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Carne de Cañón. Publicado por El Salto diario

En las últimas décadas se ha desarrollado en nuestro país una industria cárnica de enormes proporciones, gracias a que buena parte del gasto de la PAC, casi el 70 % ha ido dirigido a subvencionar directamente la producción ganadera industrial o bien el pienso que este ganado consume. Resumiendo, más de la mitad de los costes de producir carne de cerdo están subvencionados. ¿Ustedes conocen algún sector que cuente con esta ayuda? Se podría calificar de auténtico dopaje, sin el cual, está industria no sería posible.

Portada Informe Carne de cañon

Por ello nos hemos convertido en el tercer país productor y exportador de cerdos, tan solo por detrás de EEUU y China, generando enormes beneficios para unas cuantas empresas, pero a su vez creando cada vez más externalidades, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente o el territorio, que nos obligan a cuestionar y denunciar la viabilidad de este sistema de consumo y producción hipercárnico, basado en carne baratas, procesadas y rojas.

En este momento en nuestro país ya estamos muy lejos de los límites y recomendaciones saludables de consumo de carne. De hecho, comemos seis veces más carne de la recomendación máxima, y eso es mucho, pero, además, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Como resultado de esta perversa ecuación está el 28-38 % de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares, porcentaje que puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18 % de la diabetes o el 28 % de los cánceres colorrectales.

Este consumo excesivo de carne también tiene sus efectos en el gasto público sanitario en el Estado español. En concreto, el gasto público relacionado con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne asciende a 7.400 millones de euros, entre costes directos e indirectos, lo que equivale al 13 % del total del gasto sanitario público por habitante.

Los componentes de la carne y derivados cuyo consumo excesivo nos enferma son básicamente de tres tipos: grasas insalubres, sal y productos cancerígenos. Y estos tres componentes se presentan en mayor cantidad en las carnes rojas y procesadas.

Los famosos procesados suelen llevar aditivos nitrogenados, los famosos nitritos. Estos incrementan el riesgo de cáncer, y eso es lo que denunció la OMS en su famoso informe publicado en 2015 y que ha sido refutado por tierra, mar y aire por la industria cárnica. Sin embargo, la Administración ha optado por la decisión política de permitir su uso y, por tanto, nuestro consumo, argumentando que su eliminación supone un riesgo de salud pública mayor al incrementarse el riesgo de contaminación bacteriana. En realidad, estos nitritos y nitratos sirven para darle al producto un color rosado o más vivo de manera artificial, nada más.

Pero, no se vayan todavía, aún hay más, como decía el ínclito Súper Ratón. A estos componentes hay que sumar los efectos del abuso que está haciendo la ganadería industrial de antibióticos, y la cosa no es de broma. El abuso de los antibióticos tiene consecuencias nefastas para la salud humana. Se calcula que más de 3.000 personas mueren cada año en el Estado español por culpa de la resistencia a los antibióticos, más otras muchas que sufren complicaciones y reducción de su calidad de vida. La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kilogramo de carne. Eso es cuatro veces más de lo que se emplea en Alemania (que tiene el doble de vacas y los mismos cerdos) y seis veces más de lo que se usa en Francia (que tiene tres veces más vacas). Una buena parte de estos antibióticos no son utilizados de forma terapéutica para curar animales enfermos, sino a modo de profilaxis, de prevención, lo cual permite tener hacinados en una instalación a miles de animales. Sin este “chute” no sería posible este modelo basado en factorías ganaderas.

Por este motivo, desde la campaña “Carne de Cañón”, queremos hacer llegar a la población esta información y abrir el debate público sobre medidas políticas necesarias, debate que fue ocultado interesadamente en nuestro país, después que el año 2015 la OMS denunciara que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas para los seres humanos. Este informe provocó un seísmo monumental en la industria cárnica. Más allá de la nota de prensa oficial, en el resto de los mensajes contra la OMS la industria permaneció en la sombra. Quien habló por ella fueron sus infiltrados en el mundo de la salud, la carne con bata blanca. El caso es muy ilustrativo de cómo actúa la industria para maquillar la insalubridad del consumo excesivo de carne y cómo los poderes públicos se pliegan a sus intereses.

