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Europa acaba con sus agricultores. Publicado en Periódico Diagonal

Sabemos que los grandes desafíos a los que se enfrentan la Unión Europea y sus países miembros tienen que ver con la sostenibilidad, la salud y la equidad, y sabemos también que todos ellos están íntimamente relacionados con nuestro sistema alimentario. Cada vez hay más consenso no solo en movimientos sociales, sino en las propias instituciones internacionales como la FAO, que necesitamos transformar el actual modelo industrial y kilométrico a uno basado en sistemas alimentarios locales y que apuesten por una agricultura ecológica y de pequeña escala.

Manifestación de tractores en Bruselas. / Greensefa

Pero para que estos sistemas tengan lugar, es necesario la existencia de un actor básico e ineludible, aunque la industria y multinacionales lo nieguen. Necesitamos del campesinado y, si esto no es posible, tampoco será posible una alternativa a este modelo actual que es la causa de enormes problemas en cuanto a la salud alimentaria, cambio climático, derecho a la alimentación , etc.

Lamentablemente una cosa son los discursos institucionales y de nuestros políticos, y otra cosa bien distinta es la realidad. Una realidad que arroja datos dramáticos y que se pueden comprobar en la última encuesta sobre la estructura agrícola de la UE a finales de año. Esta encuesta certifica que entre 2003 y 2013, más de una cuarta parte de todas las explotaciones de la UE desapareció mientras que la superficie media por explotación agrícola aumentó en un 38%. En 2013, había 10,8 millones de explotaciones agrícolas de la UE, que trabajan 174,6 millones de hectáreas de tierra (la superficie agrícola utilizada). Dado que la superficie dedicada a la agricultura se mantuvo casi estable durante el período 2003-2013, la disminución en el número de explotaciones significa un aumento significativo de concentración agraria. El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. El número de explotaciones disminuyó en todos los Estados miembros de la UE, con excepción de Irlanda (+ 2,9%). En España la caída es del 13, 4%. Aquí hay que recordar que el porcentaje de población activa dedicada al sector primario en España es tan solo del 3%.

El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década

El último ejemplo lo tenemos en la situación creada en el sector lechero tras la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) que ha determinado el desmantelamiento del instrumento de cuotas de producción llevando a los pequeños ganaderos y ganaderas a una situación imposible. En este momento según el informe realizado por COAG sobre la situación del sector lechero, en España se pierde cada mes 65 explotaciones de ganadería láctea. La caída de un 20% del precio de la leche obliga a echar el cierre a 1.544 productores en los últimos dos años y reduce la cifra total a 16.490.

Dramáticos son también los datos concernientes a relevo generacional, donde vemos que en 2013, casi uno de cada tres productores de la UE tenían una edad superior a 65 años. En España el dato también es de tres.

Esta progresiva y dramática eliminación del campesinado de nuestros países ha sido el triste resultado de décadas de Política Agraria Comunitaria, que consume cada año el 40% del presupuesto de la Unión Europea y que obviamente ha tenido otros objetivos muy distintos de la defensa del modelo de agricultura y ganadería familiar.

Con estos datos ya hace tiempo que deberían haber sonado todas las alarmas. ¿Quién va alimentarnos? ¿Quién va a mantener el empleo en nuestras comarcas? ¿Quién va a mantener el medio ambiente y el territorio? ¿Quién va a mantener nuestros pueblos y su cultura?

Sin embargo nada de esto ha pasado, las grandes multinacionales siguen empujando por una agricultura en pocas manos, en sus manos, dicho de otra forma. Una agricultura sin agricultores, si acaso algunos pocos asalariados. Una agricultura que maximice su beneficio y externalice sus costes sociales, sanitarios y medioambientales.

Es urgente reflexionar y llevar al debate público el rol del campesinado y abordar consecuentemente un cambio radical de las actuales políticas en las que las grandes corporaciones no estén en el centro del interés, sino por el contrario, en la defensa y aumento del campesinado en Europa.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

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Matar las vacas. Publicado por Nuevatribuna.es y Público

En 1994 existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy 17.000

Los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España

La desaparición este año de la cuota lechera beneficia directamente al proceso de concentración que la industria alimentaria y ganadera está impulsando los últimos años. La desaparición de las cuotas lecheras no es un ajuste técnico de un sector en concreto, se trata en realidad de una apuesta ideológica por la desaparición de los últimos vestigios de lo que fue una regulación de mercados y que tiene impactos dramáticos más allá de los puramente sectoriales.

