mejor que el estadounidense. Decimos lejos de ser el ideal porque, por ejemplo, cada año se utilizan más de 40.000 toneladas de plaguicidas (solamente teniendo en cuenta la cantidad de principio activo) en el estado español y ese uso intensivo sigue generando denuncias por los efectos sobre la salud humana como para el medio ambiente. Por ejemplo, en un informe realizado por investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, detectó 23 pesticidas diferentes en distintos tramos del río Júcar, entre ellos algunos prohibidos.

La evaluación, la comercialización y el uso de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) está fuertemente regulada en la Unión Europea. La normativa expone un procedimiento de evaluación de riesgos y autorización para sustancias activas y productos que contienen dichas sustancias. A fin de que pueda permitirse su comercialización es necesario demostrar la seguridad de cada sustancia activa desde el punto de vista de la salud humana, incluidos los residuos en la cadena alimentaria, la sanidad animal y el medio ambiente. La industria tiene la responsabilidad de facilitar los datos que demuestren que una sustancia puede ser utilizada sin riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Por el contrario, en EE UU, la seguridad química está regulada por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976 (TSCA). En contraste con el proceso europeo, que revisa todas las substancias “antiguas o nuevas”, la TSCA otorga una serie de derechos adquiridos a miles de productos químicos. Como muestra, basta decir que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha requerido pruebas de seguridad solamente a 200 de los más de 80.000 productos químicos usados comercialmente. Otra diferencia fundamental es que, en el caso norteamericano, se requiere una evaluación completa del riesgo por parte de las autoridades gubernamentales cosa que, en la práctica, sitúa la responsabilidad y la carga de demostrar que una substancia no es nociva para la población o el medio ambiente en la administración, en lugar de en las industrias. Ello tiene profundas implicaciones prácticas que, finalmente, se traducen en una gran cantidad de plaguicidas que circulan libremente por el mercado estadounidense sin que exista la suficiente certeza de que no suponen un riesgo para la salud o el medio ambiente.

El RCC

Estos son sólo dos ejemplos del objetivo que marca el tratado de armonización de estándares, que a la práctica es la devaluación del sistema de garantías europeo actual, para favorecer los intereses de grandes corporaciones. Pero como decíamos, el auténtico peligro de este acuerdo radica en la nueva estructura de toma de decisiones que se pretende incrustar en la UE.

Aspectos como los transgénicos, la producción ganadera hormonada o la autorización de plaguicidas catalogados como peligrosos son lo que podríamos llamar temas-alerta, aspectos que, cuando se tocan, despiertan el rechazo casi automático de la ciudadanía.

Ello, obviamente, lo saben tanto la industria como los negociadores comerciales. Si sale a la luz un acuerdo que autorice la comercialización y no etiquetado de los alimentos transgénicos, o el engorde de ternera con implantes de estradiol o pesticidas con riesgo para la salud, entonces, el sueño corporativo se acaba. Por esa razón, revelar los detalles de las negociaciones y presentarlo como lo que es, un enorme paquete desregulatorio, un omnibús en el que viajan las normas al que se va a despeñar, y que parezca un accidente, podría ser políticamente peligroso para los negociadores, las corporaciones y, de rebote, para los gobiernos que la respaldan, ya que podría dar lugar a un rechazo de todo el paquete por la ciudadanía e incluso los parlamentos estatales.

Los grupos de presión empresariales de ambos lados del Atlántico y sus representantes políticos son perfectamente conscientes de las complicaciones políticas de este tipo de acuerdo. Nos encontramos ante un dilema. ¿Y cuál es la respuesta que se ha encontrado? La respuesta se llama “cooperación regulatoria”. Que se traduce en “toquemos poca cosa ahora pero dejemos todo a punto para cambiar las normas después, lentamente, a oscuras y a solas”

El Acuerdo y la cláusula de Cooperación regulatoria diseñan un complejo entramado que permitirá que se tomen decisiones sin control público real y con todas las puertas abiertas para el lobby empresarial. Las empresas participarán desde el inicio del proceso, mucho antes de cualquier debate público y democrático, y tendrá una excelente oportunidad para deshacerse de importantes iniciativas para mejorar nuestros estándares de alimentos o proteger a los consumidores. En esencia, la propuesta permitiría a los grupos de presión empresariales a la “co-escritura” legislativa.

Nuestra salud sólo es un obstáculo para sus beneficios, y corre prisa.

Javier Guzmán y Ferran García, miembros de VSF Justicia Alimentaria Global.