Por ello es urgente poner en la agenda social medidas para la reducción del actual consumo de carnes rojas y procesadas, como son la fiscalidad alimentaria, los famosos impuestos a las carnes procesadas, o la eliminación de las carnes procesadas y la reducción de las carnes rojas en los menús escolares, así como la aplicación del IVA 0 a productos frescos vegetales y legumbres con el objetivo de mejorar su acceso a toda la población. Además, necesitamos eliminar los elementos más críticos y peligrosos de estos productos, por ello es urgente la prohibición del uso de nitritos por parte de la industria cárnica, la prohibición del uso colectivo de antibióticos en la producción animal con finalidades profilácticas, y, por último, para que todo ello funcione, establecer de una vez una regulación estricta y transparente para los casos de conflicto de interés entre la industria alimentaria y las entidades científicas vinculadas a la salud y la nutrición. Finalmente, es necesaria la eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no sostenible y la creación de ayudas para la promoción de modelos de ganadería en extensivo y a pequeña escala, así como un plan de financiación para su transición ecológica.

El consumo de carne y la producción ganadera no debería ser una amenaza para nuestra salud y el medio ambiente, pero el actual conflicto entre los intereses entre las grandes corporaciones cárnicas y ganaderas y el derecho a la salud de la ciudadanía obligan a tomar medidas contundentes y urgentes hacia un cambio del modelo de consumo y producción.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Comer sin explotar. Publicado en Soy como como

Hoy leía en el periódico que, como cada año, en Huelva se ofrecen 23.000 puestos de temporeros para la recogida de la fresa, y que solo se habían presentado 970 personas en la tercera provincia con más paro de España. Esto supone cerca del 23%, por lo que la noticia contaba que las empresas de la fresa de producción intensiva tendrían que recurrir a la mano de obra inmigrante. Si los de aquí no quieren trabajar, ya saben, no se va a quedar la fresa en el campo. Pensaba entonces si esa falta de interés en realidad no tendría que ver con salarios bajos, con jornadas extenuantes, con condiciones de vida pésimas y además, si eres mujer, con el riesgo a sufrir agresiones sexuales, tal y como denunciaba el año pasado una investigación periodística de la revista alemana Correctiv y BuzzFeed News.

Me acordé de que, no hace mucho, pude leer en otro periódico que un trabajador de un invernadero de Níjar, Mohammed El Bouhaled, de 27 años, falleció después de pasar todo el día sulfatando.

Fue un accidente, dirán, pero lo que no lo es son las condiciones de vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en los invernaderos del sur de España –muchos de ellos sin papeles, explotados, viviendo en chabolas, sin luz, ni agua– que denuncia el documental de la cadena pública de televisión alemana Das Erste con el título La sucia cosecha de Europa. El sufrimiento tras el negocio de frutas y verduras.

Casi al mismo tiempo, aparecía en las noticias que, en Binéfar, se va a instalar el mayor matadero de Europa, y que dará trabajo a 1.600 trabajadores. Al leerlo me venía la duda a la cabeza: ¿Pasará como con los temporeros de la fresa de Huelva? ¿Será que los salarios, contratos y condiciones laborales serán dignos y no de absoluta precariedad laboral como llevan años denunciando el colectivo Càrnies en Lluita en Catalunya? ¿Tiene esto algo que ver con las protestas de las conserveras este verano en Galicia para lograr mejorar sus condiciones de trabajo y acabar con eso que llaman “modalidades de subcontratación fraudulenta”? ¿Y si hubiera un hilo invisible que los conecta con la explotación que sufren cientos de jóvenes repartidores de estas empresas tan tecnológicas que te traen una pizza a casa en bici a golpe de clic? Todas esas vidas parecen la misma.

Este hilo invisible que une a los pobres que trabajan en condiciones insoportables y a los otros pobres que compran comida procesada de baja calidad, la que nos enferma por un módico precio, se llama “beneficio empresarial de las grandes corporaciones alimentarias”. ¿Será que estos emporios podrían vivir sin explotar? Me parece que no.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Ese impuesto del que me habla usted. Publicado por Nueva Tribuna

Estos días que volvemos hablar del nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos, parece que otra vez se le ha olvidado incluir el impuesto sobre bebidas azucaradas. Suele pasar, miren, lo mismo ha pasado durante la tramitación del presupuesto el pasado mes de diciembre en la Comunitat Valenciana, y su razón, por lo que parece, se sustenta en las declaraciones del portavoz socialista, Manolo Mata, que ha asegurado que la aplicación de este impuesto en otros lugares no ha servido para reducir el consumo de bebidas azucaradas.