Estos últimos meses después de las cuotas podemos observar de una manera vertiginosa los nefastos resultados. Así vemos como la mayoría de las empresas lácteas están ofreciendo contratos a ganaderos con un precio base de 0,26-0,28 euros litro e incluso han pagado a precios de 0,22 a partir de amenazar al ganadero con dejarle de recoger y luego “hacerle el favor” de llevarle la leche. Todo esto muy lejos de los costes de producción calculados en 0,34 euros, por tanto obligándolos a trabajar a pérdidas. Además, la eliminación de las cuotas ha erosionado  aún más el poder de negociación de los productores. La ecuación a la que se enfrentan es sencilla, o venden al mínimo precio y la cantidad que les dicen, o no les recogen la leche, porque ya no tienen obligación de hacerlo.

Frente a esta situación, es escandalosa la total inacción de la administración pública, que lejos de reaccionar, tan sólo ha sido capaz de establecer un fondo limitado en el tiempo de pago directo como una manera de cuidados paliativos antes de la segura muerte de la ganadería familiar en nuestro país. El mensaje es claro, solo los más grandes y los más integrados podrán sobrevivir, el resto vayan haciendo las maletas.

DESCARADO OLIGOPOLIO

En este momento, los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80% de toda la leche que se recoge en España. El 60% de la leche recogida se destina a la leche líquida envasada; en este subsector, siete empresas controlan el 75%, y las tres primeras más del 40%. Del resto del mercado lácteo (del que, como se ve, apenas queda nada), el 50% lo controlan, directamente, los supermercados a través de sus “marcas blancas”. No se ve mucha atomización, más bien un descarado oligopolio.

Se trata de un planteamiento absolutamente ideológico que no tiene en cuenta ladestrucción de empleo local y pérdida de población rural. En muchas comarcas del país para los que la ganadería era el elemento básico de fijación de población y la realidad es que llueve sobre mojado, la desaparición de la ganadería familiar no deja lugar a dudas. En el estado español, en los últimos 50 años se han perdido 112 explotaciones al día, pero la intensidad de la extinción se ha incrementado últimamente y en los últimos 8 años ha ascendido a 255 pérdidas al día. En 1994, existían en España 140.000 explotaciones lácteas. Hoy, sólo quedan 17.000. Y no sólo en la fase productiva, cualquier iniciativa de pequeña escala en las fases de transformación y comercialización tiende a seguir la misma suerte. La apisonadora de los que mandan en la cadena las hace inviables.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MIRA PARA OTRO LADO

Después de este planteamiento la pregunta parece obvia ¿De verdad, no hay otra forma de organizar el sector de forma que sea más justo y equilibrado y por tanto proteja la economía local de pequeña escala? ¿De verdad la administración pública sólo puede mirar para otro lado mientras desaparecen pueblos enteros?

Pues bien, mientras en España la ganadería lechera no participa del beneficio de la venta de un litro de leche y pierde dinero, en Canadá la ganadería se queda con el 54% del precio final de venta de ese mismo litro de leche. Así en el Estado español de cada 100 euros que pagamos por la leche, según el MARM, la fase de producción se queda con un beneficio de 0 €, la distribución se queda con al menos un 60% (pudiendo llegar a ser del 90%) y el resto (10%-40%) se lo queda la industria. Las diferencias entre Canadá y el Estado español no existen por casualidad.

Entonces ¿qué es lo que están haciendo estos locos canadienses? Pues aunque nuestros gobernantes les parezca una blasfemia, en Canadá tienen una política directa de intervención en los mercados, con el objetivo de reforzar las partes más débiles de la cadena de producción y equilibrar población y territorio.

En Canadá han desarrollado un modelo de gobernanza del sector donde las ganaderías son miembros de las juntas de negociación provinciales de venta de leche y venden su leche ahí. Estas juntas son gobernadas en cada provincia por las ganaderías y tienen la autoridad legal de regular, decidir precios e inspeccionar la calidad láctea. Las ganaderías y el gobierno deciden estos elementos anualmente, estando también presentes la industria y la distribución. Están presentes sí, pero, y esto es clave, tienen voz pero no voto. Con este mecanismo las ganaderías pueden cubrir sus costes de producción y asegurarse unas condiciones justas, por tanto no necesitan subsidios para este apartado y eso favorece a la ciudadanía que, además, paga menos impuestos para ello.

