Las medidas fiscales alimentarias, a debate. Publicado por Cinco Días

La evidencia científica es incuestionable. La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de calidad de vida en el mundo, también en el Estado español. La alimentación nos está enfermando. Es lo que más nos enferma y cada vez nos enferma más.

La alimentación insana es el principal problema sanitario del Estado. La dieta inadecuada es el factor de riesgo que más problemas causa en nuestra salud y es responsable del 21% de las muertes evitables, esto son 90.000 personas en nuestro país. Por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos cinco debido a la alimentación insana y sus riesgos asociados. El tratamiento de las enfermedades asociadas a la alimentación insana (dolencias cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, afecciones como el sobrepeso o la obesidad) se lleva el 20% del presupuesto público de sanidad.

Con estos datos deberían haber saltado todas las alarmas y se debería haber abordado el problema de manera prioritaria por nuestros gobernantes, como así lleva años demandando la Organización Mundial de la Salud (OMS), o colectivos de la sociedad civil, como es la Alianza por una Alimentación Saludable. Si no lo hacen es porque evidentemente existen enormes intereses económicos que empujan hacia el lado contrario. Por ahora, podemos decir que en nuestro país van ganando, han conseguido que durante estos años desde el poder público no se haya hecho ningún tipo de regulación.

Además, estas enfermedades no nos afectan a todos por igual, ya que perjudican fundamentalmente a las clases con menos renta. Esto es así porque la comida sana es cara, cada vez más cara, lo que hace que amplias capas de la población de nuestro país no puedan acceder a ella. El estudio The rising cost of a healthy diet indicó que los precios de frutas y verduras han aumentado considerablemente desde 1990 (entre un 2% y un 3% al año en promedio, o un 55%-91% entre 1990 y 2012). Al mismo tiempo, la mayoría de los alimentos procesados estudiados son más baratos ahora que en 1990. Se calcula entonces que un 45% de la población española no puede pagarse una dieta saludable.

“La propuesta del Gobierno ha quedado enmarcada en un debate de índole recaudatoria”

En nuestro país, el debate sobre políticas públicas alimentarias y fiscalidad ha estado años fuera del debate institucional, y ahora ha aparecido repentinamente tras el anuncio del Gobierno de implantar un impuesto sobre las bebidas azucaradas, que afectará de manera especial al sector de los refrescos. Esto, que en principio es una buena noticia, esconde algunas deficiencias y amenazas.

La primera de ellas es que la propuesta ha quedado reducida y enmarcada en un debate coyuntural y de índole recaudatoria, cuando en realidad se trata del debate prioritario en el campo de la salud pública. El objetivo de este impuesto no debe ser meramente el recaudatorio, sino el desincentivar el consumo de este tipo de alimentación insana.

Además, sabemos poco del impuesto y de su alcance y profundidad. Somos conscientes que las grandes industrias presionan para que sea un impuesto limitado y muy reducido, que puedan trasladar fácilmente al precio sin que afecte a sus ventas, por tanto inútil. Para que este impuesto sea realmente efectivo desde un punto de vista de salud pública, debe ser como mínimo del 20% sobre el coste inicial si se quieren observar efectos reales en el consumo, como así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Además, esta medida fiscal por sí sola no sirve para atacar la problemática de la mala alimentación, es imprescindible que exista una política fiscal alimentaria coherente con una política sanitaria. Por lo tanto, este tipo de impuestos que penalizan el consumo de bebidas azucaradas debe complementarse con otras medidas fiscales que abaraten la alimentación sana. Por ejemplo, implementar un IVA del 0% para frutas, verduras y demás alimentos básicos. No tiene sentido que en nuestro país el IVA de un Kit Kat sea el mismo que el de una manzana.

Javier Guzmán es director de VSF Justicia Alimentaria Global.

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