Lo mismo pasó hace un par de años, cuando el Ministro Montoro una vez que se aprobó el impuesto por la Genaralitat Catalana, abrió la agenda para hacerlo estatal. Sin embargo, al poco tiempo la guardó en un cajón y decidió por algún motivo cambiarlo por otra iniciativa presentada justo hacía un año por la entonces Ministra de Sanidad Dolors Montserrat rodeada de empresas del sector, el llamado Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020 para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos en torno a un 10%, gracias al compromiso voluntario de más de 500 empresas.

Bueno pues ya está, pensará usted, las empresas bajan el azúcar, se reduce su consumo, mejora nuestra salud y nos ahorramos un impuesto. Y podría ser, pero lo que ha pasado realmente es que los datos de dos estudios independientes son contundentes respecto a la implementación del impuesto en Catalunya. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así, tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.

También sabemos que la propia Organización Mundial de la Salud lleva años pidiendo a los gobiernos su aplicación urgente, como medida para luchar contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas. Recordemos que en España, las enfermedades relacionadas con la alimentación insana son el primer problema de salud pública, consumiendo ya el 20% de todo el gasto sanitario, unos 20.000 millones de euros.

Sin embargo todo el mundo sabe que los compromisos voluntarios son palabras que se lleva el viento, así este año comprobamos como los resultados de la evaluación de la estrategia de reducción voluntaria de las empresas aplicada en el Reino Unido fracasaba estrepitosamente y finalmente el gobierno decidió aplicar el impuesto sobre las bebidas azucaradas.

¿Y en España? ¿Ha tenido éxito el compromiso de las empresas? ¿Han reducido el porcentaje de azúcar? ¿Se ha evaluado? ¿Se va a evaluar? Pues la verdad es que  no sabemos nada. Pero todo indica que la conclusión ya la han escrito, el impuesto sobre bebidas azucaradas no funciona, y deje usted de preguntar que, por su puesto, nada de esto tiene que ver con las presiones del lobby alimentario.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

Los impactos de la ganadería industrial en “Carne Cruda” radio

“En Huesca se incrementan los cerdos en mil más por día”. Hoy hemos hablado en @ sobre los impactos inasumibles en nuestra salud, medioambiente y mundo rural de la ganaderia industrial.

Abrimos en canal la industria cárnica, analizamos su impacto en el planeta y la crueldad de sus prácticas con alguien que lleva más de una década investigando granjas y mataderos, Javier Moreno, director de la ONG Igualdad Animal. Y con Javier Guzmán, director de la ONG Justicia Alimentaria y parte de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Todo esto en Consuma Crudezade Brenda Chávez.

https://www.eldiario.es/carnecruda/consuma-crudeza/industria-carnica-mata-millones-animales_6_855724425.html

Defender a nuestros hijos de las corporaciones alimentarias. El Salto Diario

En el Estado español, alrededor de un 40 % de los pequeños tienen sobrepeso u obesidad, una cifra que solo supera la de Chipre. Entre ellos, un 19 % de los niños y las niñas, es decir, casi uno de cada cinco, sufre obesidad.

Esto supone un auténtico fracaso de las actuales políticas públicas que deberían tener como objetivo la protección del derecho a la salud de nuestros hijos e hijas.

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Una de las causas que están detrás de este cifras inasumibles, por todos los efectos que en la salud presente y futura de la infancia tienen, es la enorme presión del marketing alimentario dirigido expresamente a ellos, que ha conseguido generar un ambiente irrespirable del que no se puede escapar.

La población infantil son un grupo muy interesante para las empresas anunciantes, ya que estos ejercen una influencia en el 43 % de las compras familiares. La industria alimentaria despliega una presión intensa sobre la población infantil. Analizando las compras realizadas por población de 4 a 12 años encontramos que un 33 % son alimentos y bebidas.

No es de extrañar, la población infantil ve una media de 95 anuncios al cabo del día, más de 34.000 anuncios al año. En el Estado español, a lo largo de un año se crean alrededor de 5.000 campañas de distintos productos cuyo objetivo es el público infantil.

Es por esto que la propia OMS está exigiendo a los estados que tomen medidas contundentes, como la prohibición de este tipo de publicidad de alimentos insanos, que en nuestro país suponen 4 de cada 5.