Que nadie se engañe, el desmantelamiento de la regulación del sector lechero en Europa supone la punta de lanza de toda una estrategia dirigida a exterminar la agricultura y ganadería campesina y familiar para entregarle en total control de nuestra alimentación a grandes multinacionales.


Javier Guzmán Director de VSF Justicia Alimentaria Global

Andoni García Arriola Miembro de la ejecutiva de COAG y de EHNE Bizkaia

¿A favor de quién regula la UE la alimentación ecológica? Publicado por La Marea

En Europa se está debatiendo  una nueva legislación para regular la alimentación ecológica de una forma más restrictiva. Parece que el principal argumento que se ha dado para abrir este debate son las actuales deficiencias en el sistema de control de este tipo de alimentación, pero lo que en realidad esconde es una batalla política por el control del sector. Según como acabe  esta nueva legislación se podría  favorecer los intereses de las grandes empresas y expulsar al campesinado.

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Los últimos años en España y en el resto de Europa existe una tendencia cada vez mayor por la alimentación ecológica. Se trata de una cambio de tendencia profundo que está modificando la actitud y comportamiento de amplios sectores de consumidores hacia la alimentación. España se  ha convertido en el país con mayor superficie de la UE dedicada a la producción ecológica, con 1,6 millones de hectáreas de cultivo.

El factor clave para entender este cambio de patrón está en el valor social en aumento de la salud y su relación estrecha con la alimentación. Hace no muchos años la agricultura ecológica estaba denostada no solo por los grandes operadores de la alimentación, sino por los medios de comunicación y arrinconada por la propia Administración pública. La última década se han producido cambios profundos, por una lado el avance del modelo agroecológico en la institucionalidad por parte fundamentalmente de la FAO, que ha puesto este modelo como una de las líneas estratégicas fundamentales  para luchar contra el hambre y el cambio climático, y por otro el aumento de iniciativas locales de productores y consumidores que han ido ensanchando esta alternativa a la alimentación industrializada en manos de grandes corporaciones.

La producción ecológica por tanto  ha germinado y se ha desarrollado desde los modelos de agricultura local y de pequeña escala, aún con las numerosas trabas impuestas por la propia administración pública, especialmente en España, que en su negativa de adaptar la normativa europea sobre las medidas higiénico sanitarias, como si han hecho otros países, ha estancado su crecimiento. Imponiendo la misma normativa a cumplir por ejemplo a una quesería artesana que a una industrial, con el objetivo último de favorecer a las grandes empresas e impedir el crecimiento de competencia en un territorio dónde las multinacionales no pueden competir. Cabe recordar que países como Italia o Francia, alrededor el 20% de las explotaciones hacen venta directa, en España apenas llegamos al 3%.

Esta tendencia por la alimentación ecológica ha sido analizada como no podía ser de otro modo  por las propias multinacionales de la alimentación industrial y están de una manera clara desarrollando estrategias de marketing, productos, narrativas etc. para suplir esta demanda, aprovechando su fortaleza en cuanto a capacidad de promoción y medios de comunicación así como de la debilidad de canales propios de distribución de la agricultura local. Pero aun así, los grupos y cooperativas de consumo se han ido expandiendo, cada vez podemos encontrar más tiendas, mercados etc..

Por tanto la estrategia se le ha quedado corta a la industria y ahora necesita ir más allá. Para ellos sería perfecto  que existieran nuevas regulaciones, adaptadas a sus características y  que favorezcan su modelo de producción y suponga una gran  barrera para la expansión de los sistemas alimentarios locales basados en la soberanía alimentaria. Ahora que nos encontramos con la iniciativa de la UE de lanzar un nuevo reglamento sobre la producción ecológica las presiones de la industria serán enormes.

Ellos saben perfectamente que no  se trata pues de un debate técnico de normativas, se trata en realidad de una de las grandes batallas de la alimentación del futuro. Se trata de dirimir en manos de quién queda la alimentación del futuro, del campesinado y los consumidores o en manos de las grandes corporaciones como hasta ahora.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

 

Las mentiras de la “Agricultura Climáticamente Inteligente”. Publicado por El País

A estas alturas, después de haber sufrido varias oleadas de las llamadas revoluciones verdes, sabemos que el actual sistema alimentario mundial no ha sido capaz de cumplir con el que debe ser su objetivo principal que no es otro que alimentar a las personas. Las cifras hablan por sí solas. Este año más de mil millones de personas sufrirán hambre. Pero no sólo eso, sino que este modelo de agricultura industrial —con sus grandes multinacionales, paquetes tecnológicos, créditos, semillas transgénicas, alimentos kilométricos— es uno de los causantes del actual proceso de cambio climático.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estima que la agricultura es responsable de cerca del 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), un volumen similar al originado por el sector del transporte. Pero, a este porcentaje además hay que sumarle las emisiones provenientes de la fabricación de fertilizantes, transporte, envasado y distribución de alimentos, llegaríamos a una cifra del 40%.

