TTIP: ¿Adiós a los campesinos?. Publicado por Publico y Le Monde Diplomatique

El TTIP, un sueño hecho realidad. El sueño de las grandes corporaciones agroalimentarias. Para el resto de la sociedad es una pesadilla.

Las corporaciones agroalimentarias llevan años pleiteando en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria.

La OMC no ha podido llegar hasta donde ellas deseaban, así que parece que, por fin, ha llegado la hora de solucionar sus problemas y para ello han puesto a trabajar a sus negociadores en forma de representantes gubernamentales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El objetivo es conseguir un acuerdo comercial entre las dos regiones que, a diferencia del resto de este tipo de tratados ya firmados en todo el mundo, no pretende “abrir” fronteras a los alimentos estadounidenses sino “abrir” los órganos reguladores agroalimentarios europeos.

Además, el tratado tiene una vocación más amplia: no solo solucionará sus problemas en el área atlántica sino que quiere marcar la pauta a nivel mundial de lo que entienden que debe ser los fundamentos de la nueva etapa de liberalización económica.

Se trata de un nuevo formato de tratado porque en realidad, si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EEUU y la UE, vemos que no han hecho otra cosa que reducirse en las últimas décadas sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. Así los EE UU han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%. En la UE se ha pasado de un 19,1% al 12,8%. Para poder entender la magnitud de este dato, digamos que el arancel agrícola promedio en el mundo es del 60%.

Si lo que desean las grandes corporaciones agroalimentarias, a través del TTIP, es que un producto agroalimentario producido, elaborado y comercializado en EEUU pueda ser, inmediata y automáticamente, vendido en la UE y a la inversa, el problema no son esos aranceles. ¿Dónde está entonces? En las llamadas “Medidas no arancelarias”, o NTM según la jerga de la OMC. Es decir, las leyes, regulaciones o políticas de un país que afectan a ese producto agroalimentario y que son distintas a las de otro país.

Si finalmente se acaba llegando a un acuerdo, los efectos en la salud alimentaria y derechos de los consumidores serán inmensos, pero desde el punto de vista de la producción y del mundo rural definitivamente podemos asegurar que serán devastadores.

Si aplicamos el viejo refrán de “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, deberíamos observar la experiencia de México tras 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y así podríamos comprobar la magnitud del problema. Durante estos años de tratado, dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos y emigraron a los Estados Unidos. Además México, que era un gran productor de maíz capaz de abastecer a sus población se ha convertido en un país importador de este grano básico para la dieta de millones de sus ciudadanos. El precio del maíz cayó tras la firma en más de un 59%, lo que permitió la entrada de millones de toneladas de maíz de baja calidad a bajo precio expulsando y aniquilando así la producción autóctona de calidad, que era el producido por miles de campesinos y campesinas mexicanos.

En otras palabras, a través del tratado se le había entregado a las grandes corporaciones del agro una patente de corso que no tardaron en hacer servir. Esto destruyó en muy poco tiempo la base de producción campesina del país, y con ella su indudable valor social, medioambiental y cultural. Simplemente con estas nuevas reglas no podían competir.

En realidad nos equivocaríamos si pensáramos que se trata de una batalla entre sistemas alimentarios y empresas de una banda y otra del Atlántico. Se trata en realidad de una batalla entre un modelo se agricultura y alimentación de grandes corporaciones y el modelo de producción campesino en ambos países.

Cuando se analiza la estructura productiva entre EEUU y la UE y, sobre todo, su evolución, se puede ver cómo son dos historias paralelas. La diferencia está en que una parece ser el futuro de la otra. Es decir, Europa no ha apostado por un modelo de defensa de la agricultura campesina y familiar, sino que simplemente ha ido más lento con sus reformas políticas y ahora el TTIP supone una gran oportunidad de ponerse al día.

Está claro que los dos sistemas alimentarios son por ahora distintos, sí, pero la diferencia solo está en el grado en que la alimentación corporativa ha profundizado en la agricultura y ganadería y se ha extendido, no en el paradigma. De hecho, cada vez se parecen más y la administración europea y sus estados no hace otra cosa, desde hace años, que armonizarse con el esquema estadounidense. Las sucesivas reformas de la PAC (Política Agraria Común), los cambios en el paquete higiénico sanitario y una gran cantidad de normativas lo demuestran.

No es por azar que estemos viviendo estos días en varios países la mayor crisis de producción lechera, generada por la decisión de la UE de acabar con uno de los últimos instrumentos regulatorios de mercado, como eran las cuotas de producción que aún protegían a los pequeños ganaderos. La decisión ha sido que solo sobrevivan los grandes, los más integrados y los que puedan competir, aunque eso suponga una crisis económica, territorial y social de lugares extensos como la cornisa cantábrica.

Además, si se leen las demandas del campesinado familiar europeo y estadounidense también se comprueba que son exactamente las mismas, y también su análisis.

En cuanto al tamaño, EEUU tiene tres veces más superficie agraria que la de la UE y tres veces menos explotaciones agrarias. Es decir, que cada explotación agraria es mucho mayor, de media, que la europea. En concreto, en la UE la media de hectáreas por explotación es de 18 mientras en los EEUU esa cifra se eleva a 176. En España más, del 50 por ciento de las granjas tienen menos de 5 hectáreas. LA SAU (superficie agraria útil) española es de 24,8 millones de hectáreas. Si aplicamos la ratio estadounidense, esa misma SAU estaría trabajado por poco más de 130.000 explotaciones. Recordemos que el número actual es de un millón.

Otra manera de observar lo mismo consiste en analizar las categorías estadísticas estadounidenses y europeas en lo que se refiere a tamaño de explotación. Así, vemos que en la UE se considera una gran explotación agraria aquella que tiene más de 50 hectáreas. En los EEUU, las que tiene más de 800.

Por tanto,lo que nos encontramos no es ante un tratado de comercio benéfico para los sectores productivos sino de una dramática conversión del actual sistema de agricultura y ganadería que finiquita la existencia del campesinado.

Está conversión parte de un aumento del actual control oligopólico de las fases clave de la producción, transformación y distribución alimentaria que condiciona toda la cadena, lo que altera los precios que reciben las explotaciones agrarias y los rebaja cada vez más. Con unos costes productivos en crecimiento constante, las explotaciones familiares se encuentran atrapadas en unos márgenes comerciales cada vez menores y ello les empuja inexorablemente a un crecimiento e intensificación que intenta lograr su supervivencia gracias a la economía de escala.

Este proceso se vería con el TTIP incrementado y acelerado, porque obviamente la situación creada es como pescar en un mar cerrado con cada vez menos peces y con embarcaciones cada vez mayores. No hay pescados para todas ellas y solamente algunas de ellas, cada vez mayores, sobrevivirán, el resto desaparece. Las que sobrevivan, cuando se miren en el espejo, se darán cuenta de que han mutado de explotación familiar a factoría y que su dependencia del agronegocio no solamente no ha disminuido sino que se ha hecho más fuerte, incrustándose en él de manera prácticamente orgánica.

Por tanto la ley será crece o muere. Intensifica o muere. Intégrate con nosotros o muere.

Ahora imagínense por un instante nuestro país sin pequeños ni medianos agricultores y ganaderos. Imagínense toda nuestra alimentación en manos de cuatro multinacionales.

El coste de evitar esta pesadilla será mucho menor que salir de ella.

Javier Guzmán

Director VSF Justicia Alimentaria Global

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