La administración pública sanitaria hasta la fecha no ha hecho nada, amparándose en la existencia del PAOS, un código ético de publicidad infantil, que no diferencia entre alimentos sanos e insanos, que además es de autorregulación y voluntario, para entendernos, escrito por las propias empresas de alimentación procesada. Un código que está lleno de ambigüedades, que solamente cubre un pequeño espectro de la publicidad infantil, y que contiene numerosas y evidentes vías de escape y excepciones que puede usar la industria alimentaria. Por si no fuera suficiente, además, se incumple sistemáticamente. Los resultados muestran que el código PAOS es incumplido por el 49,3 % de los anuncios de empresas adheridas a este, existiendo además un 20,7 % de anuncios cuya evaluación presentaba dudas respecto a su cumplimiento. El porcentaje se eleva a más del 70 %. Pero aún hay más. Resulta que el porcentaje de incumplimiento fue mayor entre las empresas que sí han suscrito el Código respecto a las que no. Es decir, que parece que suscribir el Código exime de cumplirlo.

Y como colofón a este enorme engaño a la ciudadanía, la supervisión del cumplimiento del código PAOS es responsabilidad de una organización privada, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), formada por medios de comunicación, industria y sus asociaciones sectoriales. Las personas que forman parte del jurado son designadas por la Junta Directiva de Autocontrol y por el Instituto Nacional de Consumo. La Junta Directiva está presidida por Campofrío Food Group, y entre sus vocales encontramos a Danone, Coca-Cola, Gallina Blanca, Kellogg’s, Nestlé o Univeler.

Estos últimos días el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha diferentes medidas, entre ellas el etiquetado Nutri-Score con colores, justamente con el objetivo de ayudarnos a diferenciar los perfiles nutricionales de estos productos. La pregunta es obvia, ¿aquellos alimentos etiquetados en rojo como insanos, se deben seguir publicitando entre la población infantil?

Lo que sabemos hasta ahora es que la publicidad alimentaria infantil tiene un impacto directo y enorme en el consumo de los niños y niñas, y esto genera obesidad y enfermedades derivadas. Sabemos, además, que cualquier publicidad dirigida a la población infantil se trata simplemente de una manipulación, pues ellos no pueden distinguir entre la ficción y realidad, por tanto deben de ser especialmente protegidos.

También sabemos que hasta ahora la administración pública es consciente y sabedora de estos datos y los ha asumido y decidido no hacer nada para revertirlos.

Por ello desde la campaña Defiéndeme, más de 40 organizaciones sanitarias y sociales demandamos un sistema de regulación, con rango legal apropiado, que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables, con un perfil nutricional acorde con las recomendaciones de los expertos. Para seleccionar los productos saludables, cuya publicidad sería permisible, se propone aplicar el perfil nutricional de la región europea de la OMS, diseñado para este fin.

Al día de hoy, el Gobierno ha anunciado la voluntad de regular la publicidad infantil, pero de nuevo apelando a la autorregulación de las empresas y a su buena voluntad. Parece que las grandes empresas alimentarias han asumido que tiene que haber algún tipo de regulación, pero, por supuesto, no quieren que sea pública, prefieren, como hasta ahora, hacer lo que mejor les parezca e inventarse sus normas y controles.

¿Se imaginan ustedes a la industria del automóvil autorregulando sus emisiones?

Veremos si el Gobierno decide proteger la salud de millones de niñas y niños de este país, o los intereses de unas pocas multinacionales.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La corrupción más sofisticada de los lobbies alimentarios- Publicado en Nueva Tribuna

En España no existen medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países.

 

Esta semana las Organizaciones impulsoras de la iniciativa europea #StopGlyphosate han exigido a la Comisión Europea que existan mecanismos de mayor transparencia en la información de los estudios científicos sobre la alimentación para asegurar su independencia. Su independencia está ahora en entredicho después de los numerosos casos de conflicto de intereses e injerencia de los lobbys alimentarios y consideran del todo insuficiente la propuesta que ha realizado la propia Comisión Europea.

Esto que preocupa tanto a la ciudadanía europea, parece que en el Estado español apenas tiene repercusión e interés mediático, y menos político. ¿Será porqué aquí estamos bien y contamos con una regulación eficaz? Nada más lejos de la realidad. En el Estado español, no es que haya una deficiencia en el control del conflicto de intereses, sino que lo que realmente hay es una total y absoluta barra libre.

Hace unos días leíamos en El País que Coca-Cola ha entregado ocho millones de euros a decenas de organizaciones científicas y médicas españolas entre 2010 y 2017, según los datos de la propia compañía. Las que más dinero recibieron fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición (835.000 euros), la Fundación Española Del Corazón (640.000 euros) y la Fundación Española de Nutrición (567.000 euros)”, todo muy normal.