Esta crisis climática repercute directamente en la generación de más hambrientos y expandiendo los efectos de la crisis alimentaria que están viviendo numerosas poblaciones. Nadie pone en duda que la producción agrícola no puede menguar en las próximas décadas si se quiere resolver la demanda producida por el crecimiento demográfico. Hay, sin duda, un consenso internacional sobre la necesidad de abordar este asunto de manera urgente y está en las agendas de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil… Pero, si bien está en sus agendas, podríamos decir que no de la misma manera y, además, con objetivos bien distintos. Unos ven esta situación como una necesidad urgente a resolver. Son los movimientos campesinos y organizaciones como la propia FAO, que tienen en común la reivindicación de un cambio en el modelo alimentario actual hacia otros más sostenibles, descentralizados y de base campesina. En definitiva, una apuesta por el modelo de producción agroecológica como única vía posible para luchar contra el hambre y el cambio climático.
Esa apuesta ha pasado de verse como “alternativa” a convertirse en la solución más clara, evidente y factible a estos enormes retos. Y en los últimos ha quedado ratificada de manera científica. Cómo ejemplo de esto, podemos ver el informe anual del Relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Shutter en el año 2011, donde se demostraba que la producción agroecológica dobla y triplica el rendimiento de las técnicas industriales.

Otro ejemplo sería el estudio sobre el actual modelo agrícola que nos lleva a un callejón sin salida, de Wilian Cline, Global Warming and Agriculture, donde habla de una reducción del potencial de producción agrícola en un 3% para el 2080, siendo para África del 16%. Sin embargo, otros ven en este aumento demográfico, crisis alimentaria y climática una oportunidad de negocio que no se puede dejar escapar. ¿Se imaginan el beneficio que se puede obtener de alimentar a 9.000 millones de personas que se estima que habitarán el planeta en 2050? En este nuevo Dorado se han zambullido desde hace años grandes multinacionales del agronegocio, promotoras de la agricultura industrial y fundamentalmente de las semillas transgénicas. Unas empresas que en la última década están desarrollando distintas estrategias en alianza con estados ricos y organizaciones internacionales, como el Banco Mundial y fundaciones privadas “filantrópicas” que, con la excusa de acabar con el hambre y luchar con el cambio climático, intentan (de nuevo) imponer el modelo fracasado de revolución verde, pero esta vez de una manera más sutil, utilizando los programas de cooperación internacional.

El fracaso de tal modelo agrícola ha quedado demostrado en numerosos estudios, pero si acaso quédense con este reciente de 2013: Sustainability and innovation in staple crop production in the US Midwest, dirigido por dirigido por Jack Heinemann de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda. En él, se describe cómo el sistema básico de cultivo del Medio Oeste de los Estados Unidos —donde predominan los cultivos modificados genéticamente—, se está quedando atrás con respecto a otras regiones de desarrollo económico y tecnológico similares. Europa Occidental, por ejemplo, supera a EE UU (y Canadá) en cuanto a rendimientos, diversidad genética y resiliencia de los cultivos, así como el bienestar de los agricultores. Pues bien, ciertas multinacionales, de la mano del Banco Mundial, han encontrado una nueva estrategia para que los países más empobrecidos adopten este tipo de agricultura. Y lo hacen a través de financiaciones millonarias. Tienen prisa. Están observando que la agroecología se va abriendo paso en foros sociales, económicos y científicos.

Recientemente, esta nueva estrategia ha dado un paso más con el lanzamiento de una campaña y financiación para lo que han venido en llamar “agricultura climáticamente inteligente”, que presentan como solución para resolver el cambio climático e incrementar el ingreso de los campesinos pobres. Pero es lo mismo de siempre: ahondar en los postulados de su modelo industrial. Para ello, el pasado septiembre se lanzó en Nueva York la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente, que tiene como novedad que se compensará a este tipo de programas bajo ese título con créditos en los mercados de carbono. Unas prácticas que promueven la especulación con la compraventa de emisiones y el acaparamiento de tierras.

Con ese sugerente nombre se nos invita a creer que el pequeño campesino del Sur está creando una barricada contra el cambio climático, siendo sus suelos secuestradores de carbono. Más aún, estarían aumentando su capacidad de resiliencia, fortaleciendo su soberanía alimentaria y recibiendo cuantiosos ingresos. Nada más lejos de la realidad. Por un parte, sabemos que no hay prueba alguna de que los mercados de carbono hayan contribuido a disminuir las emisiones derivadas de los combustibles fósiles en todo el mundo. Lo único que han hecho es desplazar la responsabilidad de hacerlo a los países del Sur. Mientras que los ricos no solo han aumentado sus niveles de contaminación, sino que además hacen negocio de ello. Por otro lado, vemos que en aquellos lugares donde se han iniciado este tipo de proyectos —como el promocionado por el Banco Mundial en Kenya y con la participación de la Fundación Sygenta—, ha servido fundamentalmente para cambiar las variedades autóctonas de maíz por otras híbridas y, por tanto, asegurando el suministro de agroquímicos necesarios para este tipo de cultivos.

Frente a esta nueva amenaza es necesaria una reacción rápida de los movimientos sociales, organizaciones científicas, ONG de desarrollo y organismos internacionales, que puedan desenmascarar este tipo de prácticas. En este sentido, la propia FAO expresó recientemente en un congreso sobre Agroecología la legitimidad científica de esta. Así, el director de este organismo, Da Silva, citó una carta firmada por 70 académicos que se oponen abiertamente al modelo de agricultura climáticamente inteligente. Y promovían, sin embargo, la legitimidad científica y social de la agroecología.

Con todo, ahora que la Alianza está lanzada —y que en breve empezaremos a ver sus iniciativas y a las agencias de cooperación incluirlo en sus propuestas— es imprescindible un llamamiento a la movilización a las ONG, las organizaciones campesinas y la sociedad civil en general, para no dejarnos vencer con esta nueva amenaza. Que no nos engañen: la agricultura climáticamente inteligente está creada para servir a dos objetivos, a saber, engordar los mercados de carbono y aumentar las ganancias y el control de la agroindustria. Por el contrario, la agroecología tiene como objetivo asegurar la alimentación de sus poblaciones y generar sistemas sostenibles. No son dos modelos distintos ni complementarios como nos quieren hacer creer, sino antagónicos.

 

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global

 

¿África libre de transgénicos?. Publicado por El País

 La industria del agronegocio está clavando sus pupilas en el continente para implementar la tecnología transgénica con la excusa de querer acabar con el hambre

La conciencia mundial acerca de los cultivos transgénicos está cambiando rápidamente en la sociedad civil y en la respuesta de los propios gobiernos. El último movimiento tectónico ha tenido lugar este agosto en China, cuando el Comité de Bioseguridad del Ministerio de Agricultura no renovó los permisos que el año 2009 otorgó para cultivos de arroz y maíz y evidencian, una vez más, el fracaso de esta estrategia de las grandes multinacionales de la biotecnología.

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Así que las grandes multinacionales de la biotecnología cada día tienen que esforzarse más para sacar la cabeza y seguir expandiendo sus cultivos. En Europa, por ejemplo, ya hace años que los transgénicos tienen la batalla perdida, a excepción del Estado español, que se ha quedado prácticamente solo con su política a favor de los mismos, desoyendo a países del entorno como Francia, donde el propio ministerio competente afirmó que “el cultivo de semillas de maíz MON 810 presenta graves riesgos para el medio ambiente, así como peligro de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes”.

A la conquista de África

Actualmente la producción se concentra en Estados Unidos (40%), Brasil (23%) y Argentina (14%), pero no es suficiente. Las grandes multinacionales de los transgénicos necesitan nuevo campo donde seguir expandiéndose y han clavado sus pupilas en el continente africano para su conquista de nuevos mercados.

Actualmente, en África solo se cultivan transgénicos en Sudáfrica, Burkina Faso y Sudán, después de la prohibición reciente de Kenia, que ha supuesto un enorme revés en la estrategia de las multinacionales. Por tanto, a la biotecnología aún le quedan muchos países en los que expandirse en el continente. Y precisamente en ello están. Esta vez, la estrategia de penetración utilizada es mucho más sofisticada: justifican la expansión transgénica como solución para acabar con el hambre, y utilizan programas filantrópicos de cooperación internacional como vehículos para implantar estos cultivos.