O si les parece poco y quieren ver más casos, no tienen que ir más que a visitar el informe “Confiad en Mi” sobre el lobby alimentario de Justicia Alimentaria y descubrirán las prácticas comunes de la industria y su influencia en los estudios científicos a través de  patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones. En el Estado los casos son innumerables, pero recuerden, todo esto aquí es legal. No en vano diferentes estudios independientes y públicos a nivel internacional declaran que existe una fuerte asociación entre el tipo de financiación de artículos científicos y sus conclusiones. Hasta ocho veces más probabilidades de tener conclusiones favorables a la empresa alimentaria que los que no contaban con esa financiación.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática

En este punto, habrá quién pueda pensar que esto es un tema algo técnico, de académicos y que no afecta al día a día de los ciudadanos de a pie. Pues miren, la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, lo que tenemos no es una total inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino que a través como a través de la influencia de los diferentes grupos de presión. El Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.

Después de esto, no es difícil saber por qué en nuestro país no existe en este momento medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países. Carecemos de medidas básicas y urgentes como son los impuestos a las bebidas azucaradas (salvo en Catalunya), prohibición de la publicidad infantil de alimentos insanos, regulación de un etiquetado alimentario claro y eficaz, inclusión de la alimentación saludable en el curriculum escolar, etc.

Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática. Por ello es urgente el establecimiento una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, no permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.

¿O seguimos haciendo como si nada?

 

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria

La tasa del azúcar funciona ¿Y ahora qué? Publicado en el Periòdico de Catalunya

Un año después de la instauración del impuesto al azúcar en Catalunya, los datos de dos estudios independientes demuestran que ha funcionado y lo ha hecho mucho mejor que lo previsto

La evidencia científica es incuestionable. La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de calidad de vida en el mundo, también en el Estado español.

Para ser claros,  la alimentación nos está enfermando y no sólo eso, sino que es lo que más nos enferma y cada vez nos enferma más. Esto es así porque los últimos 20 años nuestra dieta ha cambiado. El 70% de lo que comemos son alimentos procesados. Estos ingredientes críticos viajan a través de la alimentación procesada, fundamentalmente el azúcar, la sal y la grasa.

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En el Estado español se ha incrementado muy considerablemente el consumo de dichos ingredientes, a pesar de que la inmensa mayoría de la población sabe que hay que reducirlos. Y huelga decir que la epidemia de la obesidad y la colección de enfermedades que genera este tipo de alimentación afectan mucho más a las familias con menos renta. En el Estado en gasto sanitario derivado de estas patologías llega ya al 20% de todo el sistema público de Salud.

Ante esta situación, la OMS lleva años pidiendo a los estados que introduzcan medidas efectivas, entre ellas políticas fiscales y precios para influir en el patrón de compra. Sin embargo en nuestro país, a excepción de Catalunyael Estado y resto de comunidades autónomas se niegan a poner en marcha este tipo de iniciativas, alegando los mismos argumentos generados por las propias grandes corporaciones de la alimentación y donde repiten hasta la saciedad que la buena alimentación es cuestión de hábito y decisión individual, y esto ha calado en todo nuestro imaginario colectivo.

No es extraño por tanto que  el anterior Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, echara para atrás el impuesto sobre bebidas azucaradas y acto seguido la anterior  Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en lugar de hacer caso a la OMS, se sacara de la manga  un acuerdo voluntario con las empresas para reducir cuando se pueda y, si eso, los niveles de azúcar. En resumen, falsas soluciones que ejercen de elementos de cartón piedra de un decorado a distancia parecen reales, pero cuando las miras de cerca y las tocas te das cuenta de que no son lo que parecen.

El resultado de los estudios

Sin embargo un año después de la instauración del impuesto en Catalunya, los datos de dos estudios independientes son contundentes. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como esta semana la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.

Pero los datos premilimares del estudio de este último van más allá, afirma que, “la frecuencia de consumidores habituales de refrescos azucarados ha caído un 25% en una muestra de población de varios barrios de Barcelona con rentas más bajas, en comparación con la tendencia observada en población de barrios con características similares de Madrid”. Lo cual quiere decir que además protege más a la población con más riesgo y vulnerable.

Por tanto ahora los datos están en la mesa y los partidos políticos no pueden esconderse, si realmente quieren defender la salud de sus ciudadanos deben implantar este tipo de tasas de manera urgente, y si no, que nos digan que otros intereses están defendiendo.

Javier Guzmán

Director de Justicia Alimentaria