Una de las grandes amenazas que acecha al continente africano es precisamente la expansión de las semillas privadas, en detrimento de las locales, que son diversas, gratuitas, productivas y en manos de los campesinos y campesinas. Los recursos biológicos constituyen la base del sustento y de las economías locales en todo el mundo, pero en África especialmente. La gran mayoría de los 700 millones de habitantes dependen directamente de la biodiversidad para la obtención de alimentos. Por tanto —contrariamente a la hipótesis de la industria— para acabar con el hambre, la introducción de semillas privadas en los países africanos no hará más que empeorar las situaciones de hambrunas, pues los pueblos se vuelven dependientes bajo la privatización de las semillas. Además, la alteración genética producida daña la biodiversidad y altera los ciclos naturales del campo.

Una de las grandes amenazas que acecha a África es precisamente la expansión de las semillas privadas

Los defensores de esta nueva revolución verde insisten en la necesidad de ir hacia un modelo de agricultura más intensificada e industrializada y con más utilización de recursos no renovables como fertilizantes y combustibles fósiles. Y los transgénicos como clave de bóveda. Esta estrategia se basa en el dogma neoliberal de que el hambre es un problema técnico y no político, contradiciendo a la propia FAO que en varios informes asegura que actualmente se produce en el planeta alimento necesario para satisfacer las necesidades de 12.000 millones de personas. Por su parte, el Relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Olivier de Shutter, demostraba en su informe anual de 2011 que la agricultura campesina dobla —y hasta triplica— el rendimiento de las técnicas industriales, zanjando por tanto el debate técnico.

De hecho, las cifras hablan por sí solas. Teniendo en cuenta que el 15% de la población mundial sigue sin tener el derecho a la alimentación garantizado, realmente estamos hablando de un problema esencialmente político, que hunde sus raíces en las políticas neoliberales aplicadas desde el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y que han arruinado las propias agriculturas campesinas y la soberanía alimentaria de muchos pueblos.

Los tentáculos transgénicos del poder

En estos años la gran industria del agronegocio es consciente de que se juega el enorme pastel de la agricultura africana y por ello está invirtiendo ingentes cantidades de dinero con el objetivo de financiar estudios, universidades, ONG y programas que hagan proselitismo de la tecnología transgénica como es el caso de sobra conocido de la Fundación Bill y Belinda Gates que, junto con la Fundación Rockefeller, fundaron la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA).

Una alianza cuyo objetivo expresado es el de “ayudar a millones de campesinos africanos y sus familias a escapar de la pobreza y del hambre, implementando soluciones prácticas para mejorar su productividad”. En efecto, según el AGRA, mejorar la situación del campesinado africano consiste en distribuir semillas transgénicas, fertilizantes y pesticidas. Nada más alejado de la realidad.

Desde sus inicios, AGRA ha generado un amplio movimiento de denuncia y oposición por parte de las propias organizaciones campesinas africanas y de la sociedad civil, más cuando la organización Community Alliance for Global Justice reveló que la Fundación Bill and Belinda Gates es ya propietaria de 500.000 acciones de la principal multinacional de semillas transgénicas, la tristemente célebre Monsanto.

Pero debido a la enorme presión internacional y rechazo de la sociedad civil estas industrias han ido más allá, y para ello necesitan la ayuda de los gobiernos, como es el caso de los Estados Unidos y Reino Unido. Así es como, de la mano de 48 empresas transnacionales (tales como Mosanto, Cargill, Sygenta) nace, en el año 2012, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y Nutrición. La alianza tiene como objetivo movilizar capital privado dirigido a la inversión en la agricultura africana y para ello en el momento histórico donde menos recursos existen para la cooperación internacional, ha recibido compromisos de inversionistas privados por un total de más de 10.000 millones de dólares, según anunciaron funcionarios estadounidenses y africanos en la Cumbre de Líderes de EE UU este pasado mes de agosto. La alianza ofrece financiación para la inversión en agricultura, pero no a cualquier precio. Para poder firmar un acuerdo de este tipo, el gobierno del país africano ha de comprometerse a realizar enormes cambios, por ejemplo, en sus políticas de tierras, semillas y en su modelo de agricultura, para, según palabras de los promotores de la alianza, “adecuarse” al desarrollo de las inversiones. Estas transformaciones ya son conocidas como las leyes Monsanto

Parece que una vez más en el continente africano los lobos llevan piel de cordero. Se trata, sin más, de nueva forma de colonización y expolio de los recursos del continente africano. Se trata, al fin, de la destrucción de su soberanía alimentaria. Estas multinacionales saben perfectamente que quien gane la batalla del control de las semillas controlará la alimentación a nivel global. Ahora es necesario que a nosotros no se nos olvide.

Javier Guzmán es director de VSF Justicia Alimentaria Global.

Ucrania, ni europea ni rusa… china. Publicado por El País.

China acaba de sorprender al mundo al comprar un 5 % de Ucrania para usos agrícolas, superficie equivalente a Galicia, y que supone el 9 % de toda su tierra agraria útil

Hace un mes ha tenido lugar un acontecimiento que puede cambiar a corto plazo el sistema agroalimentario mundial. Se trata de la aprobación por parte del Consejo de Estado de China de las nuevas metas de producción de grano que por primera vez quedan por debajo de las tasas de consumo interno, abandonando efectivamente su larga historia de política de autosuficiencia en cereales.

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Nuevas directrices que quieren dejar la producción de cereales en torno a unos 550 millones de toneladas en 2020, por debajo de la cosecha de 2013 de 602 millones de toneladas. Detrás de esto, el gobierno chino alega que está la decisión de apostar por producir internamente más carne, verduras y frutas, que implican menos necesidad de tierra y generan más empleo. Además, la importación de carne es más cara que el cereal.
Una nueva política que anticipa que el país pronto estará produciendo menos grano del que consume, poniendo fin a un compromiso de larga data para ser autosuficiente en sus alimentos básicos, política que había sido central los últimos 40 años en un país donde aún se recuerdan a los 30 millones de muertos que dejó la última hambruna en los años 50.
Dos son las preguntas que rápidamente deben ser aclaradas. ¿China va a perder su seguridad alimentaria y ponerla en manos de la oscilación de los mercados internacionales? ¿Cuál será el impacto en el mundo de este abandono de la política de autosuficiencia china?
La política de seguridad alimentaria ha sido estratégica en China desde hace décadas, debido obviamente a la enorme población del país. Esto no parece que cambiará, pero sí el modo en que hasta ahora había sido resuelta a través de políticas de inversión y capacidad productiva interna, llegando en estos momentos a contar con el 40% de los agricultores del mundo. La situación en los últimos años ha cambiado debido al enorme avance del proceso de industrialización de China, que ha provocado la necesidad de mayor mano de obra en centros urbanos, así como una mayor presión sobre las materias primas y los propios acuíferos. Por tanto, se podría pensar que la necesidad de importación ya venía siendo una realidad los últimos años y que estas nuevas directrices tan solo certificarían lo que es ya una realidad.
Esto podría ser verdad si no fuera porque bastante antes de la crisis alimentaria del 2008 las autoridades chinas habían comenzado la ampliación de la cadena agroalimentaria, un nuevo modelo que se expandía fuera de sus fronteras, se trataba de la deslocalización agrícola.
El impacto, según podemos calcular, será enorme y determinante. Por un lado, debido al efecto distorsionador y global que generan siempre los números provenientes de China; pero además por el cambio que está suponiendo y supondrá en la estructura del modelo alimentario global que camina aceleradamente a nuevo colonialismo alimentario.
Estas nuevas directrices no están por tanto dirigidas a certificar la mayor necesidad alimentaria de China y desarrollar estrategias para ordenar su mayor exposición a los mercados internacionales y a las consiguientes oscilaciones precios, sino que forma parte de una estrategia mayor y más a largo plazo. Se trata aprovechar su enorme capacidad económica y financiera actual para implantar su política de deslocalización agrícola a través de acuerdos comerciales con terceros países (fundamentalmente en África) para comprar, alquilar o explotar tierras para el cultivo de alimentos a un precio menor, utilizando para ello su enrome poder como acreedor, ya que China es uno de los grandes tenedores de deuda soberana de estos países.
Para ello, el Ministerio de Agricultura chino lanzó en 2008 una política contundente dirigida a la deslocalización de la producción agraria, llegando a decenas de acuerdos con países africanos para este fin y convirtiéndose en uno de los grandes acaparadores en una carrera sin fin.
Recientemente ha dado un nuevo salto cualitativo. Así, hace apenas unas semans ha sorprendido al mundo al comprar un 5 % del suelo de Ucrania para usos agrícolas –superficie equivalente a Galicia–, lo que supone el 9 % de toda la tierra agraria útil del país.
Es lo que se ha dado en llamar los últimos tiempos como el fenómeno del acaparamiento de tierras, considerado por la FAO una de los principales causantes de hambre en el mundo en la actualidad.
Frente a esta situación, la comunidad internacional, presionada por organizaciones campesinas y de la sociedad civil, reaccionó a través de la aprobación de unas directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, en el marco de la FAO el año 2012.
Estas directivas apenas han tenido efectividad debido a su carácter voluntario y del escaso o nulo compromiso de los países ricos. Si la comunidad internacional no se toma en serio este inminente cambio en el sistema y gobernanza alimentaria a nivel global y no hace urgentemente obligatorias estas directivas, veremos como este modelo avanza con enormes impactos en el derecho a la alimentación de millones de personas. También en Europa.
Javier Guzmán es director de VSF Justicia Alimentaria Global

El exotismo de la patata. Publicado por La Marea

Se acaban de publicar los últimos datos sobre  las importaciones de alimentos en España, según datos del Ministerio de Economía, las frutas y hortalizas frescas de enero a octubre de 2013 ha aumentado un 18% en valor con relación al mismo periodo de 2012, lo que supone un total de 1.373 millones de euros y 1,9 millones de toneladas, respectivamente.

patatas3Los datos revelan que  no se trata de un consumo cada vez mayor de productos exóticos, sino que  el principal producto importado por España es la patata con crecimientos que han superado el 100% en varios meses del año. La mayor parte de la patata de consumo que llega al mercado nacional proviene de Francia, que en 2012 envió al mercado español 487.188 tn, un 70% del total importado y  hay que recordar que en el  momento actual  el 65% de la patata que se consume en España ya procede de otros países.

Estos datos marcan una inquietante e incomprensible tendencia.

Inquietante por lo que supone de pérdida  de soberanía alimentaria en productos básicos para nuestra alimentación que lleva aparejada la vertiginosa caída  de la agricultura local, y por consiguiente  la pérdida de oportunidades de empleo, sostenibilidad territorial y biodiversidad. Esto lo saben bien en Álava donde la producción ha  pasado de las 500.000 toneladas en los años 90 a las 36.000 actuales. Ya sólo hay 300 explotaciones de las 2.000 de hace 20 años.

Incomprensible  si tenemos en  cuenta que en España se cultivan hasta 150 variedades distintas, fundamentalmente  patata nueva o recién recolectada, un país donde además gozamos del  mayor calendario anual de producción si comparamos con el resto de países de la UE.

Una tendencia que es fruto de la enorme y agresiva desregulación que ha sufrido el mercado  de la patata los últimos años generando una gran fluctuación de precios  a nivel mundial.

En esos mercados desregulados prima la ley del más fuerte, y en este caso quien marca las reglas y ganan son los grandes operadores comerciales, que prefieren comercializar patata vieja fundamentalmente que  está almacenada de la campaña del año anterior, de menor calidad y precio que obviamente la patata nueva de producción local, provocando artificialmente el desplome los precios internos y el consiguiente abandono de explotaciones por no poder cubrir los costes de producción

Este tipo de dinámicas en alimentos  básicos de nuestra dieta se ha ido incrementando a la par que se ha ido incrementando la  el poder de los llamados “gateskeepers” o grandes cadenas de distribución y supermercados. Así de los alimentos que consumíamos el año  2002 el 48,7% eran vendidos por solo 4 empresas y en el año 2009 se llegaba a la cifra del 60% y la tendencia sigue al alza. En cuanto a la patata solo el 30% se puede aún encontrar en mercados y tiendas locales.

Para el consumidor esta bajada actual de precios puede parecer ventajosa.  A medio plazo sin embargo veremos una enorme caída de la calidad del producto, por otro lado  al eliminar canales cortos, operadores pequeños y medianos, el sector se convierte en muy poco tiempo en un oligopolio de 4 empresas, y ya sabemos lo que ocurre en estas situaciones, acuerdos de precios hacia los consumidores y mayor presión hacia los productores por cuanto no tendrán a quien vender.

Esta perversión de la cadena agroalimentaria ha de ser eliminada urgentemente y  necesita una regulación clara sobre todo en productos básicos para nuestra alimentación que impidan  los oligopolios y que fomenten la producción local y la diversidad de canales de comercialización local.

Pero nuestro Gobierno lejos de abordar esta problemática, lo fía  todo a la infinita sabiduría de los mercados, aprobando este año  la Ley de Cadena Agroalimentaria con el objetivo hacer más eficiente y transparente la cadena, y que a  la luz de los datos, comprobamos que  no ha  servido en absoluto para poner freno a la tendencia oligopólica de la alimentación.

Javier Guzmán

Director de VSF Justicia Alimentaria Global